Paz sostenible: implicaciones intermésticas para México

8 noviembre, 2018 • AMEI, Artículos, Asuntos globales, Latinoamérica, Portada • Vistas: 737

El Siglo

Adriana Sletza Ortega Ramírez y Alberto Lozano Vázquez

Noviembre 2018

Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

El gobierno de México ha sido muy activo en el ámbito multilateral al promover las iniciativas de paz sostenible del Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), António Guterres, e incluso al coordinar el Grupo de Amigos de la Paz Sostenible que reúne a cuarenta países desde 2016. De ahí la importancia de analizar este concepto proponiendo una perspectiva relacional entre política interna y exterior de México. La paz sostenible se ha enarbolado en el contexto de los desafíos que enfrentan las misiones de paz de la ONU y en reconocer las limitaciones en la práctica de los conceptos previos de mantenimiento de la paz (peace keeping) y consolidación/construcción de paz (peace building) así como las urgentes restructuraciones administrativas para las operaciones de paz.

La paz sostenible fue propuesta por un grupo consultivo de expertos y adoptada en una resolución conjunta de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad: A/69/968–S/2015/490. Es un concepto amplio que incluye a la paz como proceso y también como objetivo. Se enfoca en la sostenibilidad y se fundamenta en las relaciones entre la paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos en las distintas etapas y dimensiones de los conflictos así como en sus causas de raíz.

Particularmente, la paz sostenible incluye la prevención de los conflictos, a diferencia de los conceptos de mantenimiento de la paz y consolidación/construcción de paz que son empleados para intervención durante el conflicto y el posconflicto, respectivamente. Enfatiza la prevención antes de que los conflictos y las crisis escalen a una dimensión violenta y armada como se propone en el reporte de 2015 del grupo de expertos encabezado por Gert Rosenthal.

La adopción del objetivo 16 en la Agenda de los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) referente a paz, justicia e instituciones sólidas apuntala ―en cierto sentido― la desecuritización y, en cierta medida, la desmilitarización del concepto de paz sostenible. Lo desecuritiza porque no hay un carácter de urgente y reactivo en tanto amenaza existencial a algo o a alguien, sino más bien es de mediano y largo plazo, es fundamentalmente preventivo y es de alcance amplio. Y lo desmilitariza porque privilegia a otras instituciones como el sistema policiaco y judicial, priorizando la seguridad humana y no la del Estado. Tradicionalmente, la paz en la ONU se ha definido en términos de amenazas a la seguridad internacional y la necesidad de intervención y respuesta militar para eliminar las amenazas o controlarlas. La paz incluida en los ODS, en cambio, se propone desde la agenda del desarrollo con mayores implicaciones para la política doméstica o interna para los países que la adoptan. Propone así una articulación desde el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho para el acceso universal de la justicia y la paz. Por eso, este objetivo incluye en su declaratoria a la corrupción en las policías y el poder judicial como un obstáculo. Desde esta perspectiva, la paz es un tema que tiene simultáneamente una dimensión externa y una interna, una internacional y otra interna mutuamente constituyentes; lo que en 1977 Bayles Manning identificaría como algo “interméstico”.

La paz sostenible incluye la prevención de los conflictos, a diferencia de los conceptos de mantenimiento de la paz y consolidación/construcción de paz que son empleados para intervención durante el conflicto y el posconflicto.

El Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución 2282 en abril de 2016 especificó aún más que la paz sostenible tiene como fundamento las interrelaciones entre desarrollo, paz, seguridad y derechos humanos que se refuerzan mutuamente para la sostenibilidad. De acuerdo con esta Resolución, el sostenimiento de la paz como proceso requiere incluir las necesidades de todos los sectores de la población; actividades destinadas a impedir el estallido, la intensificación, la continuación y la recurrencia de los conflictos; abordar las causas profundas; fortalecer el Estado de derecho; promover el desarrollo social y el desarrollo sostenible; erradicar la pobreza; la reconciliación nacional y la unidad por medios como el diálogo inclusivo y la mediación; el acceso a la justicia y la justicia de transición; la rendición de cuentas, la buena gobernanza y la democracia; la igualdad de género y participación decisiva de las mujeres en los procesos de paz; el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y asumir la paz como una tarea y una responsabilidad compartida que deben ejercer tanto los gobiernos como todos los demás interesados nacionales.

La paz sostenible, política exterior y no interna

El gobierno de México adoptó desde junio 2016 un gran activismo para la paz sostenible en la agenda multilateral, no solo creó y lidera aún el Grupo de Amigos de la Paz Sostenible sino que a finales de 2016 fue electo miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU y el siguiente año empezó a fungir como vicepresidente del mismo. A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) planteó cinco ejes/metas nacionales, de las cuales la primera era “México en Paz”, el sexenio termina con niveles de violencia históricos y cifras récord. La formulación de esta meta se basó en un diagnóstico que propuso el fortalecimiento institucional privilegiando los problemas económicos que derivan en inseguridad y en violencia e incluso minan la importancia de la competitividad. En la práctica, la meta de un “México en Paz” se efectuó por medio de la centralización de las instancias federales en materia de seguridad ―una ventanilla única― en la Secretaría de Gobernación que se volvió una supersecretaría y la formulación de la paz quedó supeditada a la implementación de la política de seguridad. El fortalecimiento institucional se tradujo también en un mayor protagonismo de las fuerzas armadas en la seguridad pública validado tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interna de 2017.

En el Plan Nacional de Desarrollo igualmente se propuso el eje/meta cinco, México con Responsabilidad Global. Emerge así una relación entre la meta uno y la meta cinco, es decir, entre la paz sostenible promovida por México en la ONU y la meta de que México fuese proyectado como un actor internacional con responsabilidad mundial. Específicamente, la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz, tales como, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

Así, la paz sostenible se proyecta en la política exterior sin plantear una relación con la política interna en materia de seguridad. Oficialmente, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde 2016 negaron que México tenga un conflicto armado o “conflictos”, reconocieron que la violencia era producto del narcotráfico regional y que la participación de fuerzas federales no era un indicador de conflicto armado. La paz sostenible no aplicaría para México. Mientras el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres ha señalado que “México sufre un conflicto armado no reconocido”. Como puede observarse, la paz sostenible aún tiene en México obstáculos para que se le reconozca en su naturaleza interméstica.

En el contexto del nuevo gobierno se hace necesario transitar de la negación al reconocimiento de conflictos y violencia.

En este periodo, la discusión de los términos oficiales es relevante porque intentaba minimizar las estadísticas crecientes de violencia. Desde el discurso oficial, como la causa primordial se señaló al crimen organizado especificando que no se trataba de un conflicto con el Estado, se reconocía como violencia entre organizaciones criminales y se enfatizaba que no hay algún grupo que intente competir con el Estado en búsqueda de legitimidad. En la declaración de México ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2017, oficialmente se describió a este panorama violento como un problema de seguridad pública derivado de la debilidad de instituciones locales y la corrupción.

En esa línea, se propuso que la vía de adopción de las grandes discusiones internacionales sobre la paz y el activismo de México en la materia, fuese la promoción de la Agenda 2030 de los ODS para intentar que estados y municipios puedan alinearse a las metas, objetivos e indicadores respectivos incluyendo el objetivo 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. Sin embargo, los esfuerzos en la práctica (incluso de fortalecimiento institucional para la justicia tales como la lenta implementación del sistema penal acusatorio) han sido insuficientes mientras las violencias en el territorio nacional se complejizaban.  Solo 2017 fue el peor año de homicidios dolosos en México con una tasa nacional de 20.51 por cada 100 000 habitantes (superó la entonces histórica de 2011 con 19.37); mientras que en 2018, el número de personas desaparecidas en el país es casi de 40 000, más de 20 000 cuerpos sin identificar en los distintos sistemas forenses y 250 000 desplazados por violencia.

Propuestas de pacificación y reconciliación

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propone procesos de pacificación y de reconciliación. En este contexto se ha planteado: justicia transicional, la posibilidad de solicitar apoyo técnico de organismos internacionales tales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instalación de una comisión o comisiones de la verdad, amnistías parciales, la centralidad de los sobrevivientes y víctimas de la violencia, o la conversión del ejército y la marina que de ser instituciones bélicas y represoras pasarán a ser unas pacificadoras identificadas como “fuerzas de paz” (a primera vista un oxímoron y un contra natura).

En particular, las comisiones de la verdad podrían esclarecer los crímenes más graves que incluso pudieran ser de lesa humanidad. Entre los crímenes más graves están aquellos asociados con la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los delitos contra periodistas y contra los defensores de derechos humanos.

Finalmente, en el contexto del nuevo gobierno se hace necesario transitar de la negación al reconocimiento de conflictos y violencia (que impiden la implementación de una paz sostenible), proponer planteamientos concretos de las implicaciones internacionales y domésticas (intermésticas) de la paz sostenible en la política exterior de México, así como promover la apropiación social —con acompañamiento gubernamental— del proceso de pacificación, verdad y justicia que horizontalice la búsqueda de soluciones a situaciones específicas que derivan en inseguridad (corrupción, impunidad, incompetencia, falta de inteligencia en seguridad, destrucción del tejido social y falta de aplicaciones tecnológicas que puedan contribuir a la construcción de solidaridad comunitaria). Tal como lo afirmara el embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE en 2016, la paz sostenible es un cambio de paradigma en cómo debemos entender a la paz: sin una concepción comprehensiva y preventiva del desarrollo no habrá paz que se pueda alcanzar y mantener. Y para lograrlo, afirmamos aquí, debe impulsarse y operacionalizarse no solo en el exterior sino internamente, es decir, de manera interméstica. El nuevo gobierno tiene aquí un gran reto.

ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMÍREZ es responsable del Comité Académico de Política Exterior de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) y profesora investigadora de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). ALBERTO LOZANO VÁZQUEZ es Presidente de la AMEI y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar (UMAR), Campus Huatulco, Oaxaca. Sígalo en Twitter en @amei_mx_oficial.

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