Carta del Director

La situación actual de Siria es la más clara expresión del fracaso político y diplomático debido a las grandes distancias entre China, Estados Unidos y Rusia, y una vez más, de la división europea. Ante todo, es un drama humano y es resultado del fracaso de la aplicación de la Responsabilidad de Proteger a la población civil víctima del uso de armas químicas. Es un horror que justifica tanto la demanda de una inmediata intervención internacional como la actitud más prudente de exigir pruebas antes de legitimar una acción punitiva. La legitimidad está afectada principalmente por el error del falso argumento de las armas de destrucción masiva en Iraq, que ahora ha situado a los representantes del pueblo en el primer plano de la toma de decisiones de intervención militar. Esto ha supuesto la derrota del primer ministro David Cameron en la Cámara de los Comunes del Reino Unido por la negativa de sus propios partidarios, así como la debilitada posición del presidente francés François Hollande por la oposición a una intervención sin consulta y la necesidad de Barack Obama de convencer al Congreso de Estados Unidos para la intervención en Siria.

En este contexto, el artículo de Andrew Tabler, anterior al uso de armas químicas por parte de Bashar al Assad en Siria, ya ha sido superado por los acontecimientos y, en consecuencia, la intervención de Obama ya no puede ser preventiva. El análisis de Tabler sigue siendo válido y de máxima actualidad. Sin embargo, el daño causado por el uso de armas químicas ya es irreversible, y lo que hay que evitar son daños mayores. El dilema sigue en pie: así, mientras Tabler argumenta que la intervención militar de Estados Unidos obligará a las partes a acudir a la mesa de negociaciones, la realidad es que algunas partes, y en particular las que – como Rusia- apoyan el régimen de Assad, se oponen a la intervención y exigen negociación. Mientras, el tiempo corre dramáticamente en contra de la población civil.

En este número de Foreign Affairs Latinoamérica, volvemos una vez más sobre un tema que aflige las sociedades de Latinoamérica: la seguridad, las organizaciones criminales y las drogas.

Rina Mussali  presenta una entrevista a Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia (1994-1998), quien argumenta y defiende alternativas a la estrategia prohibicionista para hacerle frente a la lacra del narcotráfico. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo si no está funcionando?, se pregunta Samper. El hecho de que el debate vaya más allá de los ámbitos académicos e implique a gobiernos o a la Organización de los Estados americanos (OEA) con el «Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas» indica que, con la revisión de la política tradicional, la alternativa no prohibicionista se está consolidando.

En una segunda entrevista a Antonio Mazzitelli, Representante de la Oficina de Enlace  y Paternariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para México -realizada por Simone Lucatello-, explica que los grupos criminales han reemplazado al Estado de derecho debido a la ausencia de ciudadanía, y hoy, con la evolución económica, la ciudadanía se está fortaleciendo y exige nuevas estrategias y actuaciones para enfrentar los problemas de seguridad. La construcción de un nuevo concepto de seguridad y justicia debe fundamentarse en el respeto de los derechos individuales y tiene que ser el resultado de procesos abiertos, transparentes, incluyentes y participativos.

Roberto Arnaud critica en su artículo la estrategia seguida en México contra el crimen organizado, basada en la eliminación de objetivos de alto valor. Esta estrategia, que tuvo éxito contra los cárteles de Colombia y Al Qaeda, ha fracasado en México porque los grupos criminales de aquellos países no compiten entre ellos, mientras que en México, esta estrategia favorece a los grupos de la delincuencia organizada que quedan activos al eliminar a los competidores.

Complementamos este bloque con el artículo de Patricio Asfura-Heim y Ralph Espach, que analizan y avalan el fenómeno de los grupos de autodefensa en México; éstos aparecen como respuesta de «seguridad popular» frente a la violencia de los grupos criminales ante la ausencia de respuesta por parte de la policía y del gobierno. A pesar de que estos grupos de autodefensa representan el fracaso del Estado de derecho, los autores apoyan la acción de dichos grupos por ser más eficientes, e incluso, como una solución que ya se ha dado en otros momentos y países, si colaboran con el Estado.

La violencia y el crimen organizado en Latinoamérica afectan a los niños en su participación en conflictos armados no convencionales. Éste es el tema que tratan Marina Malamud y Carolina Sampó. En estos escenarios de violencia, los civiles menores dejan de ser víctimas y se convierten en eficientes victimarios, especialmente dentro del marco de acción que les proveen los actores violentos no estatales (guerrillas, maras y organizaciones criminales). De allí que los niños en muchos casos han dejado de ser un sujeto a quien hay que cuidar y han pasado de ser niños en conflicto a niños del conflicto. En Latinoamérica, la incorporación de niños en los conflictos de la región es mucho más importante de lo que suele pensarse, no sólo en la guerrilla, sino también en las organizaciones criminales. No obstante, todavía no se considera como un asunto relevante en la agenda de seguridad nacional.

En el apartado de Diálogo Ñ, el artículo de Natalia Saltalamacchia y el de Andrés Serbin y Andrei Serbin presentan la crisis de la OEA y, respectivamente, las posiciones de México y de Venezuela respecto de este organismo y del Sistema interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La crisis de la OEA se explica por el escaso interés de Estados Unidos y por la hostilidad de los países que forman la alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La expectativa de un menor entusiasmo de México por la OEA y la actitud de Venezuela en contra del SIDH no hacen sino confirmar una mayor debilidad de la Organización.

Cuba sigue siendo un capítulo aparte por su lenta transición hacia una economía menos estatizada y por su escasa apertura política. Julia E. Sweig y Michael J. Bustamante evalúan la posición de Estados Unidos y del gobierno de Barack Obama hacia Cuba en su dilema por mantener el embargo o iniciar una vía de colaboración. Raúl Castro parece desear la colaboración, con el fin de diversificar a sus interlocutores, una vez que Hugo Chávez ha desaparecido y que la economía venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro están en entredicho. A pesar de que los autores estiman que una colaboración favorecería los intereses nacionales de Estados Unidos y beneficiaría al pueblo de Cuba, no parecen muy optimistas sobre esta posibilidad.

En el ámbito de los equilibrios y estrategias internacionales en Sudamérica, el artículo de Daniel Flemes y Leslie Wehner se refiere a las estrategias de política exterior de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela ante el ascenso de Brasil, que es el punto de referencia para la elaboración de las estrategias regionales que oscilan entre las políticas cooperativas y los mecanismos de competencia. Brasil no quiere comprometer su liderazgo y no quiere ir más allá de la cooperación en seguridad e infraestructuras, mientras que los demás países establecen estrategias de «equilibrios blandos» respecto a Brasil.

En Asia, según Estanislao Sánchez, los equilibrios de seguridad son frágiles, a pesar del crecimiento económico y de los procesos de integración económica iniciados; así pues, China, Corea del Sur y Japón mantienen importantes disputas territoriales, a pesar de haber firmado un acuerdo sobre inversiones. Por otra parte, el poder militar mundial se desplaza en dirección de Asia, con un aumento del gasto militar que ya supera el de Europa y con una política de «reequilibrio» de Estados Unidos en Asia que establece alianzas de seguridad con países asiáticos para hacerle frente al poder de China.

Uno de los temas que ha ocupado las páginas de información y debate en los últimos meses se refiere a las filtraciones de información de los servicios de seguridad. En los casos de Julian Assange y Edward Snowden, algunos gobiernos de Latinoamérica se han visto implicados por sus ofertas de asilo. Paradójicamente, los gobiernos en el mundo que limitan la libertad de prensa y persiguen a periodistas en sus países se erigen en paladines de la defensa de los llamados «soplones». La línea que separa la libertad y la seguridad cada vez tiene un trazo más fino, y así se ha visto reflejado en el error estratégico y diplomático de algunos países europeos con el trato dado al Presidente de Bolivia al no asistirlo para un aterrizaje técnico en su vuelo procedente de Moscú. En este número, Darío Ramírez y Antonio Martínez, presentan un alegato a favor de los soplones o whistleblowers y su función social de ventilar los secretos de Estado que son de interés para los ciudadanos. Señalan las ventajas de internet frente a los medios convencionales e interpretan que una expansión de la información significa su democratización.

Por último, el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, el 12 de agosto de 2013, sobre la reforma energética en México con una propuesta de reforma constitucional ha abierto de nuevo el debate sobre la privatización de los hidrocarburos y las utilidades de explotación. Duncan Wood explica en su artículo la complejidad técnica del tratamiento desde un punto de vista integral del gas y del petróleo en México, y también de la complejidad política para llegar a una solución frente a la reacción en contra de la propuesta. Wood afirma que si el Congreso fracasa en la aprobación de la reforma, significaría una enorme pérdida de oportunidad para el sector de la energía en México y para su economía en general. Ciertamente, los contrarios a la reforma piensan que tal fracaso equivale a un éxito y a la oportunidad de otras alternativas reformadoras en el futuro.

Jordi Bacaria Colom