Felipe Curcó Cobos
.
264 pp., MX$289.00.
No mucha gente sabe que hace un siglo todas las drogas eran legales en México. Se utilizaban no solo con fines recreativos, sino para tratar enfermedades, patologías y síndromes. Ricardo Pérez Montfort, por ejemplo, cita en Yerba, goma y polvo anuncios curiosos aparecidos en los diarios mexicanos de aquellos días: «Morfina a domicilio. Curación radical de morfinomanía y narcomanías sin molestia. Medicina y métodos nuevos. Muestra gratuita de cocaína para 4 días. Dr. Antonio Márquez, 1ª Donceles 4».
En la mayoría de las boticas del país, así como en hospitales y dispensarios, las drogas se adquirían sin receta ni control. En los periódicos se ofrecía «clorhidrato de cocaína, de morfina alemana de la casa Merck y de la francesa Poulenc Frères». Pero en el siglo XX los carrancistas las prohibieron por «su suciedad» y «el modo en que […] pervertían a nuestra raza primitiva» (palabras literales del doctor carrancista José María C. Rodríguez). El 17 de febrero de 1940 el gobierno de Lázaro Cárdenas volvió a legalizarlas, por considerar que se podían consumir sin que representaran ningún problema de salud pública para el país. Sin embargo, muy poco después, por presiones de Estados Unidos, el 7 de junio de 1940, el general Cárdenas tuvo que suspender el reglamento que las legalizaba.
Hoy el debate acerca de la legalización o la prohibición de las drogas es una de las discusiones que más espacio ocupan en la agenda pública. No hay que ser experto en Derecho ni en Teoría Política para entender la argumentación del ministro Arturo Zaldívar en el reciente y célebre debate de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación: Estado liberal de derecho es aquel que vela por la defensa jurídica de la autonomía. Esto exige mínima intervención en los actos libres. De ahí que la penalización de una conducta requiera que esta afecte o ponga en grave riesgo un bien jurídicamente protegido, tal como la vida, el patrimonio o la integridad física. No queda muy claro cuál es el bien jurídicamente protegido que el consumo de drogas amenaza. Sabemos que su uso suele considerarse un delito contra la salud, pero cómo es que los elementos que configuran el tipo penal del tráfico de drogas efectivamente ponen en peligro el bien jurídico en cuestión. Es decir, ¿en qué momento la posesión de una sustancia se convierte en un trastorno para la salud? En otras palabras: si el bien jurídico fundamental (la autonomía y el respeto a la libre elección de la personalidad) entra en conflicto con otros bienes jurídicamente protegidos (como la salud) lo que se impone, entonces, es realizar lo que los juristas llaman un ejercicio de ponderación de principios. Sin embargo, la prohibición total de posesión, producción, consumo y distribución, no pondera nada. En todo caso, simplemente le da, de modo injustificado, más valor a un bien jurídico (la salud) que a otro (el derecho autónomo de elegir qué quiero consumir y qué no).
Nuestra historia narcótica de Froylán Enciso omite por completo esta discusión. Más que una reflexión académica o jurídica en torno al debate sobre la legalización de las drogas en México, lo que Enciso ofrece es una recopilación mordaz de retazos discontinuos sobre la penalización de las drogas en diversos episodios de nuestra historia. Estos relatos, aparentemente dispersos, logran cierta ilación periodística y literaria bien unificada. Por medio de ella, lo mismo nos enteramos del deambular de Rafael Caro Quintero por el mundo de las conferencias de prensa, que de las fugas del primer gran criminal escapista del país (Alberto Sicilia Falcón) o de los periplos por el mundo de las drogas de un tal Azcárraga, hace ya varias décadas.
De la mano de Enciso, el lector se percata de que en México (al igual que en el resto del mundo) el debate sobre el estado legal de las drogas nunca fue abordado como un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué, entonces, el grave problema de seguridad en México se quiere reducir de modo malicioso a una mera cuestión de si se debe o no legalizar el uso, consumo y distribución de narcóticos? Posiblemente, intuyo, debido a que de ese modo logra el poder mafiocrático desviar el debate y el diagnóstico sobre las causas que han borrado el pacto social en México, convirtiendo al país en gran cementerio, mausoleo de la impunidad. Porque al trocar un tema de salud pública por uno de seguridad nacional, la cuestión de legalizar o penalizar las drogas aplaza para siempre la única cuestión que hoy importa al país, a saber: la cada vez más escandalosa complicidad entre las clases política, empresarial y criminal (origen de todos los males que padecemos, incluido especialmente el de la seguridad). De este modo, la justicia y el combate a la impunidad quedan condenados al mismo destino que las víctimas en México: a permanecer enterrados en la fosa común del olvido.
De ahí la invitación a la lectura de esta obra. Tal y como escuché decir a alguien hace algún tiempo: «Tal vez si prohibieran la literatura igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas».
