Fernando Montoya
Enero 2014
A pesar de que México aparenta ser ejemplo mundial en términos macroeconómicos, a la par enfrenta desafíos sociales y económicos que han llevado a su sociedad civil a delimitar una agenda que enfrente tales desafíos, así como a hacer uso de diferentes mecanismos que actualmente operan como espacios para la participación ciudadana en el quehacer del gobierno. Sobra notar la importancia de identificar los temas de dicha agenda y esbozar una radiografía actual que nos permita entender estos mecanismos.
INTRODUCCIÓN
Es conocido que el Gobierno de México requiere de recursos para atender a una población cada vez más extensa y con mayores necesidades. La problemática radica, en mayor parte, en que aún cuando el país se ha vuelto un ejemplo mundial en aspectos macroeconómicos, mucha de la población sigue siendo pobre.
Frente a este contexto, se ha reflexionado en aclarar cuáles son las prioridades que deben orientar la política económica-social en los próximos años y las reformas más urgentes que requiere México, con el objetivo de mejorar su desempeño económico, reducir las desigualdades y avanzar hacia un nivel más elevado de desarrollo para beneficio de la sociedad.
El estudio «Getting It Right. Una Agenda Estratégica para las Reformas en México» (2012), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) considera que México podría crecer a mayor ritmo «si se eliminaran con más rapidez y eficacia los cuellos de botella que le impiden explotar al máximo su potencial de crecimiento económico y compararse más favorablemente con las economías más dinámicas del mundo.» Los «obstáculos específicos» a los que se refiere la OECD son, por mencionar algunos, al alto porcentaje de informalidad laboral; la desigualdad en las mejoras del entorno empresarial, y por ende, la generación de prácticas monopólicas que limitan el potencial de innovación y captación de mayores inversiones; la ausencia de certidumbre y eficacia legal en el sistema jurídico mexicano que posee un alto impacto en todos los campos de la actividad económica y es un obstáculo en la construcción de una sociedad incluyente y solidaria; y la desigualdad en los ingresos individuales, el acceso a las oportunidades y las disparidades regionales. En este último punto, la persistencia de la pobreza generalizada y las amplias desigualdades inhiben un mayor crecimiento y la cohesión social. Por ejemplo, en la medida en que la desigualdad afecta los resultados de la educación y de la provisión de los servicios de salud, esto tiende a limitar el desarrollo del potencial humano de la sociedad.
Por lo anterior, la interdependencia de los desafíos de crecimiento con los retos sociales subraya que la solución a los problemas también tiene que ser multidisciplinaria. La agenda de reformas y políticas públicas debe avanzarse en varios frentes simultáneos para beneficiarse de los efectos de las distintas medidas. Por ejemplo, el impacto de la nueva ley laboral sobre la productividad y la equidad aumentaría si se mejorara el entorno empresarial, la competencia y el desempeño educativo y se asegurara una mejor transición desde este último sector al mercado laboral. También, si el sistema fiscal se simplificara y se volviera más justo, los efectos positivos serían aún mayores. Incluso, las políticas ambientales bien diseñadas pueden crear nuevos mercados, oportunidades de inversión y empleos.
Diseñar una agenda estratégica de este tipo es indispensable, pero no suficiente. Se necesita mejorar también la instrumentación de reformas y políticas públicas en constante comunicación con los actores sociales y económicos. Por ello, avanzar en la construcción de mecanismos diseñados para el diálogo y la interlocución en México es una prioridad ineludible. Esto no sólo en el marco de la necesaria mejoría del Estado de derecho y un marco de integridad, sino también en la mejoría de las capacidades de gestión de la administración pública en todos los niveles. Esto contribuiría, además, no sólo a asentar un diálogo social más estable y propicio para generar un mayor crecimiento, sino a facilitar también la instrumentación de las reformas más importantes.
AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL
En primer lugar, destacan las aportaciones de la sociedad civil a los gobiernos en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, G-20 (2012), donde temas como la estabilización económica y reformas estructurales para el crecimiento y el empleo, los sistemas financieros y fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico, la arquitectura financiera internacional en una economía global interconectada, la seguridad alimentaria, la volatilidad del precio de las materias primas y el desarrollo sustentable, así como la eficiencia energética, el impulso al crecimiento verde y financiamiento para enfrentar el cambio climático fueron centrales para alentar la conformación de un Grupo de Enlace. Este grupo estuvo integrado por representantes de varios sectores, nacionales e internacionales (el sindical, la academia y el de las Organizaciones de la Sociedad Civil), facilitando el acompañamiento, atención y diálogo entre la sociedad civil y la Presidencia mexicana del G20.
Igualmente, se encuentran las propuestas y planteamientos a ser incorporados en la Agenda Internacional de Desarrollo pos 2015. En apoyo a la preparación de esta agenda, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en estrecha colaboración con actores de la sociedad civil, del sector privado y de los gobiernos, han estado facilitando un dialogo global sobre la agenda de desarrollo post-2015.
De la misma forma, el Gobierno de México ha acompañado el proceso de consultas globales del Panel de Alto Nivel (HLP) a varios niveles. Por ejemplo, facilitó la consulta temática sobre energía en Mérida-Yucatán (21 al 22 de Marzo, 2013) como parte de la iniciativa «El Mundo que Queremos de Naciones Unidas». En aquella ocasión se realizaron consultas directas a diversos grupos de actores de la sociedad con el propósito de construir una visión colectiva de lo que debe ser el desarrollo, para luego ponerla a disposición de los líderes mundiales, con el fin de lanzar en el 2015 un nuevo programa de desarrollo mundial que se fundamente en las aspiraciones de los ciudadanos. La información recopilada en estas consultas se incluirá en el informe del Grupo de Alto Nivel, creado por la ONU para formular propuestas sobre el Mundo que Queremos post-2015 y, posteriormente, en el informe que presentará el Secretario General a la Reunión Cumbre de Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en septiembre de 2013.
En el mismo sentido, el gobierno mexicano convocó en Guadalajara, en abril de 2013, a una conferencia especial con el fin de asegurar que los puntos de vista críticos y las voces de la región de Latinomérica y el Caribe queden reflejados en la agenda de desarrollo pos 2015. El objetivo central de la nueva agenda de desarrollo es transformar el paradigma con el que se venían pensando los ODM, cuyos objetivos deben ser redistribuir la riqueza, erradicar la pobreza y la desigualdad y promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, considerando como intrínsecos los siguientes ejes transversales: la garantía de todos los derechos humanos, la equidad, la perspectiva de género, la inclusión social, la sustentabilidad y la interculturalidad e incorporar a este paradigma de desarrollo visiones como el buen vivir. Asimismo, se busca que se incorpore la dimensión cultural del desarrollo y se enfatice el papel de la educación en éste.
Finalmente, cabe destacar la participación de la sociedad civil mexicana en los mecanismos de consulta pública para la elaboración de definición de objetivos, estrategias y prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Para ello, se llevaron a cabo en marzo y abril de 2013, una serie de consultas público- ciudadanas cuyo objetivo fue ofrecer criterios mínimos que permitieran trazar las metas sexenales. Entre las consultas realizadas destaca, por ejemplo, el I Foro de Consulta Ciudadana «México, Actor con Responsabilidad Global» llevado a cabo el 12 de marzo de 2013, donde diversas organizaciones de la sociedad civil así como los consejos económicos y sociales regionales de la Ciudad de México y Jalisco recomendaron al gobierno de México, entre otros temas, la creación del Consejo Económico y Social de México, en virtud de que se busca aportar la visión de la sociedad a los proyectos, leyes y programas que tengan especial trascendencia en el desarrollo económico y social del país. Como se verá a lo largo de este estudio, la creación de un Consejo Económico y Social de México ha sido una propuesta reiterada por diversas organizaciones de la sociedad civil con el objeto de formalizar la máxima expresión del mecanismo de diálogo social en México.
Finalmente, señalamos la Mesa de Consulta Sectorial de PND «Inclusión cohesión social y participación ciudadana», convocada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social en marzo de 2013 y donde se integraron propuestas como la creación de «un Consejo Económico Consultivo a nivel nacional con capacidad de sanción para reforzar las leyes y reglamentación fiscal y la normatividad en cuanto a las instituciones donatarias», así como de temas relacionados a derechos humanos de las mujeres y lucha contra la discriminación; derechos y protección de la infancia y desarrollo integral sustentable y participación comunitaria.
Como se logra observar, en gran medida los temas de discusión y de debate han tenido que ver con reformas estructurales, amplias y sostenidas que permitan acelerar la convergencia hacia niveles de vida más altos, así como en temas relacionados a la defensa y promoción de los derechos humanos, transparencia gubernamental, acceso a la justicia y prevención del delito, equilibrio y diversidad de género- con particular énfasis al respeto de las diferencias y de los derechos humanos-, agenda verde, seguridad alimentaria, entre otros. Todos estos forman parte de una agenda integral de trabajo de la sociedad civil con el gobierno de México.
Ahora bien, una vez analizado los principales obstáculos que enfrenta México en materia de desarrollo económico y social así como las agendas de trabajo de la sociedad civil mexicana, nos preguntamos: ¿cuáles son los mecanismos de diálogo y participación existentes entre sociedad civil y gobierno?, ¿qué temas se abordan y cuál ha sido su trascendencia? ¿Se prevé la generación de mejores canales de incidencia?
FERNANDO MONTOYA es doctor en ciencias sociales por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, asesor de la Presidencia del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, y subdirector de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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