Las reformas paralelas: la ruta de lo posible

1 diciembre, 2013 • Artículos, Latinoamérica, Norteamérica, Portada, Sin categoría • Vistas: 789

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Diciembre 2013

El escenario de inmovilismo por parte del actor central en materia migratoria en Estados Unidos, el Congreso, no implica una parálisis total en la relación de los poderes públicos y de los agentes no gubernamentales hacia los migrantes indocumentados. Por el contrario, hace ver la renovada relevancia de las acciones concretas que emprenden otros actores y que tienen repercusiones en la vida de la población indocumentada.

 El reloj de la cuenta regresiva que presiona tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata en Estados Unidos para presentar cuentas positivas frente a la población hispana mediante acciones demostrables en beneficio de los migrantes. El mismo empezó a correr al cerrarse las urnas en la elección del 6 de noviembre de 2012 y apunta directamente hacia los comicios presidenciales de 2016. Por el apoyo contundente a la reelección de Barack Obama que ofrecieron los electores hispanos (al favorecerlo con 71% de sus preferencias, frente a sólo 27% para Mitt Romney), resulta claro que los demócratas buscarán repetir ese respaldo, mientras que los republicanos tienen como tarea enmendar los puentes.

Una Reforma Migratoria que otorgue residencia permanente a los 11 millones de indocumentados que se estima se encuentran en Estados Unidos (los hispanos serían 80% de esa cifra) es, al mismo tiempo, la vía más evidente para ganar simpatías hispanas (una alta proporción de los ciudadanos estadounidenses que se identifican como hispanos tienen familiares o amigos indocumentados) y una fuente de profunda discordia entre los factores de poder en el Congreso, donde constitucionalmente se concentran las facultades en materia de naturalización. El tema migratorio resulta divisivo a tal grado, que a pesar de que en junio de 2013 el Senado aprobó por 68 votos contra 32 un proyecto legislativo en la materia, el liderazgo republicano en la Cámara Baja ha seguido, por meses, dando largas al mero llamado a una votación, posiblemente para no dar pie a que un segmento de la mayoría republicana rompa filas partidistas y vote junto con el grueso de los representantes demócratas a favor de la reforma.

El impasse en la Cámara de Representantes refleja una paradoja política: los intereses del Partido Republicano como grupo para ser competitivo en elecciones federales, mediante un acercamiento a los inmigrantes, divergen de los intereses de buena parte de los legisladores republicanos a nivel distrital (la población hispana del 84% de los distritos ganados por los republicanos en 2012 es del 20% o menos del total). En noviembre de 2014, la totalidad de los miembros de la Cámara Baja deberán defender sus escaños, lo que da un incentivo a cada legislador de mirar hacia su base distrital y no fomentar que grupos radicalmente antiinmigrantes, como el Tea Party, generen candidatos alternos en las elecciones primarias partidistas. El panorama hacia la elección presidencial de 2016 tiene, en este marco, menor sentido de urgencia para los representantes en lo individual.

El escenario de inmovilismo por parte del actor central en materia migratoria, no implica, sin embargo, una parálisis total en la relación de los poderes públicos y de los agentes no gubernamentales hacia los migrantes indocumentados. Por el contrario, hace ver la renovada relevancia de lo que pueden denominarse las Reformas Migratorias Paralelas, es decir, las acciones concretas que emprenden actores distintos al Congreso estadounidense y que tienen repercusiones en la vida de la población indocumentada. Desde el atizamiento de la desconfianza que sobrevino luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una gran parte de las medidas que tomaron órdenes de gobierno, como estados y ciudades, hacia los indocumentados fueron de hostilización (impedimentos para obtener licencias de manejo, ordenanzas locales para prohibir el alquiler de vivienda); pero múltiples señales apuntan a un acelerado cambio en las disposiciones de la vida pública que significan un alivio para las comunidades indocumentadas.

Ante la inacción del Legislativo, los otros dos Poderes a nivel federal han contribuido, en el ámbito de su competencia, a mejorar la vida de los migrantes. El Poder Ejecutivo puso en marcha desde agosto de 2012 el programa DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals), que brinda un alivio temporal de dos años, y la posibilidad de solicitar permiso de trabajo, a jóvenes que ingresaron a EE.UU. como menores y que cumplan algunos requisitos de escolaridad y ausencia de conflictos mayores con la ley. En octubre de 2013, la ombudsman de la Agencia de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) anunció que más de 580 000 solicitantes había iniciado el trámite y, de ellos, más de 474 000 habían sido ya aprobados (los solicitantes provienen de 92 países, pero los mexicanos concentran el 75% del total de trámites y reciben una de las más bajas tasas de rechazo).

Las cortes federales han generado algunas buenas noticias para los migrantes, como el fallo del tribunal colegiado del Noveno Distrito emitido el 8 de octubre de 2013, que pone en suspenso la capacidad coercitiva de las agencias de Arizona para aplicar medidas de la controvertida ley estatal SB 1070, específicamente en lo tocante a las sanciones contra quienes proveen transporte a indocumentados. Algunas cortes a nivel estatal se han vuelto parte de esta tendencia, notablemente la Corte de Apelaciones en Nueva York, que el 19 de noviembre de 2013 introdujo como obligación de los jueces, advertir a todo procesado que no sea ciudadano las consecuencias de deportación que trae el declararse culpable en un juicio penal. En 2011, más de 188 000 migrantes, no ciudadanos, fueron deportados de Estados Unidos a raíz de recibir sentencias de tipo penal, lo que pone en contexto la trascendencia de exigir a los jueces hacer explícita la consideración y no dar pie a inercias que tienen como consecuencia expulsiones del país y separaciones de familias.

El desdoblamiento de acciones que inciden en los migrantes tiene como ámbito natural a los estados, que si bien no pueden invadir las facultades federales en regulación migratoria, sí tienen potestades en muchos varios, como la emisión de licencias de manejo (que en la normatividad estadounidense tienen carácter de privilegio que se puede otorgar al solicitante, no de derecho a exigir por los individuos). De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), en el primer semestre de 2013, un total de 43 estados y el Distrito de Columbia adoptaron un conjunto de 146 leyes y 231 resoluciones, lo que representa un aumento de 86% respecto al número de iniciativas adoptadas por ese orden de gobierno en el mismo periodo de 2012. No en todos los casos se trata de medidas a favor de los migrantes, pues el abanico comprende desde etiquetado de fondos para agencias de la ley, hasta programas en apoyo a refugiados y clases de inglés. Pero sí hay una apertura en los ámbitos más importante para los migrantes, como las licencias de manejo y la educación.

En materia de licencias de manejo, 12 entidades, incluyendo algunas donde la migración indocumentada es relativamente reciente, como Maryland y el Distrito de Columbia, han abierto la puerta a la emisión de documentos. El estado con mayor número absoluto de inmigrantes, California, no sólo aprobó el 3 de octubre de 2013 el otorgamiento de licencias a indocumentados, sino que ha sumado medidas como la Ley de la Confianza (Trust Act), que podrían poner límites a las deportaciones que se detonan por la colaboración de agencias locales y federales en el marco del esquema Comunidades Seguras (Secure Communities).

En lo que concierne a educación, 14 estados han otorgado a los migrantes la facilidad de pagar colegiaturas con descuento de residentes locales en los sistemas universitarios (incluso la legislatura estatal de Nueva Jersey, cuyo gobernador se anticipa como aspirante a la nominación presidencial republicana, promueve un proyecto en este sentido). Además del tema de la colegiatura, algunas universidades, como el Sistema de la Universidad de California (UC) han incursionado en iniciativas tales como la ayuda financiera. En octubre de 2013, la UC anunció un fondo de 5 millones de dólares en apoyo de estudiantes que no son susceptibles de recibir ayuda de programas federales.

Las acciones en el plano universitario revisten suma importancia por el papel que juegan no sólo las instituciones públicas, sino también las privadas. Para el Año Lectivo 2014-2015, la Universidad de Notre Dame abrirá sus puertas a estudiantes indocumentados e incluso ha anunciado que podría brindarles financiamiento.

Para el sector privado, la importancia del acercamiento sostenido hacia la población migrante, incluyendo en buena medida a los indocumentados, resulta cada vez más visible. La industria de medios de comunicación se ha puesto en el centro de esta dinámica, como lo sugieren las mediciones (sweeps) de julio de 2013 de la cadena televisiva en español Univisión, pues esta logró ocupar, por primera ocasión en la historia, el sitio de mayor audiencia en todo Estados Unidos para las franjas demográficas de adultos de 18 a 49 años, superando a las cuatro grandes cadenas nacionales cuya programación es en inglés.

En el contexto del sistema de contrapesos y la pluralidad de actores que contribuyen a dar forma a la vida pública en Estados Unidos, se puede concluir que las interacciones complejas de las numerosas medidas en beneficio de los migrantes que adquirieron nueva vitalidad a partir de la elección federal de 2012 (las reformas paralelas) tienen el potencial, no solamente de facilitar el desarrollo de los trabajadores y las familias, con énfasis en su mejor inserción en sus comunidades de destino, sino de convertirse en un factor que avance decididamente la causa de los indocumentados y genere, a nivel de las comunidades locales, una nueva presión para romper la inmovilidad congresional en torno a la necesaria Reforma Migratoria.

IVAN R. SIERRA MEDEL fue Asesor de Asuntos Internacionales para Presidencia de la República en la administración de Felipe Calderón Hinojosa; actualmente es Asesor de Asuntos Internacionales en el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México, y docente del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.

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