Las propuestas de José Antonio Meade Kuribreña

6 junio, 2018 • Artículos, Latinoamérica • Vistas: 1006

 Vanessa Rubio Márquez

Foreign Affairs LatinoaméricaEn términos per cápita, la economía mexicana ha crecido alrededor de 0.8% anual en las últimas décadas. ¿Qué debemos hacer para salir de esa trayectoria de bajo crecimiento? ¿Cuál sería un objetivo realista de crecimiento para el próximo sexenio? ¿Qué políticas se deben aplicar para alcanzar ese objetivo?

 

Vanessa Rubio Márquez – Tenemos que construir sobre lo que se ha hecho bien y mejorar o corregir lo que falta. Para ello, es importante consolidar las reformas estructurales, mantener los pilares de estabilidad económica (una política fiscal responsable y una monetaria autónoma y creíble) y seguir dando la bienvenida a la inversión extranjera.

Después de la aprobación de las reformas estructurales en 2013, hemos crecido sostenidamente: el PIB total ha aumentado a una tasa de 2.9% y el PIB no petrolero a 3.5% (tasa desestacionalizada de crecimiento del PIB entre el segundo trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2017). Este crecimiento es casi el doble (1.7 veces) del que teníamos antes de las reformas. En 2007 y 2013 crecimos en promedio 1.7% y 2.1%. Además, las reformas han atraído mucha inversión al país. La inversión extranjera directa acumulada de 2013 a 2017 registró un máximo histórico de 171 470 millones de dólares, cifra 51% mayor que en el mismo periodo del sexenio anterior (de 2007 a 2011) y 83% más que de 2001 a 2005. Así, podemos esperar que, al estabilizarse la producción petrolera y con la plena implantación de las reformas, México acelere su ritmo de crecimiento. Aunque sería poco serio y poco realista dar expectativas cuando nuestro crecimiento depende de muchos factores internos y externos definitorios en este 2018, es alentador que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronostique que el crecimiento del PIB de México en 2019 será de 2.3%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera un crecimiento de 3.0% para el mismo año. En los últimos años, ambos organismos han revisado al alza sus expectativas de crecimiento para nuestro país.

Para que el crecimiento incluya a todos es necesario que la agenda de políticas públicas dote a los mexicanos de igualdad de oportunidades a la medida de sus necesidades, a fin de darle a cada ciudadano lo que requiere para subsanar sus carencias y mejorar su productividad. Es necesario también priorizar la seguridad y la certidumbre de las familias, garantizar la igualdad de género y asegurar el acceso y la calidad en educación y salud.

FAL – Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en las últimas 2 décadas no se ha producido una reducción significativa de la pobreza en México. Además, buena parte de la discusión mundial ha apuntado también a la necesidad de reducir no solo la pobreza, sino también la desigualdad. ¿Qué debemos hacer para atender esta situación y cuáles deben ser las prioridades de la política social ante estos resultados?

VRM – Mi experiencia en varios ámbitos de la política pública me ha enseñado que los grandes avances del país están ligados al desarrollo institucional. Esto es también cierto en el caso de la política social. La publicación de la Ley General de Desarrollo Social y la creación del Coneval como organismo autónomo, ambas en 2004, han permitido que México tenga hoy una de las metodologías más sólidas para la medición de la pobreza. Esta medición multidimensional es el instrumento de planeación y evaluación más completo e imparcial con el que cuenta nuestro país para abatir la pobreza. Con base en la medición del Coneval, José Antonio Meade diseñó, durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, la Estrategia Nacional de Inclusión, que no es más que la suma —con un mismo diagnóstico y, por tanto, un mismo fin— de los esfuerzos de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y de aliados en los organismos internacionales, la sociedad civil y el sector privado, para combatir las carencias sociales de la población. Con esto se orientaron mejor los programas sociales y se afinó la coordinación para llevar a sus mínimos históricos las carencias de alimentación, salud, seguridad social, educación y vivienda. También pudimos reducir —por primera vez, al mismo tiempo— la pobreza (que pasó de 55.34 a 53.42 millones de personas) y la pobreza extrema (que pasó de 11.44 a 9.38 millones de personas) entre 2014 y 2016.

Estos buenos resultados nos alientan a dar los pasos necesarios para emparejar el terreno de una vez por todas. Para reducir las desigualdades de forma estructural, debemos realizar un cambio de paradigma en la política social, de manera que no sea el gobierno el que defina unilateralmente qué programas ofrecer a los ciudadanos, sino que sea la necesidad particular de cada mexicano la que determine la vía adecuada para facilitar el ejercicio de sus derechos sociales.

A fin de alcanzar una focalización individual eficaz, se deben integrar las necesidades de cada mexicano en una plataforma que permita brindar un apoyo específico, real y transparente. Con un padrón único de beneficiarios y ventanillas únicas de atención, podemos evitar ineficiencias y discrecionalidades en la política social. También se podrá asegurar que las entregas de los programas sean transparentes y directas, y que se elimine a los intermediarios mediante depósitos bancarios en cuentas de los beneficiarios. Se debe poner especial énfasis en la reducción de las desigualdades seculares, como el analfabetismo, la pobreza indígena o la brecha de género en el acceso al trabajo formal. Asimismo, se debe fortalecer el acompañamiento desde la primera infancia, para que no haya más mexicanos que nazcan en pobreza extrema.

Además de tender ese piso social mínimo, se debe impulsar una vía para que cada mexicano pueda generar sus propios ingresos, cumplir sus sueños y salir de la pobreza por su propio pie, y aquí es donde entra el eslabón de la banca de desarrollo para financiar proyectos que mejoren los ingresos de las familias. El objetivo primordial de la política social no es atender a más mexicanos: es lograr que cada vez menos mexicanos requieran un programa social. Por eso, también se deben integrar a esta estrategia un gobierno a la medida de cada uno, programas productivos, educativos, de empleo y de inclusión financiera que incrementen la capacidad de los mexicanos para contribuir al crecimiento y desarrollo personal, de la familia y la comunidad.

FAL – ¿Qué tendría que hacer México, tanto en términos de política interna como de política exterior, si se cancela el TLCAN?

VRM – México está trabajando para que el TLCAN salga adelante y tenemos confianza en que así será. Desde que el Tratado entró en vigor, el comercio y la inversión en los tres países se han incrementado, se ha fortalecido el crecimiento y se han generado muchos empleos, tanto en México como en Canadá y Estados Unidos. La integración de Norteamérica se fundamenta en aspectos estructurales; el eje son nuestras profundas sinergias económicas, políticas, demográficas y geográficas, y el Tratado le da forma.

Aun así, si alguno de los países abandonara el TLCAN unilateralmente, el impacto en nuestro país sería acotado. Hemos construido nuestra apertura comercial durante años, tenemos 12 tratados de libre comercio con 44 países además del TLCAN, así como 41 acuerdos económicos, entre los cuales se encuentran 9 acuerdos comerciales de alcance limitado y 32 instrumentos para la promoción y protección de inversiones. En esta contingencia, prevalecerían los aranceles de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son bajos, las exportaciones a Estados Unidos enfrentarían un arancel promedio simple de 3.5% y nuestras importaciones de Estados Unidos estarían gravadas con un arancel de 7.0%. El comercio se facilitaría con el Paquete de Bali, que entró en vigor en febrero de 2017. La resolución de controversias entre Estados seguiría las normas y procedimientos de la OMC. Y hoy, las reformas estructurales son evidencia de que podemos atraer y dar certidumbre a las inversiones extranjeras.

A nivel mundial, mantendremos una política comercial de apertura con todos los países por medio de tratados nuevos y vigentes. En Norteamérica, si Estados Unidos abandonara el TLCAN, este prevalecería con Canadá, y Estados Unidos sería bienvenido de vuelta más adelante.

FAL – La estrategia mexicana de política exterior desde finales del siglo XX ha tenido como prioridad la integración económica de México en Norteamérica. Dadas las tensiones con el gobierno de Donald Trump, ¿es necesario que se revise esta prioridad? De ser así, ¿dónde deben buscarse nuevos aliados?

VRM – En todos sus intercambios con otros países y organismos multilaterales, México deberá aprovechar sus múltiples pertenencias, su posición geopolítica única, sus características económicas, sociales y culturales, y su estatus como referente en diversos temas torales del multilateralismo, para afianzar su liderazgo y continuar promoviendo los valores, principios e intereses de nuestro país, así como los derechos de nuestros ciudadanos, dondequiera que se encuentren. La política exterior mexicana va mucho más allá del comercio, y le ha valido a nuestro país el respeto y admiración de la comunidad internacional. El México de hoy participa en la definición de la agenda multilateral y es un activo protagonista de los intercambios políticos, económicos, turísticos, educativos y culturales mundiales. Aun así, en el escenario económico actual, México debe consolidar y diversificar su apertura económica, para que sea posible redoblar el crecimiento nacional.

Estados Unidos continuará siendo un socio estratégico para nuestro país, pero la diversificación de nuestro comercio debe ser un proceso de permanente implementación en los próximos años. Deberemos explotar a fondo nuestras complementariedades económicas con la Unión Europea, aprovechando la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, además de negociar un tratado de libre comercio con el Reino Unido, en cuanto se formalice su salida de la Unión Europea. En Asia y el Medio Oriente, debemos proyectar la relación comercial hacia un futuro de mercados complementarios. En particular, debemos consolidar nuestros nexos comerciales con China, Corea del Sur y Japón, y robustecer las cadenas de valor ya establecidas. México también debe tejer relaciones estratégicas con el resto de los países emergentes de Asia, en particular con las economías del Sudeste Asiático, región que creció más del 5% en 2017 y para la que el Banco Mundial proyecta mayor crecimiento en los próximos años. Debemos renovar nuestro liderazgo económico y de integración en América Latina y el Caribe, impulsando la Alianza del Pacífico. Como lo ha explicado el FMI, una mayor integración comercial puede estimular el crecimiento en toda la región. Con Centroamérica, generar una mayor integración comercial y energética puede contribuir a mejorar la matriz de desarrollo y competitividad del sur-sureste de México y la de los países vecinos, para que la frontera sur sea un espacio de prosperidad.

FAL – La política de seguridad en México ha estado vinculada con la política antinarcóticos de Estados Unidos. Los resultados no han sido satisfactorios si atendemos al número de delitos, entre ellos el homicidio, que va en ascenso en México. ¿Es necesaria una aproximación a la lucha antinarcóticos diferenciada de la visión del gobierno estadounidense? ¿Qué cambios deben hacerse en México, desde el punto de vista de las instituciones, para combatir la violencia?

VRM – Como en el caso del abatimiento de la pobreza y las desigualdades, en la seguridad debe promoverse el desarrollo institucional. La creciente inseguridad pública y la ineficaz procuración de justicia en nuestro país están profundamente ligadas y necesitan atenderse de manera simultánea y exhaustiva. Las bases de una transformación en estos sectores ya están sentadas, pero debemos acelerar, vigilar y mejorar su ejecución. Esto pasa necesariamente por la tipificación uniforme de los delitos y sus sanciones en un nuevo Código Penal, en el que se endurezcan las penas para los delitos de alto impacto y el desvío de recursos del erario. Es preciso asegurar que nada ni nadie esté por encima de la ley, comenzando por quienes forman parte del servicio público. Tenemos que cultivar y consolidar una cultura de la legalidad, en la cual todos respeten la ley, sin excepción. Para abatir la impunidad, es esencial formar un sistema de registro, identificación y seguimiento de los delitos, de los infractores que los cometan y de los procesos judiciales que se sucedan. En cuanto a los funcionarios públicos, un esquema de certificación obligatoria de su patrimonio permitirá identificar a quienes no puedan acreditar la evolución de su situación patrimonial o el origen lícito de sus bienes.

Debemos cambiar el enfoque del combate al crimen organizado hacia la incautación de las armas que entran por nuestras fronteras y al decomiso de los bienes y recursos económicos de los criminales. Para exigir protección, debemos brindarla. Tenemos que formar policías en quienes podamos confiar los ciudadanos y de quienes nos sintamos orgullosos. Por ello, deben tomarse medidas amplias y profundas para que las corporaciones policiacas de todos los niveles tengan oficiales entrenados, protegidos y bien remunerados.

También debemos profundizar las acciones para fortalecer el tejido social y recobrar la solidaridad vecinal que caracterizaba al México de paz en el que algunos de nosotros, o nuestros padres, vivieron la niñez, cuando la convivencia cotidiana en las colonias hacía que las familias se sintieran más seguras, más unidas y con mejor control de su porvenir.

 

VANESSA RUBIO MÁRQUEZ es Coordinadora de la Oficina del Candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña. Sígala en Twitter en @VRubioMarquez.

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