La promesa migratoria de Obama

12 enero, 2015 • Artículos, Asia/Pacífico, Latinoamérica, Norteamérica, Portada, Regiones • Vistas: 2524

Las órdenes ejecutivas sobre migración y las relaciones de Washington con Latinoamérica y el Caribe

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Enero 2015

El paquete reciente de órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama han abierto un nuevo y complicado capítulo en el vía crucis migratorio de Estados Unidos. En el ámbito interno, los decretos han dado pie a una dinámica política agitada y sui generis, y el debate sobre sus fundamentos, su legalidad y su razón de ser sigue en marcha. Mientras se escribía este artículo, 17 estados habían demandado al gobierno federal por dichas órdenes ejecutivas, alegando que imponer la acción negativa supondrá una carga en los presupuestos de sus estados. Además, la facción republicana en el Congreso ha respaldado una ley para revertir gran parte de las acciones que ha emprendido el Presidente, aunque la Casa Blanca ya ha dado indicios de un veto presidencial en caso de que se apruebe. Por si fuera poco, en vísperas de la llegada de los congresistas recién electos en los comicios de noviembre de 2014, la pugna entre ambos partidos solo ha dado indicios de hacerse más intensa.

Potencialmente, los decretos ejecutivos podrían complicar aún más las ya de por sí complejas relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica en algunos aspectos. Estas complicaciones serán notablemente más visibles conforme avance el debate sobre la legalidad de los decretos y sobre la capacidad del gobierno federal para llevarlos a cabo de equitativa entre los migrantes latinoamericanos y de otras regiones. Otros inconvenientes relucirán cuando se continúe el plan gubernamental para reforzar y expandir la seguridad en la frontera por medio de apoyos a la sumamente controvertida patrulla fronteriza, y cuando los senadores republicanos obstaculicen el proceso de nominación de María Echaveste, a quien Obama nombró recientemente como Embajadora de Estados Unidos en México.

¿Cómo entender las órdenes ejecutivas presidenciales para la rendición de cuentas sobre migración?

Para empezar, algunos puntos básicos sobre mecanismos políticos estadounidenses. Al igual que en otras democracias, en Estados Unidos hay dos formas principales para que los poderes ejecutivos y legislativos puedan cambiar y elaborar nuevas políticas públicas: la legislación y la reglamentación. Dado que el Congreso no puede legislar cada detalle de todas las políticas públicas, da lugar a que los órganos federales tomen decisiones discrecionales sobre algunos puntos. Es aquí cuando el presidente puede involucrarse en esos detalles de política pública que no fueron atendidos por el Congreso, instando a las agencias federales a que redefinan sus prioridades y a que tomen ciertas medidas discrecionales cuando realicen sus atribuciones cotidianas. Cabe mencionar que son los propios órganos de gobierno quienes deben interpretar estas órdenes desde el ejecutivo.

Asimismo, debe subrayarse que el presidente Obama no ha puesto en marcha un par de ajustes simples a un par de puntos de política pública, sino un paquete amplio y extenso de órdenes ejecutivas en materia migratoria conocido como las órdenes ejecutivas presidenciales para la rendición de cuentas sobre migración (President’s Immigration Accountability Executive Actions). Los conceptos de rendición de cuentas y Estado de derecho son cruciales tanto para el nombre como para la presentación de esta iniciativa. A su vez, esto da entender lo que es por mucho el componente más controvertido de dichas órdenes ejecutivas: la ampliación de los parámetros del Amparo Temporal de la Deportación (DACA) para incluir a más gente que llegó al país desde que eran niños (los Dreamers) y un cambio en los criterios de deportación para priorizar expulsiones que impliquen una amenaza a la seguridad o de criminales (el llamado componente del paquete de decretos que insta a “deportar a los delincuentes, no a las familias”).

Quizá, lo que llama más la atención es lo que se presenta en una tabla interesante que preparó el Migration Policy Institute para estimar el número de migrantes por estado que calificarán para ser beneficiarios de estas acciones. De entre los 5 millones de candidatos, 10 estados tienen más de 100 000 personas que son potencialmente elegibles, con California a la cabeza con más de 1.5 millones de personas que podrían ser beneficiarias —aunque el Migration Policy Institute señala que por un gran número de razones, no todos los candidatos que son elegibles aplicarán—

Además de los cambios que incidirán en estos dos grupos de personas contemplados por la ley migratoria de Estados Unidos, las órdenes ejecutivas atienden un grupo notoriamente extenso de políticas públicas que serán clave para la economía estadounidense, pero que han recibido una cobertura mediática escasa durante la discusión de estas medidas. Entre estas se incluye mayor flexibilidad para que los migrantes altamente calificados y con visas H1-B puedan cambiar de trabajo, mayor facilidad para que sus cónyuges encuentren empleo, mayor disposición para la entrada de emprendedores extranjeros a Estados Unidos y cambios en la formación de los estudiantes internacionales posgraduados en áreas técnicas de las universidades estadounidenses.

Archivo

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Muchos de estos cambios han sido propugnados por una gran variedad de intereses del sector empresarial, que ha resentido la falta de trabajadores nativos que asuman posiciones técnicas claves. En el ciclo fiscal de 2012, México ocupaba el séptimo puesto por el número de aplicaciones aceptadas para la visa H1-B, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Su inclusión en el paquete de medidas presidenciales subraya el afán exhaustivo de la iniciativa y la relevancia de la inmigración para la economía del país.

Los aspectos políticos

Aunque el Presidente tiene claramente la habilidad de emitir órdenes ejecutivas, si ha perpetrado o no áreas que son tradicionalmente debatidas y legisladas por el Congreso es una cuestión que a menudo queda abierta a la interpretación. El Partido Republicano ha reiterado que el presidente Obama ha sobrepasado su autoridad. Aunado a esto, las órdenes ejecutivas también han contravenido el lema político de que “las elecciones importan”. Esto equivale a decir que un presidente cuyo partido fue rotundamente derrotado en las elecciones (como fue el caso de los demócratas en las últimas elecciones de noviembre) debe estar constreñido, escuchar la voluntad de los votantes y trabajar de forma amigable —en la medida de lo posible— con la mayoría opositora en el Congreso. Evidentemente, Obama no ha seguido este curso de acción en materia migratoria y está en lo correcto cuando señala que los intentos para aprobar una reforma migratoria en el Congreso significativa han fracasado en repetidas ocasiones. Por lo menos, este fracaso institucional le ha permitido extender una especie de respaldo político a sus acciones.

Obama y la comunidad latina

Visiblemente, el Presidente ha tenido grandes dificultades para comunicarse con la comunidad latina o, más específicamente, con el cúmulo de organizaciones activistas que representan algunos de los intereses de la comunidad latina en Estados Unidos. No obstante, de acuerdo con el Pew Hispanic Center, los candidatos demócratas al Congreso recibieron 62% del voto latino en las elecciones intermedias de 2014. Y queda claro que los demócratas están apostando claramente por la participación en ascenso de los votantes latinos con miras a la elección de 2016 y hacia más adelante. Aunque han sido muchos los esfuerzos republicanos para cortejar a los votantes latinos tras la relección de Obama en 2012, el discurso vigente de seguridad fronteriza dentro del Partido Republicano hace que una relación sana con los votantes latinos sea prácticamente imposible.

Con sus recientes órdenes ejecutivas, Obama ha tentado a los republicanos a seguir oponiéndose a la reforma migratoria, mientras los demócratas buscan robustecer su avanzada en áreas latinas de Estados Unidos, entre las que destaca Texas como el gran premio del sistema electoral estadounidense, el cual es sumamente obsoleto y donde el ganador de los comicios aún se lo lleva todo. El resto del sureste del país es visto como un terreno estratégico por ambos partidos. Esto incluye a Arizona, un estado conservador pero presto a experimentar, que opera como un laboratorio para aspectos políticamente sensibles de todo tipo, desde la migración hasta el uso medicinal de la mariguana. Al momento de escribir este artículo, Arizona se unió a la ya referida demanda estatal contra el gobierno federal que encabeza Gregory Wayne Abbott, el Procurador General y Gobernador electo de Texas.

¿Cuáles son las implicaciones para Latinoamérica?

Asumamos que las órdenes ejecutivas resisten los embates legales de los republicanos. Para los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, así como para el resto de los Estados del continente con una vocación latinoamericanista y enfocada en los derechos humanos al tratar la migración, este no es un nuevo comienzo, sino otro capítulo más de un trecho político “interméstico” y desgastante, que cada vez ha adquirido más tintes locales, amargamente partidistas y al mismo tiempo globales.

Surgirán nuevas complicaciones además de las que ya existían. Estas complicaciones serán notablemente más visibles conforme se cuestione la legalidad de los decretos y la capacidad del gobierno federal para llevarlos a cabo de forma oportuna y equitativa entre los migrantes latinoamericanos y los de otras regiones; se continúe el plan gubernamental para reforzar y expandir la seguridad en la frontera por medio de apoyos a la sumamente controvertida patrulla fronteriza, y los senadores republicanos obstaculicen el proceso de nominación de María Echaveste, a quien Obama nombró recientemente como Embajadora de Estados Unidos en México.

A pesar de la ausencia de actividad terrorista en la frontera entre Estados Unidos y México, el régimen de seguridad del lado estadounidense se incrementa todavía a raíz de los atentados del 11-S, y las órdenes ejecutivas no parecen ralentizar este incremento. De hecho, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha requerido la facultad de contratar a 1600 agentes para el ciclo fiscal de 2015, insistiendo en la necesidad de habilitar a mujeres que afronten un aumento proyectado de migración femenina.

Sin embargo, la institución se ha inmiscuido en una serie de tiroteos infames contra migrantes en medio de llamados por una mayor rendición de cuentas y transparencia en el manejo de este tipo de casos. Además, aunque las inmensas “oleadas” de menores no acompañados que migraron desde Centroamérica en 2014 han cimbrado el escenario político estadounidense y han tenido una serie de efectos complejos, no han hecho nada para acallar las consignas que piden aún mayores medidas de seguridad en la frontera, como incrementar el número de efectivos de la patrulla fronteriza.

Obviamente, la frontera entre Estados Unidos y México es el último lugar en el que deberíamos empezar a lidiar con los asuntos migratorios, por lo que un diálogo con los tres países centroamericanos clave sería un intento bien recibido pero tardío para impulsar la coordinación internacional sobre migración en la región. Las conversaciones entre varias de las partes involucradas en los temas migratorios, de seguridad y de desarrollo económico son algo que se ha necesitado con urgencia durante décadas en el continente, aunque no se ha podido apreciar voluntad política en Estados Unidos, en México ni en cualquier otro lugar para llevarlas a cabo.

Revista Campestre

Revista Campestre

Probablemente, la Conferencia Internacional de Metrópolis 2015, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y por la Universidad Nacional Autónoma de México, sería una sede propicia para detonar una discusión muy necesaria sobre los pasos a seguir y las soluciones potenciales para hacer de la movilidad humana en el continente un asunto más manejable, seguro y favorable para todas las partes involucradas. En particular, México tiene una amplia gama de retos específicos en política migratoria, porque ha sido y seguirá siendo un país expulsor, de tránsito y receptor de migrantes. Sus políticas necesitan desarrollarse.

Finalmente, las órdenes ejecutivas tienen un potencial claro para impactar la diplomacia estadounidense. En septiembre de 2014, María Echaveste, la profesora de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, fue nombrada por el presidente Obama para suceder a Anthony Wayne como Embajador de Estados Unidos en México. Como ha sido el caso con otras nominaciones presidenciales clave, Echaveste podría enfrentar un proceso de nombramiento complicado cuando inicie el mandato de un Senado liderado por los republicanos a partir de este año.

Esto es importante por muchas razones, principalmente porque por el carácter prolongado de su recuperación económica, Estados Unidos se ha esforzado intensamente para fortalecer la diplomacia comercial con México, su tercer socio económico más importante (el liderazgo de Wayne, uno de los grandes expertos en temas económicos del Departamento de Estado, ha demostrado ser útil en este proceso). Además, conforme disminuye la migración mexicana hacia Estados Unidos, México ha vuelto a concentrar sus esfuerzos en reconectarse con su diáspora en su país vecino. Echaveste, hija de migrantes mexicanos, podría tener una mayor empatía por la posición defendida por los países latinoamericanos —enfocada en los derechos humanos de los migrantes—, así como una mayor capacidad para transmitir los cambios de la política estadounidense a sus contrapartes en México y en el resto de América Latina. El punto es que la propuesta de su nombramiento crea nuevas oportunidades para un compromiso, y la postergación para asumir su cargo sería desafortunada para una relación tan importante como la que mantienen Estados Unidos y México.

 

ERIK LEE es Director Ejecutivo del North American Research Partnership, un think tank establecido en Phoenix y San Diego. Es coautor del “State of the Border Report: A Comprehensive Analysis of the U.S.-Mexico Border Region” y de “The U.S.-Mexico Border Economy in Transition”, un reporte próximo a publicarse.

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