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Escrito por 6:00 AM AMEI, Artículos, Latinoamérica, Norteamérica, Portada • 10 Comentarios

La política migratoria en México

Entre la racionalidad instrumental y lo apropiado

BBC

Adriana González-Arias

Junio 2019

Una colaboración de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

La política migratoria en México vive la dualidad de velar por los derechos que atienden las necesidades de las personas que transitan por su territorio, y de ser un instrumento más para entablar relaciones con el vecino del norte, que condiciona los intercambios políticos, económicos y hasta sociales, por el endurecimiento de controles migratorios. A esta dualidad se le suman los vínculos históricos con los países centroamericanos.

En otras palabras, la política migratoria en México se plantea en dos lógicas. Por un lado, la racionalidad instrumental y el interés egoísta del Estado, que vela por la supervivencia y respalda el paradigma de la seguridad nacional, y, por el otro, la lógica de lo apropiado, que habla de lo que se debe hacer como un Estado miembro de la sociedad internacional y en consecuencia suscrito desde los derechos humanos. A partir de un breve análisis de uno de los flujos de movilidad humana que pasa por México, y que vive condiciones de alta vulnerabilidad, se mostrará la dualidad de las políticas y la necesidad de mejorar las relaciones exteriores de México para encontrar elementos que pueden fortalecer la autonomía de los Estados desde el bienestar de la sociedad y el respeto de los derechos humanos, fundamento expuesto en el artículo primero de la Constitución mexicana y que responde a la lógica de lo apropiado.

México entre flujos migratorios, marcos y acciones de política migratoria

En México se identifican ocho flujos de movilidad y migración internacional, a los que se les reconoce como emigración, migración de retorno, migración circular, movimientos trasfronterizos, inmigración, extranjeros y naturalizados, migración de tránsito, y refugiados. En cada uno de ellos, se observan perfiles diversos, que se modifican según el contexto histórico, social, económico y político del país de origen y del país de destino.

En los más de 150 años de historia de regulación migratoria en México, es posible observar que el énfasis se ha puesto en control de fronteras y restricción de entradas. En 2008 empezaron los avances, al descriminalizarse la migración indocumentada y a las personas y organizaciones que proporcionaban ayuda a esta población. De ser un delito que se castigaba con cárcel, pasó a ser una falta administrativa para el migrante indocumentado. En 2011 se publicaron dos instrumentos importantes: la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, y la Ley de Migración, además de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En 2012 se promulgaron sus reglamentos, y en 2014 se puso en funcionamiento el Programa Especial de Migración y se publicó la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que en 2015 fue publicado su reglamento. También se ha avanzado en normativas que dan acceso a derechos económicos, sociales y culturales para los extranjeros que llegan y pasan por el país, así como, ejercicios de armonización de leyes locales en materia migratoria.

La migración de tránsito que pasa por México de manera irregular está expuesta a un mayor grado de vulnerabilidad.

Contrario al respeto de los derechos humanos de los migrantes, México ha impulsado programas para intentar detener la migración indocumentada en sus dos fronteras, con mayor dureza en el sur, incluso con apoyo de los gobiernos centroamericanos. En su mayoría, han sido estrategias conjuntas con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, respondiendo a intereses principalmente económicos que han estado insertos en las negociaciones para incorporar mano de obra migrante mexicana al mercado laboral canadiense y estadounidense. Algunos ejemplos los vemos en el Plan Sur o Plan Frontera Sur de 2001, el Acuerdo para la Creación del Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza (GASEF) México-Guatemala de 2002, y en el Programa Frontera Sur de 2014. Estos proyectos se han realizado desde la bandera de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, pero los resultados se han visto en la militarización de la región para ordenar los cruces internacionales y dar seguridad en la región.

Entre política de puertas abiertas y de seguridad nacional

La migración de tránsito que pasa por México de manera irregular está expuesta a un mayor grado de vulnerabilidad, ya que se les han violado sistemáticamente sus derechos humanos, desde las causas de su salida que tienen sus raíces en los quiebres estructurales de sus países de origen. Asimismo, al transitar por México, estas personas sufren las consecuencias de la clandestinidad en sus trayectos; las instituciones los persiguen para su detención y no siempre se les respeta el debido proceso y acceso a derechos. Son víctimas del crimen organizado y la población los criminaliza y discrimina.

La intensificación de las caravanas migrantes que salieron de El Salvador y Honduras de septiembre de 2018 hasta abril de 2019, son un ejemplo de “consecuencias en cadena” de la paradójica política dual. Por un lado, se ve el estancamiento de los proyectos migratorios de las personas, por la imposibilidad de cruzar la frontera norte, lo que ha ocasionado un crecimiento en la población centroamericana que queda varada en territorio mexicano. Por su parte, para evitar tener un grupo numeroso de personas indocumentadas, el gobierno mexicano decidió poner en marcha una política de puertas abiertas. Se entregaron tarjetas por razones humanitarias, temporales a un año, para que se pudieran realizar trayectos de manera documentada, lo que permite, además, que las personas puedan trabajar.

En consecuencia, a la entrega de más de 15 000 tarjetas hasta febrero de 2019, hubo presión política dentro de México para que se suspendieran, ya que esto haría un efecto de llamada y sería imposible gestionar a todas estas personas para su estancia en el país. Además, se cuestionó el proceso de identificación de los solicitantes, por no tener información suficiente para saber antecedentes delictivos. Asimismo, Estados Unidos increpó a México y exigió que cerrara la frontera con argumentos parecidos. México intentó cerrar la frontera, aunque tampoco se puede hablar de efectividad en sus acciones.

Encontrar y poner en práctica estrategias para fortalecer la política migratoria desde la lógica de lo apropiado no será sencillo.

De esta acción deriva también la posición de Estados Unidos de transferir algunos de los costos de sus procesos de asilo a México. En el procedimiento de la política estadounidense, el migrante sigue siendo irregular mientras no se apruebe su solicitud, por lo que debería ir a un centro de detención, pero para no cargar con estos costos, ha remitido a las personas a México.

Otro efecto será que todas las personas que tienen el proyecto de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo no podrán hacerlo, pues en la política migratoria estadounidense está estipulado que toda persona que haya gestionado un proceso migratorio en otro país no podrá solicitar asilo y refugio a este. Por lo tanto, México tendrá que asumir que, cuando la tarjeta por razones humanitarias venza, habrá más de 15 000 personas irregulares en el territorio.

¿Cómo fortalecer la política migratoria para el respeto de las personas migrantes?

Es claro que México cuenta con una política migratoria que responde a los compromisos internacionales para la protección de los derechos humanos, pero el paradigma de seguridad nacional se sobrepone en las acciones que han perdurado para la gestión de flujos migratorios irregulares. México plantea su política migratoria desde la lógica de la racionalidad instrumental, por lo tanto, el Estado hace lo que conviene, aunque ponga en riesgo el bienestar de la sociedad.

Los movimientos migratorios no se detienen, aunque se enfrenten con controles migratorios cada día más duros, quienes tengan necesidad de salir de sus países lo seguirán haciendo. A las personas migrantes no se les puede combatir, sino que se le debe dar acceso a diversos procesos para que logren estabilizarse en un territorio con seguridades sociales, políticas y económicas. Es necesario buscar estrategias para una conducción de los flujos de una política que dé hospitalidad de manera integral y que proteja los derechos humanos.

En un nivel sistémico de política internacional, es imprescindible que el diálogo que entablen los países del corredor migratorio de Centroamérica-Norteamérica sea de iguales, poniendo en el centro el bienestar de la población que se juega la vida en los trayectos migratorios, especialmente cuando hablamos de migración irregular, indocumentada o ilegal hacia Estados Unidos, pues son los más vulnerables. Hacen falta recursos más eficientes en la formación continua de los funcionarios y en la comunicación entre autoridades de los países para un registro y documentación efectiva. Otra posibilidad es que México acepte más refugiados, ya que sus niveles de inmigración son bajos y con la experiencia del último año se ha visto que tienen posibilidades para trabajar programas de asentamiento e integración desde lo social y económico. Hay una necesidad imperante de negociar con Estados Unidos las condiciones de cruce de la frontera, apelando a la cooperación internacional, que apoye el desarrollo de las comunidades de origen, como la recuperación de fondos económicos que pertenecen a mexicanos y centroamericanos deportados. Encontrar y poner en práctica estrategias para fortalecer la política migratoria desde la lógica de lo apropiado no será sencillo, pero caminar para ello no se debe olvidar, y así, poco a poco, quitar la tentación de caer en el interés egoísta del Estado.

ADRIANA GONZÁLEZ-ARIAS es Vocal de la Mesa Directiva de la Asociación Méxicana de Estudios Internacionales (AMEI) desde 2015. Es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara. Es doctora en Migraciones Internacionales e Integración Social por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), nivel candidato. Sus líneas de investigación son migración internacional, migración de tránsito y refugiados en México, vulnerabilidad y política migratoria. Sígala en Twitter en  @amei_mx_oficial.

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Última modificación: 12 junio, 2019

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