20 septiembre, 2018 • Artículos, FEG Anáhuac, Latinoamérica, Portada • Vistas: 6765

Desafíos para la región 

Yoanna Shubich Green

Septiembre 2018

Una colaboración de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México

En los últimos meses se ha profundizado la crisis humanitaria en Venezuela debido a la continua escasez de alimentos, medicamentos, altos índices de inseguridad y corrupción, aunado a la hiperinflación (más de un millón por ciento según datos del Fondo Monetario Internacional). Esta situación ha generado una emigración de miles de venezolanos.

Según datos de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2.3 millones de venezolanos han abandonado su país. El principal destino es Colombia, seguido de Perú, mientras que Ecuador es considerado país de paso ya que muchos siguen su camino hacia Argentina, Brasil y Chile.

La emigración de venezolanos va camino a ser el mayor éxodo visto en la historia de Latinoamérica y la tendencia se asemeja a lo que ya se ha visto con los millones de sirios que han dejado su país. Incluso, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) cataloga oficialmente a los migrantes venezolanos como refugiados, instando a los Estados receptores a tener políticas que faciliten el acceso a su territorio, orientadas a su protección y ha ofrecido trabajar en conjunto con los países receptores de migrantes.

Colombia ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses y ha regularizado temporalmente a 820 000 de ellos; Perú a más de 400 000 en los últimos 2 años y, durante 2018, ha recibido más de 100 000 peticiones de refugio. Ecuador reporta la entrada de más de medio millón de venezolanos, solo durante los primeros 7 meses de 2018. Ante tal panorama, recientemente los gobiernos de Ecuador y Perú decidieron exigir pasaportes a los venezolanos para frenar su entrada; sin embargo, tal medida podría provocar un incremento de las entradas de forma ilegal, debido a que un pasaporte puede costar más de 1000 dólares en el mercado negro por la escasez de papel en Venezuela.

Lo anterior muestra que la región comienza a vivir las consecuencias de una crisis para la que no estaba preparada. Como lo describe The New York Times: «El avasallante flujo migratorio exige de medidas económicas, sanitarias y culturales, y produce cambios fundamentales en la ya frágil y compleja realidad latinoamericana». Por ejemplo, debido a la escasez de medicamentos y vacunas en Venezuela, Perú activó una emergencia sanitaria, ya que varios migrantes requieren atención médica contra enfermedades que ya habían erradicado como la poliomielitis, el sarampión y la malaria, que ahora han vuelto. Además, se requieren recursos materiales y humanos para atender las necesidades de los venezolanos como atención médica, alimentos, oferta laboral, lugares de residencia, entre otros.

Según datos de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2.3 millones de venezolanos han abandonado su país.

Los países vecinos comprenden la grave situación y han demostrado su solidaridad; sin embargo, es una cuestión de capacidad, que genera tensiones, riesgos y desafíos. Estas situaciones son campo fértil para el surgimiento de la intolerancia, discriminación y xenofobia. Tal es el caso de lo acontecido en el estado brasileño de Roraima, zona muy marginada, donde se cree que unos 50 000 venezolanos se han establecido, lo que aumentó las tensiones entre los migrantes y los locales y, en las últimas semanas, generó brotes de violencia. Como las autoridades regionales están rebasadas, el presidente brasileño Michel Temer decidió enviar al ejército a Roraima para reforzar la seguridad en ese estado fronterizo. Así, los Estados vecinos imponen políticas de inmigración cada vez más restrictivas para con los venezolanos, que cada vez son más víctimas de ataques por discriminación, del crimen organizado y laboran de forma indocumentada sin ningún tipo de prestaciones sociales.

Las causas del éxodo venezolano

Venezuela enfrenta una situación de hiperinflación que ha causado una profunda recesión económica iniciada en 2013 con la caída de los precios del petróleo, lo que mermó los ingresos provenientes por las exportaciones de dicho recurso, además de la escasez de mercancías primarias, causada por el colapso de la producción local debido a la nacionalización y expropiación de varias industrias. El presidente Nicolás Maduro ha tratado de paliar la crisis con controles cambiarios y de precios, provocando un mercado negro para adquirir ciertos bienes. Además, como el gobierno ha dejado de invertir en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y petrolera, el país enfrenta el desabasto de energía eléctrica y energética, por lo que hoy importa la mitad de lo que se consume.

Asimismo, se le han quitado cinco ceros a la moneda y el Presidente dijo que el nuevo bolívar está respaldado por el «petro», una criptomoneda que el gobierno lanzó en febrero de 2018. Esta, a su vez, es respaldada por las reservas de petróleo; sin embargo, gran parte de los recursos que se obtienen por la venta de petróleo está destinado a pagar la deuda con China y Rusia.

De acuerdo con la ONU, Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. El desempleo se ha incrementado, así como la corrupción, las epidemias, la muerte infantil, la desnutrición, los decesos prematuros y la desesperanza de una mejora en la calidad de vida. Lo anterior ha provocado un grave malestar en la población, una sociedad polarizada que ha salido a manifestarse y solo recibió la represión gubernamental.

En 2017 se instaló una Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva Constitución, donde se modificó la estructura institucional del país, que implicó la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso controlado por una mayoría opositora que era un contrapeso al gobierno. Esto significó la concentración de todo el poder en manos del presidente Maduro, quien controla los tres poderes y puede perpetuarse en el poder. La mayoría de los países americanos no reconocieron esta acción.

Las elecciones celebradas en mayo de 2018 fueron cuestionadas; no hubo observadores internacionales ni hubo una oposición unida, debido a que no existieron las garantías de participación e igualdad de condiciones. Esta fue reprimida, acotada y perseguida. El presidente Maduro enfrenta un creciente aislamiento económico luego de que fuera declarado ganador de la elección para extender su mandato hasta 2025. Ante tales circunstancias y la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, la población se ve orillada a buscar mejores condiciones de vida, lo que se traduce en la actual crisis migratoria.

Consideraciones finales

Los gobiernos de cada país de acogida determinan la condición que les asignarán a los venezolanos, ya sea la de refugiado, residencia temporal o permanente, o protección temporal. El colapso de Venezuela enfrenta a Sudamérica a una crisis de proporciones desconocidas. Resolver esta urgente cuestión humanitaria va a costar mucho. El problema no es de fácil solución y requiere de medidas diplomáticas, así como de una respuesta de asistencia cooperativa conjunta de todos los países de la región, de los organismos internacionales especializados y países extracontinentales.

La élite gubernamental en Caracas debe comprender que la situación ha llegado a la mayor crisis humanitaria y de migración trasfronteriza en la región en los últimos 50 años y es necesario que el régimen venezolano permita la restauración de la democracia y políticas que alienten las inversiones para reactivar la economía. Se prevé que el gobierno venezolano seguirá expulsando a millones de venezolanos desesperados para quedarse con una multitud empobrecida que puede ser fácilmente controlable con subsidios a los alimentos y energía, entre otros.

Mientras las condiciones en Venezuela no mejoren, el éxodo de venezolanos aumentará con graves consecuencias para los países vecinos receptores.

Mientras las condiciones en Venezuela no mejoren, el éxodo de venezolanos aumentará con graves consecuencias para los países vecinos receptores. Ecuador convocó a una reunión de cancilleres de trece países latinoamericanos el 17 de septiembre de 2018 para buscar soluciones regionales a dicha crisis. Se discutirá la creación de un registro de refugiados venezolanos para que los emigrantes puedan ser dirigidos a países donde sus habilidades sean necesitadas.

Colombia, al ser el país receptor del mayor número de venezolanos, es un referente regional sobre cómo reaccionar a la crisis. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo anunció que «propondrá a la ONU la designación de un enviado especial para que coordine una respuesta regional a dicha crisis».

Por su parte, las autoridades de Colombia y Perú comunicaron que, compartirán una base de datos sobre los ciudadanos de Venezuela que entran, permanecen y salen de sus países para facilitar la toma de decisiones en política migratoria. Esta incluirá cifras sobre salud, educación y seguridad, y servirá para «implementar mecanismos para enfrentar una problemática que provoca efectos en la región». Al no tener contacto con las autoridades migratorias venezolanas hace todo más complejo. El objetivo final es tratar de tener una migración lo más ordenada y segura posible.

La ACNUR ha llevado a cabo acciones en coordinación con los países receptores y los insta a proteger los derechos de los venezolanos, principalmente el derecho a solicitar asilo y acceso a procedimientos de asilo justos y efectivos, que significa la facilitación de documentación, acceso a servicios básicos y oportunidades de medios de vida. Asimismo, los venezolanos que no deseen solicitar asilo deberían de recibir ayuda para regularizar su situación y no llevar a cabo retornos no voluntarios a Venezuela.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos propuso en julio de 2018 una «agenda regional para atender a venezolanos emigrantes y refugiados» y se enfocó en tres puntos principales: regularización del estatus de los venezolanos en los países donde se encuentren; lucha contra la xenofobia, y armonización entre los marcos legales nacionales e internacionales.

Ante la crisis migratoria continental y las presiones en los países vecinos rebasados por esta realidad, el papel de la comunidad internacional y particularmente de los países latinoamericanos será el de presionar fuertemente para un cambio del régimen por medio de medidas diplomáticas. Por ello, cabe la duda de cuál será la posición del nuevo gobierno mexicano ante tal situación.

YOANNA SHUBICH GREEN es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales y Diplomacia. Trabajó en la Embajada de México en Estados Unidos, en la Cámara de Diputados, en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es columnista de la sección Foro Internacional Anáhuac de Excélsior y de la Revista Consultoría, Industria del Conocimiento. Además, es comentarista en programas de análisis de actualidad internacional en radio y televisión. Es conferencista en el Museo Memoria y Tolerancia y Coordinadora Académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México. Sígala en Twitter en @yoannashubich.

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