Indocumentados pero esenciales

18 mayo, 2020 • Artículos, Norteamérica, Portada, SRE • Vistas: 5933

Una paradoja de los tiempos del covid-19

The Apopka Voice

 Marcela Celorio y Euclides Del Moral

Mayo 2020

Una colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

La pandemia provocada por el coronavirus es una amenaza mundial que no discrimina por motivos de raza, religión, sexo, condición social o estatus migratorio. Todas las personas debemos seguir las instrucciones y las recomendaciones que han emitido las diferentes autoridades, principalmente las locales, con el objeto de protegernos y no poner en riesgo la salud de nuestra comunidad. La noble y comprometida labor que realizan los trabajadores del sector salud para atender el alarmante y creciente número de pacientes contagiados ha merecido reconocimientos espontáneos y conmovedores en todos los rincones del planeta.

Sin embargo, en el caso de otro grupo de trabajadores esenciales, los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, cuya labor es más discreta pero igualmente indispensable y comprometida, pareciera que el reconocimiento y el agradecimiento que realmente merecen les ha sido escatimado tanto por el gobierno como por buena parte de la sociedad. Su trabajo ha sido crucial durante esta pandemia para asegurar que las cadenas de abastecimiento alimentario continúen funcionando y que el resto de la población pueda permanecer en casa y enfrentar más eficazmente la amenaza del virus.

Las cadenas de abastecimiento tienen una dimensión global de gran importancia estratégica, así como una dimensión local que resulta vital para las economías regionales. En su dimensión global, cuatro quintas partes de los casi 8000 millones de habitantes en el mundo se alimentan con productos que llegan a sus mesas a través de importaciones, que en 2019 ascendieron a 1.5 billones de dólares. Esto es tres veces más que hace 20 años.

California: una potencia agrícola

En su dimensión local, el ejemplo de California es muy significativo. Sus exportaciones agrícolas representan el 15% de las exportaciones totales de Estados Unidos y son a la vez un elemento fundamental de una economía estatal que ha superado ya a la mayoría de los países y se ha convertido en la quinta a nivel mundial. El sector agrícola representa casi 50 000 millones de dólares.

Las exportaciones de productos agrícolas californianos han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos 10 años, ubicándose en más de 21 000 millones de dólares en 2018. Los principales destinos de esas exportaciones son la Unión Europea, Canadá, China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, México, la India, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Es decir, la agricultura californiana derrama sus beneficios en todo el mundo y apuntala la fortaleza económica del estado y el bienestar material de sus ciudadanos.

Esa pujante industria agrícola enfrentaría un grave problema si los trabajadores del campo se enfermaran con el SARS-CoV-2. Actualmente, en Estados Unidos hay más de tres millones de trabajadores del campo, tres cuartas partes de ellos nacidos fuera del país y cerca del 90% originarios de México. Casi la mitad de los jornaleros agrícolas son indocumentados –más de un millón– de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura.

En California laboran aproximadamente 850 000 trabajadores agrícolas y se cultivan dos tercios de las frutas y nueces de Estados Unidos, así como un tercio del total de las verduras. Gracias al trabajo agrícola de California se mantienen abastecidos los supermercados en todo el país, lo que da cuenta de lo esencial de los trabajadores mexicanos no solo para producir alimentos, sino para garantizar que se puedan adquirir a precios bajos en todo Estados Unidos.

Migración y seguridad alimentaria: un binomio esencial

En este contexto, mientras que el Departamento de Estado suspendía la emisión de visas rutinarias en todas sus embajadas y consulados, las visas H2A –gracias al fuerte cabildeo del sector empresarial agrícola– no solo continuaron su emisión sino que dispensaron el requisito de acudir a una entrevista personal para expedirlas. Lo anterior bajo el argumento de que la seguridad alimentaria era una prioridad de seguridad nacional y que ese programa de visas temporales para trabajadores agrícolas era fundamental para no ponerla en riesgo.

La expedición de visas H2A ha crecido exponencialmente en los últimos años, duplicándose entre 2015 y 2019. Las cifras más recientes del Departamento de Estado revelan que en el año fiscal 2019 se expidieron 204 800 visas H2A, 92% de ellas a nacionales mexicanos (188 758). Tan solo en California, en 2019 se registraron 20 000 trabajadores agrícolas mexicanos amparados bajo este programa. Una cuarta parte de ellos fueron contratados para trabajar en los condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Esa pujante industria agrícola enfrentaría un grave problema si los trabajadores del campo se enfermaran con el SARS-CoV-2.

No obstante, el crecimiento exponencial en el número de trabajadores agrícolas con visa H2A no ha venido aparejado de un aumento en las protecciones a sus derechos laborales, o en una supervisión más acuciosa de las autoridades del Departamento del Trabajo estadounidense. Recientes reportes de organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes reiteran las denuncias que han aquejado por años al programa H2A: numerosas violaciones a las condiciones contractuales en materia de salarios, seguridad en el trabajo y condiciones de vivienda, maltrato y abusos inadmisibles.

En estos azarosos tiempos de la pandemia del coronavirus, para más de un millón de trabajadores agrícolas indocumentados ha resultado un tanto irónica la designación de “trabajadores esenciales” que el Departamento de Seguridad Nacional les ha conferido por su papel central en la producción alimentaria. Es esta misma agencia la encargada de mantener vigente la siempre presente amenaza de deportación.

La protección de los trabajadores agrícolas

El Consulado de México en Oxnard, que forma parte de la circunscripción del Consulado General de México en Los Ángeles, tiene entre sus responsabilidades supervisar que las condiciones laborales pactadas sean cabalmente respetadas, informando para ello a los trabajadores de sus derechos. Ante las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus, resultaba especialmente importante realizar acciones de protección consular acordes a las circunstancias, difundiendo por distintos medios la necesidad de asegurar que la sana distancia y las condiciones mínimas de higiene se respetaran en los lugares que habitan, los medios de transporte que utilizan y los centros de trabajo donde laboran.

Para ello, muy al inicio de la emisión de las órdenes de permanecer en casa se hizo especial énfasis con autoridades y empleadores en la necesidad de garantizar una vivienda adecuada para cada uno de los trabajadores y que la distancia recomendable de seis pies (casi dos metros) fuera efectiva durante los trayectos de su casa a los campos agrícolas. Asimismo, se insistió en que se les proporcionaran guantes, lentes y equipos completos de protección personal, además de habilitarles estaciones de lavado con agua y jabón que pudieran utilizar frecuentemente. Por último, se abogó para que se les diera la misma prioridad que gozan los demás trabajadores esenciales y pudieran acceder a la prueba de contagio en caso de presentar síntomas.

En un lugar como California, donde impera una actitud positiva hacia el migrante, las acciones anteriores han tenido una resonancia igualmente positiva. Por ejemplo, el comisionado de Agricultura del Condado de Ventura convocó al empresariado agrícola para, de manera conjunta, emitir un aviso de protección para los trabajadores agrícolas, haciendo énfasis en los lineamientos de distanciamiento, higiene y protección personal.

La epidemia mundial de covid-19 ha dejado al descubierto la dependencia que tiene nuestra sociedad de servicios esenciales que en circunstancias de normalidad damos por sentados. Además, ha dado oportunidad a líderes con estatura moral y política para reivindicar la valiosa contribución de la mano de obra mexicana para aumentar la prosperidad de California y del resto de Estados Unidos.

Es el caso del Gobernador de California, Gavin Newsom, determinó etiquetar una partida de hasta 75 millones de dólares para ayudar a californianos indocumentados que fueron impactados por la pandemia y que por su estatus migratorio no resultaron elegibles para recibir las ayudas adjudicadas por el gobierno federal. En paralelo, la comunidad filantrópica se propuso recaudar hasta 50 millones de dólares adicionales para otorgar ayudas directas a familias de migrantes indocumentados y refugiados que residen en California. Por su parte, legisladores del estado de California, tanto en la Cámara de Representantes (Judy Chu y Lou Correa) como en el Senado (Kamala Harris), han copatrocinado una iniciativa de ley para proteger a familias migrantes (H.R. 6437), la cual prevé distintas medidas para asistir a las poblaciones afectadas por la pandemia, sin excluir beneficiarios por motivo de su estatus migratorio. Si bien el coronavirus no distingue al contagiarse, esta crisis sí ha resaltado la disparidad de recursos y servicios que hay disponibles para enfrentarla.

Paralelamente, la Oficina del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, canalizó los recursos recibidos mediante donaciones a un programa de asistencia financiera para los hogares más necesitados. Por medio de una tarjeta de débito prepagada, denominada Tarjeta Angelino, se distribuyeron cantidades determinadas dependiendo del número de habitantes en cada hogar y de los ingresos que en su conjunto solían recibir antes de la emergencia. La población objetivo fueron hogares que cayeron por debajo de la línea federal de pobreza debido a la pérdida de empleo de alguno de sus miembros o a la reducción de sus ingresos por las medidas tomadas en el contexto de la crisis de salud. Desde un inicio se aclaró que la información sobre el estatus migratorio de los solicitantes era irrelevante y que, en virtud de que el programa fue financiado con donaciones privadas, su obtención no se consideraría un beneficio público ni estaría sujeta a las regulaciones del gobierno federal sobre carga pública.

Con gestos como este, California vuelve a ponerse a la vanguardia y nos demuestra una vez más que comparte valores muy apreciados por los mexicanos, como la solidaridad en momentos de crisis.

Han surgido voces preocupadas y solidarias con este tema, como dos profesores de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Thomas A. Cochan y Barbara Dyer. Ambos abogan por regulaciones de seguridad y salud ocupacional más estrictas para las industrias esenciales, en las que se obligue a los centros de trabajo a realizar las adecuaciones para cumplir con las medidas de distanciamiento físico y a proveer el equipo necesario para evitar contagios. Además, señalan la importancia de instrumentar procesos deliberativos abiertos a la participación de los trabajadores cuando se trate de las condiciones laborales, y de establecer mecanismos de solución de diferencias relacionadas con su propia seguridad, especialmente en los casos de trabajadores sin sindicalizar.

Si bien el coronavirus no distingue al contagiarse, esta crisis sí ha resaltado la disparidad de recursos y servicios que hay disponibles para enfrentarla.

Pero quizá más relevantes resultan las medidas que proponen para compensar a todos los trabajadores esenciales que continúan laborando durante la emergencia, como elaborar un programa de capacitación y reclutamiento para sustituir a los trabajadores esenciales que deban suspender sus labores por haber contraído el coronavirus; otorgar un bono de riesgo (hero pay) a los trabajadores esenciales por arriesgar su salud y la de sus familias; hacer obligatorias las licencias médicas y familiares, con goce de sueldo, para los trabajadores esenciales y ofrecer beneficios sustanciales para quienes queden incapacitados para trabajar debido a su exposición al coronavirus. Los académicos sugieren reconocer que un número considerable de trabajadores esenciales son migrantes sin estancia legal en el país y, en consecuencia, proponen un programa de acción diferida para que los trabajadores esenciales indocumentados puedan concentrarse cabalmente en cumplir con sus responsabilidades, sin la preocupación de enfrentar un posible proceso de deportación.

Aunado a lo anterior, es necesario involucrar tanto a la sociedad como al gobierno en un reconocimiento conjunto, sin ambigüedades, de los trabajadores agrícolas. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos durante décadas y han pagado impuestos pero no tienen acceso a los beneficios de salud o de desempleo debido a su condición migratoria irregular.

En un país en el que las instituciones y el Estado de derecho desempeñan un papel vital para garantizar el desarrollo armónico y el bienestar de la población, es fundamental que los trabajadores agrícolas indocumentados sean reconocidos no solamente como esenciales, sino también como parte integral de la sociedad. En ese sentido, al considerarse las posibilidades de un ajuste migratorio para estos trabajadores, es imperativo tomar en cuenta la enorme contribución a la sociedad que por décadas han realizado y que en esta crisis ocasionada por la pandemia de covid-19 ha quedado ampliamente demostrada.

En un momento como el que estamos viviendo, con nuestra actitud y sobre todo con nuestras acciones, todos los que recibimos alimentos en nuestras mesas tenemos la obligación moral de reconocer a los trabajadores agrícolas y decirles: ¡gracias!

MARCELA CELORIO es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero (IMR), y en Seguridad y Defensa por el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1999, con rango de embajadora desde 2017. Se ha desempeñado como jefa de Cancillería (Israel) y consejera para Asuntos Políticos (embajada en Bélgica y la Unión Europea), entre otros cargos. Actualmente es cónsul general de México en Los Ángeles. Sígala en Twitter en @XBorderAmb y al consulado en @ConsulMexLan. EUCLIDES DEL MORAL es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Estudios Diplomáticos por el IMR, y Derecho Estadounidense por The University of New Mexico. Es miembro del SEM desde 1999, con rango de Consejero desde 2017. Ha sido cónsul adscrito en diversas ciudades de Estados Unidos; diplomático de intercambio en el Departamento de Estado y consejero de Asuntos Jurídicos (embajada en Estados Unidos). Actualmente es cónsul de México en Oxnard, California. Síga al consulado en Twitter en @ConsulMexOxn.

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