1 junio, 2015 • Artículos, Latinoamérica, Portada, Regiones • Vistas: 5544

Notimex

 Vidal Romero

Junio 2015

El actual clima de violencia que azota a México, que es similar al de muchos países de Latinoamérica, genera condiciones muy poco apropiadas para que las preferencias de los ciudadanos se representen adecuadamente en los puestos de elección popular, mismos que se disputan el próximo 7 de junio de 2015. El reto es enorme y los efectos que impondrá la violencia también lo son.

Este 2015 es de intenso cambio en puestos de elección popular en México. Se disputarán un total de 2159 cargos públicos: 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas, 641 diputaciones locales en 17 entidades, 993 presidencias municipales y las 16 delegaciones del Distrito Federal. El potencial de mejora es grande, ya que es una gran oportunidad para «limpiar» múltiples puestos de gobierno de ineficiencias y complicidades en el combate a la inseguridad. Sin embargo, las condiciones no son las adecuadas y el efecto puede ser adverso.

Estas campañas electorales han resultado particularmente violentas en ciertas zonas del país, en especial en Guerrero y Michoacán. Desde la etapa de elecciones internas, varios candidatos fueron amenazados y otros atacados. Muchos han estado envueltos en escándalos -con suficientes pruebas en algunos casos- que los involucran con el crimen organizado sin que esto haya generado mayores consecuencias hasta el momento.

La violencia sobre candidatos y electores afecta directamente el proceso electoral ya que puede obstaculizar y, en el extremo, impedir que se realicen las votaciones en ciertas zonas de México, pese a que los días de votación han sido «respetados» por la delincuencia organizada desde que inició la llamada guerra contra el crimen organizado en 2007. Además, el contexto de violencia genera también múltiples externalidades negativas que distorsionan la transformación de preferencias ciudadanas en asientos de gobierno y, en consecuencia, en políticas públicas.

AFP

El primer potencial efecto negativo es en la participación ciudadana y el número de electores que deciden acudir a las urnas. Los estudios existentes muestran que las altas tasas de violencia y de victimización por crimen tienen un efecto negativo en la participación electoral en México. Un mecanismo plausible es que la participación bajaría por miedo a que la violencia se haga presente el día de la elección. Otro mecanismo no excluyente es que la inseguridad prevaleciente genera desánimo y como resultado los ciudadanos se ausenten de las urnas. Estos dos mecanismos generarán sesgos en la votación. Es posible que aquellos partidos con mayor potencial de movilización sean los más beneficiados y que los gobiernos y representantes tengan un mayor número de compromisos clientelares de los que tendrían en un escenario de mayor asistencia a las urnas.

Otro potencial efecto negativo incide sobre los candidatos en la contienda. Un contexto de inseguridad inhibe la participación de diversos tipos de candidatos, restringiendo las opciones para los votantes. Es plausible suponer que buscarán el voto de los electores ya sea aquellos individuos que tienen, o están dispuestos a tener, alguna relación con el crimen organizado, o bien quienes están dispuestos a combatir frontalmente a los criminales. En el primer escenario, tendríamos gobiernos y representantes ineficaces para combatir la inseguridad al estar coaligados con los delincuentes. En el segundo, podrían llegar al poder individuos proclives a promover políticas de mano dura frente a la delincuencia.

Un tercer efecto negativo es que contextos de mucha violencia hacen más propensos a los ciudadanos a aceptar medidas extremas para combatir al crimen, muchas de ellas violatorias de derechos humanos y garantías individuales. A su vez, esta circunstancia induce a los candidatos en campaña a proponer dichas medidas, a sabiendas de que serán rentables electoralmente. En este escenario, el mandato ciudadano será, paradójicamente, promotor de medidas extremas que violen sus garantías individuales.

Cuartoscuro

Así, las elecciones en México seguramente se realizaran y serán exitosas, como lo han sido desde hace décadas, pero no acudirán a las urnas todos los ciudadanos que lo hubieran hecho en un contexto de mejor seguridad. Además, quienes acudan a votar encontraran una lista de candidatos -y de partidos en algunos casos- distinta a la que hubieran encontrado si la violencia no fuera tan marcada. Finalmente, las políticas públicas que diseñarán e implementarán quienes resulten electos será distinta a la que hubiéramos observado sin las restricciones que impone la inseguridad para acudir a votar y para registrarse y competir como candidato.

VIDAL ROMERO es doctor en Ciencia Política por la Stanford University. Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Sígalo en Twitter en @vidalromero_.

Tags:Elecciones, Guerrero, México, Michoacan, Violencia