Duque 2018: Crónica de una elección anunciada

18 junio, 2018 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 1498

Tomada de la cuenta de Twitter @IvanDuque

César Niño, Nicolás Liendo y Fabio Sánchez

Junio 2018

La segunda vuelta para elegir al presidente en Colombia llegó a su final, con alrededor de 19 millones de votantes. Dos líderes políticos con arquitecturas de programa distintas han luchado por llegar a la Casa de Nariño. El candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque, y el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, representan dos formas heterogéneas de ver y construir la política en Colombia. En ese sentido, el 17 de junio de 2018, Colombia decidió en unas históricas elecciones que Duque sea el nuevo Presidente, con una votación de 10 204 164 votos (54.7%), lo que le dio el triunfo en 24 de los 32 departamentos del país, mientras que Petro obtuvo 7 906 479 sufragios (41%), y se registró un voto en blanco que rondó los 783 020 sufragios. La abstención en esta elección fue la gran vencida en Colombia.

Lo anterior deja un panorama interesante para el nuevo gobierno que debe afrontar viejos y nuevos desafíos para el país. A continuación, se presentan algunas reflexiones sobre el camino que tuvo que pasar Duque para llegar al cargo más importante del país y la agenda con ciertos temas relevantes que su gobierno deberá atender.

¿Cómo ha llegado Duque a la presidencia?

Duque ha llegado a la presidencia luego de un largo proceso electoral, que comenzó a mediados de 2017. En sus inicios, Duque era uno más de los cinco precandidatos del Centro Democrático que lidera el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Luego de vencer a sus copartidarios en encuestas cerradas, el 10 de diciembre de 2017 Duque fue proclamado candidato del partido, pero luego de que el expresidente Uribe forjara una alianza con su par Andrés Pastrana —representando a sectores conservadores—, Duque compitió en una elección interna abierta con la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordoñez. El resultado de la consulta fue una victoria contundente al obtener el 70% de votos, es decir, más de 4 millones de apoyos.

Una vez superados todos estos obstáculos internos, Duque lideró la coalición de centro-derecha con un potencial electoral ya probado en las primarias, y dedicó la mayor parte del tiempo a moderar su mensaje, mostrarse conciliador (“El Presidente de Todos” reza el lema de su campaña) y asegurar que él sería quien gobernará y no el expresidente Uribe en cuerpo ajeno. A grandes rasgos, sus propuestas pueden resumirse en: proponer modificaciones sustantivas a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), especialmente en temas de justicia y participación política; apuntalar el crecimiento económico con una receta neoliberal revisada de un Estado pequeño y eficiente más la promoción de las industrias culturales por medio de la economía naranja; políticas de mano dura en seguridad y un mayor acercamiento con Estados Unidos para combatir el creciente crimen organizado y los cultivos de droga; reformar la justicia y las instituciones políticas; una defensa conservadora de los valores tradicionales, entre otras.

En la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de mayo de 2018, el candidato uribista se impuso a sus rivales cosechando 7 600 000 votos (39.3%), y en segundo lugar quedó el candidato de la izquierda Petro con 4 800 000 votos (25.1%). Los resultados confirmaron que el uribismo es la fuerza política mayoritaria en Colombia del siglo XXI, ya que desde 2002 Uribe, o quien haya sido su candidato, ha triunfado en todas las elecciones de primera vuelta. Solo Juan Manuel Santos en 2014 pudo doblegar al uribismo en la segunda vuelta, y ese fue el desafío de Petro. Sin embargo, a pesar de las encuestas y subidas porcentuales de Petro durante los últimos días, su ascenso definitivo para ganar la presidencia parecía poco probable por múltiples motivos.

En primer lugar, Duque es el candidato más moderado dentro de la centro-derecha, mientras que Petro fue el más extremo dentro de la izquierda. Esto se ve reflejado en que varios de los candidatos presidenciales de la primera vuelta que estaban en el centro o apoyan a Duque (Germán Vargas Lleras) o anunciaron su voto en blanco para la segunda (Humberto de La Calle y Sergio Fajardo).

En segundo lugar, la sociedad colombiana ha sido históricamente de derecha. De acuerdo con los datos de la encuesta del Barómetro de las Américas (LAPOP 2016), la posición ideológica media de los colombianos es de 6.3 siendo 1 el valor mínimo de izquierda y 10 de derecha extrema. Esto representa la tercera sociedad más de derecha en Latinoamérica.

Duque deberá enfrentar una agenda internacional mixta: comercial, política y de seguridad.

En tercer lugar, los escenarios de la segunda vuelta, donde el que salió segundo en la primera elección puede revertirlo, solo ocurren cuando la diferencia es menor a 10 puntos porcentuales. Solo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en Perú en 2016 logró revertir una diferencia superior ya que el antifujimorismo es muy elevado en la sociedad y todos los demás partidos apoyaron a PPK ante la posibilidad del retorno de un Fujimori al poder. Sin embargo, en Colombia, las encuestas marcan que el antipetrismo es bastante superior al antiuribismo.

Finalmente, a partir de los apoyos realizados por los distintos partidos, Duque tiene el escenario más directo para obtener una gobernabilidad en el Congreso —tanto en la Cámara como en el Senado—, ya que logrará acumular 80 de 107 senadores, mientras que, si Petro hubiera sido elegido presidente, lo apoyarían menos de 20. Con Duque están los partidos tradicionales (Partido Liberal y Conservador), Cambio Radical, MIRA, el Partido de la U, el Centro Democrático y Colombia Justa y Libres. La gobernabilidad en el Congreso es clave para la implementación de los programas de gobierno, y dado el carácter fragmentado de su composición, requiere de la búsqueda de consensos permanentes para poder gobernar.

Política exterior y relaciones con Latinoamérica. ¿Asia y África en el radar?

Sin lugar a duda, Duque deberá enfrentar una agenda internacional mixta: comercial, política y de seguridad. Por un lado, deberá fortalecer la relación del país con sus pares regionales, la Argentina de Mauricio Macri y el Chile de Sebastián Piñera constituyen actores y tiempos oportunos para una sinergia del retorno de la derecha en Sudamérica. A lo anterior, se le suma la necesidad de revisar el diálogo comercial con la Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur y la Alianza del Pacífico, espacios para potenciar el liderazgo de una Colombia sin el peso del conflicto interno y con el ánimo de ponderar sus exportaciones y fortalecer el diálogo en un posible despertar interregional para Colombia. El Presidente electo cuenta con una útil experiencia acumulada, tras su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo varios años atrás.

Asimismo, la tradición del país apegada al Derecho Internacional y al multilateralismo (fue líder en el Grupo de Contadora en la década de 1980), le exigirá a Duque que modere su posición frente al regionalismo sudamericano, propiamente la Unión de Naciones Suramericanas, sería un error abandonar el proceso de integración política de la región más sofisticado hasta el momento. De igual forma, deberá organizar un equipo diplomático sólido para atender las exigencias en los foros clásicos como la Organización de los Estados Americanos, las Cumbres de las Américas y en los más contemporáneos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

En cuanto a la seguridad, tiene un laberinto con sus vecinos próximos. Por un lado, está una Venezuela que día tras día se desmorona y cuya diáspora ha generado xenofobia en algunas zonas de Colombia, que se ven afectadas por la mano de obra barata y la delincuencia. Duque deberá conciliar entre la protección a los migrantes y los reclamos de ciudadanos afectados por este fenómeno al que nunca se habían enfrentado. Por otra parte, los recientes hechos en la frontera con Ecuador (asesinato de periodistas, acciones ilegales del Guacho), complican el panorama de cooperación binacional; se requiere del apoyo de Quito para que la frontera no se convierta en un santuario para las disidencias de las FARC-EP, bandas criminales (bacrim) y pequeños cárteles de droga.

Asimismo, deberá dar continuidad a la política de conexión con el mundo que adelantó su predecesor, quien abrió embajadas en países que no estaban en el radar de Bogotá, como Tailandia (2013), Argelia, Azerbaiyán y Vietnam (2014). Y una tarea mayor será mantener un desempeño notable en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con un PIB afectado por un costoso posconflicto que hasta ahora empieza. El nuevo Presidente deberá liderar y conducir por buen camino las exportaciones, la inversión extranjera y la explotación controlada de recursos minerales, algo que no será fácil debido a la resistencia de grupos ambientalistas con apoyo de opositores políticos en el seno de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y del Polo Democrático Alternativo, partido del candidato derrotado Petro, quien inicia un fuerte periodo de oposición con una fuerza electoral sin precedentes, que casi lo lleva a la victoria.

Seguridad nacional e internacional: una agenda posterior a las FARC

El nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a una serie de asuntos cruciales en materia de seguridad nacional e internacional. Para empezar, en cuestiones internas, los espacios vacíos que han dejado las extintas FARC representan un problema y amenaza al mismo tiempo. Aquellas zonas que antes eran controladas por dicho grupo son ahora disputadas entre nuevas y viejas estructuras delincuenciales al margen de la ley. En primer lugar, la configuración de disidencias y reincidencias de las FARC comprometen alrededor de 1200 a 1400 miembros. Estos nacen gracias a los cambios de liderazgos, los temores e incertidumbres sobre los avances de la implementación del Acuerdo de La Habana y las garantías de seguridad, situación que debe ser atendida de inmediato en una estrategia integral de seguridad en dimensiones interoperables entre la policía, las fuerzas militares y los cuerpos de inteligencia. Vale la pena aclarar que todo episodio de finalización del conflicto armado es tendiente a la proliferación de los mercados de la violencia y a un crecimiento del crimen derivado de este, cuestión que el nuevo gobierno debe atender con el máximo cuidado de no regresar al conflicto superado.

En segundo lugar, Colombia posee alrededor de 32 generadores de violencia asociadas al narcotráfico. Los generadores de violencia se aglutinan, según el Ministerio de Defensa, en tres grandes grupos: Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-R) y Grupo Delictivo Organizado (GDO). Las tres clasificaciones se configuran con base en el alcance y metodología para que el Estado pueda combatirlos. Entre las estructuras que forman parte de estas categorías se encuentran grupos de narcotraficantes, generadores de violencia y suplantadores de funciones del Estado, como “El clan del Golfo” (con alrededor de 3000 miembros), “Los Puntilleros” y “Los Pelusos” que poseen alcance multiterritorial e incluso trasnacional con fuerte capacidad de fuego y control territorial. Estos son los que más preocupan a las autoridades colombianas. Duque deberá asumir el mando en dos dimensiones; por un lado, la iniciativa del uso legítimo de la fuerza bajo las metodologías constitucionales y legales, mientras que por el otro, pensar si la violencia, ya no asociada directamente al tradicional conflicto armado, puede eliminarse con más mesas de negociación.

El gobierno de Duque deberá entender que los asuntos de seguridad cada vez son más interdependientes y poseen fenomenologías que no distinguen lo interno de lo internacional.

Con base en lo anterior, el gobierno de Santos dejó abierta una insípida negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los nulos compromisos por parte del grupo guerrillero en eliminar las hostilidades y renunciar al terrorismo como metodología de violencia al igual que el narcotráfico. Los líderes del ELN se encuentran en La Habana luego de ser expulsados de Quito por sus incumplimientos y violencia sistemática, un asunto por resolver para el nuevo gobierno de Bogotá. Si Duque decide cancelar la mesa, debe preparar una estrategia sólida para evitar el recrudecimiento de la violencia y llevar al grupo a una rendición militar; no obstante, también la Casa de Nariño debe tener presente que está demostrado que, en conflictos asimétricos, la vía militar solo brinda ventajas relativas, pero no victorias absolutas.

En tercer lugar, asociado a los dos anteriores, el narcotráfico vuelve al centro de la agenda de seguridad nacional. Los grupos previamente mencionados, más otros que han surgido y se han asociado entre ellos con narcotraficantes mexicanos (offshore), reflejan una atomización y sectorización especializada de la actividad criminal. Desde Tumaco (Departamento de Nariño) sale el 60% de la cocaína colombiana hacia el exterior; fenómeno que es viable gracias a la ausencia de instituciones y de una estrategia de fronteras sostenible en materia de seguridad. Duque necesita construir Estado en las zonas porosas, mantenerlo y llevarlo más allá de la legalidad a un estado de legitimidad.

También ligado al narcotráfico, se encuentra la minería ilegal como una de las fuentes más importantes de financiamiento de aquellas organizaciones criminales. Para eso Duque debe impulsar la creación de la Ley de Minería, así como la Ley de Seguridad y Defensa. Factores como el coltán, el oro, el petróleo y el carbón, han volcado de una mirada sostenible y de desarrollo minero a una de estricta y clásica visión de seguridad, una correlación asociada a mercados negros y presencia de grupos criminales extranjeros en territorio colombiano.

Por otro lado, la seguridad internacional y los retos para el nuevo gobierno están directamente relacionados con los compromisos adquiridos en escenarios multilaterales y al respeto del Derecho Internacional. Colombia se ha convertido en referente para la lucha contrainsurgente y contraterrorista. El gobierno de Duque debe concentrar sus esfuerzos en combatir estratégicamente el triángulo de las drogas, el crimen organizado que habita en las fronteras terrestres y plantear una estrategia puntual en la venezolana.

Con el compromiso adquirido al ser socio estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Colombia entra en la dimensión de compartir información vital para enfrentar las nuevas amenazas que no solo son de carácter militar. El cambio climático, la ciberseguridad, enfermedades pandémicas, el terrorismo y la insurgencia, han entrado a la agenda de la seguridad internacional de la OTAN con miras a estabilizar y mantener a salvaguarda los intereses de la organización en todo el mundo. En efecto, al convertirse en socio, Colombia se compromete a brindar asesoría en materia de conflictos irregulares, pero también en adoptar estándares de calidad en procesos de toma de decisiones en defensa y fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Duque deberá mantener a la vanguardia las misiones internacionales de Colombia en mantenimiento de paz y seguridad, así como la exportación de conocimiento en la materia. Colombia participará en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán, deberá seguir con los planes de transformación institucional y capacitación de sus soldados, y mantener a la policía bajo altos estándares al respecto. Por ejemplo, esta institución ha presentado a la Organización de las Naciones Unidas la capacidad de asistir a la organización en territorios como Congo, Costa de Marfil, Liberia, Malí y República Centro Africana.

Una agenda posterior a las FARC es la que debe armar y diseñar el nuevo gobierno atendiendo clásicos, constantes y mutables problemas de seguridad. El gobierno de Duque deberá entender que los asuntos de seguridad cada vez son más interdependientes y poseen fenomenologías que no distinguen lo interno de lo internacional.

CÉSAR NIÑO es profesor asociado de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X el Sabio. Sígalo en Twitter en @cesarnino4. NICOLÁS LIENDO es vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Es doctor en Ciencia Política por la University of Arizona. Sígalo en Twitter en @liendonicolas. FABIO SÁNCHEZ es profesor titular y Director de Investigación de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sígalo en Twitter en @fabsanchezc.

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