Semana
Armando Chaguaceda y Jorge Díaz-Forero
Julio 2019
La crisis humanitaria venezolana, hija del conflicto político y la debacle económica, espanta y duele. Recorrer las calles de Bogotá, Quito o Santiago de Chile, entre muchas otras ciudades latinoamericanas, implica encontramos a cada paso con una multitud de venezolanos, de todas las procedencias geográficas, raciales y sociales, luchando por sobrevivir. Los más afortunados -algunos de ellos antiguos colegas universitarios- consiguen acopiar algún excedente monetario para enviar a las desesperadas familias que dejaron detrás. La mayoría acepta cualquier trabajo -a menudo precario y sin remuneración adecuada- o, en el borde de la desesperación, pernocta en las avenidas y mendiga algo para dar de comer a sus hijos.
A partir de 2015, la migración venezolana aumentó exponencialmente. Desde entonces no ha dejado de crecer el volumen y frecuencia de las salidas. La BBC reportaba que, para el 31 de diciembre de 2018, salían diariamente de Venezuela rumbo a Colombia unas 5000 personas. A inicios de abril de 2019, el director de Migración Colombia reiteró que en ese país residían «más de 1.6 millones de venezolanos». Autoridades de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) creen que, de continuar con este ritmo, la emigración para finales de 2019 llegará a los 5 millones de venezolanos fuera de su país. Para 2020, dicha cifra ascendería a 9 millones de migrantes: un éxodo comparable al de la Siria azotada por la guerra civil. Los venezolanos inundan hoy las calles de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, entre otros países vecinos.
Si quienes migran aceptan vivir y trabajar en condiciones peores que las de los ciudadanos empobrecidos de sus países de acogida, ¿no será esto prueba suficiente de que escapan de un modelo igual o peor al neoliberalismo que gobierna los países vecinos de Venezuela?
Human Rights Watch caracteriza la situación venezolana como una crisis humanitaria, al tiempo que, el 20 de marzo de 2019, Michel Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, leyó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en pleno sobre la crisis multidimensional de los derechos humanos en Venezuela, reconociendo que «el ejercicio de los derechos sociales y económicos han seguido deteriorándose continuamente. […] Los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. […] Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y gravedad de la crisis en materia de cuidado médico, alimentación y servicios básicos. […] La reciente interrupción del flujo eléctrico que ha afectado a todo el país ha agravado esta situación, ha afectado a hospitales y aún no se sabe el número de víctimas. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte, sigue afectando a muchas personas. […] Combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones».
Como ha señalado el analista Andrei Serbin, en la crisis venezolana confluyen fuertes retrocesos económicos, el colapso de los indicadores sociales, la confrontación y la polarización política, la corrosión de las instituciones democráticas y la incapacidad del Estado para brindar soluciones a problemas centrales de la población venezolana. Se trata de una crisis multidimensional, sistémica, donde la ineptitud gubernamental para proveer políticas públicas inclusivas y sostenibles coincide con el deterioro de los servicios, derechos y condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad. Y si bien las consecuencias más inmediatas de esa crisis venezolana, señala el experto, se aprecian en el plano interno, también se aprecia un considerable impacto a nivel hemisférico por la migración de millones de venezolanos. Dicho flujo migratorio, augura el experto, seguirá creciendo -en condiciones cada vez peores- lo que los hará sumamente vulnerables («los problemas para los países de la región son múltiples y de distinta escala. Los más urgentes tienen que ver con la asistencia que dan a los migrantes, que llegan en malas condiciones físicas o, como ha ocurrido en Brasil, con enfermedades que han de tratarse con urgencia») y requerirá de políticas públicas que resguarden los derechos humanos de estos grupos vulnerables y faciliten su integración en los países receptores.
Aunado al desplome de la economía y el naufragio de las políticas públicas, el éxodo es abonado por la reiterada violación de los derechos humanos por parte de los agentes estatales y paramilitares, que reprimen cualquier forma de disidencia política y protesta social, poniendo a la población civil en un estado de indefensión absoluta. De hecho, luego de indicadores favorables en el desempeño democrático y los fenómenos migratorios en las últimas décadas del siglo XX, lo que se aprecia es cierta correlación entre el deterioro de la institucionalidad y convivencia democráticas (como se muestra en la gráfica 1), y el incremento del éxodo poblacional (como se muestra en el gráfica 2) en la Venezuela chavista.
Gráfica 1: Evolución de la democracia liberal en Venezuela (1960-2019)
Proyecto V-Dem
Gráfica 2: Evolución de la emigración desde Venezuela
(1960-2019)
Elaboración propia con datos del Banco Mundial
Es preciso insistir en el hecho de que los migrantes venezolanos no son simples migrantes económicos: escapan para sobrevivir de las condiciones hostiles. Se trata de una población que sufre cortes del servicio eléctrico que duran horas y hasta días enteros, lo que interrumpe el servicio de agua potable. En un país donde la infraestructura sanitaria está colapsada y las enfermedades contagiosas pululan. Estamos hablando, por lo tanto, de una migración forzada por el deterioro de las condiciones de origen, donde es extremadamente complicado llegar a satisfacer las necesidades fisiológicas básicas (alimentos, medicinas, productos para la higiene personal, calzado, etc.), que en su momento Abraham Maslow jerarquizara en su Pirámide de Necesidades Humanas.
Algunos expertos comienzan a vislumbrar, dentro del incremento del éxodo, una dinámica favorecida y explotada por el régimen de Nicolás Maduro. La reducción de la presión popular por la vía de la protesta social y la demanda de servicios públicos, el decrecimiento de un potencial voto opositor y la previsible afluencia de mayores montos de divisas frescas por la vía de las remesas, harían del estímulo a la migración masiva una herramienta dentro de las estrategias de la autocracia poschavista para sobrevivir y estabilizar su dominio interno, dentro del amplio cerco y cuestionamiento internacionales.
Para las izquierdas regionales, el desastre venezolano cuestiona centralmente su narrativa de opción por los pobres. Si quienes migran en condiciones desesperadas, llenando las calles de ciudades latinoamericanas, son en su inmensa mayoría pobres y mestizos, dispuestos a realizar cualquier faena y hasta a dormir en los portales, ¿como puede sostenerse el silencio de las izquierdas criollas? ¿Vale más la defensa de ideales abstractos -burlados aquí por la cruda realidad- que la suerte palpable de personas concretas? Si quienes migran aceptan vivir y trabajar en condiciones peores que las de los ciudadanos empobrecidos de sus países de acogida, ¿no será esto prueba suficiente de que escapan de un modelo igual o peor al neoliberalismo que gobierna los países vecinos de Venezuela? ¿Hasta donde la narrativa de «no dar armas a la derecha» y «rechazar el golpe imperial» tiene más fuerza, argumentativa y moral, que el destino de millones de venezolanos pobres? ¿Que izquierdas pueden, tras sostener esas posiciones aferradas a modos reduccionistas de comprender la ideología y la geopolítica, ser dignas de nuestra consideración y respeto?
Ante el drama, algunos expertos consideran que la crisis venezolana no tendrá una solución inmediata. El reciente informe preliminar de la Organización de Estados Americanos sobre la migración venezolana alerta que, si la situación no cambia en Venezuela, para 2020 entre 7.5 y 8.2 millones de venezolanos podrían formar parte de la migración forzosa. Por su parte, el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoce que, independientemente de su condición socioeconómica previa, los migrantes salen con pocos o ningún ahorro y que algunos hacen largas distancias a pie, enfrentando condiciones climáticas hostiles, falta de refugios en buenas condiciones, alimentos, agua potable y saneamiento, a lo que habría que sumar extorsiones y violencias derivadas de su precaria situación en cuanto a acceso, ejercicio y garantías para sus derechos humanos.
Estos hombres, mujeres y niños son más bien víctimas de un Estado fallido y de un gobierno que no reconoce públicamente este drama social y demográfico. Hablamos de desplazados forzados que merecen toda la persistente y documentada denuncia de las causas que generan su éxodo, de nuestra mayor solidaridad personal, así como la exigencia de las acciones más efectivas y urgentes que pueda implementar la comunidad internacional.
ARMANDO CHAGUACEDA es profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato. Es licenciado en Historia y maestro en Ciencia Política por la Universidad de La Habana, y doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es especialista en el estudio de la democracia y el autoritarismo en Latinoamérica y Rusia. Sígalo en Twitter en @xarchano. JORGE DÍAZ-FORERO es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Pedagógica Libertador, Venezuela. Por 3 décadas, fue funcionario en el Ministerio de Educación venezolano. Es candidato a doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Tags:Crisis venezolana, Derechos Humanos, Migración forzada, Venezuela
