12 abril, 2021 • Artículos, Latinoamérica, Norteamérica, Portada • Vistas: 3615

Pedro Ludwig Barragán

Abril 2021

En diciembre de 2020 se dieron las primeras señales sobre la efectividad de varias vacunas contra el covid-19 y su respectiva autorización por parte de las autoridades sanitarias. Los medios de comunicación y los gobiernos trasmitieron en vivo el peregrinar de las vacunas y sus movimientos por el espacio aéreo, en los aeropuertos, en las carreteras y hasta llegar a cada hospital. Así se dibujó una imagen de esperanza que fue confirmada por el sinnúmero de fotografías que empezó a pulular por internet de personal médico y adultos mayores (incluido un hombre de 92 años en Londres llamado William Shakespeare) recibiendo su inmunización. Las personas de buena voluntad en todo el planeta ⸺so distintos tipos de cuarentena desde marzo de 2020⸺ vislumbraron en esto la esperanza de pronto salir de la crisis sanitaria. Pero esta historia fue desigual. Millones de personas sabían que quedarían excluidas de las campañas de vacunación, ya sea por encontrarse en zonas de conflicto o por tener el infortunio de vivir en un país pobre. Entre estos grupos desaventurados hubo uno en particular que se vio inundado en un terrible desasosiego. La población migrante irregular en muchos países no supo (y quizá todavía desconoce) quién la vacunará.

Lo peor de los dos mundos

Esta situación es particularmente oprobiosa para dos grupos que son de mucha importancia para México: la población mexicana en situación migratoria irregular en Estados Unidos y la población migrante extranjera que se encuentra irregularmente en territorio mexicano. La primera población llega a 4.95 millones de personas, según datos del Pew Research Center. Con el afán de promover una suerte de unidad latinoamericana y de continuar posicionado a México como punta de lanza en temas migratorios, también valdría la pena considerar a la población centroamericana en condición irregular en Estados Unidos, la cual asciende a 1.9 millones de personas. Por su parte, las estimaciones sobre la población migrante en México son inciertas, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que casi un millón de personas extranjeras vive en México, muchas en condición migratoria irregular.

Si bien es cierto que la población mexicana irregular en Estados Unidos supera a la que habita en todo el estado de Michoacán, su peso político es todavía mucho mayor. Desde hace varias décadas, el gobierno mexicano ha practicado como política de Estado la defensa de sus connacionales en el exterior y siempre, mediante las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha buscado defenderles, informales y acercarles a México. Esta misma lógica se puede trasplantar a las personas migrantes en México, ya que se argumenta que deben recibir de nuestro país el mismo trato que el nuestro exige en Estados Unidos para la población mexicana migrante, la cual contribuye económicamente a la manutención de sus familias en México y, por principio de inmediatez, al desarrollo social del país. Tan solo en 2020 esta población envió casi 40 000 millones de dólares, pese a los efectos de la pandemia, según datos del Consejo Nacional de Población. Las remesas es la segunda fuente de ingresos de divisas internacionales más importante para México, superadas solo por las exportaciones de petróleo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la población mexicana en el país vecino del norte como “héroes nacionales”.

La Política Nacional de Vacunación contra el covid-19 del gobierno de México aporta poca certidumbre sobre quién se haría cargo de vacunar a la población migrante irregular en ambos países.

No obstante, la Política Nacional de Vacunación (PNV) contra el covid-19 del gobierno de México, presentada a principios de diciembre de 2020, aporta poca certidumbre sobre quién se haría cargo de vacunar a la población migrante irregular en ambos países. Más aún, las señales del gobierno estadounidense sobre cómo se procederá con esta vacunación son escuetas y algunos gobernadores (aunque son la minoría) han dicho tácitamente que en sus estados se impedirá vacunar a personas migrantes irregulares. Es importante aclarar que el gobierno del presidente Joseph R. Biden nunca ha señalado que las personas migrantes quedarán fuera de los esquemas de vacunación. De esta forma se abre un área de oportunidad para México para diseñar una estrategia médica, monetaria, política y económica que permita identificar formas de hacer la vacuna accesible a todas estas personas. Este tino mexicano posicionaría nuevamente a nuestro país como un líder natural en temas migratorios, de salud pública y de cooperaciones bilateral, regional e internacional.

Un primer paso implica el reconocimiento de las vulnerabilidades particulares de la población migrante irregular. Nadie refuta la validez y la idoneidad de los criterios mundiales establecidos para priorizar la vacunación de ciertos grupos demográficos sobre otros: primero se vacuna al personal médico y de seguridad y luego se asignan prioridades con base en la edad (entre más edad más urgencia) y en la presentación de comorbilidades. Dejada a su propia suerte, la población migrante sería una de las últimas en ser vacunada, toda vez que, según el Migration Policy Institute, casi el 82% de la población extranjera en Estados Unidos tiene entre 15 y 65 años, con una edad media de 43 años. No obstante, esta población adolece de sus propios riesgos: carece de seguro médico, tiene poco acceso a los servicios de salud pública, desconoce los procedimientos de vacunación, desconfía de las autoridades, teme a la interacción con los entes de gobierno (por medio a la deportación) y, lo más preocupante, a menudo vive en condiciones de hacimiento y trabaja en empleos que se mantuvieron operando durante la pandemia.

La vacuna, un bien público y otros demonios

La población migrante irregular se ha sumado a los pobres, excluidos y desprotegidos del mundo en la avasalladora categoría de ser quienes más tardíamente recibirían la vacuna. El papa Francisco ha sido el líder mundial que más encarecidamente ha pedido que la vacuna sea considerada un bien público accesible a toda la población, particularmente a la más necesitada. En su videomensaje a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre de 2020, el Papa conminó a los sectores político y privado a garantizar la justa distribución de la vacuna contra el covid-19 y las demás tecnologías esenciales de sanación para toda la población. Este mensaje lo replicó el 25 de diciembre en su tradicional saludo urbi et orbi, en el cual propuso que la vacuna sea considerada un bien común universal. Asimismo, en una serie de normativas y directrices circuladas por El Vaticano, el Sumo Pontífice pidió a los países abstenerse del nacionalismo de las vacunas, dejar de acaparar dosis injustificadamente y frenar la competencia desleal entre gobiernos.

Otro tema importante lo presentan las patentes. Si bien es necesario que los laboratorios recuperen sus gastos de investigación y desarrollo y, hasta cierto punto, usufructúen por el esfuerzo de haber salvado a la humanidad, también hay que evitar que la lógica del mercado prive a las sociedades de un insumo necesario para su supervivencia. Como solución a esto, tanto El Vaticano como otros países han pedido un relajamiento de las leyes de propiedad intelectual con el fin de que se permita la producción local de la vacuna en ciertos Estados y hacer más eficiente su distribución. Por último, también es obligatorio combatir la lógica antivacuna dentro de la propia comunidad migrante, la cual tiende a ser más conservadora y con menos índices de escolaridad, aunque muy probablemente resultará imposible soslayar todos los resquicios y las suspicacias.

La situación en México

En su conferencia de prensa matutina del 12 de enero de 2021, el presidente López Obrador informó que la PNV incluiría a todas las personas extranjeras que se encuentren en territorio mexicano. Esto fue una noticia bien recibida en las comunidades migrantes y en los círculos promigrantes en México y confirmó la hospitalidad mexicana, refrendó el altruismo que debe caracterizar a nuestra población y a nuestro gobierno y cumplió con los preceptos constitucionales y legales que definen a nuestra patria. El artículo 1 de la Constitución señala que “toda persona gozará de los derechos humanos” reconocidos en la Carta Magna, mientras que en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la salud. En ninguno de estos casos se permite que criterios de ciudadanía o residencia legal limiten estos derechos. Asimismo, la Ley de Migración vigente consigna, en su artículo 8, “el derecho de todas las personas migrantes a recibir cualquier tipo de atención médica provista por los sectores público y privado”, invariablemente de su condición migratoria.

Sin embargo, desde su concepción, la PNV ofrece detalles bamboleantes de cómo se distribuirán las vacunas a la población migrante en México. Ciertamente, las estaciones migratorias del centro y del sur del país deben ser una prioridad, toda vez que en algunas de estas prevalece una situación de hacinamiento. La frontera norte, particularmente Tijuana, es otro punto que se debe priorizar, ya que en esta región reside una gran cantidad de personas migrantes (tanto centroamericanas como extracontinentales) que espera ingresar a Estados Unidos. Cabe destacar que la decisión del gobierno federal de habilitar una página de internet para registrar a las personas en la PNV, utilizando la clave única de registro de población (CURP), es preocupante, toda vez que la mayoría de las personas migrantes irregulares carece de dicho documento. También preocupa la presencia de personal no médico (incluidos elementos militares y los encargados de levantar datos censales para los programas de desarrollo social) en las campañas de vacunación, ya que la población migrante podría desconfiar y verse reacia a acercarse a los centros médicos.

Las vacunas en Estados Unidos

Hasta la fecha, el gobierno mexicano, mediante la SRE, ha destacado su voluntad de desplegar una multiplicidad de acciones legales y consulares para acercar la vacuna a la población migrante mexicana en Estados Unidos. El 13 de enero de 2021, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el gobierno mexicano invocaría el capítulo laboral (número 23) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá con el fin de garantizar que todas las personas trabajadoras mexicanas en Estados Unidos tengan acceso a la vacuna, sin importar su condición migratoria. Este capítulo asegura que las personas trabajadoras estén protegidas conforme a las leyes laborales del país en el que se encuentren y reconoce la vulnerabilidad de esta población migrante, producto de las condiciones laborales precarias en las que a menudo trabajan. La lógica es que, si bien la vacuna no es un derecho laboral adquirido, las personas trabajadoras sí tienen derecho a evitar ser contagiadas en sus lugares de trabajo.

Además, la Cancillería mexicana confirmó que la red consular ha iniciado acercamientos con las autoridades de salud locales, con el fin de motivar la idea de que las ventanillas de salud ⸺el programa del gobierno mexicano mediante el cual se ofrece en cada consulado información sobre salud pública y servicios médicos generales⸺ se conviertan en sedes opcionales de vacunación. Esto tiene mucho sentido pues, si bien la población migrante podría ser reacia a acercarse a hospitales públicos por miedo a quedar en el radar de las autoridades migratorias, los consulados mexicanos ofrecen una solución segura y sin riesgos migratorios. Más aún, la presencia de las ventanillas de salud en las representaciones mexicanas en Estados Unidos implica que estas tienen experiencia con la participación de personal médico, mismo que podría aplicar la vacuna en los propios consulados. Asimismo, los consulados están acostumbrados a recibir a cientos de personas cada día, de una forma expedita y segura. Con la capacitación correcta y la certificación adecuada, podrían convertirse en importantes sedes de vacunación. Se reconoce la iniciativa de varias representaciones mexicanas en Estados Unidos que actualmente hacen de esta idea una realidad. Es de celebrarse también la posición del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Cancillería mexicana de activar los experimentados esfuerzos de cabildeo de la red consular para medrar el acceso a las vacunas en los distintos estados. A finales de enero de 2021 se sabía que Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Filadelfia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Luisiana, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Washington ofrecerían vacunas a la población migrante indocumentada.

Terceros países seguros (y saludables)

México tiene una responsabilidad con Centroamérica. Esa región siempre ha sido la esfera lógica de influencia de nuestro país y los lazos históricos, económicos y sociales que nos unen son entrañables. Ese destino compartido es todavía más real para las poblaciones migrantes en Estados Unidos: tanto la mexicana como la centroamericana se encuentran en abyectas situaciones de vulnerabilidad. La pandemia de covid-19 las arrojó a una arena todavía más incierta y se desconoce con exactitud cómo serán vacunadas. Por tal motivo, tendría sentido incluir a la diáspora centroamericana en cualquier acción que México tome en favor de su propia comunidad en el extranjero.

Recomendaciones en Estados Unidos

Con el afán de motivar una discusión integral sobre cuáles son los compromisos y las obligaciones de cada parte en ambos lados de la frontera ⸺los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, las iglesias y el público⸺, incluyo una serie de recomendaciones que, a mi juicio, permitirían vacunar al mayor número posible de personas migrantes. Asimismo, de aplicarse, harían de México un parangón en el tratamiento de la vacunación de la población migrante irregular en su propio territorio y de su diáspora.

La primera opción, aunque es la más onerosa, es pensar en la población mexicana en Estados Unidos como si estuviera en México y cobijarla en la PNV, aunque con una modalidad alternativa. De esta forma, México asumiría el costo fiscal de vacunar a su población migrante. En la práctica, esto consistiría en reembolsar a las autoridades estadounidenses por la vacunación de la diáspora mexicana. (Cabe destacar que este criterio se aplicaría solo a las personas mexicanas nacidas en México que radican irregularmente en dicho país.) Esta opción pretende saldar la deuda histórica con la población migrante. Incluir a esta población en los esquemas de vacunación mexicanos y pagar por sus vacunas, garantizando así su acceso, sería una forma de agradecerles por este servicio. En esta modalidad, el gobierno mexicano adquiriría la vacuna en Estados Unidos, negociando mejores precios con las empresas farmacéuticas. También vale la pena estudiar la idea de un techo único mesoamericano para la vacunación de las personas migrantes, de tal suerte que México apuntalaría la coordinación de los países de Centroamérica en un esquema de vacunación parecido al mexicano.

La población migrante irregular se ha sumado a los pobres, excluidos y desprotegidos del mundo en la avasalladora categoría de ser quienes más tardíamente recibirían la vacuna.

Por otro lado, los consulados pueden convertirse, como lo han venido haciendo, en verdades fuentes de información sobre cómo tener acceso a la vacuna, y el personal diplomático en Estados Unidos podría seguir cabildeando con las autoridades de salud federal y estatales para su correcta aplicación a la comunidad mexicana. Esto antoja un acercamiento con las iglesias, los centros comunitarios, las escuelas y los clubes de migrantes, con el fin de diseminar información a la comunidad mexicana. Cabe destacar que esta tarea se realiza desde mucho antes del inicio de la campaña de vacunación, y las representaciones mexicanas en Estados Unidos han desplegado una importante y exitosa campaña informativa en la materia.

Estas propuestas pueden ser replicadas por otros países con diásporas de proporciones considerables y México, con un agudo tino en temas de migración, podría compartir su experiencia y buenas prácticas como un programa de cooperación. Si se decide continuar privilegiando el tema de las aplicaciones para teléfonos inteligentes para rastrear los contactos entre personas posiblemente infectadas, como lo realizan varios países europeos, los consulados mexicanos podrían ponerse a disposición del público connacional, refrendando la idea de que estos sistemas son seguros y no están vinculados con las autoridades migratorias estadounidenses.

Además, los consulados mexicanos podrían seguir convirtiéndose en centros de vacunación para la población migrante. De igual forma, mediante la red consular es preciso llevar a cabo una campaña de concientización del público en general, con la finalidad de evitar el esparcimiento de filosofías xenófobas que injustificadamente ven en la población migrante focos de infección.

Recomendaciones en México

Estas recomendaciones se orientan a la población migrante que se encuentra en México, en cualquier modalidad: regular, irregular, permanente o de paso. No obstante, sería aconsejable limitar la vacunación de turistas que se internen con la única intención de recibir la vacuna, toda vez que esto desfasaría la campaña de vacunación y entorpecería su aplicación.

La población migrante requiere una atención especializada que cotice sus vulnerabilidades particulares (falta de identificación, poco acceso a los medios de comunicación, nulos datos de contacto y, en algunos casos, desconocimiento del idioma español). Es necesario identificar una forma alternativa de registrar a esta población, toda vez que la que se encuentra en territorio mexicano de forma irregular carece de la CURP.

Una campaña informativa mediante las principales televisoras y radiodifusoras puede incidir positivamente en la población y se podrían circular datos sobre cómo y en dónde se llevarán a cabo las jornadas de vacunación para la comunidad migrante. Valdría la pena expandir esta campaña mediática a periódicos locales y por mensajes en redes sociales (Facebook) y servicios de mensajería digital (grupos de WhatsApp), toda vez que muchas de estas personas carecen de radios y televisores.

Tendría sentido incluir a la diáspora centroamericana en cualquier acción que México tome en favor de su propia comunidad en el extranjero.

Se aconseja reclutar la colaboración de la Iglesia católica, las demás iglesias locales y las casas del migrante, ya que estas instituciones pueden ser las principales aliadas para hacer llegar información a las personas migrantes. Más aún, las rondas de vacunación se podrían llevar a cabo en estos centros, en donde la población migrante se siente con más seguridad y confianza de salir de las sombras y participar.

Es importante asegurar a la comunidad migrante que los registros levantados durante las campañas de vacunación serían propiedad solo de la Secretaría de Salud federal y sus datos jamás de compartirían con las autoridades migratorias mexicanas. No obstante, los centros de vacunación se pueden convertir en verdaderas ventanillas informativas sobre otros servicios migratorios, con el fin de aportar a las personas migrantes información sobre qué opciones tienen para regularizar su situación migratoria en México.

Es necesario determinar qué documentación deberán presentar las personas migrantes para poder acceder a las vacunas, tomando en cuenta que muchas de ellas carecen de documentos de identidad. Además, hay que tomar conciencia de los riesgos a las campañas de vacunación presentados por el crimen organizado, el cual aguijonea la posibilidad de una correcta y pronta aplicación de la vacuna. Asimismo, es necesario desarrollar un sistema para evitar la vacunación de turistas que ingresan a México con la intención de vacunarse.

Por otra parte, se debe fortalecer la comunicación con las embajadas y los consulados de los países centroamericanos, con el fin de reclutar su apoyo para la campaña de vacunación. Además, la autoridad sanitaria federal debe mantener estadísticas confiables sobre la magnitud y la demografía de las personas migrantes que han recibido la vacuna, con el fin de cotejar estos datos contra las cifras de personas retornadas a sus países de origen, aquellas que se quedan en México y las que siguen su camino hacia Estados Unidos. Esto permite sopesar si la población migrante irregular se está vacunando, ya que es posible que en el futuro se susciten debates políticos sobre ese tema.

PEDRO LUDWIG BARRAGÁN es licenciado en Estudios Latinoamericanos por The University of Texas, en Austin y maestro en Liderazgo Organizacional y Ético por la St. Edward’s University, en Austin. Sígalo en Twitter en @ludwigbarragan.

Tags:Covid-19, Estados Unidos, México, Migrantes, Vacunación