Pandemia: cooperación pública-privada, ciudadanía corporativa

4 mayo, 2020 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 3466

CNN

 Abás Tanus Mafud

Mayo 2020

La emergencia del coronavirus en el escenario latinoamericano representa una serie de desafíos sociales y económicos que por sus impactos desdibujan algunos temas de la agenda pública latinoamericana. Valiéndome de la frase “en todas crisis hay una oportunidad”, es importante indagar en ese foco de luz que podría representar una mejor articulación pública-privada tras la erosión que este principio sufrió en los últimos años por diversas causas, entre ellas la corrupción y los sobornos.

Previo a la irrupción del coronavirus, el tratamiento de los asuntos públicos en Latinoamérica experimentaba una etapa de reformulación por parte de empresas y gobiernos nacionales, provinciales y municipales. En este sentido, los tentáculos de las causas Lava Jato se habían expandido a ritmo acelerado sobre Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y México, generando mayores resquemores a la hora de la cooperación pública-privada, especialmente, las preocupaciones concernientes a las normas de compliance y también a la financiación de los partidos políticos en plenas campañas electorales. Por ejemplo, en los comicios de 2018 en Brasil y 2019 en Argentina, los aportes disminuyeron y las legislaturas nacionales debieron aprobar nuevas leyes en la materia (en el caso argentino acentuado por la causa de los Cuadernos de la Corrupción).

Con una sucesión de mandatarios involucrados de forma directa e indirecta con las investigaciones judiciales a nivel latinoamericano –por mencionar algunos Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Enrique Peña Nieto, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros– y con empresas señaladas como parte de esta compleja trama, los proyectos de cooperación debieron tener otros cuidados y se hicieron necesario nuevos instrumentos para resguardarlas. Por ejemplo, Buenos Aires aprobó la Ley 6163 de Patrocinio; Brasil la Ley 13.334 (septiembre de 2016), que creó el Programa de Alianza en Inversiones, ampliando las oportunidades de inversión y garantizando una adecuada expansión de la infraestructura pública, y Perú el Decreto Legislativo N°1224.

El intento por mantener el impulso en las relaciones público-privado también debió enfrentarse con un fenómeno regional: el despertar de las sociedades latinoamericanas, especialmente, en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Este fenómeno no solamente debilitó a los gobiernos nacionales, sino que también implicó un golpe transversal a los grupos de interés tradicionales, especialmente por la incapacidad de ciertas organizaciones tradicionales de entender la horizontalidad y celeridad de los movimientos sociales (indígenas, jóvenes, ecologistas), pero también por el fortalecimiento de algunos sectores en desmedro de otros.

La combinación de estos factores había llevado a un repensar la articulación público-privada, especialmente la cercanía entre las agendas gubernamentales y pública; la capacidad de impacto o de influir que un grupo de interés tenga en la materia, y las consideraciones reputacionales que emergen en cualquier vínculo entre partes. A este entrecruce de hechos se suma la emergencia del coronavirus como una pandemia que no solamente está poniendo en riesgo la vida de las sociedades latinoamericanas, sino que está acelerando los procesos de cambio.

El Estado debe actuar como un ayudante, contralor, guía, facilitador en este camino, una función que tendría que ser innata por su condición natural y permitir que las buenas voluntades no choquen contra un muro.

La incertidumbre propia de la pandemia y los efectos de la cuarentena sobre las economías nacionales genera una nueva oportunidad en la articulación pública-privada, ya sea mediante la inclusión del Estado en las campañas de responsabilidad social, donaciones, políticas públicas conjuntas o planes sanitarios, sociales, etc. En paralelo, cada uno de los actores involucrados en está ecuación tienen diferentes oportunidades de ganancia social: el Estado logra acceder a recursos que siempre son necesarios y, a su vez, fortalece la penetración en los hogares de los trabajadores de la empresa, mientras que esta última puede mostrar su compromiso con “la casa de uno”, es decir, el municipio o provincia donde están instaladas. Esta garantía que puede ser bien llamada “ciudadanía corporativa” demuestra el carácter humano de la empresa y también abre las puertas para cimentar las relaciones futuras con las autoridades locales, la continuidad de los vínculos sin importar el contexto es mejor que tocar la puerta en momentos de emergencia –factores que van más allá de cualquier campaña publicitaria–.

En este contexto, el principio de ciudadanía corporativa debe tener la flexibilidad necesaria para entender los actores que puedan direccionar las campañas a la gente que lo requiere con mayor celeridad, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, movimientos sociales, entidades educativas y el Estado. Mientras que el Estado debe actuar como un ayudante, contralor, guía, facilitador en este camino, una función que tendría que ser innata por su condición natural y permitir que las buenas voluntades no choquen contra un muro.

Por otra parte, de esta articulación no solamente tendrían que surgir ayudas particulares, sino que también políticas públicas sugeridas para atender una crisis que hará tambalear las estructuras económicas y sociales latinoamericanas (el Banco Mundial prevé que la caída será de 4.6% en 2020 por las medidas de aislamiento obligatorio). Está otra arista implica la oportunidad de generar mecanismos de diálogo y consenso entre las partes, y reducir los niveles de desconfianza que emergieron tras las sombras del Lava Jato, los Cuadernos de la Corrupción y las acusaciones a mandatarios nacionales. Como consecuencia, es importante que ambos sectores propongan alternativas macro productivas y sectoriales (del lado empresarial podemos destacar los casos de la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el Consejo Empresarial Mexicano, la Cámara de Comercio de Lima, etc.).

Finalmente, tras la erosión paulatina de algunos fenómenos regionales sobre las relaciones empresariales-gubernamentales, la crisis sanitaria implica una oportunidad para terminar de barajar y dar vuelta a la página, fortaleciendo los mecanismos de cooperación con miras a mejorar las condiciones de acceso de las sociedades latinoamericanas, fortalecer el posicionamiento de los mensajes claves de la empresa, tener un Estado con nuevas herramientas que permitan focalizar de mejor manera los recursos, y valerse de los nuevos actores con implicancia en el escenario social. De esta manera se tendrá un enfoque integral de cómo pensar la siguiente etapa en esta lucha contra el COVID-19.

ABÁS TANUS MAFUD es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Juan y maestro en Política y Economía Internacionales por la Universidad de San Andrés, Argentina. Es profesor de Política Trasnacional en la Universidad Católica de La Plata y asociado en Asuntos Públicos de Burson Cohn & Wolfe Argentina. Sígalo en Twitter en @atmafud.

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One Response to Pandemia: cooperación pública-privada, ciudadanía corporativa

  1. Javier Cinta dice:

    El artículo da una respuesta a todos aquellos que «profetizaron» el fin del estado como actor internacional de relevancia. En especial al ámbito privado.

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