8 febrero, 2021 • África, Artículos, PJ Comexi, Portada • Vistas: 4632

Paula Martínez

Febrero 2021

Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi

En su calidad de miembro electo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México asumió en enero de 2021 la presidencia del Comité sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, el Comité de Sanciones sobre Mali, y la copresidencia, junto con Irlanda, del Grupo de Trabajo sobre Mujer, Paz y Seguridad.

Si bien México goza de una vasta experiencia en los temas de no proliferación y en la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, el conflicto en Mali es relativamente nuevo, y no es todavía un tema recurrente entre los internacionalistas mexicanos. No obstante, la situación en Mali y el Sahel (que incluye también a Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad) se ha convertido en la mayor amenaza para la estabilidad en África, con implicaciones directas para la paz y la seguridad internacionales. Ante este alarmante escenario, México tiene ahora la oportunidad histórica de desempeñar un papel clave en el monitoreo de esta crisis, como miembro del Consejo de Seguridad y como presidente del Comité de Sanciones sobre ese país. Es por ello que el público mexicano —especialmente los jóvenes internacionalistas—debemos adentrarnos más en este tema, y tener presentes los diversos factores que convergen en el conflicto en Mali y la situación de seguridad en el Sahel.

De “democracia modelo” a foco de inseguridad

Se suele interpretar a la guerra en Mali, sobre todo, como una contra el terrorismo. Sin embargo, el conflicto abarca otros desafíos: desde tensiones históricas entre grupos étnicos, tráfico ilegal de migrantes y armas, hasta efectos del cambio climático y falta de coordinación entre las fuerzas militares que operan en la zona. Estos retos, aunados a la pandemia de covid-19 y al golpe de Estado más reciente en octubre de 2020, contribuyen a que Mali sea el epicentro de la crisis regional más volátil de África.

Inicio del conflicto

Después de ser una colonia francesa, hasta 1960, y de una dictadura que duró 23 años (de 1968 a 1991), Mali celebró elecciones democráticas en 1992, convirtiéndose rápidamente en un Estado modelo de democracia en África. Sin embargo, las crecientes confrontaciones entre el gobierno y los grupos étnicos secesionistas, así como el empoderamiento de grupos yihadistas en la zona, convergieron a principios de la década de 2010 para dar inicio al conflicto actual.

Históricamente, los tuaregs —un grupo étnico nómada e islamista del Sahel— han buscado la independencia de la región norte de Mali, a la que ellos llaman Azawad. Después de varias rebeliones fallidas, los tuaregs crearon, en 2011, el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA). Para lograr su objetivo, se aliaron con varios grupos yihadistas, algunos de los cuales tienen conexiones con Al Qaeda en el Magreb. Gracias a esta nueva alianza, así como al flujo de armas provenientes de la Primavera Árabe en Libia, los tuaregs lograron iniciar su rebelión secesionista a principios de 2012 y tomar las principales ciudades del norte del país.

El ejército maliense, frustrado ante la falta de acción decisiva por parte del gobierno para abatir al MNLA y sus aliados, llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente Amadou Toumani Touré. Paradójicamente, la inestabilidad política que provocó dicha acción permitió a la alianza tuareg-yihadista expandir su control en el centro del país y continuar su avance hacia la capital, Bamako.

El MNLA rompió su alianza con los grupos yihadistas unos meses después, debido a diferencias ideológicas y religiosas; sin embargo, los efectos de haber empoderado a estos grupos han sido difíciles de revertir. Hasta la fecha, grupos extremistas afiliados al Estado Islámico y Al Qaeda continúan en control de vastas regiones en Mali, donde llevan a cabo ataques terroristas en contra de civiles y fuerzas militares. La mayoría de estos ataques tienen como blanco hoteles internacionales y bases militares, lo cual ha dejado un alto número de víctimas y ha sembrado terror entre la población.

Operaciones internacionales en el terreno

El gobierno maliense, alarmado por el avance de los grupos rebeldes hacia Bamako, solicitó en 2013 el apoyo militar de Francia para recobrar el control del territorio. Desde entonces, Mali se ha convertido en la sede de varias operaciones militares extranjeras que buscan lidiar con los retos de seguridad que afectan al país y al resto del Sahel. Entre ellas destacan la Operación Barkhane de Francia, las misiones de la Unión Europea en Mali, y la Fuerza Conjunta del G-5 Sahel. Esta última fue creada por Chad, Mauritania, Burkina Faso, Níger y Mali en 2014, para coordinar operaciones de seguridad transfronterizas entre estos países vecinos.

La ONU también mantiene una presencia de cascos azules en el país. En abril de 2013, el Consejo de Seguridad estableció la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (Minusma). Entre los mandatos de la Misión se encuentra apoyar el proceso político en Mali, monitorear el acuerdo de cese al fuego y hacer uso de la fuerza para proteger civiles. Es importante destacar que México es un país contribuyente de tropas para la Minusma (actualmente hay cuatro elementos mexicanos en esta operación de paz).

Paz imperfecta

Después de 3 años en guerra, la ONU facilitó en 2015 un Acuerdo de Paz entre los tuaregs y el gobierno maliense, en el que se prometió descentralizar al gobierno y la economía nacional, con el fin de brindar una mayor autonomía al norte del país. Desafortunadamente, la implementación del Acuerdo de Paz ha sido, en el mejor de los casos, bastante lenta. Además de la renuencia del gobierno maliense para descentralizar las instituciones, también se rumora que algunas facciones tuareg y de grupos nacionalistas árabes colaboran con organizaciones extremistas, lo que ha generado gran desconfianza entre las partes.

Mientras tanto, la violencia en Mali sigue en aumento. Desde 2016 se han incrementado los ataques terroristas, especialmente en el centro del país. Más de 800 civiles y 200 miembros de Minusma han perdido la vida en ataques violentos, convirtiendo a Mali en el país más peligroso para trabajadores de la ONU.

Situación actual en Mali

En los últimos años, la comunidad internacional se ha concentrado en apoyar la implementación del Acuerdo de Paz y combatir a los grupos terroristas que operan en la región. Sin embargo, la falta de voluntad política entre las partes malienses, así como el poder y el financiamiento del que gozan los grupos extremistas, son solo algunos de los obstáculos que han impedido un avance más concreto hacia la paz en Mali. Otro agravante en esta situación (ya de por sí delicada) ha sido el incremento de violencia étnica entre los grupos Fulani y Dogón en años recientes.

Además de estos factores internos, el deterioro ambiental y la inseguridad en la región han convertido a Mali en un país de tránsito para cientos de migrantes que buscan llegar a Europa a través de Argelia y Libia. Muchos de ellos son víctimas de redes de tráfico de migrantes y drogas, lo cual complica aún más la situación de seguridad en el país.

La mayoría de estos ataques tienen como blanco hoteles internacionales y bases militares, lo cual ha dejado un alto número de víctimas y ha sembrado terror entre la población.

Bajo este escenario de gran fragilidad, el ejército maliense llevó a cabo un nuevo golpe de Estado, el cuarto desde la independencia de Mali. En octubre de 2020, un grupo militar llamado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), denunció el fracaso del gobierno para abatir a los grupos yihadistas y estimular la economía maliense, y obligó al gobierno del presidente Ibrahim Keita a renunciar.

Desde entonces, el gobierno de transición es encabezado por el exministro de Defensa Bah Ndaw, y el coronel Assimi Goita, líder del CNSP. El gobierno anunció que las siguientes elecciones tendrán lugar en marzo de 2022.

El camino hacia la paz: México en el Consejo de Seguridad

Si bien los grupos extremistas en el Sahel son un factor grave para la seguridad en Mali, decir que es una guerra contra el terrorismo es simplista y relega la necesidad urgente de reconciliar al norte y sur del país. Un breve vistazo a las raíces del conflicto y su retos actuales bastan para ilustrar la necesidad de adoptar un enfoque holístico que pueda hacer frente a la situación actual.

Durante su participación en el Consejo de Seguridad, México deberá colaborar con los otros miembros para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz y promover el desarrollo del norte del país como medida de reconciliación nacional. Asimismo, como presidente del Comité de Sanciones sobre Mali, México deberá colaborar cercanamente con el panel de expertos de dicho comité, a fin de garantizar que quienes buscan entorpecer el poceso de paz sean debidamente sancionados.

Actualmente hay ocho individuos sancionados por el Comité de Mali. Los siguientes meses serán clave para saber si el nuevo gobierno renovará su compromiso con el proceso de paz o si representará un obstáculo. Como presidente del Comité, México liderará el proceso de enlistado y deslistado de individuos sancionados, lo cual requerirá un agudo conocimiento de los candidatos.

De no haber avances concretos en el proceso de paz en los siguientes meses, la posibilidad de un conflicto prolongado en Mali será mayor, y sus consecuencias más preocupantes. Las tensiones étnicas en el país, aunado a la inestabilidad gubernamental, podrían provocar otra guerra civil. Asimismo, los ataques terroristas y el cambio climático podrían generar una nueva ola de migración masiva en África. Si la crisis migratoria de la década de 2010 es indicativa de lo que se puede esperar, sabemos que un nuevo éxodo resultaría no solo en una crisis política mundial, sino que —aún más importante— pondría en peligro la vida de miles de civiles.

Durante los próximos 2 años, México tendrá una posición privilegiada a nivel internacional para contribuir activamente al proceso de paz en Mali. Como jóvenes internacionalistas, esta es una excelente oportunidad para conocer mejor el conflicto y apoyar al gobierno mexicano en su presidencia del Comité de Sanciones sobre Mali.

PAULA MARTÍNEZ es Asesora del Consejo de Seguridad en la Misión Permanente de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es licenciada en Relaciones Internacionales e Historia por la Brown University, y maestra en Asuntos Globales (Políticas Públicas), a través del programa Schwarzman Scholars, en la Universidad de Tsinghua, China.

Tags:Consejo de Seguridad, Malí, México, Yihadistas