SRE
Ricardo Smith Nieves
Marzo 2019
Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi
La Doctrina Estrada es una de esas fórmulas
mágicas que pretenden resolver
los problemas ignorándolos.
Daniel Cosío Villegas
La situación en Venezuela -que atraviesa una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes en el continente- se ha convertido en el primer gran reto diplomático para el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El 23 de enero de 2019, el líder opositor en Venezuela, Juan Guaidó, fue nombrado por la Asamblea Nacional como Presidente encargado y puso en una disyuntiva a los países de Latinoamérica y otras regiones del mundo entre reconocerlo a él como depositario del poder ejecutivo o mantener relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Durante las semanas siguientes, la mayoría de los países de la comunidad internacional volcó su apoyo a Guaidó, en gran medida, gracias al liderazgo del Grupo de Lima y de Estados Unidos. Algunos otros, como China, Irán, Nicaragua y Rusia, mantuvieron el apoyo al régimen de Maduro. Asimismo, hubo un reducido grupo de países que optaron por asumir una posición de neutralidad, en términos más o menos distintos por cada caso. Entre ellos estuvo México.
La posición del actual gobierno de México frente a la crisis en Venezuela está guiada, fundamentalmente, por el principio de no intervención. Desde la campaña presidencial, el entonces candidato López Obrador y sus voceros, como el actual senador Héctor Vasconcelos, dejaron claro que su eventual gobierno mantendría una posición neutral y no injerencista hacia la región, específicamente, hacia Venezuela. Esto supuso un cambio diametral del activismo ejercido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en este tema.
En la práctica, la política no intervencionista del actual gobierno llevó a que México apostara por una posición de autodenominada neutralidad. El gobierno de López Obrador decidió invocar la Doctrina Estrada -corolario del principio de no intervención- para no romper relaciones con el gobierno efectivo de Maduro y rechazar el reconocimiento al gobierno de Guaidó. Más aun, anunció que, junto con Uruguay, desarrollaría una plataforma diplomática para llevar a los dos bandos de la crisis venezolana a la mesa de negociación. El 6 de febrero de 2019, la propuesta inicial de México y Uruguay se materializó -con el apoyo de los países de la Comunidad del Caribe- en el Mecanismo de Montevideo. Por medio de cuatro fases de negociación, México y sus socios convocaban a lo que ellos llamaban «las partes en conflicto», para «encontrar soluciones a sus diferencias».
De manera relativamente previsible, el Mecanismo de Montevideo está lejos de ser considerado como un triunfo de la diplomacia mexicana. El recelo de la oposición venezolana no tardó en manifestarse, tanto por parte de Guaidó como por medio de las voces de otros líderes, como María Corina Machado. Los líderes de la oposición venezolana vieron en la propuesta de México un intento de «dar oxígeno» al régimen de Maduro: es decir, ofrecería un foro más, de supuesta negociación, que permitiría a Maduro aplazar cualquier cambio y mantener a los grupos de oposición distraídos.
De manera relativamente previsible, el Mecanismo de Montevideo está lejos de ser considerado como un triunfo de la diplomacia mexicana.
Además, la iniciativa de México y Uruguay contrastaba y, hasta cierto punto, restaba contundencia a la posición del Grupo de Lima o a los llamados del Grupo de Contacto Internacional (GCI) de la Unión Europea. Los países del Grupo de Lima no hicieron esperar su respuesta ante Montevideo y, en un comunicado emitido el 4 de febrero de 2019, recordaron que «las iniciativas de diálogo propiciadas por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder». Finalmente, el aislamiento de México se hizo patente cuando Uruguay, su socio en el Mecanismo, optó por firmar la declaración del GCI y abandonar la supuesta neutralidad sin precondiciones.
A pesar de su desempeño en Montevideo, México se encuentra frente a una oportunidad. A menos de 3 meses de haber comenzado el nuevo gobierno, es un momento adecuado para revaluar la estrategia a seguir en política exterior. Es necesario realizar, nuevamente, un análisis sobre la pertinencia de usar el principio de no intervención como una guía para el actuar internacional, poniendo sobre la balanza sus implicaciones, incluyendo los costos y los beneficios de mantener una interpretación antigua de dicho principio frente a un mundo nuevo. Sobre todo, el gobierno de López Obrador está a tiempo de formular una política exterior que concilie una visión estratégica -en lo mundial y en lo regional- con los principios constitucionales. Debe quedar claro que una política exterior de principios no es un sustituto de una posición estratégica la cual debe definir, primeramente, los intereses de México en cada asunto.
Por una revisión del principio de no intervención
El argumento principal al que ha recurrido el nuevo gobierno para justificar el uso del principio de no intervención es que se trata de un precepto constitucional y, por lo tanto, su aplicación es obligatoria. El artículo 89, fracción X de la Constitución mexicana establece que el presidente deberá dirigir la política exterior con base en una serie de principios, incluyendo la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, contrario a lo que parece implicar el argumento gubernamental, la Constitución no hace referencia a cómo interpretar el principio de no intervención. La no intervención ha adquirido distintos significados en la historia diplomática de México. Además, hoy debe interpretarse también a la luz de otros principios internacionales y nuevos elementos en el Derecho Internacional.
La no intervención, en su interpretación más tradicional, implica que México debe abstenerse de intervenir en los asuntos internos de otros países; así, se descarta no solo el uso de la fuerza, sino también cualquier tipo de pronunciamiento cuyo objetivo sea calificar la situación interna en otro país. Esta parece ser la interpretación que desea seguir el gobierno del presidente López Obrador, a juzgar por las declaraciones y comunicados emitidos durante estas primeras semanas en el poder.
Los principios de política exterior no deben ser usados como excusa para evitar a México la molestia de asumir posiciones claras frente a asuntos incómodos en la región y en el mundo.
No obstante, durante la historia de nuestro país, el principio de no intervención nunca fue aplicado a raja tabla. En la práctica, México adoptó posiciones contundentes sobre situaciones delicadas en otros países cuando así lo requería el interés nacional, particularmente en Latinoamérica. Nuestro país rompió relaciones o anunció el retiro de embajadores con la Guatemala de Jacobo Árbenz en 1959, República Dominicana durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo en 1960, el gobierno chileno de Augusto Pinochet en 1973, con la Nicaragua de Anastasio Somoza en 1979, con El Salvador en 1980 y con Cuba en 2004. Asimismo, México tomó partido frente a conflictos civiles en otros países en numerosas ocasiones: Lázaro Cárdenas envió armamento para la República durante la guerra civil española; México prestó refugio y dio facilidades a los sandinistas durante su oposición a Somoza a principios de la década de 1980; lo mismo sucedió con el apoyo brindado al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional frente al régimen militar en El Salvador, con quienes nuestro embajador Gustavo Iruegas tenía contacto constante.
La interpretación tradicional de la no intervención, adoptada por el gobierno de López Obrador, no acepta que existan límites a la soberanía de un Estado. Más aun, cualquier tipo de pronunciamiento o crítica a los asuntos internos de otro país es visto como una violación al principio de no intervención. En primer lugar, la noción de soberanía absoluta es contraria a normas internacionales que han adquirido fuerza durante las primeras décadas del siglo XXI, con el surgimiento de principios como la «responsabilidad de proteger». Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha emitido resoluciones que se contraponen a una interpretación soberanista del principio de no intervención. En el caso Nicaragua contra Estados Unidos, de 1986, la Corte resolvió que -bajo el Derecho Internacional- «es el elemento de coerción lo que define y, precisamente, forma la esencia misma de una intervención prohibida» y que aplica cuando esta coerción se ejerce sobre «la elección de un sistema político, social o cultural» en otro Estado.
Una política de no intervención en 2019
Los primeros pasos del actual gobierno para delinear una política hacia Venezuela arrojan una valiosa lección. Los principios de política exterior no deben ser usados como excusa para evitar a México la molestia de asumir posiciones claras frente a asuntos incómodos en la región y en el mundo; después de todo, estos han servido como un marco útil para dar sentido a nuestras decisiones de política exterior, las cuales deben atender primero a nuestro interés nacional respecto a cada tema. No debemos cometer el error de juzgar la pertinencia de una acción determinada de política exterior con base únicamente en qué tanto se apega o no a principios como la no intervención.
Si el gobierno actual pretende mantener el principio de la no intervención como un eje rector para nuestro actuar internacional, debe comenzar a preguntarse cómo interpretarlo y aplicarlo de manera estratégica. Una posición principista no tiene valor por sí misma en el mundo actual. Como se demostró durante estas semanas, la neutralidad no lleva necesariamente a que México pueda librarse de conflictos: mantenerse neutral implica ya tomar una posición política. Así, sería un error defender la no intervención a ultranza sin importar los costos que esto traiga. Al contrario, la aplicación de dicho principio para justificar la neutralidad debe perseguir un objetivo claro. Solo así podemos definir qué costos podemos asumir a cambio de los beneficios esperados y qué medidas añadir a una posición principista a fin de lograr nuestro objetivo.
Como afirma la académica Olga Pellicer: «No es la primera vez que México se encuentra solo en las relaciones interamericanas». En efecto, para hacer frente a esos desafiantes momentos de su historia diplomática, México tuvo claro qué mensaje deseaba enviar a sus contrapartes en el exterior y cuál era la visión estratégica de su lugar en la región y en el mundo.
RICARDO SMITH NIEVES es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asesor en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable y Secretario del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Sígalo en Twitter en @Ric_SmithN.
Categorías: Artículo, Portada
Regiones: Latinoamérica
Etiquetas: Política exterior, México, Doctrina Estrada, Venezuela
