18 marzo, 2015 • Artículos, Latinoamérica, Portada, Regiones • Vistas: 19307

Presidencia Ecuador

 Santiago Basabe-Serrano

 Marzo 2015 

Cargado de propuestas de cambio y de renovación, en enero de 2007 Rafael Correa accedió a la presidencia de Ecuador. Luego de un largo período de salidas anticipadas de jefes de Estado (Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Luis Gutiérrez en 2005), ese país se aprestaba a presenciar un fenómeno contrario: la larga permanencia en el poder de una misma persona y de un proyecto político al que se bautizó como «Revolución Ciudadana». La idea esencial del proyecto era fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, recuperar el papel del Estado y propiciar un cambio en el modelo de desarrollo económico del país. Para ello, el primer hito que se debía cumplir era la convocatoria a una Asamblea Constituyente que sentara las bases institucionales del tan anhelado cambio estructural que Correa había ofrecido en su campaña electoral.

El escenario generalizado de desazón con la política y la utilización de una retórica convincente en la que los partidos (partidocracia), las políticas de ajuste estructural (larga noche neoliberal) y los medios de comunicación (prensa mediocre y corrupta) eran los «enemigos» a derrotar fueron elementos cruciales para que la Asamblea Constituyente se posesionara y una nueva Constitución entrara en vigencia en 2008. En el camino algunos obstáculos políticos fueron superados: 57 diputados que se oponían a los mecanismos utilizados por Correa para la convocatoria a la Asamblea Constituyente fueron destituidos de sus cargos mediante una resolución del Tribunal Supremo Electoral, así como los nueve jueces del Tribunal Constitucional que habían resuelto restituir a dichos diputados a sus funciones. Aunque la constitucionalidad de tales decisiones estuvo siempre en duda, la efervescencia popular con la Revolución Ciudadana se hacía cada vez más fuerte y la Asamblea Constituyente finalmente tuvo lugar.

La nueva Constitución innovó la tradición institucional previa en diversas formas. En primer lugar, se creó una larga lista de derechos ciudadanos que, más allá de cumplir los anhelos de los sectores agrupados en torno a Correa, en muchos casos resultan inviables en lo fáctico. En segundo lugar, se consagró la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas pero no a través del fomento de la asociación cívica espontánea sino por medio del control y del seguimiento «desde arriba». La creación del Consejo de Participación Ciudadana fue el mecanismo institucional para consagrar la cooptación de la voluntad popular, para desde allí legitimar las subsiguientes decisiones del gobierno. Finalmente, los mecanismos de designación de los jueces supremos y constitucionales así como la merma de las atribuciones de la legislatura a costa del incremento de las capacidades del Ejecutivo redujeron considerablemente la rendición de cuentas horizontal del Jefe de Estado.

En el plano económico, el gobierno de Correa propuso la creación de una nueva matriz productiva. De esta forma el país reduciría, entre otras cosas, su dependencia financiera a los ingresos provenientes de la explotación del petróleo. Aunque la idea era innovadora, luego de más de 8 años de gobiernos sucesivos del presidente Correa no existen aún resultados tangibles. Por el contrario, la propuesta de mantener el petróleo bajo el suelo a partir de la Iniciativa Yasuní ITT fue dejada de lado a finales de 2013. Más aún, el discurso oficial a la fecha se ha focalizado en la explotación minera como una fuente de ingreso de recursos a la caja fiscal. Así, lejos de implementarse un modelo de desarrollo alternativo, la estrategia actual del gobierno es ahondar en la extracción de recursos naturales (petróleo y minerales) como medio para financiar el presupuesto nacional.

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Con el paso del tiempo, la nueva arquitectura constitucional sumada a una época de bonanza petrolera observada solo en la década de 1970, sentaron las bases de un gobierno que fue afianzándose como un proyecto político rentista. En dicho modelo, la gran cantidad de dinero existente en la caja fiscal permitió agregar a las filas del gobierno a diversos sectores económicos, políticos y sociales que se veían beneficiados de la ilimitada erogación de recursos públicos. De esta forma desaparecieron los problemas redistributivos que anteriores gobiernos afrontaron. Por otro lado, el amplio apoyo popular del presidente Correa fue canalizado no solo para menoscabar las libertades básicas de quienes presentaban opiniones críticas a su gestión sino también para acudir permanentemente a las urnas en busca de legitimación. En definitiva, luego de la aprobación de la Constitución de 2008 se sentaron las bases de lo que Guillermo O´Donnell denominó democracias delegativas y que otros autores han calificado como democracias plebiscitarias.

La convocatoria a una consulta popular en 2011, cuyo objetivo esencial fue reformar la Constitución con el fin de controlar el sistema judicial del país, provocó las primeras fisuras al interior del movimiento Alianza País (AP). Así, a los actores que se mantuvieron siempre en oposición al gobierno del presidente Correa se sumaron otros sectores que percibían en dicha decisión política una intensificación del modelo que, como he mencionado, se empezó a gestar desde la llegada al poder de AP. No obstante, la bonanza económica continuaba y con ello la capacidad del gobierno de cooptar a quienes sintonizaron con la lógica rentista que se proponía. Para aquellos que no estaban en la línea oficialista la intolerancia gubernamental iba en aumento hasta el punto de que, independientemente de posicionamientos ideológicos, el discurso político que los aglutinaba se concentró en el respeto a las libertades básicas y a las instituciones de la democracia.

En 2013 Correa inició su tercer y último mandato presidencial. Dadas las características de su modelo de gobierno, los 6 años previos fueron utilizados para acumular capital político y simbólico a su nombre por lo que la generación de cuadros alternativos, pensando en el relevo presidencial, fueron inexistentes. Cualquier posibilidad de pensamiento propio al interior de AP rápidamente fue disuadido no solo por el propio Presidente sino también por el grupo de actores que bajo su gobierno se han beneficiado de las rentas estatales. Como era previsible, en 2014 empezó a circular la idea de una nueva reforma constitucional, esta vez orientada a permitir la reelección indefinida del presidente Correa. Como los sondeos de opinión pública revelan que un porcentaje mayoritario de la población desearía que dicha decisión se tome a través de una consulta popular y que eventualmente el resultado no sería favorable al gobierno, la Asamblea Nacional decidió iniciar el trámite de reforma constitucional en su seno. Más allá de las objeciones de orden constitucional respecto al procedimiento utilizado, el hecho es que las reformas han sido aprobadas en un primer debate, a finales de 2014, y deberían ser conocidas en un segundo debate en el último trimestre de 2015.

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Aunque en principio el presidente Correa sería el candidato de AP, la coyuntura económica no le resulta favorable y aquello podría entorpecer los planes oficialistas de mantenerse en el poder al menos hasta 2021. En efecto, la caída del precio internacional del petróleo y la nula capacidad de ahorro del gobierno durante los años de bonanza constituyen factores que atentan contra la vigencia del modelo rentista propuesto por la Revolución Ciudadana. Dado que las restricciones de recursos económicos empiezan a evidenciarse, la lealtad de los sectores afines al gobierno también entran en duda, con la exteriorización de conflictos redistributivos. Si a lo dicho se suma una serie de medidas económicas asumidas por el gobierno y que atacan directamente al bolsillo de la población, el convencimiento de varios sectores en relación a la segura presencia de Correa en las próximas elecciones entra en duda.

En efecto, si el desempeño de la economía no mejora de forma ostensible en lo que resta del 2015 y en el siguiente año, el escenario en el que el presidente Correa decide no postular a la reelección, a pesar de que la reforma constitucional se lo permita, se torna más viable. En este caso, el cálculo político sería salir del gobierno con una gestión aparentemente exitosa y alta aceptación popular. Tal decisión no solo mantiene intacto el capital simbólico de Correa sino que además le permite volver a ser candidato en el mediano plazo. Así, Correa quedaría en la mejor posición: se mantendría alejado de los problemas sociales que afectarán al país en el corto plazo como consecuencia de la crisis económica que empieza a vivirse y, a la par, se mantendrían intactas sus expectativas electorales. Con las distancias necesarias, este posible escenario es el verificado en Perú al observar la trayectoria política del expresidente Alan García.

Independientemente del escenario electoral de 2017, lo cierto es que Ecuador no es el mismo desde la llegada del presidente Correa. Por un lado, el país ha mejorado en cuanto a infraestructura, la regulación e impulso del sistema de educación superior han sufrido cambios positivos y la burocracia tiene ahora mayor nivel de profesionalización. Por otro lado, los niveles de intolerancia política se han profundizado, el irrespeto a las instituciones democráticas y la ausencia de rendición de cuentas horizontal ha aumentado. Además, la lógica caudillista presente en líderes pasados como Assad y Abdalá Bucaram, León Febres-Cordero o Lucio Gutiérrez encuentra en Correa su mayor exponente desde el retorno a la democracia.

Hasta el momento la población ha preferido carreteras e infraestructura a libertades democráticas básicas. Las elecciones de 2017 revelarán si dichas preferencias del electorado varían cuando los recursos económicos empiezan a escasear.

SANTIAGO BASABE-SERRANO es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Martín, Buenos Aires. Es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Ecuador y becario posdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA), en Hamburgo. Sus temas de investigación son las instituciones políticas y las relaciones entre política y justicia. Contáctelo en su sitio web www.santiagobasabe.com o en el correo electrónico sbasabe@flacso.edu.ec.

Tags:Ecuador, Rafael Correa, Reforma constitucional, Revolución Ciudadana