Carta del Director

Latinoamérica atraviesa por un momento crítico. En parte, es consecuencia de la pandemia y sus secuelas en el ámbito económico y social, aunque otras situaciones tienen raíces más profundas y complejas, como el auge del populismo e incluso del caudillismo, que evidencian ciertos retrocesos de los sistemas democráticos. En Colombia, las protestas en contra de la reforma fiscal han sido reprimidas con violencia y hay dificultades para iniciar un diálogo constructivo. Desde la derecha surgen llamadas al autoritarismo. En el mismo sentido, la independencia del poder judicial, clave de los sistemas democráticos, ha cobrado renovado protagonismo en los últimos meses. La decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador, afín al presidente Nayib Bukele, de destituir a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se suma a otros hechos del mismo tenor.
Mónica Castillejos-Aragón, editora invitada de este número de Foreign Affairs Latinoamérica, presenta un análisis general del estado de la independencia judicial en la región, así como la relevante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. La autora se refiere a la tradición de remover a los jueces de las más altas instancias judiciales en distintos países, como Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela, con el fin de controlar a la judicatura con jueces leales al sistema. Diversas instituciones internacionales han apoyado cambios en la organización judicial para mejorar la estabilidad y la calidad de la democracia en dieciocho países de la región. A pesar de ello, los ataques políticos a los integrantes del poder judicial no han dejado de ser una práctica regular, aun en condiciones democráticas. La Corte Interamericana ha resuelto distintos casos a favor de la independencia del poder judicial y en contra de las injerencias de poder político. Diego García-Sayán enfoca el tema desde el punto de vista de la corrupción y el impacto sobre los derechos humanos, y aporta sus conocimientos como Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. La corrupción priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender necesidades básicas de salud pública, educación, infraestructura o seguridad, y tiene consecuencias negativas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado. La primera condición para que funcione la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es que el sistema judicial no sea corrupto y se conduzca con independencia. Baltasar Garzón Real, con conocimiento de causa, ofrece una visión general e histórica sobre el origen de la independencia judicial, con una aproximación a situaciones actuales en las que la ultraderecha llega a las instituciones utilizando
la esfera judicial como un auténtico campo de batalla. El neologismo lawfare define bien estos actos en los que se utilizan indebidamente instrumentos jurídicos con fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Un aspecto relevante es que el poder judicial, si bien es un poder del Estado, es ante todo un contrapoder, ya
que debe ser independiente de los demás poderes estatales y, al mismo tiempo, tiene la tarea de controlar que sus actuaciones se ajusten a Derecho. Como concluye Garzón Real, el lawfare no tiene cabida allí donde hay un servidor público independiente e imparcial, es decir, un verdadero juez.
Roberta Solis y Cristina San Juan escriben sobre la creación de la Red Mundial de Integridad Judicial en el seno de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo es fortalecer la integridad judicial y prevenir la corrupción en los sistemas de justicia. La Red se ocupa, entre otros cometidos, de la capacitación y de la formación ética de los jueces y de los miembros del poder judicial, como herramienta para la prevención de la corrupción judicial y para reforzar la confianza en la administración de justicia. Este programa de capacitación ha tenido una gran acogida en países como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Jamaica.
Viviana Krsticevic y Alejandra Vicente abordan el tema de la paridad de género en la judicatura, ya que en Latinoamérica la subrepresentación de mujeres en las altas cortes, así como en la judicatura internacional, evidencia los techos de cristal que subsisten en el acceso a los espacios de poder. La mera presencia de las mujeres en los órganos judiciales refuerza la credibilidad pública y la confianza en estas instituciones. La igualdad no es solo un elemento fundamental de la justicia, sino que es una característica del desempeño judicial ligada a la imparcialidad. La Asamblea Legislativa de El Salvador, afín al presidente Bukele, destituyó a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Esta lamentable decisión del 1 de mayo de 2021 ha provocado reacciones y condenas de la comunidad internacional por la afectación a la gobernanza democrática. Sidney Blanco, quien fungió como Juez de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador de 2009 a 2018, explica en su artículo los antecedentes y la vulneración de los procedimientos en esta decisión el día de la toma de posesión de la nueva legislatura, así como sus consecuencias para la independencia judicial. Como concluye el juez Blanco, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa provocó una profunda crisis institucional, aniquiló el carácter republicano del gobierno, violentó la independencia judicial y quebrantó el Estado de derecho.
La sección Diálogo Ñ aborda el tema de la democracia y el uso de las redes sociales entre los populistas de Latinoamérica. Kevin Casas Zamora y Miguel Ángel Lara Otaola analizan el avance de la democracia en la región. En los indicadores, el atributo de gobierno representativo, caracterizado por elecciones y partidos políticos independientes, así como por gobiernos electos en las urnas por sufragio universal, muestra el mayor progreso, al pasar de un desalentador puntaje regional de 0.32
en 1975 (en una escala del 0 al 1) a 0.67 en 2019, aunque este optimismo se oscurece por una evolución política mucho más compleja, llena de debilidades, disparidades y rupturas de continuidad. La ola democratizadora avanzó hasta 2007, cuando la
región alcanzó su mejor resultado histórico: diecinueve democracias y solo un régimen autoritario (Cuba). Desde entonces ha habido retrocesos serios, aunque en las 3 últimas décadas avanza en la dirección correcta en el plano social. María José Salcedo Campos alerta del populismo de las redes sociales como una de las amenazas para la democracia, y aunque la prensa libre ofrece mejor información para la toma de decisiones de los ciudadanos, en Latinoamérica mantener a las personas informadas es una actividad peligrosa. Es la región en la que más periodistas han muerto: 31% de los asesinatos registrados en el mundo entre 2018 y 2019. Tan solo en México, 137 periodistas fueron asesinados en posible relación con su labor desde 2000 hasta finales de 2020. La prensa libre y el periodismo independiente enfrentan dos nuevas amenazas: el auge del populismo y la evolución de las redes sociales, que se han convertido en la principal fuente de información para muchas personas.
En la sección Mundo, Andrew Selee y Ariel G. Ruiz Soto analizan la crisis de la frontera entre Estados Unidos y México, aunque afirman que la verdadera crisis no sucede ahí, sino en Centroamérica. Ninguna política estadounidense ha abordado las causas de fondo para detener el ciclo migratorio que se repite cada 2 o 3 años. En la política de Washington hacia Centroamérica es necesaria una combinación de ayuda inteligente para el desarrollo e inversiones en las instituciones que sostienen el Estado de derecho. En este conjunto, es crucial invertir en la independencia y la capacidad de los procuradores de justicia y los tribunales. Washington debería tender más caminos legales para que los centroamericanos ingresen a Estados Unidos como trabajadores estacionales, así como mejorar el sistema de asilo en la frontera para volverlo más eficiente y justo, y diseñar nuevos mecanismos de protección humanitaria para quienes huyen de la violencia.
Siguiendo con las crisis centroamericanas, Dan Restrepo atribuye la migración desde el
Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos a la pobreza, a la violencia y a las tormentas de los últimos años. Con todo, el factor determinante que impulsa la emigración irregular es la mala gobernanza que persiste en El Salvador, Guatemala y Honduras. El gobierno de Joseph R. Biden, para mantener la migración de la región en cifras razonables, tendrá que darle la prioridad a la gobernanza, cambiando las anteriores estrategias de prosperidad económica y las iniciativas de seguridad.
Para Jonathan Kirshner, la presidencia de Donald Trump, aunque de un solo mandato, repercutirá por mucho tiempo en el poder y en la influencia estadounidenses en el mundo. La política exterior de Trump fue miope, transaccional, voluble, nada confiable, vulgar, personalista y muy mezquina en retórica, actitud y credo. Ahora, cuando los demás
países calculan sus intereses y expectativas, ya saben que el sistema político estadounidense es capaz
de generar un gobierno como el de Trump. La influencia de Estados Unidos en Asia, Europa y el resto del mundo depende en gran medida de lo que Washington diga que va a hacer y si lo cumple con acciones congruentes. En un mundo anárquico, la influencia de Estados Unidos dependerá de cómo sopesan los demás países los objetivos estadounidenses de largo plazo.
Para Robert Kagan, Estados Unidos nunca ha considerado su activismo mundial como algo normal. A pesar de ello, durante la Guerra Fría creó un orden liberal internacional, un entorno mundial relativamente pacífico que detonó la prosperidad en el mundo y una expansión sin precedentes de la democracia como forma de gobierno. Después de la Guerra Fría, continuó la defensa del orden internacional en la primera y la segunda guerra de Irak y en los Balcanes. Estados Unidos no ha sido un país normal desde hace más de un siglo y sus intereses tampoco son los normales. Sin embargo, la única esperanza de preservar el liberalismo nacional y mundial es manteniendo un orden internacional que lo fomente, y la única potencia capaz de conservar ese orden es Estados Unidos.
Según Ashish Jha, el modelo estadounidense que permitió dictar unilateralmente las prioridades internacionales de salud se ha vuelto obsoleto. Estados Unidos no puede permanecer aislado de un mundo atribulado, dispensando benevolencia a manos llenas, porque también está atrapado en la crisis. Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no dominan por completo la gobernanza mundial de la salud. Ahora, organismos regionales descentralizados, como la Organización Panamericana de la Salud, financian iniciativas de inmunización y apoyan programas de educación para la salud por toda Latinoamérica. La OMS está afectada por la competencia geopolítica, y la abdicación del multilateralismo por parte de Trump le ha dado la ventaja a China. Entidades como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el Covid-19 no han convertido en irrelevantes a Estados Unidos o a la OMS, de modo que tienen una oportunidad para alentar la acción colectiva y contrarrestar el nacionalismo provinciano.
Yascha Mounk analiza los efectos de Trump en la democracia y su deriva autoritaria. En términos diplomáticos, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos dejó de ser el líder del mundo libre. Dicho más claramente, grandes sectores de ese gobierno se pasaron, de hecho, al bando autócrata. Los líderes europeos, a pesar de su defensa de los valores liberales, han apoyado a los autócratas, como es el caso del acuerdo con Recep Tayyip Erdogan para taponar la emigración, la construcción por parte de Rusia del gaseoducto Nord Stream 2 o la incapacidad para confrontar los retrocesos democráticos en países vecinos, como Hungría y Polonia. En Estados Unidos, es demasiado pronto para evaluar los resultados del impulso a la democracia del nuevo gobierno, aunque, a diferencia de Trump, Biden tendrá mejores relaciones con líderes democráticos como Angela Merkel y Moon Jae-in, que con autócratas como Erdogan o Abdel Fatah Al Sisi.
Después del último conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, en mayo de 2021, el artículo de Hussein Agha y Ahmad Samih Khalidi (escrito antes de la crisis) da algunas claves para entender lo sucedido. La normalización de las relaciones de Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán con Israel redefine el término “paz” para que se ajuste a las necesidades de los gobiernos árabes, pero no resuelve el problema israelí-palestino. Para Israel, la ola de normalizaciones significa que tiene pocos incentivos para hacer la paz con los palestinos. En Gaza, el gobierno de Hamás (que tomó el control luego de violentas confrontaciones con la Autoridad Nacional Palestina en junio de 2007) ha agravado el sufrimiento y la pobreza de los más de dos millones de gazatíes y ha minado su calidad de vida. Los autores, después de evaluar los errores de los palestinos y su fracaso diplomático, concluyen que, mientras no se procure la paz y un arreglo justo para los palestinos, su causa seguirá vigente y problemática, y no habrá perspectivas de paz y estabilidad auténticas.
Anne-Marie Slaughter y Gordon LaForge abogan por un sistema internacional más inclusivo. El mundo no puede afrontar satisfactoriamente las amenazas y los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, las pandemias, la guerra cibernética y la desigualdad, sin movilizar a una nueva serie de actores no estatales. Con la pandemia, además de la OMS, han sido cruciales muchos otros actores no estatales, como universidades y expertos independientes que han
aportado información confiable para hacerle frente a la información falsa o con intenciones polí
ticas sobre el nuevo coronavirus y su propagación. Un orden liberal ampliado podría tejer redes de
personas, organizaciones y recursos de todos los sectores de la sociedad. Las instituciones del orden liberal de los Estados podrían volverse nodos de impacto. El resultado sería un sistema redundante, desorganizado y cambiante, que no podría ser controlado desde un centro y estaría al servicio de la paz y la prosperidad.
Éric Tardif explica la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, sus ventajas y retos, a pesar de que los países poseedores de tales armas y sus aliados no lo han firmado. La mayoría de los países que han firmado están en Latinoamérica, Asia y África. El tratado prohíbe el uso, la amenaza de uso, la producción, la fabricación, las pruebas, la posesión, el almacenamiento y la transferencia de armas nucleares. Asimismo, los Estados parte se comprometen a no transferir, recibir, controlar o permitir el emplazamiento, instalación o despliegue de armas nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. De igual modo, queda prohibido ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a alguien para que realice cualquier actividad prohibida según el Tratado.
Por último, en la sección Reseñas publicamos el prefacio del libro de George Gavrilis, The Council on Foreign Relations. A Short History, escrito por el Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Richard N. Haass. El Consejo celebra en 2021 su centenario. Fue creado en julio de 1921, y este libro es una crónica del organismo en el contexto de la historia de las relaciones internacionales de Estados Unidos. El CFR publica la revista Foreign Affairs, cuya versión en nuestro idioma es Foreign Affairs Latinoamérica (nacida como Foreign Affairs en Español). Es un libro interesante y ameno que se puede descargar gratuitamente de internet. Valga, pues, esta reseña del Presidente del CFR como nuestra contribución al conocimiento de este prestigioso grupo de expertos y nuestra felicitación con motivo de su centenario.

Jordi Bacaria Colom