¿Nueva oportunidad para el regionalismo en Sudamérica?
TELAM
Matías Mongan
Marzo 2020
A pesar de que el centro de atención del gobierno de Alberto Fernández apunte a ser la política interna (sobre todo si se toma en cuenta la grave e imperante situación socioeconómica en Argentina), hay una clara intención de impulsar una política externa activa que corrija las falencias del modelo de inserción internacional del país ejecutado, durante los últimos años, por Mauricio Macri. Respecto al mapa político regional, el retorno del peronismo al poder contribuye a reconfigurar la correlación de fuerzas en Sudamérica. Si el triunfo de Macri en 2015 dio inicio al ciclo populista de derecha, el ascenso de Fernández vuelve a equilibrar el balance de poder a nivel regional por el peso político que tiene Argentina como “potencia media”. Este hecho también amenaza con ahondar las disputas que existen entre el bloque liberal-conservador y los gobiernos neodesarrollistas de izquierda que, durante estos años, se han mostrado a la defensiva frente al avance de las fuerzas populistas de derecha y que ahora se ilusionan con retomar la iniciativa política luego del triunfo de Fernández. Pero más allá de estas expectativas iniciales, los constreñimientos estructurales restringen la autonomía del gobierno argentino y lo obligan a implementar una política externa pragmática mediante la cual buscan relanzar el regionalismo y aumentar la proyección internacional del país, pero evitando confrontar abiertamente a Estados Unidos.
Inserción no es igual que autonomía
Durante los últimos 4 años de gobierno, Macri dejó a un lado las prácticas autonomistas, que habían caracterizado a la política externa argentina, para impulsar un “regionalismo disperso” que le sirvió para promover acuerdos Norte-Sur con el fin de fortalecer el acceso a los mercados internacionales. En este sentido, su éxito diplomático más destacable fue la aprobación, en junio de 2019, del tratado de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, que fue recibido eufóricamente por la Casa Rosada, pero cuyo futuro es aún incierto debido al rechazo que ha generado en distintos países de la Unión.
Por otra parte, Macri fortaleció el alineamiento con Estados Unidos, con el fin de asegurar que el gobierno de Donald Trump pudiera respaldar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ―algo que finalmente terminó logrando― y apoyara su intención de convertir a Argentina en una potencia regional emergente. Inicialmente, esta estrategia resultó victoriosa, ya que el gobierno argentino incrementó de forma ostensible su presencia en los organismos internacionales, pero el aumento de esta “autonomía relacional” no contribuyó a fortalecer la viabilidad nacional, sino todo lo contrario. Pese a que Macri se jactaba de haber devuelto al país al mundo, lo cierto es que su política de inserción no solo resultó desfasada respecto a las dinámicas del sistema de comercio internacional (ya que mientras Argentina abría su economía, los países desarrollados adoptaban posiciones cada vez más proteccionistas para guarecerse de los imprevistos generados por la guerra comercial entre China y Estados Unidos), sino que aumentó el nivel de vulnerabilidad del país. Esto nos lleva a concluir que una mayor inserción no siempre lleva a una mayor autonomía, como dejaron en evidencia en su momento los principales exponentes de la Escuela de la Autonomía:
En el autonomismo no se descarta una inserción en el mundo (como en el plano económico tampoco lo descarta el estructuralismo cepalista), pero no se trata de cualquier inserción que permita incrementar los márgenes de maniobra de los países del sur. Así, se puede argumentar que no puede existir autonomía sin inserción, pero puede haber inserción sin autonomía y era justamente esto último lo que Puig y Jaguaribe rechazaban (Briceño, Simonoff, 2017:77).
Lo importante, al fin y al cabo, es que la inserción contribuya a revertir los patrones de dependencia que enfrentan los países periféricos en un orden internacional jerárquico, sino caso contrario esta se termina convirtiendo en un mero consumo improductivo de autonomía (Escudé, 2012: 101). Tal como por ejemplo ocurrió con la política externa macrista, la cual a pesar de sus sucesivos “éxitos diplomáticos” fue incapaz de brindar una respuesta tangible a los innumerables problemas socioeconómicos que enfrentaba Argentina.
De la aquiescencia a la autonomía
El triunfo de Fernández obligará a Argentina a modificar radicalmente su política exterior, al menos si nos guiamos por lo discutido durante la campaña electoral. Por ejemplo, el mandatario ya dejó en claro su intención de reinstaurar el eje progresista en Latinoamérica bajo el Grupo de Puebla. Aunque Fernández reconoce que necesita a Estados Unidos para poder llevar a cabo la renegociación de la deuda con el FMI, ha procurado servirse de un discurso pragmático y moderado, además de no considerar la inclusión de representantes de Cuba y Venezuela en el nuevo foro de diálogo político.
En pos de fortalecer el incipiente bloque progresista, el 2 de noviembre de 2019 el entonces Presidente electo viajó a México para intentar sumar a Andrés Manuel López Obrador a la nueva iniciativa. Sin embargo, la oferta para encabezar el frente antineoliberal finalmente fue desestimada por el Presidente mexicano, ya que, según su opinión, eso atentaría contra dos valores troncales que guían la política externa mexicana: la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. La decisión de López Obrador parece lógica, puesto que su gobierno enfrenta demasiados problemas, tanto internos como externos, como para enfrascarse en una aventura diplomática que le puede generar más costos que beneficios.
Con México fuera de la ecuación ―aunque esto puede cambiar luego del golpe de Estado en Bolivia―, los resultados electorales registrados durante 2019 consolidan el empate catastrófico que desde hace años paraliza el regionalismo en Sudamérica. A diferencia del periodo anterior, ahora serán tres los bloques políticos en pugna. En primer lugar, están los populistas de derecha encabezados por Jair Bolsonaro, que promueven un modelo de inserción internacional abierto (el cual, siguiendo a Alejandro Frenkel y Nicolás Comini, podríamos definir como “poligámico”). En segundo lugar, está el declinante eje bolivariano que históricamente se ha caracterizado por promover una política externa defensiva o “concéntrica”. Por último, emerge el denominado sector “progresista”, encabezado por Fernández, que impulsa un esquema mixto orientando a ampliar la autonomía de los países de la región pero evitando generar una ruptura estratégica con los países desarrollados (una posición a la cual podríamos enmarcar dentro de los lineamientos establecidos en la “autonomía heterodoxa”, concepto teórico desarrollado por el abogado argentino Juan Carlos Puig en la década de 1980). Aunque entre el Presidente argentino y el brasileño se generó una fuerte disputa dialéctica (debido a sus posicionamientos públicos sobre la liberación del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva), en reiteradas ocasiones Fernández ha hecho hincapié en que el objetivo de su política exterior no era buscar crear una referencia ideológica que se enfrentara a nadie, sino que buscaría ampliar el abanico de alianzas de Argentina.
El triunfo de Fernández obligará a Argentina a modificar radicalmente su política exterior.
Entonces, el principal desafío que enfrenta Fernández es restablecer los consensos mínimos que permitan terminar con la parálisis del proceso de integración. Esta fue una tarea que, durante el periodo de 2003 a 2010, ejecutó con éxito Lula, quien logró reunir en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) tanto a gobiernos liberales-conservadores como a los de la izquierda bolivariana. Así, Brasil pudo convertir al organismo en una herramienta de mediación eficaz cuya participación fue clave para aquietar las crisis ocurridas en Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010 y en Venezuela en 2013. Sin embargo, el replegamiento brasileño, sumado a la profundización del conflicto en Venezuela, hizo que cada vez fuera más difícil establecer algún tipo de diálogo político entre los gobiernos. Entonces, el paulatino aumento de la polarización contribuyó al declive de la Unasur y los demás organismos de integración posliberales. Pero, más allá de la decisión de los países de abandonar estos foros por considerarlos ideológicos y burocráticos, el bloque populista de derecha evitó crear un andamiaje institucional propio para plasmar su discurso político a nivel regional y optó por promover un esquema de toma decisiones ágil y flexible. Así, surgió el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), que resultaba estar en línea con los requerimientos establecidos por el modelo de inserción “poligámico”.
La OEA en la mira
Al mismo tiempo, los países sudamericanos exacerbaron la confrontación contra el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su consenso a nivel interno. Esta estrategia radical fue respaldada activamente por Estados Unidos y por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien durante estos últimos años se caracterizó por enarbolar una posición muy crítica respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Sin embargo, Almagro se mostró más condescendiente cuando los abusos se registraron en países más afines al bloque liberal-conservador, como Chile y Ecuador. Finalmente, este escenario polarizado ha causado que los gobiernos inmersos en crisis sociales carezcan de instituciones a las cuales poder recurrir al momento de iniciarse los estallidos sociales o que decidan valerse de sus propios medios para mantenerse en el poder antes de recurrir a organismos a los que consideran tendenciosos y parciales. Todo esto se da en el marco de un contexto altamente conflictivo, en el cual los mandatarios sudamericanos son sometidos a una creciente presión para que brinden respuestas a las demandas redistributivas y garanticen el acceso a bienes públicos de calidad.
Cuando el triunfo de Fernández parecía abrir una oportunidad para relanzar el regionalismo, y para que Sudamérica volviera a contar con un foro de diálogo político con el cual pudiera hacer frente a los complejos desafíos que plantea un orden internacional en transición, el golpe de Estado contra Evo Morales perjudicó la posibilidad de construir algún tipo de consenso ―al menos por el momento― y, evidentemente, radicaliza la posición de los bloques en pugna, prolongando así el “empate catastrófico”. La contienda geopolítica ahora parece haberse trasladado a la OEA, en donde el 20 de marzo de 2020 habrá elecciones para designar al nuevo secretario general. Mientras Almagro busca la reelección, amparándose en el respaldo de Colombia y Estados Unidos, Argentina y México están trabajando para imponer una candidatura alternativa, aunque por el momento no se han expresado a favor de ninguno de los contendientes (el Embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Zela, y la Expresidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa). De cómo se resuelvan estos comicios dependerá si se abre una nueva oportunidad para el regionalismo en Sudamérica, o si, por el contrario, se perpetuán dinámicas que solo han contribuido a profundizar la aspereza y la polarización.
MATÍAS MONGAN es licenciado en Comunicación Social y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es autor de El populismo de derecha. Ha trabajado en distintos medios periodísticos, tanto escritos como radiofónicos. Sígalo en Twitter en @matiasmonganm.
Tags:Alberto Fernández, Argentina, Política exterior, Regionalismo
