Agendas y esfuerzos compartidos
David Hernández López
Febrero 2021
Una colaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
El 17 de junio de 2020, México fue elegido como uno de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El país fue seleccionado por quinta vez en el puesto con 187 votos, la mayor cantidad de sufragios a favor de un candidato en esta elección y la votación más amplia del país en la historia de sus participaciones en el Consejo. México formará parte de este órgano durante dos períodos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Además, coincidirá en el puesto con países líderes regionales y mundiales, como la India y Vietnam, y, por supuesto, con los cinco miembros permanentes de este órgano.
La coyuntura internacional no podría ser más retadora. En primer lugar, por la inesperada aparición del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como covid-19. La pandemia ha desafiado a todos los gobiernos del mundo, y algunos han cuestionado al multilateralismo como enfoque para enfrentar este y otros retos mundiales. En segundo lugar, México participa en el Consejo de Seguridad en el marco de los 75 años del establecimiento de la ONU. En este aniversario, la coyuntura es especialmente compleja para la Organización por los retos recientemente presentados, sumados a los desafíos históricos que no se han resuelto y demandan atención urgente: conflictos armados, medio ambiente, migración, terrorismo, entre otros. En tercer lugar, México ocupa una silla en el Consejo justo cuando inicia la Década de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde ahora, restan 10 años para que se cumpla el plazo para lograr avances en los diecisiete ODS, y todo indica que la pandemia está aplazando los esfuerzos de por sí ya rezagados.
Si se extrae una conclusión general de esta coyuntura se puede afirmar que la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad será desafiante. El país tendrá al frente la oportunidad para contribuir en la construcción de soluciones globales para los retos más desafiantes que la humanidad ha enfrentado en los últimos años. Y, sin duda, las decisiones colectivas que se tomen en el corto plazo tendrán impacto en la forma en cómo vivirá la humanidad este milenio. Para México es evidente la oportunidad de influir y, a su vez, el compromiso que conlleva este papel. Por lo tanto, desde el marco institucional, es necesaria la participación y el involucramiento de todos los actores y los poderes de gobierno en la definición y el desempeño del país en el Consejo de Seguridad, con especial atención del Senado de la República.
Facultades del Senado mexicano
El engranaje del sistema político mexicano permite la participación de diversos actores en los asuntos relacionados a la política exterior del país. Este tema no es exclusivo del poder ejecutivo, también demanda constitucionalmente el análisis de estas políticas desde el Senado mexicano. En el artículo 76 constitucional se especifica que es facultad exclusiva de esta soberanía analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal. Asimismo, en los artículos 76 y 89 constitucionales se estipula que entre sus tareas también se encuentra la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas. La Cámara Alta del país está facultada no solo para ser observadora de las medidas y las acciones del ejecutivo en la materia, sino para ser participe mediante diversos instrumentos, entre ellos, la diplomacia parlamentaria. Además, un marco jurídico coherente con la posición de México ante el Consejo de Seguridad dota de relevancia, congruencia y legitimidad a la participación del país.
Desde estas dos aristas ⸺análisis y participación⸺, el Senado de la República también podría tener un papel relevante durante el mandato de México en el Consejo de Seguridad. Como órgano legislativo encargado de vigilar la política exterior del país y participante activo de la materia, diversos temas de interés del Consejo, y de la propia ONU, serán coincidentes con la agenda legislativa. Además, un buen número de los asuntos abordados en esta institución internacional son respaldados por el marco legislativo nacional que podría contribuir a la posición de México y, por ende, favorecer su actuación y legitimidad durante los próximos 2 años, entre ellos la búsqueda de seguridad y paz internacionales, paridad de género y la lucha a favor del desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares.
Diálogos en el Senado
Desde su ratificación en diciembre de 2018, el Representante Permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se ha mantenido cercano al Senado mexicano. Entre 2019 y 2020, los encuentros entre senadores mexicanos con el Embajador fueron constantes. Entre otros temas, se abordaba ya en ese entonces la campaña para la elección de México en el Consejo de Seguridad, y sus posibles implicaciones e importancia. Tan solo en el primer semestre de 2020 se llevaron a cabo tres reuniones de este tipo, una de ellas el 18 de junio, para abordar específicamente el entonces reciente triunfo de México en la ONU. Posteriormente, el 7 de julio, el Representante mexicano fungió como testigo de la instalación en el Senado de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México.
En todas estas ocasiones, De la Fuente reconoció la importancia del diálogo entre el Senado de la República y la Misión que encabeza en la ONU. Por su parte, Eduardo Jaramillo, Director General para la ONU de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coautoría con De la Fuente, publicaron un artículo en el que afirmaban que, durante la participación de México en el Consejo de Seguridad, continuarán manteniendo “una comunicación regular y estrecha con el Senado de la República”. Sin duda, el trabajo coordinado, el diálogo y la cercanía entre el poder ejecutivo y el legislativo son imprescindibles en esta nueva etapa de la política exterior mexicana. Además, la rendición de cuentas es un eje fundamental de la democracia de cualquier país, representado en este caso en el diálogo constante entre ambos poderes.
Agendas y esfuerzos en común
La agenda del Consejo de Seguridad se encuentra dedicada principalmente a velar por la seguridad y la paz internacionales, incluso mediante el legítimo uso de la fuerza, aunque en su historia se han autorizado operaciones de este tipo en menos de diez ocasiones. Si bien la Asamblea General de la ONU discute y recomienda acciones, el Consejo de Seguridad es el único órgano encargado de emprender, por ejemplo, las incursiones militares en zonas de conflicto. En tal sentido, este órgano es el responsable de decidir el momento adecuado para desplegar una nuevas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP). Estas herramientas son eficaces para proveer capacidades y apoyo a favor de la pacificación de países en conflicto y, de este modo, transitar hacia la paz.
Como miembro en pleno derecho de la ONU, México participa desde 2014 en las OMP, con base en el principio de política exterior a favor de la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En enero de 2020 se inauguró el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, ubicado en la capital del país. La responsabilidad de luchar por la paz y la seguridad internacionales permite que México contribuya con elementos militares para el despliegue de las operaciones de paz de la ONU, al tiempo que adquieren experiencia y aprenden sobre las mejores prácticas en la materia que luego pudieran aplicar en territorio mexicano. Para enero de 2020 se habían desplegado 92 efectivos mexicanos, entre ellos 13 mujeres, para participar en operaciones en Haití, Líbano, el Sahara Occidental, República Centroafricana, Mali y Colombia.
De acuerdo con el artículo 76 constitucional, el Senado mexicano debe autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. Mediante las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, fundamentalmente, se dictamina a favor o en contra de esta decisión. La presencia y el apoyo de elementos mexicanos en las OMP son reflejo de la responsabilidad de México a favor de la paz y seguridad internacionales y el Senado de la República también lo ha entendido de esta manera. Con México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, a la vez que participa en las OMP con la venia del Senado, se asegura una posición coherente y comprometida con la comunidad internacional y sus desafíos.
Por otro lado, México ha adoptado un enfoque feminista para su política exterior, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en hacerlo. Solo Canadá, Francia, Noruega y Suecia han emprendido una política de este tipo. Para el gobierno mexicano, el objetivo de esta “sería impulsar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género, con el fin de construir una sociedad más justa y próspera”.
La LXIV Legislatura en el Congreso mexicano es la primera compuesta en paridad de género. Ambas Cámaras se encuentran integradas en misma proporción por mujeres y hombres. Las expectativas sobre el apoyo legislativo en favor del combate a las desigualdades que afectan en mayor medida a las mujeres son grandes. En junio de 2019, se aprobó la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo que asegura la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión de la administración pública del país. Recientemente, también se tipificó la violencia política contra las mujeres como un delito, y se aprobó la llamada Ley Olimpia que estableció la violencia digital como un delito, agresiones cometidas principalmente contra mujeres. Asimismo, el Senado aprobó la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca enfrentar la histórica desigualdad y discriminación contra las personas que se dedican al trabajo doméstico, en su mayoría mujeres.
México tendrá al frente la oportunidad para contribuir en la construcción de soluciones globales para los retos más desafiantes que la humanidad ha enfrentado en los últimos años.
Como parte de la política exterior feminista de México, el embajador De la Fuente se comprometió, durante un encuentro con legisladores mexicanos, que se esforzará en que, en las decisiones y las acciones del Consejo de Seguridad, esté presente la perspectiva de género. Este órgano tiene un desafío muy importante en la materia. Es importante atender los efectos diferenciados de la violencia, la inseguridad, los desplazamientos forzados, la pandemia de covid-19 y otros fenómenos en los que las mujeres son objeto de impactos negativos diferenciados. Con el trabajo legislativo para atender las necesidades nacionales, a la par del impulso de México para que el tema se atienda en lo internacional, se mantiene vigente la política exterior feminista del país.
Por otra parte, México ha sido uno de los países líderes en la lucha a favor del desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares. Es claro retomar el ejemplo del Tratado de Tlatelolco de 1967, impulsado por el entonces Canciller mexicano, Alfonso García Robles (premio Nobel de la Paz 1982). En este mismo camino, recientemente México se convirtió en uno de los promotores del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN). Desde 2017, el país mantuvo un constante activismo para alcanzar al menos cincuenta ratificaciones de este acuerdo y que, de este modo, entrase en vigor el 22 de enero de 2021. Como parte de sus facultades exclusivas, el Senado mexicano ratificó el 28 de noviembre de 2017 el TPAN, cuarto país en concretar el proceso legislativo. La aprobación se llevó a cabo tan solo unos meses después de su firma en la sede de la ONU, como parte del compromiso del poder legislativo mexicano en dar un marco jurídico formal a la lucha contra la proliferación de las armas nucleares.
El Consejo de Seguridad se enfrentará en los próximos meses a diversos asuntos relacionados con este tema, por ejemplo, la condición del acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán y las sanciones impuestas en su contra, la restaurada vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) entre Estados Unidos y Rusia, y la constante amenaza del armamento nuclear en Corea del Norte. A pesar de los esfuerzos internacionales, el riesgo de este tipo de armamentos continúa vigente. Es casi seguro que México mantendrá su histórica posición a favor de la erradicación de estas armas, respaldada por la correlación entre su posición y el marco legislativo nacional en la materia.
El Consejo de Seguridad es un espacio para que los países dialoguen, debatan y desahoguen sus principales diferencias. México podrá aportar, desde su posición neutral e importancia política, un elemento de equilibrio para alentar el diálogo entre Estados. La voz objetiva del país permitirá vislumbrar alternativas viables y objetivas sobre los asuntos más apremiantes del mundo. Sumado a esto, la convergencia entre la agenda legislativa nacional y los temas abordados en el Consejo será de vital importancia para coadyuvar a su solución en distintos niveles y a dar legitimidad y fortaleza a la posición de México ante este órgano de la ONU. En muchos temas, la posición que se defienda en el Consejo de Seguridad será reflejo de la realidad nacional, del marco jurídico vigente o de esfuerzos en camino. El diálogo entre lo nacional y lo internacional probablemente será continuo y constante en los próximos 2 años.
DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ es investigador en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y egresado de la Especialización en Análisis Político de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro asociado del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Sígalo en Twitter en @DavidHdzLpz.
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