El realismo subalterno en la política exterior colombiana

26 septiembre, 2022 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 1990

El caso de Nicaragua

Semana

logo fal N eneJuan Acevedo

Septiembre 2022

Colombia estuvo ausente en la reciente convocatoria extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que buscó condenar las violaciones a los derechos humanos del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Las críticas en Colombia no se hicieron esperar: periodistas, líderes de opinión y políticos de todos los bandos comentaron con preocupación sobre la ambigüedad de la política exterior frente a regímenes autoritarios. Sin embargo, la ausencia de Colombia en la votación y la vehemente respuesta de la opinión pública reflejan varias transformaciones: que los colombianos están más interesados que antes en la política exterior y que el gobierno pretende darle un giro, centrado en el “interés nacional”, aprovechando el momento de transición y su supuesta afinidad ideológica con Ortega para establecer una estrategia frente a una disputa territorial que tiene Colombia con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Entre pérdidas territoriales y mirar al norte

Históricamente, las relaciones internacionales de Colombia han tenido varios reveses. El país ha perdido 54% de su territorio en los últimos 2 siglos, empezando con la secesión de Venezuela y Ecuador, la cesión de territorio amazónico a los peruanos, ecuatorianos y brasileros, y la invasión nicaragüense a la costa de La Mosquitía, que cubre de sur a norte la costa caribeña de la Nicaragua de hoy. Sin embargo, el golpe más duro a la soberanía fue la pérdida de Panamá, en 1903, orquestada por Estados Unidos, quien se apoderó del canal por 100 años y promovió la independencia del istmo como nación.

En los registros no existe evidencia de la movilización de tropas colombianas para defender la soberanía. Por el contrario, el país se limitó a emitir notas de protesta que no derivaron en la defensa de su territorio. En 1914, el gobierno colombiano firmó el Tratado Urrutia-Thomson con el fin de restablecer las relaciones con Estados Unidos, y que, tras ser ratificado, indemnizó a Colombia con 25 millones de dólares (alrededor de 740 millones de hoy), garantizó el paso gratuito de buques colombianos por el canal y definió los límites fronterizos con Panamá. Colombia hizo las paces con su verdugo, impulsada, primero, por el interés de ambos gobiernos y del naciente empresariado colombiano (especialmente los cafeteros) en restablecer relaciones y forjar vínculos comerciales y, años más tarde, por la doctrina respice polum (“mirar hacia el norte”) del presidente Marco Fidel Suárez, que propendía por modernizar a Colombia bajo la sombra del modelo estadounidense.

El bajo perfil de las relaciones internacionales colombianas trascendió en el tiempo y estuvo siempre acompañado por un apoyo incuestionable a Estados Unidos: fue el único país latinoamericano que envió tropas a la guerra de Corea y actuó como cabeza de lanza de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. A partir de la década de 1970, firmó tratados de extradición para perseguir cabecillas de la mafia y permitió la operación de las agencias federales en el territorio.

Es natural que tras años de proyección de poder blando en las primeras pantallas de televisión, mediante las cuales los hogares colombianos siguieron producciones estadounidenses y anuncios comerciales de sus multinacionales, sumado al acceso a otros productos culturales mediante otros canales, como la masificación de migrantes hacia el país del norte, los gustos y los deseos de los colombianos hayan sido moldeados para preferir un esquema comercial, diplomático y normativo de los estadounidenses. No obstante, la hegemonía cultural de Estados Unidos, la falta de independencia de la política exterior colombiana, las pérdidas de territorio, la tímida defensa de la soberanía territorial y la falta de una agenda multipolar se suman a una serie de actuaciones erráticas del país a nivel internacional que afectan su identidad como Estado y su posición relativa de poder respecto a otros países.

Los reveses contemporáneos de las relaciones internacionales de Colombia

En los últimos 30 años, Colombia ha sido descertificada por el Departamento de Estado en dos ocasiones por los vínculos del expresidente Ernesto Samper con el narcotráfico; su cuerpo diplomático, lejos de ser conformado mayoritariamente por funcionarios de carrera, siempre ha sido un botín de favores políticos de los presidentes de turno, y, en escenarios internacionales, funcionarios y presidentes han cometido deslices protocolarios, imprudencias y otros tienen varios cuestionamientos legales.

Algunos de los desatinos diplomáticos recientes de Colombia revelan improvisación y carencia de direccionamiento estratégico. Por ejemplo, uno de ellos fue desconocer el mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y el apoyo internacional a Juan Guaidó mediante una campaña mediática, que incluyó una serie de conciertos en la frontera con Colombia, que no brindó más resultados que el debilitar las relaciones con Caracas y afectar la situación de los habitantes de la frontera. Por otra parte, en 2018, la entonces Canciller y el Embajador de Colombia en Washington sostuvieron una conversación en un restaurante, la cual fue grabada, en la que este último se refirió al Departamento de Estado como una organización no gubernamental sin liderazgo. Además, en 2020, el partido en el gobierno apoyó la candidatura de Donald Trump, rompiendo una tradición de años de relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos.

Un enemigo formidable

Pero el hecho internacional reciente que quizá más ha afectado la identidad nacional de Colombia es la pérdida de 75 000 kilómetros cuadrados de mar a manos de Nicaragua, tras 11 años de litigio en la CIJ, en 2012. Esta decisión revivió el fantasma de las pérdidas territoriales del siglo XIX e inicios del XX, y consolidó la percepción de vulnerabilidad internacional de los colombianos en la que el camino seguro siguió siendo “mirar al norte”, aunque la brújula colombiana confundiera el norte con Venezuela.

Históricamente, Nicaragua ha sabido aprovechar su posición de debilidad para hacer balanceo blando de poder mediante el uso del Derecho Internacional y obtener algunas victorias para su soberanía. Durante el porfiriato, Nicaragua logró el apoyo y la protección de México en las Convenciones de Washington, que buscaban mediar el conflicto causado por las múltiples intervenciones estadounidenses en el país centroamericano. En la Conferencia Interamericana de 1928, la delegación argentina lideró la protesta en contra de la presencia militar en Centroamérica y la intervención en Nicaragua. Hacia la década de 1930, en el marco de la Gran Depresión, el reiterado uso de la protesta, junto con la presencia de actores insurgentes, logró que Estados Unidos retirara sus tropas del país. Sin embargo, es en los últimos 40 años, Nicaragua ha fortalecido su equipo jurídico internacional y ha logrado sus mayores victorias.

En 1984, el país centroamericano demandó a Estados Unidos ante la CIJ por violar el Derecho Internacional, apoyar operaciones militares y paramilitares, y por ejercer otras formas de violación a la soberanía territorial. El histórico fallo emitido en 1986, dictaminado en favor de Nicaragua, se convirtió en el primer precedente de una lista de victorias legales (entendiendo que alteran la situación prevaleciente en favor de Nicaragua) en la que se ha visto enfrentada a Colombia, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Las demandas contra Colombia exigían la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado a aproximadamente 775 kilómetros de la zona continental colombiana. El fallo, aunque reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago, despertó una gran controversia sobre el papel de Colombia en los organismos multilaterales.

Colombia decidió desconocer el fallo, al aducir que la CIJ no tiene jurisdicción para este caso, como hizo Estados Unidos tras su derrota jurídica con Nicaragua en 1986. De igual forma, se retiró del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) con el fin de evitar disputas territoriales internacionales con otros países. Ante el desconocimiento del fallo por parte de Colombia, Nicaragua demandó de nuevo, en dos ocasiones, en 2013: la primera, solicitando aumentar la delimitación fronteriza entre los dos países más allá de las 200 millas náuticas acostumbradas en el Derecho Internacional, y, la segunda, argumentando que buques colombianos realizaban actividades de pesca y exploración en las nuevas aguas nicaragüenses, incumpliendo así con lo dispuesto en el fallo de 2012. Colombia contrademandó, afirmando que dicho fallo no garantizaba los derechos de pesca tradicional de los raizales del archipiélago. Esta demanda fue desechada por la CIJ por falta de pruebas e instó a las dos partes a establecer acuerdos, sumando una derrota más en el bando colombiano. Mientras tanto, la primera demanda aún sigue en proceso.

Desideologizando la nueva política exterior

Quizá ningún presidente colombiano se ha referido tanto a la política exterior durante su gobierno como Gustavo Petro. Durante su discurso de toma de posesión planteó la necesidad de revisar las políticas antidrogas a nivel mundial, condicionar el cuidado del Amazonas colombiano a recursos internacionales, y liderar la lucha contra el cambio climático y la transición a energías limpias. Adicionalmente, Petro resaltó la importancia de la integración regional latinoamericana y se planteó como líder de una eventual coalición.

Las teorías de las Relaciones Internacionales, especialmente el neorrealismo y el neoliberalismo, asumen que el mundo es anárquico y que las relaciones de poder están definidas por las capacidades y las posiciones defensivas de sus Estados. Bajo este supuesto, los países con limitaciones en sus capacidades militares, económicas y tecnológicas están sujetos a los más poderosos. En la década de 1990, Mohammed Ayoob propuso el realismo subalterno como una teoría alternativa que explica las dinámicas de poder en el Sur global. Ayoob afirma que los Estados subdesarrollados o en desarrollo están más orientados en obtener ganancias relativas que absolutas que los Estados industrializados. Es decir, más propensos a realizar maniobras para superar en poder a sus pares en lugar de incrementar su poder como un objetivo de desarrollo nacional. Adicionalmente, Ayoob explica que las interacciones internacionales de estos países generalmente están limitadas a su entorno geográfico inmediato, en especial, en materia de seguridad. Por esta razón, este grupo de países está menos preocupado por asuntos como una guerra fría o la rivalidad económica entre hegemonías y más por guerras regionales y disputas territoriales fronterizas. Esta perspectiva ofrece una explicación para el replanteamiento de la política exterior colombiana durante el gobierno actual.

Cuatro días después de su toma de poder, el gobierno del presidente Petro no estuvo presente en la sesión extraordinaria convocada por la OEA para presentar un proyecto de resolución que condene la violación de derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense. Ante la inacción de Colombia, voces de la opinión pública colombiana, especialmente de la oposición, cuestionaron esa decisión, ante lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que la ausencia de la delegación colombiana está respaldada en decisiones estratégicas de política exterior.

Algunos de los desatinos diplomáticos recientes de Colombia revelan improvisación y carencia de direccionamiento estratégico.

El vecindario latinoamericano está girando hacia la izquierda. A lo largo de su trayectoria política, el presidente Petro ha cultivado simpatías y amistades de los gobiernos regionales, incluyendo el de Ortega. La habilidad jurídica de Nicaragua para obtener resultados satisfactorios en la CIJ, los precedentes que acusan a Colombia de haber violado su soberanía y el desmarque de Colombia del Pacto de Bogotá no juegan a favor de Colombia. Por esta razón, ausentarse durante la sesión extraordinaria de la OEA fue un guiño hacia el presidente Ortega, de quien se espera obtener un acuerdo por fuera de las vías legales que armonice las relaciones entre los dos países, respete los derechos de pesca de los ciudadanos de la zona en cuestión, y beneficie a Colombia frente a las ambiciones de Nicaragua expuestas en la CIJ de expandir su frontera marítima más allá de las 200 millas náuticas desde el continente, cuyo fallo está pendiente.

La decisión de Colombia buscó explotar la afinidad ideológica entre el presidente Ortega y el presidente Petro, sin exponer a este último a ser reconocido como patrocinador de regímenes autoritarios. Por otra parte, pese a la carga normativa que el régimen de derechos humanos ejerce sobre los países y las protestas de la opinión pública, la condena a la su violación mediante resoluciones de organismos multilaterales no ha impedido que, por ejemplo, Vladimir Putin invada Ucrania o que Maduro irrespete los derechos tanto de los periodistas como de la oposición. Tampoco ha garantizado que se deje de torturar ciudadanos en Myanmar (Birmania) a manos del gobierno militar, o que Nayib Bukele garantice condiciones mínimas de derechos humanos en las cárceles de El Salvador. En otras palabras, la ausencia de la firma del embajador colombiano ante la OEA en la resolución no lograría detener las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Los últimos desarrollos en las relaciones con Nicaragua son una muestra de que Colombia está optando por una visión realista subalterna, donde reconoce los límites de su poder y las consecuencias internas de alinearse selectivamente con los intereses de sus vecinos. A pesar de las críticas internas, Colombia buscó preparar el terreno para el próximo fallo de la CIJ y es poco probable que Colombia sea catalogada como un paria por no pronunciarse frente a las violaciones de derechos humanos en un país vecino. De hecho, se conocieron informaciones acerca de la participación de Colombia en la mediación para liberar a veintiún presos políticos, entre los cuales se encuentran algunos miembros de la Iglesia católica, lo que excusaría la ausencia de la firma de Colombia.

Independientemente del resultado, por primera vez desde inicios del siglo XX, Colombia está haciendo de su política exterior un asunto estratégico de interés nacional que va más allá del fanatismo ideológico o de los intereses de un contado grupo de empresarios y que mira hacia tendencias geopolíticas futuras. Dentro del país se siguen rasgando vestiduras por la omisión ante la OEA, mientras tanto, en el mundo existe una extensa lista de gobiernos violadores de derechos humanos que pasan desapercibidos al escrutinio del colombiano de a pie.

Quizá el efecto acumulado de victorias internacionales, como restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con sus vecinos, hacer de la paz un elemento central de la discusión en organismos multilaterales, renegociar tratados de extradición, debatir sobre la fallida guerra contra las drogas y poner en la agenda el cuidado del medio ambiente en el Sur global disminuya la autopercepción derrotista que tienen los colombianos de su política exterior y permita continuar un planteamiento acertado de sus prioridades como política de Estado.

Nota del autor

Recientemente se conoció que los esfuerzos de Colombia no ofrecieron los resultados esperados. Nicaragua rechazó esta mediación e instó a Colombia a cumplir el fallo de la CIJ. En respuesta, el gobierno de Colombia anunció que liderará una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la que espera salir altiva en su diplomacia de paz total. Las razones por las que esta estrategia no funcionó exceden el alcance de este artículo. Sin embargo, reflejan el surgimiento de un orden alternativo liderado por China y Rusia y la creciente participación de estos dos países en materia militar y económica en Nicaragua.

JUAN ACEVEDO es profesor adjunto en el Departamento de Ciencia Política en el Queens College de Nueva York e investigador asociado del Ralph Bunche Institute for International Studies. Es doctorante en Ciencia Política en el Graduate Center de City University of New York y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Económicas y Derecho de Zhongnan, Wuhan, China. Sígalo en Twitter en @huanacevedo.

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