4 septiembre, 2017 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 7700

El caso de la migración centroamericana a Estados Unidos

Alberto Cortés Ramos

Septiembre 2017

Centroamérica: una larga trayectoria de dinámicas migratorias

Las dinámicas migratorias, entendidas como procesos de desplazamientos significativos de población, han sido parte de la realidad social de Centroamérica desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en Centroamérica, se han dado varios periodos con dinámicas migratorias diferenciadas. A principios de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de ser una región relativamente despoblada (los cinco países centroamericanos sumaban 8.3 millones de habitantes en 1950) hubo importantes desplazamientos poblacionales, tanto dentro de los países (migración rural-urbana), como dentro de la región centroamericana (salvadoreños a Honduras, nicaragüenses a Costa Rica, guatemaltecos y hondureños a Belice). Esto se dio como producto de la combinación de regímenes autoritarios y dictaduras, así como por el impulso de un proceso de modernización económica con marginalidad y exclusión social.

Este fue el caldo de cultivo para que se diera un aumento de la polarización social y la conflictividad política que se reflejó en el surgimiento de movimientos de lucha armada en la mayor parte de los países de la región, con excepción de Costa Rica, en las décadas 1960 y 1970. Esta conflictividad condujo a un nuevo tipo de dinámica migratoria que incluyó el aumento de población refugiada y en condición de asilo político, teniendo como principales receptores a Costa Rica y a México. En ese periodo, la mayor parte de la migración centroamericana a Estados Unidos estaba formada por las élites centroamericanas, con poca presencia de población trabajadora.

En 1979 se dio el triunfo político-militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, lo que, en conjunto con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1981, intensificó la Guerra Fría en la región. Los enfrentamientos militares y la represión aumentaron de manera significativa en El Salvador y en Guatemala. En Nicaragua, se dio el enfrentamiento entre el gobierno sandinista y la Contra, apoyada y financiada por Estados Unidos. La crisis centroamericana tuvo un impacto directo en las dinámicas migratorias, aumentando el refugio y la búsqueda de asilo, así como los desplazamientos forzados en zonas de guerra y la migración como estrategia de supervivencia.

Un elemento importante que diferencia las dinámicas migratorias de este periodo con las anteriores, es que los desplazamientos se dan ya no solo de manera principal dentro de la región (Costa Rica sigue siendo el principal receptor, sobre todo de población nicaragüense), sino que también se desarrolla una importante migración de centroamericanos hacia México (sobre todo población guatemalteca y salvadoreña) y de manera mayoritaria a Estados Unidos, que otorgó un trato preferencial a la inmigración nicaragüense por razones ideológicas. Usando una analogía, la migración de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños se parecía a la migración laboral mexicana, mientras la nicaragüense a la migración cubana. Es en este periodo cuando se dio un aumento muy significativo de la población migrante centroamericana hacia Estados Unidos, pasando de 354 000 personas en 1980 a 1 134 000 de personas en 1990, es decir, se triplicó en solo una década. Esta inmigración tiene una característica nueva: la creación de redes migratorias trasnacionales, estableciendo un fuerte vínculo entre la población migrante con sus familiares y comunidades en el país de origen. Este vínculo se potenció posteriormente con la revolución en las tecnologías de las infocomunicaciones, permitiendo una conectividad permanente.

En la década de 1990, se produjo otro fenómeno novedoso para los Estados centroamericanos: el surgimiento del envío masivo de remesas por parte de la población migrante a la sociedad de origen, generando ingresos que en algunos de los países de la región llegan a ser parte importante de la actividad económica. Los estudios migratorios por entidades internacionales señalan que, en 1989, en El Salvador, las remesas se acercaban a 800 millones de dólares, en Guatemala a 250 millones y en Nicaragua a 60 millones, montos que representaban el 15%, el 2.9 % y el 24 % de sus PIB respectivos. Asimismo, representaban el 97%, 16% y 17 % de las exportaciones totales de bienes respectivamente. Dichos estudios resultaron reveladores y sirvieron para que los actores sociales, gobiernos, sectores privados (principalmente bancos y couriers) y organizaciones de la sociedad civil cobraron una mayor conciencia de la magnitud y sobre todo del potencial de estos recursos, que contribuyen a que muchas familias obtengan ingresos por dicha modalidad. La emigración empezaría a ser vista de manera creciente como una válvula de escape de una creciente presión social, a la vez que como una fuente de ingresos frescos para los gobiernos de los países centroamericanos y un elemento clave para la subsistencia en muchos hogares de estos países.

Para tener una idea de lo que significa este rubro en la actualidad, datos recolectados por entidades multilaterales muestran que las remesas globales enviadas a Centroamérica por medio de canales formales alcanzaron casi 17 000 millones de dólares en 2015. Estados Unidos fue la principal fuente de remesas en la región, enviando más de 15 000 millones de dólares en total, equivalente a cerca del 7 % del PIB de la región. Investigaciones recientes muestran que, desagregado por país, en 2014 representaron una participación del PIB mucho mayor para los países del Triángulo Norte: Honduras con 17.4 %, El Salvador con 16.8 % y Guatemala con 9.9 %. En Nicaragua un porcentaje similar al Triángulo Norte (9.7 %) en comparación con Costa Rica con 1.2 % y Panamá con 1.6 %.

Las promesas inconclusas: la paz y de nuevo la violencia

En 1987 se firmó el Acuerdo de Esquipulas II por parte de los presidentes centroamericanos, dando inicio al proceso de paz. En 1990, Violeta Barrios viuda de Pedro Joaquín Chamorro asumió el gobierno en Nicaragua. Poco tiempo después se firmaron acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala. Ciertamente, el fin de los conflictos armados en la región generó grandes expectativas sobre las posibilidades de un desarrollo democrático que permitiera mejorar las condiciones de vida para la mayoría de su población. Los pueblos centroamericanos imaginaron la paz más allá de la ausencia de guerra: querían un desarrollo inclusivo y sostenible.

Las expectativas no se cumplieron y el nuevo modelo de desarrollo que se implementó en la región generó un crecimiento económico moderado y de orientación excluyente. En este periodo, la pobreza y la desigualdad aumentaron en la región. De acuerdo con datos de think tanks regionales, en promedio, la concentración de la riqueza en la región aumentó y pasó de un 50% a un 60% entre el 20% más rico entre 1970 y 1998.

Las consecuencias de este crecimiento sin desarrollo pronto se hicieron evidentes: empezaron a aparecer nuevos fenómenos vinculados con la falta de cohesión social que prevalecen en la región. Uno de ellos es el caso de las maras. Este es un fenómeno que surgió en Estados Unidos como respuesta de jóvenes inmigrantes salvadoreños que buscaban protegerse de otros grupos migrantes o étnicos que los maltrataban y que terminaron transformándose en organizaciones extremadamente violentas para delinquir. Muchos de sus integrantes fueron deportados a sus países de origen, trasladando estos modos de organización al contexto local en que se reinsertaban, e incrementando así los niveles de violencia social. Diversos estudios demuestran que muchos jóvenes encuentran en la participación en las dinámicas de violencia de las maras más oportunidades y sentido de pertenencia que las que encuentran en la sociedad receptora (Estados Unidos) o en su sociedad de origen en Centroamérica.

A la violencia de las maras, habría que agregar la presencia del narcotráfico y el crimen organizado. La suma de estos factores, en un contexto de creciente desigualdad y pobreza, ha hecho que la región, en particular el denominado Triángulo Norte (El Salvador Guatemala y Honduras ), tengan altos niveles de violencia que, según estudios recientes, es uno de los principales factores que explica la emigración. A ello habría que agregar la existencia de las redes sociales transnacionales, que facilitan la reunificación familiar y estimulan la emigración a Estados Unidos, por parte de quienes ya viven en el norte.

En síntesis, en las últimas 2 décadas, si se toman en cuenta diversos estudios que muestran que la combinación de factores como: el crecimiento sin inclusión, el aumento de la desigualdad y la pobreza, así como la falta de cohesión social y una creciente violencia producto del crimen organizado, transformó a Centroamérica en una plataforma de expulsión y exportación de fuerza de trabajo. Esto se expresa en diversas dinámicas de migración laboral, de manera principal hacia Estados Unidos, donde se concentra más del 80% de la población migrante total de la región. No deja de ser una ironía que la mayor parte de la emigración de estos países se haya llevado a cabo después del fin de las dictaduras, conflictos armados y guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX.

El papel y la responsabilidad de Estados Unidos en la emigración centroamericana

Estados Unidos ha ejercido un amplio dominio geopolítico y económico sobre esta región. Su presencia histórica ha creado vínculos de distinto tipo: políticos, culturales, seguridad, militares, comerciales y económicos. Esto se ha traducido en diversas políticas y programas migratorios. Estos incluyen: programas de asilo y refugio, permisos laborales y permisos temporales; que han consolidado dinámicas migratorias transnacionales entre ambas partes. En 2015, cerca del 85% de la población migrante centroamericana que vivía en Estados Unidos provenía de los países del norte de la región (El Salvador, Guatemala y Honduras). El país con mayor emigración es El Salvador, en el que la proporción representa el 21.1% del total de la población, seguido por Belice con un 15.7%. Una parte importante de las migraciones centroamericanas se da en condiciones de irregularidad o indocumentación.

En el caso de las políticas migratorias, investigaciones recientes muestran que, el peso de las migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos, provocan que las políticas migratorias de este país tengan un impacto directo en los flujos de personas, moldeando e impactando en sus dinámicas, así como en las políticas migratorias de los países de la región, incluido México. La flexibilización o el endurecimiento en su ejecución se refleja en sus efectos en la población migrante, impactando en sus condiciones de tránsito e inserción en la sociedad receptora.

Después de los ataques terroristas del 11-S, se dio un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos, vinculándola al discurso y a la política de seguridad nacional. De igual forma, los estudios de la política migratoria muestran que la dinámica migratoria más castigada por este cambio ha sido la irregular, que ha sido colocada a la par de la amenaza terrorista, el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Se ha dado lo que algunos autores denominan una «securitización» de la política migratoria. Esto empezó durante el gobierno de George W. Bush y se mantuvo en lo sustantivo durante el gobierno de Barack Obama.

En lo relacionado con el trato a la inmigración centroamericana, diversos datos muestran que la política de Estados Unidos se orientó a reducir y detener la llegada de migrantes a territorio estadounidense, implementando una estrategia basada en cuatro pilares. En primer lugar se encuentra el desarrollo de campañas informativas a la población con potencial migratorio en México y en el Triángulo Norte, enfatizando los riesgos y peligros de la migración irregular a Estados Unidos. Como segundo pilar está el aumento de la asistencia en seguridad a México para el refuerzo del resguardo de su frontera sur. En tercer lugar está la reducción de las opciones para obtener asilo y los permisos temporales haciendo más complejo el proceso de solicitud de esa condición. Por último, el aumento de operativos para detener y expulsar a personas cuyo asilo o condición de refugio se hubiera vencido a partir de enero de 2016.

Los efectos de esta política han sido evidentes: el aumento de las deportaciones en Estados Unidos y México de población migrante centroamericana. Entre 2010 y 2014, estas se triplicaron pasando de poco más de 100 000 a 340 000. Además, México está jugando un papel cada vez más activo como filtro de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. De hecho, en 2015 por primera vez se dieron más deportaciones por parte de México que de Estados Unidos.

Según el Migration Policy Institute, en el caso de los países del Triángulo Norte, un importante porcentaje de las personas deportadas (11 %, es decir, cerca de 50 000) tienen cargos por crímenes violentos. Un estudio de 2015 sobre la deportación de inmigrantes señala que la capacidad de absorción y reinserción de la región norte de Centroamérica de estos criminales es prácticamente nula. En consecuencia se ha dado un incremento de la violencia en la región, pues muchos de ellos tienen capacidad de delinquir con un alcance internacional. Otro estudio sobre la violencia y el delito en El Salvador muestra una coincidencia temporal entre las deportaciones de la población salvadoreña con antecedentes criminales y el aumento de las organizaciones delictivas en ese país en el periodo de 2010 a 2013. Ello permite formular la hipótesis de una relación causal entre ambos fenómenos. Es posible que esta coincidencia también se presente en Guatemala y Honduras.

Un efecto conexo del aumento de la violencia es el incremento de la inmigración infantil sin compañía. Niños y niñas que deciden, sin importar los posibles riesgos, ir detrás de sus padres y familiares a Estados Unidos, huyendo de la creciente violencia y el miedo que ello les provoca. En el año fiscal 2016, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptó cerca de 46 900 niños no acompañados y más de 70 400 unidades familiares de El Salvador, Guatemala y Honduras en la frontera entre Estados Unidos y México. Estudios sobre la migración evidencian que esta migración infantil proviene de las regiones de mayor violencia de Centroamérica.

La respuesta a esta crisis humanitaria fue el Plan Prosperidad para el Triángulo Norte, que formuló de manera tardía el presidente Obama al final de su segundo mandato en 2014. Esta propuesta todavía ha generado pocos resultados. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, se ha endurecido la política migratoria con una fuerte retórica en contra de la migración, incluyendo la propuesta de construir un muro fronterizo y con acciones como el incremento de las detenciones de inmigrantes en territorio estadounidense y el desarrollo de una campaña que incluye la detención de padres indocumentados, que pagan para que sus hijos sean llevados de manera clandestina a este país, entre otras acciones. Todas estas medidas sumadas al clima hostil hacia la inmigración que se está generando en la potencia del norte, no permite augurar un futuro positivo para la población migrante centroamericana en ese país, lo que también podría tener un efecto negativo en sus países de origen, por la conexión transnacional existente.

Conclusiones

La trayectoria descrita en el artículo permite sacar varias conclusiones. Las dinámicas migratorias han sido parte del desarrollo histórico centroamericano. En términos generales, los factores de expulsión han sido la falta de oportunidades económicas, producto de un crecimiento excluyente y de diversas formas de violencia, incluyendo la política y la criminal.

La modificación de esta tendencia, que ha caracterizado a la región como expulsora de población por varias décadas, es posible. Sin embargo, esto implicaría: por un lado, que sus gobiernos, sus élites y sus sociedades civiles adquieran un compromiso para cambiar estructuras e instituciones económicas, políticas, sociales y culturales que producen exclusión e inseguridad y que han empujado a millones de personas a emigrar, en la mayoría de los casos, en contra de su voluntad. Y, por otro lado, en el caso de Estados Unidos, la comprensión de que una política migratoria que responde a una lógica de seguridad nacional no logrará evitar el ingreso de población migrante indocumentada y, mucho menos, resolverá las causas verdaderas que han transformado a Centroamérica en una región dependiente de la emigración involuntaria de su población.

ALBERTO CORTÉS RAMOS es profesor Catedrático de las Escuelas de Ciencias Políticas y Geografía de la Universidad de Costa Rica. Sígalo en Twitter en @acortesramos.

Tags:Centroamérica, Donald Trump, Estados Unidos, Migración, Triángulo Norte