¿Qué ocurrió el 1 de julio?

3 julio, 2018 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 3828

Forbes México

Luis Carlos Ugalde y Gabriel Moreno

Julio 2018

El domingo 1 de julio de 2018 vivimos una jornada electoral histórica. Alrededor de 46 millones de mexicanos salieron a votar y eligieron a nuevo Presidente, quien sin lugar a dudas será Andrés Manuel López Obrador. Fue una jornada histórica pues no habíamos observado un resultado similar en nuestra historia reciente. Desde que estrenamos la pluralidad en nuestro sistema de partidos, a finales de la década de 1990, la tendencia era la fragmentación. Ninguno de los tres presidentes del nuevo milenio ganó por un margen mayor al 10%. López Obrador rompió con esa inercia y logró ganar más votos que todos sus contrincantes sumados, convirtiéndose así en el Presidente con mayor legitimidad de los últimos 25 años.

También fue histórica por el tamaño de la elección. Gracias a la reforma político-electoral de 2014, las elecciones federales fueron concurrentes con elecciones locales en 30 entidades. Esto sumó un total de más 18 000 cargos en disputa para los que compitieron más de 15 000 candidatos (a presidente, diputados federales, senadores, gobernadores, diputados federales y presidentes municipales o alcaldes). Quizá podría pensarse que esto es positivo en términos de ahorro de recursos y calidad de la organización, lo cual de hecho era el presunto objetivo de quienes impulsaron aquella reforma: los resultados son de claroscuros.

El costo presupuestario de nuestra democracia no ha disminuido. Por ejemplo, en 2012 —elección comparable a la de 2018—, el costo ascendió a 17 900 millones de pesos a precios corrientes. En 2018 el total fue de 28 900 millones de pesos, entre recursos ministrados a nivel federal y local. Esto representa un aumento del 26% en términos reales, a pesar de tener una reforma que prometió destinar menos dinero de los contribuyentes a financiar el proceso democrático.

López Obrador logró ganar más votos que todos sus contrincantes sumados, convirtiéndose así en el Presidente con mayor legitimidad de los últimos 25 años.

La calidad de la organización tampoco mejoró, pues ni siquiera había mucho espacio para mejorar. La logística y administración de las elecciones, desde que se creó la autoridad electoral, nunca fue un verdadero problema. Esta consiste en asegurar que todos los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto y que cada uno de ellos sea contado de una manera fidedigna. Justamente este ámbito ha sido un éxito de nuestro desarrollo democrático y así ha sido por la comunidad internacional.

Incluso en un contexto de inseguridad generalizada, la jornada electoral de 2018 transcurrió sin ningún contratiempo relevante. Se presentaron hechos de violencia aislados y la gran mayoría de los incidentes presentados en casilla —por cierto, cuatro veces más numerosos que en 2012—, fueron resueltos por la autoridad electoral. La mayoría de ellos (22%) estaba relacionada con personas que emitieron su voto sin credencial para votar o sin estar inscritos en la lista nominal. Solamente cuatro incidentes en Puebla y Oaxaca implicaron el cierre definitivo de cuatro casillas de las 156 808 contempladas.

Si hay un reto que ahora enfrenta la organización electoral es la integración de las mesas directivas de casilla, vitales para la elección, pues son las encargadas de contar la votación. Para 2018, fueron requeridas 1.4 millones de personas como funcionarios de casilla y terminaron participando 908 000. Sin embargo, no todas las originalmente designadas se presentaron y tuvieron que ser sustituidas.

Por ejemplo, en 2012 fueron tomados 17 176 ciudadanos de la fila para completar las mesas de casilla. En 2018 fueron tomados 56 261. Ese número representa el total de personas exitosamente notificadas, tres veces capacitadas, que recibieron su nombramiento y decidieron no presentarse el día de la elección. En 139 casos, toda la mesa directiva (un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes), tuvo que integrarse con ciudadanos tomados de la fila.

La victoria abrumadora de López Obrador trae consigo una oportunidad y una advertencia.

La elección de este año también fue histórica por el cisma que provocó en nuestro sistema de partidos. Recientemente, Eric Magar apuntaba que el triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) trajo consigo el fin del oligopolio político de los partidos tradicionales. Y es cierto, el panorama es completamente diferente. Morena ha desplazado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como principal fuerza política y hoy solo hay una bancada con más del 30% de la cámara baja. El resto son seis partidos medianos (Nueva Alianza y Encuentro Social, PES, perderán el registro nacional) que podrían o no coordinarse como oposición; lo cual le da amplia libertad al nuevo partido gobernante para negociar una coalición. También es la primera vez que habrá una bancada relevante sin partido de los diputados de mayoría relativa postulados por el PES (más que los ganados por el PRI o el Partido de la Revolución Democrática), quienes podrían mantener su lealtad política o venderse al mejor postor. Sin duda, la decisión que tomen sobre a qué grupo parlamentario sumarse, cambiará drásticamente la distribución del poder político en el Congreso.

La victoria abrumadora de López Obrador trae consigo una oportunidad y una advertencia. Que tantas personas hayan optado por su proyecto de nación le da una nueva energía a nuestro sistema de partidos. Si el domingo hay quienes creían que no servía de nada votar porque ganaban los mismos de siempre, hoy se dan cuenta que la democracia partidista puede traer consigo diferentes resultados. Que tantas personas hayan votado por el resto de los cargos pensando únicamente en el candidato presidencial nos recuerda la lógica de prudencia que hay detrás de separar elecciones, en lugar de concurrirlas, en aras de preservar el delicado sistema de pesos y contrapesos sobre los que se cimenta una sana democracia liberal.

LUIS CARLOS UGALDE es fundador y Director General de Integralia Consultores. De 2003 a 2007 fue Consejero Presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). Ha sido profesor e investigador en el ITAM, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como en Harvard, Georgetown y en American University. Sígalo en Twitter en @LCUgalde. GABRIEL MORENO es licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Fue asistente de investigación en el Departamento de Derecho del ITAM con Jesús Silva-Herzog Márquez y analista de políticas de innovación en PIDES Innovación Social A.C. Actualmente es consultor en Integralia Consultores. Sígalo en Twitter en @Gabriel_MZepeda.

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