Periodismo, entre la vida y la muerte

31 agosto, 2015 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 17981

Adversidad y resiliencia de la prensa latinoamericana

Noticaribe

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avatarDefaultMaría Elena Meneses

Septiembre 2015

En la discusión pública, en las redacciones y en las escuelas de periodismo no se deja de advertir de la paulatina muerte del periodismo, atribuida en parte a la revolución digital, a su creciente cercanía con el poder económico y político y, en algunos países como México, a los crímenes contra quienes lo ejercen. El deterioro del ejercicio de la libertad de expresión y la violencia dirigida contra la prensa en México han sido documentados por diversas organizaciones. Por ejemplo, Artículo 19 destacó en su reporte de 2014, titulado «Estado de censura», que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país. El promedio de agresiones a la libertad de expresión subió en un 80% durante los primeros 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto y el 48% de las mismas son responsabilidad de funcionarios, lo que los convierte en los principales atacantes de la prensa en 2014.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano autónomo del Estado mexicano, registró la muerte de 88 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación entre 2000 y 2014. Además, en la Recomendación General número 20 sobre Agravios contra Periodistas en México y la Impunidad Imperante, revela que los ataques contra este gremio aumentaron 700% entre 2000 y 2013, al pasar de 13 a 98 casos documentados por este organismo. De igual forma, calcula un índice de impunidad de 81% en las investigaciones relacionadas con la agenda de la libertad de expresión.

Recientemente, el atroz asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa reanimó el debate sobre la seguridad de los periodistas en México y, especialmente, en Veracruz, donde 14 comunicadores han sido asesinados desde 2010. Más allá de las cifras, las implicaciones de más de una década de crímenes, amenazas e impunidad son la autocensura y la creciente erosión del periodismo y los periodistas como agentes mediadores entre el Estado y la sociedad.

Periodismo en Latinoamérica

En América Latina, solo tres países fueron calificados por Freedom House como «libres», lo que significa que apenas el 2% de la población latinoamericana vive en países que gozan de libertad de prensa. Por otro lado, los países más peligrosos para  ejercer el periodismo, además de México, son Ecuador, Honduras, Venezuela y Cuba, de acuerdo con las mediciones de la organización. Para otros informes que sistematizan los ataques contra la libertad de expresión, como el de la organización Reporteros sin Fronteras, México, Honduras, Brasil y Colombia son los cuatro países más peligrosos en Latinoamérica. Desde 2000 y hasta septiembre de 2014 en estos cuatro países se registraron 201 asesinatos de periodistas, blogueros, comunicadores sociales y colaboradores de los medios en los que, pese a que no se encuentre comprobado, presuntamente el crimen estuvo relacionado con su profesión. «Las investigaciones -cuando se abren- se estancan y a menudo son obstaculizadas por autoridades corruptas», relata el informe.

La realidad política y social de cada país provoca un escenario diferente que dificulta el ejercicio del periodismo. Desde los exabruptos autoritarios contra la prensa crítica por parte del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta el caso de Cuba, hacen imposible el ejercicio del periodismo que requiere de un marco de libertades garantizado por el Estado. En este sentido, la prohibición a 22 directivos de medios de comunicación de salir de Venezuela es también parte de las agresiones contra la libertad de expresión. A esta caótica situación en el país sudamericano se suma la escasez de papel, por el control del tipo de cambio ordenado por el gobierno que ha obligado a por lo menos 37 periódicos a reducir su tiraje o a interrumpir su circulación, de acuerdo a las denuncias de Reporteros Sin Fronteros.

Enfoque Noticias

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Por otro lado, el control gubernamental es uno de los principales problemas en Ecuador. En 2013 se decretó la Ley Orgánica de Comunicación que permite al gobierno establecer qué información y de qué forma aparece en los medios. En 2 años, la Superintendencia de la Comunicación, que es el órgano de control facultado para ejercer esta ley, ha realizado 506 procesos, iniciado 313 resoluciones y sancionado a 198 medios por sumas que ascienden a 201 596 dólares. Finalmente, en el caso de Cuba están aún por verse las implicaciones que podría traer consigo la reciente apertura política en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información. Además de todos estos factores de riesgo, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), suma la censura indirecta en Latinoamérica de algunos empresarios que adquieren medios de comunicación, quienes cambian la línea editorial de los medios y la ponen al servicio de los gobiernos o de sus intereses particulares.

En México es de destacarse la reciente garantía constitucional del derecho de audiencias que -aún sin lineamientos que habrán de ser emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano regulador autónomo de radiodifusión y telecomunicaciones-, permitiría evitar abusos de los concesionarios. Por lo pronto, ante el  controversial despido de la periodista Carmen Aristegui de la empresa de MVS, en la agenda nacional se abordó por primera vez el derecho de las audiencias que, en este caso, reclamaron que fuese reincorporada a su noticiero, el de mayor rating de la radio matutina. Aunque la periodista, una de las pocas voces críticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, sufrió un revés en los tribunales, se comenzó a forjar conciencia de este nuevo derecho en el país.

Realidad y jurisprudencia

En el caso de México se han firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos de derechos humanos regionales e internacionales. Sin embargo, la experiencia devela que existe una amplia brecha entre el principio jurídico y la realidad. En este sentido, vale la pena recordar que en 2012 el expresidente Felipe Calderón firmó el Decreto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga al gobierno federal y a los gobiernos estatales a garantizar sus derechos y a crear un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que incluya diversos niveles de auxilio como la evacuación, la reubicación y la protección de periodistas o activistas amenazados por el crimen organizado. A más de 2 años, esta ley está lejos de cumplir sus objetivos, de acuerdo al seguimiento puntual que han realizado medio centenar de organizaciones civiles e internacionales y que quedó plasmado en el Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2015.

Este reporte indica que de 2012 a septiembre de 2014 el mecanismo recibió 203 casos, 44% presentados por personas defensoras de derechos humanos y 56% por periodistas. De acuerdo a cada caso se deben otorgar medidas específicas, entre las que se encuentran el proveer un botón de pánico, instalar teléfonos de emergencia, asegurar la protección permanente de inmuebles por parte de corporaciones policiacas, entre otras. El reporte revela que estas herramientas carecen de respuesta, además de que no hay protocolos para dar seguimiento a los rondines policiacos y las reubicaciones temporales no se realizan de forma inmediata aunque exista un riesgo inminente. Por este motivo, pese a que se decretan mecanismos y leyes, los crímenes no cesan. Si estos mecanismos hubiesen funcionado quizá Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera no hubieran sido asesinados junto con otras tres personas en la Ciudad de México, considerada como una isla de salvaguarda ante la difícil situación en los estados del país para el ejercicio periodístico hasta que ocurrieran estos terribles hechos.

Y sin embargo, se mueve

A pesar del complejo escenario que vive el periodismo en Latinoamérica, año con año surgen innovadores propuestas informativas en la región. Así, aparecen proyectos como Radio Ambulante, un ejemplo de «audioperiodismo» narrativo que, por ofrecer un estilo audaz y fresco de producción de radio digital, fue premiado en la categoría de innovación por la Fundación Nuevo Periodismo. Como este, existen otras iniciativas que buscan hacer periodismo de servicio y de calidad en Latinoamérica. En Colombia, el Proyecto Rosa, del portal La Silla Vacía, fue puesto en línea en 2012 para hacer visibles a las víctimas de la violencia y del desplazamiento. En este ámbito, las universidades no están al margen, pues también aportan novedosas ideas que innovan el mundo del periodismo. Una muestra de ello es la originalidad de la Revista Anfibia creada en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina que obsequia a los lectores visiones y propuestas distintas.

Emisoras Unidas

Emisoras Unidas

Asimismo, los verificadores de discurso se han puesto de moda en la región. Estos sitios electrónicos, que seleccionan afirmaciones de personajes públicos para contrastarlas con datos abiertos, permiten a los ciudadanos cotejar la información y con ello fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Un exitoso caso es el de la página www.chequeado.com que, en Argentina, ha puesto bajo la lupa a la presidenta Cristina Fernández y a los candidatos que contendieron en las primarias realizadas en agosto de 2015. Existen proyectos similares en el resto de Latinoamérica: El Polígrafo en Chile, Preto No Branco y Truco en Brasil, UYCheck.com en Uruguay, Rete al Candidato en Costa Rica, El Politígrafo en El Salvador y El Sabueso en México.

El periodismo colaborativo también adquiere cada vez mayor presencia en la región. Experiencias como la de Insight Crime, que es un exitoso proyecto transnacional especializado en temas de delincuencia organizada, son un claro ejemplo de que, ante la adversidad, la innovación y la resiliencia pueden palparse.

Cuando se habla de libertad de expresión en Latinoamérica resulta inevitable mencionar, paralelamente al autoritarismo estatal, la concentración mediática en manos de pocos grupos empresariales -bien documentada por académicos y expertos- que tiene implicaciones en la diversidad y muchas veces en la calidad de la información. Argentina, Brasil y México son un claro ejemplo de esta realidad de la industria articulada en el siglo XX y que tiene efectos nocivos para la libertad de expresión y el derecho a la información.

Los proyectos innovadores contrastan la mayoría de las veces con el periodismo de las grandes marcas. Les caracteriza el no estar ligados a estas así como sus modelos de financiamiento alternativo mediante donaciones, que lleva a cuestionarnos inevitablemente su sostenibilidad a largo plazo. Así, el periodismo latinoamericano se debate entre la adversidad y la resiliencia que impide por ahora proyectar su futuro. No es un tema trivial: pensar en el presente y en el futuro del periodismo es reflexionar en torno a la calidad de la democracia que tenemos y de la que queremos construir.

MARIA ELENA MENESES es profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM). Sígala en Twitter en @marmenes.

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