3 noviembre, 2016 • Latinoamérica, Opinión, Portada, Sin categoría • Vistas: 6222

La relación entre Estados Unidos y México en vísperas de la elección presidencial

 

 Daniel Restrepo y Joel Martinez

Noviembre 2016

La construcción de un muro entre Estados Unidos y México, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y la renegociación completa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) sería una serie de autogoles desastrosos para Estados Unidos y para la relación bilateral más importante que tiene en el mundo -la relación con México-. Más que vecinos, ambos países son socios con un destino compartido y lo que hacen (o dejan de hacer) tiene un impacto interno profundo sobre el otro. La relación bilateral es algo que no se puede despreciar en búsqueda de apoyo político nativista sin hacer daños profundos y duraderos a ambos países.

El concepto de construir un muro en la frontera, tomando en cuenta el volumen más alto de movimiento lícito de personas y el segundo de mercancías en el mundo, es una ridiculez casi sin límite. Es motivado por una ideología preocupante y demuestra una sensibilidad del siglo XII y no del siglo XXI. Más allá de ser inútil y quizás imposible de construir, un muro sería dañino precisamente a los intereses que supuestamente impulsan la idea de construirlo.

La seguridad nacional estadounidense, por ejemplo, requiere cooperación -no ataques ni llamados para distanciarse- con sus vecinos (en ambas fronteras). La cooperación contra el crimen transnacional organizado y otras redes que pueden amenazar a los estadounidenses requiere voluntad política. Esa voluntad depende, no en pequeña parte, en el ambiente político en que viven los gobiernos y gobernantes que necesitan trabajar conjuntamente.

Un muro a lo largo de la frontera de 3201 kilómetros sería un insultó nacional que el pueblo mexicano rechazaría aún más fuertemente que el profundo rechazo que ha generado la mera propuesta de construir ese muro. Eso no crearía un ambiente propicio para la cooperación bilateral, sino que resultaría en un Estados Unidos aún más vulnerable.

También tendría un efecto económico negativo. En lo que va de 2016, 346 millones de dólares en productos han cruzado la frontera. México es el tercer socio comercial más importante que tiene Estados Unidos en el mundo y para México, los Estados Unidos es el socio comercial primordial. El 40% de valor añadido de las importaciones de productos de México a Estados Unidos consiste de origen estadounidense y subraya el nivel -casi sin precedente en el marco global- de la integración económica que existe entre nuestros dos países.

Tampoco es difícil imaginar el obstáculo comercial que representaría un muro entre los dos países más allá del impacto físico y directo. Actualmente, empresas mexicanas han invertido 17 600 millones de dólares en Estados Unidos y generan más de 123 000 empleos estadounidenses. En un mundo donde Estados Unidos decide construir un muro fronterizo, no es difícil imaginar que esa inversión buscaría mercados más abiertos donde se de una mejor recepción. Construir un muro entre dos países con una relación comercial y económica tan importante, sería un desastre para ambos.

En vez de un muro, lo que se necesita construir es más infraestructura fronteriza de manera coordinada. La agilización del comercio entre los dos países haría más competitivas sus economías en el marco mundial, y favorecería tanto a mexicanos como a estadounidenses de todas clases. Esa misma agilización de flujos lícitos a través de la frontera también ayudaría proteger la seguridad estadounidense a corto, mediano, y largo plazo porque las autoridades podrán enfocar más tiempo y recursos a frenar los flujos ilícitos-en ambas direcciones-entre los dos países.

Las implicaciones de una deportación masiva serían aún más severas. El Center for American Progress calculó que el costo directo de una deportación masiva sería 10 070 dólares por persona, resultando en un costo total de 114 000 millones. Pero los costos para Estados Unidos irían mucho más allá de los costos directos. El grupo conservador American Action Forum calculó que una política de deportación masiva reduciría el PIB real en más de 1.6 billones de dólares en 2 décadas, y generaría una reducción en la fuerza laboral de los trabajadores indocumentados que actualmente contribuyen a la economía estadounidense.

Más allá de los costos directos e indirectos de una deportación masiva, sería la pérdida moral que sufriría Estados Unidos en la percepción no solo en México sino en todo el mundo con impactos incalculables a sus intereses globales. Una política de deportación masiva también tendría efectos adversos a la estabilidad de los vecinos más cercanos a Estados Unidos. Si México de repente tuviera que lidiar con los retos de un retorno rápido de casi seis millones de personas, se podrían crear dificultades no solo para México y sus intereses sino también para Estados Unidos y sus intereses. Tanto como la respuesta a la proximidad física es cooperación fronteriza y no un muro de 3201 kilómetros, la reacción a un sistema migratorio -que en la actualidad todos reconocen que no funciona- debe ser una reforma integral de ese sistema y no una deportación masiva que viola los valores fundamentales del país.

El marco (y casi todos los detalles) de una reforma migratoria que avanza los intereses nacionales de los Estados Unidos, y que también crearía efectos secundarios positivos para México y otros países vecinos, ya existe. Ha estado ahí desde, por lo menos, 2007 en la forma de una propuesta bipartidista promulgada por el presidente George W. Bush y considerada sin éxito por el Congreso. Lo que ha faltado es voluntad política para lograr una reforma y en particular para superar un nudo nativista y extremista que ha tomado como rehén a los que, con algo de coraje político, podrían avanzar una reforma con apoyo bipartidista. Coraje que, ojalá, será más fácil de encontrar cuando un nuevo Congreso y una gobierno federal lleguen a Washington en enero de 2017, ya visto que la reforma migratoria tiene el apoyo de tres cuartos del público estadounidense.

Con respeto a la relación económica bilateral, es indudable que tanto Estados Unidos como México tienen que encontrar nuevas maneras de promover el crecimiento económico inclusivo. Ese crecimiento requiere acercarse económicamente, no alejarnos. Anular o renegociar el TLCAN de manera proteccionista no ayudaría a avanzar una agenda de crecimiento inclusivo en ambos países.

Deshacer una relación comercial que ha creado cadenas de producción integradas sería tratar de volver a un mundo que ya no existe, y que no beneficiaría a ninguna de las partes. Sería un regalo para sus competidores globales, y en particular para China, por los efectos negativos que tendría sobre la competitividad mundial de Norteamérica como una plataforma de producción industrial. Entonces, Estados Unidos no debe demonizar o relegar el TLCAN al pasado, pero tampoco debe caer en la trampa de no repensar aspectos de la relación comercial y económica bilateral (y trilateral con Canadá) ya que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años.

Vivimos en una realidad que todos debemos reconocer -Estados Unidos y México no tienen el lujo de alejarse. Propuestas que buscan hacerlo son más que irresponsables. Es algo peligroso. Peligroso para los Estados Unidos, peligroso para México, y peligroso para el futuro común, lo cual puede y debe beneficiar a todos los estadounidenses y a todos los mexicanos.

Ambos países están en un momento crucial donde las estrellas se han alineado y han creado una oportunidad para la mutua, y sostenible, prosperidad. México está bien familiarizado con las consecuencias de convertirse en una economía aislada y cerrada, y Estados Unidos entiende mejor que otros los beneficios de un mercado abierto e inclusivo. Estados Unidos y México están en un camino de convergencia -en otras palabras, hacia una gran ventaja global ya que las economías transpacíficas se integren más-. No hay duda, sin embargo, que fuerzas ideológicas en Estados Unidos han tratado de reorientar esta unidad.

Actores estatales y no estatales de ambos países tienen la responsabilidad y el derecho de expresar ideas y preocupaciones de una manera que sacarán a la luz los beneficios, de corto y de largo plazo, de ampliar los vínculos culturales, sociales, económicos y políticos ya existentes que unen a Estados Unidos y México, y una oportunidad para poner a descansar los temores que las ideas populistas y nacionalistas han conjurado. La conversación de construir más infraestructura fronteriza de manera coordinada entre Estados Unidos y México, de una reforma migratoria integral, y de repensar aspectos de la relación comercial y económica de Norteamérica es bien recibida y apoyada siempre que los hechos, tal como ya se han explicado, informen la conversación en lugar de temores.

DANIEL RESTREPO y JOEL MARTINEZ son Asesor Principal e Investigador Asociado en el Center for American Progress Action Fund (CAP Action). Sígalos en Twitter en @dan_restrepo y @CAP_Accion.

Tags:Elecciones, Reforma migratoria, Relación bilateral, TLCAN