Maduro y la manía chavista de ver una conspiración en cada crítica

30 enero, 2019 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 1487

Directorio Legislativo

Mariano Bartolomé

Enero 2019

Uno de los rasgos distintivos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, devenido ilegítimo a partir del 10 de marzo de 2018, es sin duda su nula tolerancia a las críticas que recibe su gestión, en cualquier plano. Sean de índole política, económica o social, las observaciones negativas que se formulan a las acciones del poder ejecutivo o a la evolución de los asuntos públicos siempre merecen la misma interpretación: constituyen la manifestación de procesos desestabilizadores cuyo objeto es minar la credibilidad del régimen, para luego derrocarlo. Invariablemente, la narrativa gubernamental enfatiza en la naturaleza contrarrevolucionaria de los protagonistas de tales procesos su desinterés en la voluntad de los sectores sociales más amplios y su carencia de patriotismo. En todos los casos, tras los desestabilizadores se detectan poderes foráneos interesados en que el experimento bolivariano fracase y su llama no se extienda a todo el continente.

En este sentido, sin embargo, Maduro no ha innovado en nada, sino que ha repetido al pie de la letra las estratagemas puestas en práctica por su antecesor y mentor. Tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002 y hasta la finalización de su mandato, Hugo Chávez interpretó en clave de golpe de Estado, atentado magnicida o intento desestabilizador con objetivos espurios, a muchas acciones o declaraciones que pintaban una realidad venezolana opuesta a la que pretendía imponer la Revolución bolivariana. Usualmente con Estados Unidos desempeñando el papel de villano de turno. Con ese tipo de conducta se descalificaba a los críticos, estigmatizándolos como verdaderos enemigos de Venezuela; se desviaba la atención de la población, movilizándola; y se justificaban acciones de gobierno carentes de respaldo ciudadano mayoritario.

Acusaciones infundadas

Los primeros atisbos de esta práctica se registraron en marzo de 2004, cuando estallaron en Caracas y otras ciudades venezolanas numerosos episodios de violencia, derivados de los persistentes intentos de la oposición por acelerar la salida del poder de Chávez. El catalizador de los hechos fue el rechazo de la opositora Coordinadora Democrática a una decisión del Consejo Nacional Electoral de invalidar más de un millón de firmas recolectadas para habilitar un referendo sobre el destino presidencial.

Para la oposición, la represión de las protestas se convirtió en una masiva violación a los derechos humanos, con un saldo de varios muertos, cientos de detenidos, alrededor de un millar de lesionados, baleados y asfixiados, y una veintena de periodistas agredidos. Todo esto, acompañado por una fuerte presión gubernamental sobre algunos jueces para que dictaran condenas a los detenidos por rebelión, conspiración o instigación al delito. La visión de Chávez, en tanto, consistió en acusar a sus adversarios de querer derrocarlo con el apoyo de la Casa Blanca, solicitándole públicamente al gobierno estadounidense que “saque sus manos de Venezuela”.

Las acusaciones contra Washington se reiteraron un par de meses más tarde, cuando las autoridades venezolanas arrestaron a más de cien presuntos paramilitares colombianos. A partir de ese hecho, Chávez volvió a alertar sobre un intento de derrocamiento del cual formarían parte grupos de la extrema derecha insertos en el gobierno de Colombia, cubanos anticastristas exiliados en Miami y el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál era el fin último de la desestabilización? Supuestamente, permitir a la superpotencia apoderarse del petróleo venezolano. Como era de esperarse, el poder ejecutivo capitalizó el affaire, concentrando a miles de simpatizantes oficialistas en Caracas, en una marcha en rechazo al paramilitarismo y el terrorismo. Bajo el lema “Por la soberanía nacional y contra la invasión extranjera”, los chavistas lanzaron consignas a favor del gobernante.

A comienzos de 2005 se repitieron las acusaciones contra Estados Unidos de estar fraguando una ruptura institucional que diera por tierra con el proceso bolivariano. En este caso fueron innovadoras las declaraciones de Chávez, según las cuales, en caso de que se atentara contra su vida, el “único responsable” sería su homólogo George W. Bush. Por otra parte, el entonces canciller Alí Rodríguez solicitó el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) frente a la existencia de planes estadounidenses para la “eliminación física” del mandatario y un posible ataque militar al país. Rodríguez sustentó su pedido en información de inteligencia que nunca pudo exhibir, por lo que la OEA descartó el respaldo, y solamente Fidel Castro se adhirió desde Cuba a la tesis chavista.

Coartar libertades

Uno de los más interesantes episodios en la zaga de acusaciones infundadas del chavismo, capitalizadas en términos políticos internos, tuvo lugar a mediados de 2007, una época clave de la Revolución bolivariana. Fortalecido por su reelección meses antes, respaldado por el flamante Partido Socialista Único Venezolano creado para llevar a la práctica las nuevas metas gubernamentales y sustentado en una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional ―que lo autorizaba a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en materias que son de importancia y trascendencia para el país―, el líder bolivariano comenzó a recortar severamente la libertad de expresión de la ciudadanía.

Maduro no ha innovado en nada, sino que ha repetido al pie de la letra las estratagemas puestas en práctica por su antecesor y mentor.

En esta línea, Chávez incluyó entre sus primeras medidas la no renovación del contrato de la empresa que operaba la señal del canal televisivo privado e independiente Radio Caracas Televisión (RCTV), fuertemente crítico a la gestión gubernamental. La salida del éter de RCTV motivó múltiples críticas en el interior y exterior del país, incluyendo numerosas manifestaciones masivas de rechazo en diferentes puntos de la geografía nacional, con epicentro en Caracas. En esas jornadas cívicas, que fueron prohibidas por el gobierno, jugaron un papel descollante los estudiantes de las universidades Andrés Bello y Central de Venezuela.

Reacio a aceptar que la medida adoptada había sido un error, el poder ejecutivo insistió en atribuir las protestas y los desórdenes a una conspiración externa, con cómplices locales, para dañar el prestigio internacional del gobierno. La línea discursiva fue expuesta inicialmente por el Ministro del Interior, Pedro Carreño, y luego profundizada por otros dirigentes, entre ellos la diputada Desirée Santos Amaral, el canciller Nicolás Maduro y el alcalde de Caracas Freddy Bernal. Santos Amaral indicó que la oposición pretendía provocar un golpe de Estado similar al de 2002 y que desde las universidades, especialmente las privadas, se estaba presionando a los estudiantes para que “calienten las calles”. Maduro tildó de apátrida a la oposición, asegurando que su verdadero motivo era desestabilizar la democracia y facilitar una intervención extranjera; en su peculiar lectura, detrás de las manifestaciones opositoras movían sus piezas los propietarios de canales privados de televisión junto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Precisamente sobre este punto, Bernal aseguró que un funcionario de ese organismo ―al que por supuesto no identificó― había elaborado un manual para desestabilizar gobiernos díscolos, cuyas directrices se estaban poniendo en práctica en Venezuela.

Como se anticipó, el gobierno capitalizó en provecho propio las versiones golpistas que había inventado. Se destaca en este sentido la identificación, entre los promotores locales de las protestas y los desórdenes enmarcados en la conspiración externa, a Globovisión, otro canal de televisión privado e independiente. “¡Ahora le toca a Globovisión!”, expresó textualmente Chávez en un discurso transmitido en cadena nacional, pronunciado en el marco de la Gran Marcha Bolivariana Antiimperialista promovida por el gobierno y llevada a cabo en diversos sectores de esa ciudad.

En los 6 años subsiguientes, Globovisión fue objeto de diversas medidas impulsadas desde organismos estatales, que cercenaron su autonomía y la libertad de expresión. Este proceso llegó a su punto álgido en 2013, ya con Maduro en la presidencia, cuando el canal de marras fue adquirido por empresarios oficialistas, quienes alteraron la línea editorial y despidieron a figuras emblemáticas de esa pantalla, abiertamente críticos contra el gobierno. Fueron paradigmáticos los casos de los conductores Ismael García y Francisco Kico Bautista, de los programas “Aló Venezuela” y “Buenas Noches”.

El golpe suave

El recordado caso de RCTV y las repercusiones negativas de su cierre, sobre todo en la sociedad civil local, motivaron la adopción de una singular hipótesis conspirativa desde el Palacio de Miraflores conocida con el novedoso rótulo de “golpe suave”. Este concepto, rápidamente incorporado al lenguaje chavista, aludía a un plan que en forma lenta y pausada procuraba desestabilizar al gobierno. Thierry Meyssan, titular de la Red Voltaire de contenido alternativo, explicó en una entrevista a la cadena Telesur el 5 de junio de 2013 que un golpe suave combina acciones no violentas y actividades clandestinas clásicas; la idea es la división del cuerpo social, confrontando a ciudadanos entre sí. De acuerdo a este periodista francés, la elaboración de la idea correspondía en realidad al politólogo Gene Sharp, fundador del Instituto Albert Einstein de Boston y autor de De la dictadura a la democracia.

Es necesario aclarar que el planteo de Meyssan era falaz: lo que pregona Sharp es la resistencia no violenta por parte de la ciudadanía contra sus gobiernos autoritarios o incluso totalitarios. No obstante, a partir de esos momentos, el régimen bolivariano comenzó a explicar de manera recurrente las iniciativas opositoras en términos de golpe suave. De manera consecuente con sus planteos anteriores, Bernal responsabilizó a la CIA en toda la movida.

Con otra denominación, las interpretaciones chavistas de un golpe suave en su contra volvieron tiempo después, involucrando a Globovisión. En mayo de 2009 diferentes funcionarios acusaron a la televisora de generar matrices de opinión orientadas a desestabilizar, por medio de la generación de desasosiego, intranquilidad e incertidumbre en el pueblo. Esas acciones de desestabilización de las cuales participaba Globovisión se inscribían, siempre en la versión del régimen, en una vasta operación denominada “Jaque al rey” cuya meta era derrocar a Chávez y en la cual desempeñaban un papel muy importante algunos medios de comunicación, en especial audiovisuales.

“Jaque al rey” fue denunciada por el exvicepresidente y periodista José Vicente Rangel, en su programa de televisión, aunque nunca indicó las fuentes de su enfoque. El ya referido Bernal aportaría más detalles sobre los autores intelectuales de la conspiración: el gobierno de Estados Unidos, por medio de diferentes conductos, entre ellos la embajada en Caracas, el Comando Sur de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia.

Colombia en la mira

Por cierto, Colombia también fue incluida por el gobierno venezolano como partícipe en una agresión armada contra el país. Un primer antecedente se registró en enero de 2008, durante la VI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) realizada en Caracas, cuando Chávez adoptó una retórica belicista y acusó al gobierno de Álvaro Uribe de estar fraguando, por orden de la Casa Blanca, una provocación bélica que obligara a Venezuela a dar una respuesta del mismo tenor. Chávez incluso aseguró que el acuerdo secreto colombo-estadounidense respondía al nombre en código Operación Balboa, la que fue contrarrestada por la Operación Caribe, una vasta movilización militar cuyo objetivo oficial fue demostrar a la población que la soberanía nacional estaba resguardada. La excusa sirvió para movilizar una vez más a la ciudadanía, distrayéndola de los problemas cotidianos. Es destacable que esta interpretación fue compartida por el Exministro de Defensa venezolano y otrora lugarteniente chavista, general Raúl Baduel, quien en un reportaje periodístico aconsejó al gobierno colombiano ignorar al líder bolivariano, asegurando que buscaba recuperar apoyo popular en momentos en que se complicaba su situación interna.

Colombia también fue incluida por el gobierno venezolano como partícipe en una agresión armada contra el país.

Como era de esperarse, las acusaciones contra Colombia recrudecieron cuando Uribe permitió a las fuerzas armadas de Estados Unidos emplear las instalaciones de cinco bases aéreas en su territorio, tras caducar la autorización de uso del aeródromo ecuatoriano de Manta. Pese a que desde Bogotá y Washington se aclaró que el empleo de esas facilidades se limitaría a la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia en el marco del Plan Colombia, Chávez insistió que la presencia militar estadounidense constituía la antesala de una agresión armada a su país, animada por la intención de controlar sus recursos petroleros. Profundizando más su lectura, el líder bolivariano indicó que los enclaves en suelo colombiano se integraban a un esquema de veinte bases militares ubicadas en diferentes países del hemisferio, por medio de las cuales la superpotencia pretendía aislar a Venezuela y debilitar su proceso revolucionario. Como efecto colateral del publicitado asunto, Chávez pudo justificar nuevas compras de equipos bélicos a Rusia, que incluyeron vehículos blindados pesados, aviones de combate, sistemas de defensa antiaérea y lanzadores de misiles.

Contra las organizaciones civiles

Culminando este repaso, las organizaciones no gubernamentales extranjeras tampoco quedaron al margen de las acusaciones golpistas del gobierno venezolano y el caso paradigmático en este sentido fue protagonizado por Human Rights Watch. Esta entidad emitió un lapidario informe en el que criticó a Chávez en sus primeros 10 años en el poder en el campo del respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, documentando casos concretos de discriminación política, irrespeto a la separación de poderes y persecución a medios de comunicación independientes, sindicatos y entidades de la sociedad civil. El reporte concluía planteando que el presunto compromiso de Chávez con la defensa de la democracia era contradictorio con el desprecio, por parte de su gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales.

La respuesta gubernamental al crítico informe fue contundente. Los dos responsables de Human Rights Watch para el hemisferio, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, a la sazón en Caracas, fueron expulsados de Venezuela en forma inmediata por agredir a las instituciones de la república e inmiscuirse ilegalmente en los asuntos internos del país, con objetivos desestabilizadores. Repitiendo un libreto conocido, el canciller Maduro indicó que la reacción del poder ejecutivo le garantizaba a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones externas financiadas por agencias del gobierno de Estados Unidos, que tras el ropaje de los derechos humanos desplegaban una estrategia de agresión a Venezuela.

En suma, los episodios descriptos en este trabajo, probablemente los más representativos pero de ninguna manera los únicos, corroboran que la victimización y las acusaciones de desestabilización fueron prácticas gubernamentales características en tiempos de Chávez, quien apeló regularmente a esos recursos para descalificar detractores, transferir culpas y justificar decisiones políticas. Todo este proceso estuvo atravesado por el sentimiento antiestadounidense del régimen chavista, que encontró en Estados Unidos al enemigo ideal para sus propios planteos, pues mayor es la amenaza cuanto más poder ostenta su ejecutor.

El modelo del líder bolivariano ha sido copiado por su sucesor Maduro, quien lo ha aplicado de manera intensiva desde su acceso a la titularidad del poder ejecutivo. Especialmente en los últimos tiempos, en forma directamente proporcional al aumento de las críticas a su acción de gobierno y a su deriva autoritaria. En definitiva, cotidianamente asistimos en Venezuela a la aplicación de un modelo comunicacional que ya lleva más de 3 lustros de vigencia, dirigido mucho más a las audiencias internas que a las externas y cuya esencia no se explica en clave de soberbia ―intolerancia a las críticas― o paranoia ―a una inminente agresión―, sino de supervivencia política de cara al propio pueblo venezolano.

MARIANO BARTOLOMÉ es Director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, Argentina. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Austral.

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5 Responses to Maduro y la manía chavista de ver una conspiración en cada crítica

  1. Justino dice:

    Brillante, como siempre. Buen argumento y muy bien escrito y descripto el escenario,.

  2. Julio Fumagalli Macrae dice:

    Excelente y Muy Completo Analisis del Prof. Mariano Bartolome. Thank you for sharing through your publication.

  3. Jorge Bachot dice:

    Impecable análisis sobre la situación venezolana, gracias por compartirlo

  4. Luis Enrique Vìa dice:

    Mariano Bartolome sabe que lo que Mariano Bartolome escribe es lo que Mariano Bartolome sabe que es lo que Mariano Bartolome “debe” escribir. La Maestria en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador puede tambien tomar otros nombres más vinculados al mundo prostibulario que al de la diplomacia. En fin. Vermouth con papafritas y good show.

  5. MB dice:

    A los chavistas les duelen las críticas, y en cada crítico ven al imperio agazapado. Pero no refutan con datos concretos, solamente repiten el latiguillo de la conspiración. Mientras tanto, el pueblo se muere de hambre y huye caminando

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