Los tiroteos masivos en Estados Unidos

15 enero, 2018 • Artículos, Norteamérica, Portada • Vistas: 1717

La tensión entre el derecho de tener armas y la seguridad de las personas

AP Photo-John Locher

Yadira Gálvez Salvador

Enero 2018

En octubre de 2017 desde el piso 33 del hotel Mandalay Bay en Las Vegas un hombre disparó contra una multitud de personas dejando un saldo de 59 muertos y 500 heridos. Un mes después, una iglesia bautista en la localidad de Sutherland Springs en Texas fue el escenario de otro tiroteo que dejó 26 muertos.

La facilidad para la compra y venta legal de armas semiautomáticas y automáticas; la gran oferta en los mercados secundarios, como las “ferias” o exhibiciones de armas (gun shows) con mínimas o nulas regulaciones; el incremento del comercio electrónico; y el ascenso de las redes de tráficos ilícitos generan un escenario complejo en el que tanto armas legales como ilegales conviven en las calles y hogares estadounidenses. Los niveles de violencia y los daños ocasionados por las armas de fuego se han incrementado de manera preocupante, ya sea por accidentes, suicidios, homicidios dolosos o tiroteos masivos. Cuestiones a las que necesariamente hay que agregar las preocupaciones en torno al incremento de la violencia criminal en ciudades como Chicago, la posibilidad de que las armas caigan en manos de terroristas y las implicaciones que tiene para países como México el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras desde Estados Unidos.

El derecho de la tenencia de armas y la protección de las personas y de la comunidad

Los debates sobre la implementación de mayores controles a la venta de armamento y a la regulación del mismo en Estados Unidos, se enmarcan dentro del resguardo de las libertades y a partir de la lógica de la protección de la seguridad personal, basada en la legítima defensa. La segunda enmienda de la Constitución consagra el principio básico del derecho y de la libertad sobre la tenencia de las armas. Este es un derecho que está profundamente arraigado en la sociedad. De acuerdo con el estudio America’s Complex Relationship With Guns del Pew Research Center de junio 2017, el 74% de los propietarios de armas identifican este derecho como esencial para su libertad, mientras que el 35% de los que no tienen armas también lo reconoce como parte de sus libertades. Cabe señalar que aunque no hay datos precisos sobre el número de armas en manos de los estadounidenses, se calcula que estas ascienden a alrededor de 88.8 por cada 100 habitantes, según el Small Arms Survey de 2016.

Las cifras dan cuenta de la profunda relación cultural que existe con la tenencia de las armas y de las dificultades que representará impulsar cualquier iniciativa para eliminar o restringir este derecho. A ello, hay que agregar los intereses económicos que están detrás de esta industria, así como la influencia política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), a partir del financiamiento de campañas políticas. Se calcula que la campaña presidencial de Donald Trump recibió donativos de la NRA por 30 millones de dólares, mientras que de acuerdo con la investigación de Leonhardt (et.al) publicada en octubre de 2017 en The New York Times, al menos 10 senadores y 10 representantes republicanos recibieron fondos de la NRA para sus campañas.

Las tensiones entre el derecho que todo estadounidense tiene de contar con un arma para proteger su vida y propiedad, y la necesidad de proteger la vida y la seguridad de las personas en el ámbito comunitario, son cada vez más evidentes. En teoría, ambos derechos deberían ser compatibles en el marco de la vigencia de las normas de convivencia y de la seguridad pública, en la medida de que las armas en posesión de particulares tienen como finalidad la legítima defensa o actividades recreativas como la caza o el tiro deportivo. Sin embargo, la realidad da cuenta del incremento de las tasas de muertes relacionadas con armas de fuego. ¿Cómo conciliar el derecho de poseer un arma y la imperiosa necesidad de mejorar los controles para la adquisición de armamento, en aras de la protección de la vida de las personas?

En 1994 el expresidente William Clinton logró imponer restricciones a la producción y venta de armas de asalto (a partir de limitaciones relacionadas con las características militares que podrían tener las armas y la prohibición de la venta de cartuchos de gran capacidad). Estas restricciones estuvieron vigentes hasta 2004 y son una muestra clara de que sí es posible controlar y limitar cierto tipo de armas.

Por su parte, el expresidente Barack Obama trató de impulsar en el Congreso, aunque sin éxito, medidas relacionadas con el control de armas. Su salida fue establecer una serie de restricciones por medio de una orden ejecutiva en enero de 2016, que incluyó la obligatoriedad de que todos los vendedores obtuvieran una licencia y realizaran la revisión de antecedentes, medida que resultó limitada e inoperante.

¿Cómo conciliar el derecho de poseer un arma y la imperiosa necesidad de mejorar los controles para la adquisición de armamento, en aras de la protección de la vida de las personas?

Cada vez es más frecuente el uso de armas de fuego de alto calibre para agredir y asesinar a personas, grupos o comunidades. De acuerdo con los datos de Gun Violence Archive, en 2017 se han contabilizado 321 tiroteos en el país, con un saldo de 415 muertos y 1710 heridos. Las respuestas frente a estos incidentes podrían ir desde incrementar los controles e implementar verificaciones de antecedentes más estrictas para los compradores, incluyendo a las transacciones en los mercados secundarios (ventas privadas y exhibiciones de armas); pasando por la eventual creación de una base de datos federal para rastrear las transacciones de armas; hasta la posibilidad de limitar la venta de cierto tipo de armas de alto poder y de prohibir aditamentos como silenciadores y los conocidos como bump stock que permiten automatizar las armas semiautomáticas.

Ninguna de estas medidas infringiría el derecho consagrado en la segunda enmienda. Sin embargo, son pocos los incentivos para que, tanto la Casa Blanca como el Congreso, tomen acciones. El presidente Trump se ha pronunciado a favor de la defensa de la segunda enmienda y, de hecho, una de sus primeras acciones fue revertir las medidas establecidas por su antecesor. Por su parte, la narrativa que prevalece en el Congreso es que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo (ATF) tiene que establecer controles más estrictos para la venta de armamento.

Los tiroteos masivos no son actos terroristas

Además de los daños causados por los tiroteos masivos y homicidios dolosos, otro aspecto a considerar en el debate sobre el control de armas en Estados Unidos es la facilidad de acceso que pueden tener terroristas a armas de alto poder para llevar adelante atentados. Tal es el caso de los tiroteos en San Bernardino de diciembre de 2015, protagonizado por una pareja que se declaró afín al Estado Islámico, y el del bar Pulse en Orlando en junio de 2016, infringido por un joven de ascendencia afgana, también reivindicado por el Estado Islámico.

Las autoridades de Estados Unidos han sido muy claras en diferenciar los atentados terroristas de San Bernardino y de Orlando, de los tiroteos masivos que han ocurrido en escuelas, áreas públicas o sitios de entretenimiento. De acuerdo con la legislación estadounidense, un acto terrorista se circunscribe a aquel que se realiza en contra de civiles para causar terror y miedo con fines políticos. Más allá del lamentable número de víctimas que resulten del atetado, el objetivo de los terroristas es un público más amplio a partir de la mayor difusión posible de las escenas del ataque.

Los tiroteos masivos como los de Las Vegas y Sutherland Springs, son identificados como incidentes criminales o de violencia armada, dadas las razones personales y los problemas mentales que aquejan a las personas que los llevan a cabo. Si bien causan miedo y pánico en las personas y en la comunidad, estos no son considerados terroristas. La línea entre unos y otros es fina pero muy clara: un atentado terrorista se circunscribe a una finalidad política superior y no a un acto personal.

Trump se ha pronunciado a favor de la defensa de la segunda enmienda y, de hecho, una de sus primeras acciones fue revertir las medidas establecidas por su antecesor.

Hacer énfasis en esta diferencia no es asunto menor, de cara a los debates sobre los controles y las limitaciones para la venta de armas. Sus defensores, entre ellos la poderosa NRA y el presidente Trump, han calificado a los tiroteos masivos como “incidentes aislados”, que no reflejan la realidad sobre la tenencia de las armas en los hogares estadounidenses y que, en consecuencia, no deben ser utilizados como pretextos para impulsar leyes que limiten el legítimo derecho entorno a la tenencia de las armas.

No obstante, independientemente de los motivos personales de los tiradores o de los problemas mentales que los aquejan y los convierten en asesinos, lo cierto es que el número de muertes y heridos relacionados con tiroteos masivos, ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas. Se trata de actos que generan pánico y conmoción y que atentan directamente contra la vida y la tranquilidad de la sociedad.

Reflexiones finales

A pesar de los datos que dan cuenta del incremento de muertes por armas de fuego y de sus implicaciones en términos de tráficos ilícitos, la implementación de mejores controles para limitar la venta de armas pequeñas y ligeras en Estados Unidos no se encuentra dentro de las prioridades de la Casa Blanca y del Congreso. Además, cualquier cambio en la legislación federal, debe acompañarse necesariamente de cambios a nivel estatal, así como de regulaciones de los mercados secundarios.

El que los estadounidenses consideren el acceso a las armas como un derecho fundamental, también tiene implicaciones directas sobre las iniciativas para implementar mayores controles. Como han documentado diversas organizaciones sociales, los intentos por fortalecer las restricciones entorno a la compra y tenencia de armas, se traducen en un incremento de la compra de las mismas, lo que resulta en una terrible paradoja. Curiosamente, las ventas de armas se incrementaron durante el gobierno de Obama y registran una disminución en el actual gobierno de Trump. Esto da cuenta de las percepciones de los estadounidenses sobre la tenencia de las mismas y constituye un desafío, porque más allá de las legislaciones, hay una cultura relacionada con la tenencia de las armas que es la más difícil de modificar.

YADIRA GÁLVEZ SALVADOR es internacionalista y especialista en seguridad nacional, seguridad internacional y defensa. Candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y graduada del Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa, Estados Unidos. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora académica del proyecto de investigación “Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas”.

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