3 septiembre, 2015 • Artículos, Latinoamérica, Portada, Regiones • Vistas: 10386

 Sonja Wolf

Septiembre 2015

Los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) dejaron atrás la violencia política que los azotó hasta principios de la década de 1990 y que resultó en miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Pese a que se emprendió la construcción de democracias formales, el paso del tiempo evidenció que las élites no estaban dispuestas a respaldar las reformas institucionales y estructurales necesarias para consolidarlas. La celebración de elecciones competitivas no logra ocultar la persistencia de problemas históricos como la pobreza y la desigualdad, exacerbados por políticas económicas neoliberales; la inestabilidad política, agudizada en Honduras con el golpe de Estado de 2009; las instituciones frágiles y corruptas que no tienen pleno control territorial y un sistema de justicia cuyas deficiencias provocan niveles de impunidad muy elevados.

El crimen y la violencia, que desde hace 2 décadas constituyen la mayor preocupación de la población, afectan sobre todo a los sectores populares. Si bien es cierto que se cometen diversos delitos, destacan entre ellos los homicidios y las extorsiones. Prueba de ello es      que las muertes violentas han alcanzado niveles alarmantes, especialmente en Honduras y en El Salvador, como se muestra en la gráfica 1. Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes de zonas marginales que son asesinados con armas de fuego. Por otra parte, la llamada «renta», que antes se componía de colaboraciones monetarias a pequeña escala, evolucionó al cobro sistemático y de cuantiosas sumas de dinero. Los blancos son amplios y variados: abarcan desde el transporte colectivo, hasta comerciantes, vendedores ambulantes, restaurantes y bares. La magnitud de este negocio, supuestamente millonario, se desconoce porque muchas víctimas no interponen denuncias por miedo a sufrir represalias. Tanto los homicidios como las extorsiones son asociados con el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), las principales pandillas callejeras (llamadas «maras» en el argot local).

Tasa anual de homicidios per cápita del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador, Guatemala), 2000-2014.

Fuentes: Institutos Forenses
Recopilación de los datos: Central American Business Intelligence.
Elaboración de la gráfica: Mayra Esponda

Ambos grupos se formaron en los barrios de inmigrantes en Los Ángeles, California, donde los centroamericanos que huían de la represión buscaron refugio. Sus hijos, en respuesta a la múltiple marginalidad que conlleva una vida clandestina, se unieron a múltiples pandillas. Con el endurecimiento de las leyes inmigratorias a mediados de la década de 1990, Estados Unidos intensificó la expulsión de los no ciudadanos infractores. Al regresar a sus países, que no les ofrecían oportunidades de reinserción, muchos de los deportados retomaron sus actividades pandilleriles e incorporaron a adolescentes locales. Ante los ojos impasibles de sucesivos gobiernos, la pandilla Barrio 18 y la MS-13 se convirtieron en una creciente fuente de inseguridad.

A partir de 2003, los países del Triángulo Norte lanzaron estrategias de mano dura con el objetivo declarado de abatir a las pandillas y de mitigar las altas tasas de homicidios. Los planes, adoptados con fines electorales y de carácter represivo, produjeron arrestos masivos de presuntos pandilleros y llenaron aún más las ya saturadas cárceles, en las que se vive en condiciones infrahumanas y que carecen de programas serios de rehabilitación. Las medidas presentaron efectos adversos: los asesinatos se dispararon y las pandillas fortalecieron su estructura interna, ampliaron su accionar delictivo (sobre todo las extorsiones), mostraron mayor brutalidad y se incrustaron más en las comunidades bajo su control.

Desde hace décadas, la búsqueda de mejores oportunidades laborales y la reunificación familiar han movido a muchos centroamericanos a viajar de manera indocumentada hacia Estados Unidos. Si bien esta migración se mantiene, en años recientes la agudización de la violencia pandilleril ha suscitado nuevas formas de desplazamiento forzado. Aún existen pocos datos al respecto porque se trata de un fenómeno silencioso. Los afectados no son grandes grupos poblacionales como sucede durante un conflicto armado, sino personas o familias en zonas geográficas urbanas y rurales dispersas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y no presentan denuncias. Testimonios de personas desplazadas indican que las amenazas de pandillas surgen por motivos como la negativa a ingresar a la misma o pagar extorsiones, la aplicación de la ley y la colaboración con el sistema de justicia. Por consiguiente, el perfil de las personas desplazadas es diverso e incluye desde comerciantes, maestros y alumnos hasta policías, soldados, médicos y pastores.

Quienes por razones económicas se ven imposibilitados a salirse de su país se trasladan internamente e intentan mantener un bajo perfil. Sin embargo, como las pandillas y sus redes de inteligencia se extienden a nivel nacional, sus víctimas prefieren huir al extranjero. Muchos buscan llegar a Estados Unidos, pero los riesgos asociados al tránsito irregular por México y las elevadas tarifas de los «coyotes» hacen que cada vez más personas desplazadas se proponen reconstruir su vida en este último país. Algunas de ellas presentan una solicitud de refugio debido a las amenazas de pandillas, pero muchas son denegadas, como se muestra en la gráfica 2. Debido a este problema, en 2010 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó una Nota de Orientación Sobre las Solicitudes de la Condición de Refugiado Relacionadas con las Víctimas de Pandillas Organizadas que pretende facilitar el análisis jurídico de estos casos. Aun así, muchos solicitantes no logran cumplir con los estándares probatorios que se exigen, ya que abandonaron sus países de manera apresurada y no lograron reunir la documentación pertinente. Además, muchos tienen dificultades para entender un procedimiento de carácter muy técnico. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha sido incriminada de adulterar las declaraciones de solicitantes para poder denegarles la condición de refugiado, acusación que la propia agencia ha rechazado enérgicamente.

Solicitud de Refugiados y Protección Complementaria (2002-2014).

Fuente de los datos: COMAR
Elaboración de la gráfica: Mayra Esponda

Para quienes no logran obtener refugio el futuro está plagado de incertidumbre. Este es el caso del policía hondureño que, pese a que sufrió múltiples atentados contra su vida por mantenerse incorruptible, no tiene permiso para quedarse en México puesto que no tenía las cicatrices de bala que la COMAR pidió ver. Incluso para aquellas personas que son reconocidas como refugiados la vida es ardua. Los problemas que enfrentan van desde la separación de la familia, la falta de acceso a servicios de salud y a una vivienda digna, hasta la discriminación en el trabajo y la falta de un empleo estable. Así le sucedió al comerciante salvadoreño que fue extorsionado por una pandilla para luego ser torturado por otra debido a que se oponía a que su hija fuera novia de uno de sus integrantes.

No obstante, muchos centroamericanos que huyen clandestinamente de las pandillas no pasan por los filtros migratorios. Durante mucho tiempo, la política migratoria de México ha buscado desalentar la migración indocumentada hacia el norte por medio de la detección, detención y deportación de los extranjeros irregulares. Con una extensa red de controles migratorios en el interior del país, conocida como «frontera vertical,» México se ha convertido progresivamente en una extensión del aparato de seguridad fronteriza estadounidense. La raíz de este cambio en la política migratoria está en los intereses comunes de ambos países. Hay que recordar que México es un importante socio comercial de su vecino del norte y tiene aproximadamente 6 millones de connacionales indocumentados residiendo en ese país. Por su parte, Estados Unidos procura cerrar su frontera sur a la migración no autorizada, al narcotráfico, a las pandillas, al derrame de la violencia y, especialmente desde los eventos del 11-S, al terrorismo.

Los controles migratorios, en lugar de disuadir a los migrantes indocumentados, los ha llevado a transitar por rutas más aisladas y más peligrosas. A mediados de 2014, ante la llegada de miles de menores migrantes no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos, la presión sobre México creció. En julio de 2015 se anunció el Plan Frontera Sur con el objetivo declarado de fomentar una migración más segura y ordenada. En la práctica, la iniciativa se tradujo en un aumento de los retenes y de los operativos migratorios. Actualmente, México deporta a más migrantes centroamericanos que Estados Unidos.

Quienes son enviados a sus lugares de origen se encuentran con la inseguridad y la marginalidad de siempre. Las respuestas que adoptan los gobiernos del Triángulo Norte también permanecen constantes: se centran en la aplicación de leyes más duras, la ejecución de arrestos masivos y el aumento de patrullajes militares. Un caso imprescindible para entender el atractivo duradero de la mano dura es el de El Salvador. Desde 2009 el país es gobernado por la exguerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que aseguró querer enfrentar a las pandillas y al crimen mediante la prevención social, un enfoque de policía comunitaria y la rehabilitación de los infractores. Sin embargo, los altos niveles de homicidios, las acusaciones de incompetencia por la oposición y una opinión pública impaciente provocaron el regreso a la represión. Además, pese a que el gobierno de Mauricio Funes (quien gobernó de 2009 a 2014) promovió una tregua entre pandillas que temporalmente redujo los homicidios a la mitad, el carácter electoral de la medida hizo que esta colapsara y que los asesinatos llegaran a niveles inauditos en el período posguerra.

El actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén lucha por contener las secuelas de la tregua, que van desde el mayor poder político que adquirieron las pandillas hasta la cuestionada legitimidad del Estado. Como sus vecinos, muchos salvadoreños no creen en la posibilidad de un cambio y consideran el éxodo del país como la única solución a un problema sin aparente salida. Mientras México prefiere cerrar sus puertas a las personas afectadas por la violencia crónica, Estados Unidos desembolsa ayuda paliativa en seguridad. A menos que los gobiernos del Triángulo Norte empiecen a enfrentar los problemas estructurales sin agendas políticas y sus vecinos de la región se comprometan a hacer su parte, es improbable que la precaria situación en Centroamérica cambie.

SONJA WOLF es investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro. Sígala en Twitter en @scwolf5.

 

 

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