Los derechos humanos en México desde la mirada internacional

1 abril, 2014 • Artículos, Latinoamérica, Portada, Sin categoría • Vistas: 1787

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Abril 2014

La participación de México ante organismos internacionales de derechos humanos ha demostrado los pendientes que tiene el gobierno en este tema y ha señalado contradicciones en su sistema penal y de justicia. En esencia, además de detallar las áreas que debe atender para mejorar la situación de los derechos humanos, estos foros han dado un espacio para debatir si México realmente quiere ser un Estado que respete los derechos humanos o no.

Chacatorex

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La participación de México en foros y organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) ha ocasionado que la comunidad internacional esté pendiente de lo que sucede en cuestión del respeto a los derechos humanos dentro del Estado mexicano. La disposición de México a estar abierto al escrutinio internacional es valiosa pues ha permitido obtener una perspectiva externa sobre la situación de los derechos humanos y además ha abierto la posibilidad de plantearse preguntas sobre qué tipo de Estado quiere ser México en este tema. A grandes rasgos, se pone a debate si nuestro país quiere ser un Estado que respete y promueva los derechos humanos o no.

El año pasado, específicamente el 23 de octubre de 2013, México se sometió al Examen Periódico Universal ante el CDH. El Examen es un proceso por medio del cual los países miembros de Naciones Unidas analizan y evalúan el desempeño en materia de derechos humanos de los otros Estados, en este caso México. En términos generales, lo que reveló es que la protección de los derechos humanos en nuestro país tiene temas pendientes. En las 176 recomendaciones emitidas por el Consejo se encuentra la necesidad de garantizar el respeto de los derechos de personas como defensores de derechos humanos, periodistas y otros grupos vulnerables como mujeres o indígenas. Además, se escucharon reclamos referentes al alarmante número de víctimas de desaparición forzada y la necesidad de restringir el uso del fuero militar, así como de abrogar el arraigo.

Animal Político

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La respuesta de México ante estas recomendaciones fue presentada durante la reunión 53 del CDH, en la cual aceptó 166 de las 176 de las recomendaciones. Dentro de las 10 recomendaciones que rechazó se encuentran temas importantes y controversiales como el arraigo. A grandes rasgos, el arraigo en México permite que la autoridad judicial —a petición del Ministerio Público y cuando se trate de delitos de delincuencia organizada— podrá decretar el arraigo de una persona hasta por 80 días. Durante este periodo, los individuos son detenidos y los mantienen en total incomunicación con sus abogados y familiares. Los reclamos de la comunidad internacional por eliminar esta figura no son nuevos, pues el propio Consejo emitió estas recomendaciones en 2010, cuando México se sometió al Examen Periódico Universal por primera vez. Los reclamos se suman a los ya emitidos por organismos como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes promueven la eliminación del arraigo del sistema legal mexicano.

Las demandas de la comunidad internacional de abrogar el arraigo de nuestra Constitución se basan en dos líneas de argumentación. La primera, mucho más inmediata, reprueba el arraigo por ser una figura que vulnera los derechos de los individuos. La segunda, va más allá y cuestiona la naturaleza contradictoria del sistema penal mexicano que, por ejemplo, en la reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008 (conocida comúnmente como reforma penal) modificó artículos para crear un nuevo sistema penal acusatorio y que promueve el respeto de los derechos humanos y, a la vez, en esta misma reforma se constitucionalizaron figuras como el arraigo que son contrarias a la veta garantista y que, en cambio, promueve un derecho penal del enemigo que contiene motivaciones y prácticas autoritarias.

Reuters

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El arraigo fue introducido a la Constitución en 2008 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que caracterizó al gobierno del presidente Felipe Calderón. La crisis de seguridad desencadenada en gran parte por el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico facilitó la aprobación de la reforma al artículo 16 constitucional que contiene la figura del arraigo. La justificación de este mecanismo era que funcionaría como una medida federal preventiva para indagar sobre personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado. El resultado de la implementación de esta figura ha sido negativo pues, por un lado, el mecanismo ha sido deficiente, ya que de los 4000 arraigos efectuados durante el sexenio de Calderón, únicamente en 120 se ejerció acción penal. Esto quiere decir que el 97% de los casos restantes, en lo cuales las personas pasaron hasta 80 días privados de su libertad y siendo acusados a priori por supuestamente tener vínculos con el crimen organizado, terminaron en un “lo sentimos, estábamos equivocados” por parte de las autoridades. Por otro lado, la figura del arraigo no sólo es violatoria de derechos en sí misma —ya que es contraria al derecho al debido proceso, al libre tránsito y a la libertad personal—, sino que también propicia un ambiente favorable para que ocurran más violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, al no estar sujeto a controles legales y revisiones judiciales en su aplicación, el arraigo ha ocasionado un incremento en los casos de tortura y tratos crueles. De acuerdo con el Subcomité de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura, cerca de la mitad de los casos analizados de personas en arraigo presentaban signos de violencia reciente.

Rafael del Río

Rafael del Río

Mas allá de denunciar los abusos inmediatos a los derechos humanos que propicia la figura del arraigo, los reclamos de países como Bélgica, emitidos en el Examen Periódico Universal del CDH, tienen de fondo una pregunta más interesante que se relaciona con la naturaleza contradictoria del sistema penal mexicano. La contradicción es evidente cuando recordamos que en 2008, la reforma penal, además de elevar a rango constitucional el arraigo, también modificó una serie de artículos que transformaron el sistema penal inquisitorio en un sistema penal acusatorio basado en el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia. La esquizofrenia constitucional es tal que en 2016, cuando entre en vigor la implementación del nuevo esquema acusatorio a nivel nacional, contaremos con dos sistemas de justicia antagónicos: uno garantista y otro autoritario. En este sentido, los reclamos de la comunidad internacional piden que México se decida a instalar un sistema de derechos y garantías, y deje de lado el sistema de excepción que se basa en figuras como el ya criticado arraigo. La decisión por dejar atrás estos instrumentos no es del todo sencilla pues, además de necesitar una nueva reforma constitucional que elimine dichos mecanismos de la Constitución, se necesita de verdadera voluntad del gobierno y de la sociedad civil para construir un sistema de justicia penal que respete al individuo, fortalezca las instituciones emanadas del derecho y que además sea capaz de ofrecer justicia eficazmente. Esta tarea no es fácil, pero la alternativa de mantener un sistema penal discrecional, basado en la venganza, el miedo y la excepcionalidad es peor, pues nos dejaría a todos desprotegidos frente a los abusos de la autoridad.

MARIANA MEZA HERNÁNDEZ es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por el ITAM. Ha trabajado en los Departamentos académicos de Ciencia Política y Relaciones Internacional de la misma institución como asistente de investigación. Además, trabajó en la Embajada de México en Washington durante 2010. Actualmente, es investigadora en el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC).

 

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