Las ONG de derechos humanos en Siria

19 septiembre, 2016 • Artículos, Medio Oriente, Portada • Vistas: 2548

Fragmentación, evolución y resistencia

AFP

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avatarDefault Daniela Bachi

Septiembre 2016

Una colaboración del Programa de Jóvenes del Comexi

Desde el inicio de la guerra civil en Siria, diversos autores han analizado la lucha por el poder entre el régimen de los al Assad, los distintos grupos opositores y los actores externos que participan en el conflicto. No obstante, muy poco se conoce sobre la situación que enfrentan miles de defensores de derechos humanos que realizan a diario un trabajo complejo, en muchas ocasiones en condiciones de clandestinidad y sin un respaldo institucional que los proteja.

Como ocurre en otros países del Medio Oriente, el espacio para la autonomía de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos en Siria es sumamente reducido. Desde los primeros años de vida independiente, el Estado ha recurrido a diversos mecanismos de control para reprimir a las organizaciones, entre ellos: las prohibiciones a la recaudación de fondos, los ataques a la libertad de expresión y la negación de licencias y registros. Aunque la Constitución siria protege los derechos a la libertad de asociación y expresión, el régimen antepuso con frecuencia el estado de excepción, decretado desde 1963, y otras leyes restrictivas que sirvieron como justificación para anular las garantías constitucionales y silenciar a sus opositores.

Tras el inicio de las sublevaciones populares en marzo de 2011 —que gestaron las condiciones para un movimiento revolucionario—, el entorno en el que las ONG en Siria desempeñan sus actividades se tornó aún más precario que durante los años más oscuros del régimen del presidente Hafez al Assad (de 1971 a 2000). Sin embargo, se ha observado de forma paralela un incremento sin precedentes en el vigor y en la capacidad de organización de la sociedad civil. El número de ONG de derechos humanos se multiplicó y muchas de estas organizaciones se constituyeron para expresar las demandas legítimas de dignidad, libertad e igualdad de derechos, negadas durante décadas por el régimen de los al Assad.

En este artículo se analizará, en primer lugar, la evolución de las ONG de derechos humanos en Siria antes y después del inicio de las sublevaciones populares de 2011. En segundo lugar, se estudiarán las estrategias de defensa y promoción de los derechos humanos que estas organizaciones ponen en práctica frente a la progresiva reducción del espacio para el activismo. Por último, se pretende resaltar la importancia de las ONG en la futura etapa de reconciliación y reconstrucción de los cimientos del Estado.

Los años de Hafez al Assad en el poder y la llegada de la Primavera de Damasco

Desde la década de 1970, el régimen arbitrario y represivo del presidente Hafez al Assad negó a los grupos activistas en Siria registrarse como ONG de derechos humanos. Al Assad gobernó con puño de hierro durante 3 décadas consecutivas, propiciando estabilidad en un país que se había visto afectado de manera recurrente por golpes de Estado y crisis políticas. No obstante, el precio fue muy alto, ya que a cambio de la estabilidad, el Presidente sirio reforzó las leyes de emergencia promulgadas desde el golpe militar de 1963 y eliminó las libertades políticas.

Desde 1958, el principal impedimento para el registro de las ONG en Siria ha sido la Ley sobre Asociaciones y Sociedades Privadas (conocida como ley número 93). Esta ley regula el establecimiento de cualquier tipo de asociación u organización en Siria y autoriza a los servicios de seguridad rechazar la petición de registro. De forma paralela, el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales se convirtió en la institución central para monitorear y supervisar las actividades de las asociaciones.

A pesar de la represión institucionalizada, un pequeño grupo de intelectuales y críticos exhortaron al gobierno de manera recurrente a emprender reformas encaminadas hacia la apertura política y la rendición de cuentas. De acuerdo con el informe de 2007 de Human Rights Watch (HRW), No Room to Breathe. State Repression of Human Rights Activism in Syria, el primer grupo en exigir las reformas fue la Asociación Nacional de Abogados sirios, que entre 1978 y 1980 demandó en diversas ocasiones la anulación del estado de excepción y, al mismo tiempo, solicitó al gobierno abolir las cortes especiales y garantizar la independencia del poder judicial.

A finales de la década de 1980, los Comités para la Defensa de las Libertades Democráticas y de los Derechos Humanos en Siria dieron vida a un periodo de renovado activismo desde el extranjero, al tiempo que mantenían una presencia clandestina en Siria. En 1991 este grupo sufrió una dura represión a manos del régimen, dando lugar al hundimiento temporal del movimiento naciente de derechos humanos. No obstante, algunas de las asociaciones de sirios radicados en el exterior continuaron la arriesgada labor de informar la situación que se vivía en su tierra natal.

Después de la muerte de Hafez al Assad en junio de 2000, resurgió la esperanza de que el ascenso de su hijo Bashar al poder inaugurara una nueva etapa de reformas políticas. Con el propósito de enmendar las relaciones con los grupos islamistas, Bashar al Assad clausuró la prisión política de Mazzah, símbolo de la brutalidad del régimen, y liberó a cientos de presos políticos, como lo documentan Joe Pace y Joshua Landis en The Syrian Oppostion: The struggle for unity and relevance, 2003-2008.

Fue en este periodo de aparente apertura cuando los intelectuales comenzaron a dar signos de vida y las organizaciones de derechos humanos se multiplicaron dando lugar a la llamada “Primavera de Damasco”. Muchos de los activistas de derechos humanos que surgieron durante este periodo formaban ya parte de las filas de los activistas políticos reprimidos por el régimen años atrás. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de intelectuales y personalidades disidentes reclamaron la liberalización política y apertura democrática. Estas personalidades fomentaron la creación de foros de debate y organizaciones de defensa de derechos humanos. De acuerdo con Pace y Landis, algunos parlamentarios, académicos, empresarios y antiguos líderes de la oposición se unieron al llamado de los intelectuales, motivados por lo que parecía una fuerza real de disidencia.

REUTERS/Khalil Ashawi

REUTERS/Khalil Ashawi

En septiembre de 2000, la sociedad civil presentó el Manifiesto de los 99, firmado por diversos intelectuales, artistas, abogados y académicos —entre los que figuran nombres como el de Michel Kilo, Adonis, Burhan Ghalioun, Haidar Haidar y Sadiq al-Azm—. De acuerdo con Ignacio Álvarez-Ossorio en Syria’s Struggling Civil Society, este documento exigía la supresión del estado de emergencia y las leyes marciales; el retorno de los deportados y exiliados; la amnistía para todos los presos políticos y las personas perseguidas por sus ideas políticas; el Estado de derecho; la libertad de asociación, prensa y expresión; así como la supresión de diversas formas de vigilancia sobre la vida pública.

Al comienzo de 2001, los activistas de la Primavera de Damasco elaboraron un manifiesto con el fin de conferir unidad y dirección a la marejada de exigencias y reivindicaciones. Más de mil activistas de la sociedad civil firmaron en enero el Manifiesto de los Mil, el cual demandaba al régimen adoptar una reforma constitucional completa, anular las leyes del estado de emergencia y conceder plenas libertades civiles a todos los sirios. Temerosa de que las críticas escalaran, el ala dura del régimen inició una ofensiva contra los disidentes, que más tarde sería denominada el “Invierno de Damasco”. Durante este periodo al Assad llenó de nueva cuenta las cárceles con disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos.

Si bien las promesas de al Assad de crear nuevas leyes que ampliaran la participación política y de la sociedad civil nunca se materializaron, la Primavera de Damasco consiguió objetivos modestos pero perdurables. Por primera vez desde finales de la década de 1970, los intelectuales y activistas de derechos humanos pudieron acceder a espacios públicos para expresar sus puntos de vista. A pesar de que algunas divisiones ideológicas prevalecían entre estos grupos, los disidentes tomaron conciencia de la existencia de unos y otros.

En febrero de 2005, el asesinato del Primer Ministro libanés, Rafiq Hariri, renovó el ímpetu que la oposición siria había experimentado durante la Primavera de Damasco. Ante la expulsión de las fuerzas sirias de Líbano después de 30 años de presencia y el creciente aislamiento internacional del régimen sirio (señalado por muchos como el autor intelectual del asesinato de Hariri), diversos líderes de la oposición creyeron que al Assad se vería forzado a emprender reformas reales.

La sociedad civil siria decidió entonces desafiar abiertamente al régimen proclamando en octubre de ese mismo año la Declaración de Damasco, la cual exigió de nueva cuenta la abolición de todas las formas de persecución política y exclusión de la vida pública, la plena igualdad de todos los ciudadanos independientemente de su afiliación étnica y sectaria y, finalmente, el establecimiento de un gobierno plenamente democrático, como lo establece Tina Zintl en Modernization Theory II: Western-Educated Syrians and the Authoritarian Upgrading of Civil Society. A pesar de los esfuerzos, la Declaración conoció el mismo destino que la Primavera de Damasco: la represión y una serie de detenciones que empujaron a diversos activistas al exilio.

La participación de las ONG de derechos humanos en la Revolución siria

La llegada de la llamada Primavera Árabe a Siria marcó un punto de inflexión en la organización de la sociedad civil en general, y en particular, en la articulación de las organizaciones de derechos humanos en el país. Frente a la ausencia de una oposición unida, un pequeño grupo de intelectuales y disidentes tomó el protagonismo exigiendo de manera pacífica el fin del autoritarismo. No obstante, al Assad dejó claro desde el inicio de las protestas que las reformas no serían resultado de la presión popular. Con el fin de causar miedo entre la población, se desplegaron los grupos paramilitares aliados al régimen de al Assad, conocidos como shabiha. En conjunto con los servicios de seguridad e inteligencia sirios, los shabiha han sido responsables de la proliferación indiscriminada de arrestos, ejecuciones y torturas. Una vez que la represión contra las protestas pacíficas se intensificó, los grupos sublevados demandaron no solo reformas, sino la caída del régimen.

En 2012 entró en vigor la legislación contra el terrorismo, de la mano de un tribunal especial para acallar los esfuerzos de incidencia de abogados y defensores de derechos humanos. La magnitud de la represión contra los defensores de derechos humanos con base en esta ley ha sido desmesurada. En su informe de agosto de 2015 (A/HRC/30/48), la Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre Siria —establecida en agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas— afirmó que los activistas de derechos humanos forman el mayor conjunto de personas detenidas con base en el artículo 8 de la Ley Antiterrorista. Esta ley establece la pena de cárcel y trabajos forzados a los acusados de cometer diversas infracciones vagamente definidas, incluyendo la divulgación de publicaciones e información.

Desde el inicio de la guerra, diversos grupos de la sociedad civil comenzaron a realizar actividades para llenar el vacío en las zonas a lo largo del país que habían quedado fuera del control del régimen. Como parte de este fenómeno, emergieron organizaciones de base con la capacidad de administrar la vida comunitaria —incluyendo el suministro de servicios básicos, asistencia humanitaria y servicios educativos.— El caso más notable es el de los comités de coordinación locales (CCL).

Desde el inicio de la revolución, los comités expresaron sus principales demandas: poner fin al ataque sistemático contra los manifestantes por parte las fuerzas del régimen, y la liberación de todos los presos políticos. Según Yezid Sayigh en The Syrian Opposition’s Leadership Problem, los CCL han hecho parte de sus actividades la documentación de las atrocidades cometidas por el régimen y las fuerzas de oposición armadas. Sin embargo, la proliferación de grupos extremistas en la segunda mitad de 2013 afectó las actividades de los CCL y redujo de manera sustantiva la formación de nuevas agrupaciones de derechos humanos.

AMMAR ABD RABBO/AFP/Getty Images

AMMAR ABD RABBO/AFP/Getty Images

Estrategias de las ONG de derechos humanos durante la guerra civil en Siria

Las ONG de derechos humanos en Siria han articulado sus estrategias en torno a cinco ejes: 1) documentación y denuncia; 2) incidencia; 3) búsqueda de acceso a mecanismos de rendición de cuentas; 4) búsqueda de acceso a un juicio independiente y justo, y 6) capacitación y educación en temas de derechos humanos. Además de los CCL, los integrantes de diversas ONG (entre las que destacan el Centro de Damasco para el Estudio de los Derechos Humanos, The Syrian Network for Human Rights y The Syrian Observatory for Human Rights) han documentado las violaciones y los abusos cometidos por el régimen de al Assad y los rebeldes armados, en un escenario sumamente hostil, con recursos limitados y muchas veces arriesgando su vida. La importancia de estos informes radica en que al apegarse a estrictos estándares internacionales, una vez cotejados con otras fuentes de información, tienen el potencial de convertirse en evidencia a presentar en futuros procesos de justicia transicional. De hecho, The Syrian Network for Human Rights es ya considerada una de las principales fuentes de información y referencia para los estudios analíticos y estadísticos de Naciones Unidas.

Una de las ONG líder en actividades de documentación ha sido Violations Documentation Centre in Syria (VDC), dirigida hasta diciembre de 2013 por Razan Zaitouneh. Desde su creación en 2011, el VDC asumió la responsabilidad de compilar los nombres de las personas asesinadas, detenidas, desaparecidas o secuestradas en el marco de la revolución. En 2013, un supuesto grupo islamista participó en el secuestro de Zaitouneh, y tres de sus colegas en las oficinas de la organización en Douma. Los “cuatro de Douma” permanecen desaparecidos desde entonces. Organizaciones internacionales de derechos humanos afines a su lucha, como la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), consideran que su detención forma parte de un patrón más amplio de amenazas y hostigamiento por parte de las fuerzas del régimen y de actores no estatales que buscan impedir que los defensores de derechos humanos expongan los abusos que ambos grupos están cometiendo.

Teniendo en cuenta el extenso trabajo de documentación que se ha realizado, algunas ONG han comenzado a proponer proyectos para una nueva Siria. En el escenario de una hipotética transición política, las organizaciones tienen en mente una serie de mecanismos de justicia transicional, incluyendo la eventual ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el establecimiento de un tribunal especial en Damasco; procesos internos, investigaciones judiciales y comisiones de la verdad; programas nacionales de resarcimiento; preservación de la memoria histórica; programas de “desbaazificación” y una reforma profunda del aparato de seguridad, como lo argumentan Mark Lattimer, Shabnam Mojtahedi y Lee Anna Tucker en A Step towards Justice: Current accountability options for crimes under international law committed in Syria.

Por otro lado, algunas ONG realizan actividades para incidir sobre las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Centro de Damasco para el Estudio de los Derechos Humanos, por ejemplo, incidió desde el principio de la guerra civil sobre el Consejo de Derechos Humanos para apoyar el establecimiento la Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre Siria, que tendría como propósito investigar las violaciones de derechos humanos y posteriormente llevar a los responsables ante la justicia.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (A/HRC/WGAD/2013), Syrian Centre for Media and Free Expression (SCM) también ha desempeñado un papel crucial en la documentación y difusión internacional de información sobre violaciones a los derechos humanos. Con miras a contribuir a un proceso de justicia, verdad y reconciliación, el SCM documenta los abusos a los derechos humanos, incluyendo las amenazas del régimen contra periodistas, escritores, defensores y activistas de derechos humanos. No obstante, sus activistas han padecido la represión de los servicios de inteligencia del régimen. Más de una decena de sus miembros fueron arrestados en 2012, incluyendo su director, Mazen Darwish. En 2014, Darwish y dos de sus colegas fueron condenados por “promover actividades terroristas” bajo el artículo 8 de la Ley Antiterrorista de 2012 (A/HRC/30/48).

Aunque en 2015 Darwish fue absuelto con base en la amnistía anunciada en junio de 2014, los activistas del SCM y otras organizaciones afines permanecen en riesgo de futuras detenciones. Entre las actividades incriminadas con regularidad figuran la documentación de los nombres de personas detenidas, desaparecidas, buscadas y asesinadas durante la guerra civil (A/HRC/WGAD/2013). De acuerdo con la FIDH, hacia marzo de 2015, el régimen sirio había detenido arbitrariamente a cerca de cuarenta periodistas y activistas de ONG nacionales. La mayor parte de ellos se encuentran aún recluidos en prisiones de máxima seguridad, donde sus derechos humanos son vulnerados diariamente.

Istimewa

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Las ONG y su papel en la reconstrucción y reconciliación siria

Con la llegada de la Primavera de Damasco y el surgimiento de activistas independientes, Siria vivió un momento de gran esperanza. Si bien estos grupos no lograron constituirse como un frente unido, supieron sacar ventaja de la apertura temporal del espacio público para expresar una serie de demandas legítimas acalladas durante décadas por el régimen de los al Assad. Después del inicio de la Revolución, las nuevas ONG han logrado articular estrategias consistentes con las demandas formuladas años atrás —incluyendo cambio político, rendición de cuentas, dignidad, libertad e igualdad de derechos, entre otras garantías—. Si algo positivo se puede rescatar de la tragedia que está padeciendo el pueblo sirio, es el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo el territorio, con un nuevo sentido de ciudadanía que trasciende divisiones identitarias. En el actual clima de violencia extrema, el surgimiento de las ONG de derechos humanos contribuye a contrarrestar un proceso de fragmentación social en torno a divisiones ideológicas, políticas, étnicas y sectarias.

Al conocer las realidades sobre el terreno, las ONG locales son sumamente efectivas para brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables y hacer frente a las necesidades reales de la sociedad civil. Por esta razón, es imperativo que la comunidad internacional y, sobre todo, los actores involucrados en las negociaciones de paz contribuyan, por un lado, a fortalecer sus capacidades y, por el otro, a proteger a todas aquellas personas que enfrentan una amenaza inminente. Cuando llegue la oportunidad de organizar la reconstrucción del Estado, las ONG pueden desempeñar un papel clave en una transición pacífica y justa. Además de ofrecer al mundo una lección de dignidad, la determinación de las ONG de derechos humanos y los activistas independientes, muestra que es posible reinventar los cimientos del Estado sirio.

DANIELA BACHI es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos y Acción Humanitaria en Sciences Po, París.  

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One Response to Las ONG de derechos humanos en Siria

  1. Victoria dice:

    Como puedo hacer parte?

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