La incertidumbre de los jóvenes inmigrantes

14 Agosto, 2017 • Artículos, CEI Gilberto Bosques, Portada • Vistas: 2084

El desequilibrio de las relaciones entre la Casa Blanca y el Congreso

 

EFE

Ana Margarita Martínez Mendoza

Agosto 2017

 

Una colaboración del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

 

Explicar cómo el contrapeso de poderes en Washington afecta la formulación de políticas públicas es una tarea compleja, especialmente cuando se analiza a fondo el eterno dilema de la reforma migratoria integral. Esta medida que a pesar de haber sido presentada en diversas versiones a lo largo de 3 décadas, no ha logrado anteponerse a las divisiones partidistas.

En los últimos años un posible alivio migratorio se ha visto reducido en esfuerzos legislativos que se concentran en defender a jóvenes inmigrantes indocumentados que habitan en el país desde temprana edad. Este sector de la población podría, para un importante grupo bipartidista de legisladores, generar un consenso a la hora de negociar una política migratoria que establezca un camino para la ciudadanía o bien, acciones que aseguren la inclusión de estos jóvenes en Estados Unidos.

El fenómeno migratorio ha definido a la población estadounidense desde los inicios de la conformación de este país. Estados Unidos ha clamado, a lo largo de los años, ser un punto de encuentro donde individuos de diferentes culturas, nacionalidades y religiones convergen en una sociedad funcional que se nutre de esta diversidad, resultado de cientos de generaciones de extranjeros que buscaron —y continúan buscando— el ya famoso e idealizado sueño americano.

No obstante, recientemente el fenómeno migratorio se ha ido criminalizando. Principalmente, debido al incremento de inmigrantes no autorizados dentro de la sociedad estadounidense, y la manera en que la mayoría de estas personas ingresan al país. Más aún, la formación de pandillas conformadas por extranjeros no autorizados en territorio estadounidense parece respaldar en ocasiones los argumentos de aquellos que buscan combatir y criminalizar la inmigración.

Con cada cambio de gobierno, la inmigración indocumentada se perfila como un tema clave durante las campañas presidenciales. Sin embargo, desde la amnistía de 1986 bajo el gobierno de Ronald Reagan, ni las élites políticas ni los candidatos que han llegado a la Casa Blanca han logrado aprobar una reforma migratoria integral que haga frente a la realidad de millones de personas que trabajan y cohabitan en las sombras.

Donald Trump, desde el inicio de su campaña ha dejado claro su deseo de combatir la inmigración indocumentada y de deportar a los inmigrantes no autorizados que ya habitan en el país, acrecentando un racismo latente entre los estadounidenses. No obstante, el actual gobierno republicano parece no querer diferenciar entre aquellos inmigrantes indocumentados que cuentan con antecedentes penales y aquellos que residen en el país llevando una vida honrada, claro está, escondiéndose de autoridades que se niegan a reconocer su existencia y que niegan la importancia de sus aportaciones económicas, sociales y culturales.

En julio de 2017, durante una conferencia encabezada por miembros del Caucus Hispano del Congreso para promover la agenda legislativa a favor de los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, la representante Lucille RoybalAllard (demócrata de California) enfatizó que los arrestos de inmigrantes no autorizados sin antecedentes criminales han incrementado en un 157% en comparación con 2016, aumentando el pánico y la separación de familias migrantes.

El Congreso vs. Trump

La reforma migratoria ha sido a lo largo del tiempo —para ambos partidos— un cálculo político que depende de los costos y de los beneficios que pueda darle al partido gobernante. Recordemos que la última gran reforma se hizo bajo un gobierno republicano cuando el presidente Reagan otorgó alivio a alrededor de 3 millones de inmigrantes indocumentados que lograron adherirse legalmente a la vida estadounidense. Ahora bien, más de 30 años después de la reforma migratoria de 1986, la población de inmigrantes no indocumentados, que de acuerdo con el Pew Research Center ha alcanzado aproximadamente 11 millones de habitantes, se enfrenta a uno de los gobiernos más duros con respecto a la política migratoria y a la inclusión de personas extranjeras en la base de la comunidad estadounidense.

Notimex

Destaca entonces durante el “joven” gobierno de Trump, la interacción que la Casa Blanca ha tenido con el Congreso. A bote pronto, el panorama político parece ser el idóneo para el Partido Republicano: mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes y la victoria de la Casa Blanca. Con todo, el mandatario republicano no ha podido avanzar su agenda dentro del Congreso de Estados Unidos, a pesar de contar con mayoría en ambos órganos legislativos. Cabe recordar, el fallido intento de remplazar la Ley de Salud del presidente Barack Obama, el cual se estancó en el Senado cuando 3 miembros del Partido Republicano —partido de Trump— se alinearon con sus contrapartes demócratas y decidieron bloquear esta iniciativa de ley, máxima promesa de la conferencia republicana ante su electorado durante los últimos 7 años y uno de los pilares del presidente Trump durante su campaña.

Recordar este reciente suceso es importante por ciertos factores que competen a la política migratoria de Estados Unidos. Primeramente, porque nos demuestra una vez más el verdadero contrapeso de los tres poderes de Estados Unidos. En este caso del Congreso y en otras ocasiones el del sistema de justicia encabezado por la Suprema Corte, quienes mantienen al ejecutivo en orden en caso de que este último emita acciones unilaterales que contravengan a la Constitución. En este sentido, vale la pena destacar que ciertas disposiciones de las acciones ejecutivas que el presidente Trump autorizó en enero de 2017 para reforzar la seguridad fronteriza y asegurar la aplicación de las actuales leyes migratorias ya han sido desafiadas por las cortes, por algunos estados y por ciertos legisladores federales en ambas cámaras.

Por otro lado está el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012, legado del gobierno de Barack Obama y producto también de una acción ejecutiva que a su vez, se enfrentó a una serie de desafíos legales. Actualmente, DACA parece estar en peligro bajo el gobierno de Trump. Este programa ha beneficiado a alrededor de 800 000 jóvenes inmigrantes —muchos de estos conocidos como dreamers o soñadores— que salieron de las sombras para registrarse a invitación de su propio gobierno, y que ahora se enfrentan a una fuerte incertidumbre sobre su estatus migratorio. Este grupo de jóvenes que se encuentra en el “limbo”, deberá esperar a que el ejecutivo resuelva si eliminará la acción diferida emitida por Obama, especialmente ante la presión de un grupo de 10 procuradores estatales, encabezados por el Procurador General de Texas, que solicitó al gobierno federal anular el programa DACA a más tardar el 5 de septiembre de 2017.

La incertidumbre de DACA y el Dream Act de 2017

Ante la actual negativa del gobierno republicano en impulsar una política migratoria de inclusión, el senador Lindsey Graham, republicano del estado de Carolina del Sur, se ha dado a la encomienda de impulsar la nueva versión del Dream Act o Ley de los Soñadores de 2017 (S. Para Graham hacer frente al problema migratorio ayudará a detener la tercera ola de inmigración indocumentada y a reforzar la seguridad en la frontera.

Los esfuerzos por impulsar el Dream Act comenzaron en 2001 cuando el senador demócrata Richard Durbin de Illinois —copatocinador del Dream Act de 2017— introdujo la iniciativa S.1291 (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act -DREAM Act) con el respaldo del senador Orrin Hatch (republicano de Utah), mientras que el representante Luis Gutierrez (demócrata de Illinois) respaldó la medida introduciendo una versión espejo en la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley se ha presentado en numerosas legislaciones, ganando apoyo bipartidista en todas las ocasiones, pero nunca logrando los votos necesarios para ser aprobado en el pleno de ambas Cámaras.

Hasta el momento, en la Legislatura 115 existen cuatro propuestas que buscan otorgar algún tipo de alivio a los jóvenes inmigrantes no indocumentadas, todas con apoyo bipartidista: Bridge Act (H.R.496; S.128), Recognizing America’s Children ─RAC─ Act (H.R.1468), Dream Act of 2017 (S. 1615; H.R. 3440) y American Hope Act (H.R.1468). La red de jóvenes dreamers ha cobrado tal voz, que el tema ha generado en los últimos años un importante respaldo de la población y asimismo, de miembros republicanos en el Congreso. Tal es el caso del senador Graham, quien en 2013 formó parte del Grupo de los Ocho, conformado por legisladores de ambos partidos que buscaban impulsar una reforma migratoria integral.

El hecho de que en 2017, un republicano encabece el Dream Act, denota la necesidad que un gran número de legisladores de la Conferencia Republicana tienen de deslindarse de ciertas políticas retroactivas que Trump ha impulsado mediante una serie de acciones ejecutivas que van desde bloquear acceso a extranjeros de ciertos países a Estados Unidos hasta quitar financiamiento a ciudades que se rehúsen a cooperar con las políticas “racistas” en contra de inmigrantes emanadas por el ejecutivo (ciudades santuario). En este sentido, pareciera que para el actual gobierno de Trump, discriminar es una forma de hacer política.

AP-Kathy Willens

Es por esto que el liderazgo de ciertos republicanos como Graham en cuestiones migratorias o de John McCain (republicano de Arizona) durante la votación del Obamacare, manifiesta el desencanto de la élite republicana en el Congreso hacia Trump, y es un ejemplo más de la falta de apoyo que el magnate de bienes raíces y ahora presidente parece tener entre los pasillos del Congreso. Por lo tanto, el ejecutivo continúa sin haber ratificado ni una ley de gran escala.

Ahora bien, a pesar de que existen altas posibilidades de que la nueva versión del Dream Act quedé estancada una vez más en el legislativo, el mensaje que Graham y sus aliados mandan al gobierno es sumamente importante: estamos trabajando para nuestro electorado, no para la base “trumpista”. A esto hay que sumarle la importancia que tienen los legisladores en la ecuación democrática del país, siendo de los jugadores más importantes a la hora de impulsar políticas públicas que promuevan la agenda de la Casa Blanca. En contraste con Trump y su equipo que tan solo llevan 8 meses en la presidencia, la mayoría de los líderes en el Congreso que respaldan acciones para beneficiar a la comunidad de jóvenes inmigrantes han servido en promedio por un periodo mínimo de 10 o más años.

Aunado a lo anterior, manda también un mensaje a las organizaciones a favor de los migrantes, a los legisladores demócratas y sobre todo a los jóvenes inmigrantes: aquel donde demuestran que no están solos y que aun frente a un gobierno nacionalista, aislacionista y proteccionista, existen voces importantes dentro del Partido Republicano que están dispuestos a escuchar y a dialogar.

La reforma migratoria es entonces, un tema que no logra consenso para establecer soluciones permanentes desde hace algunos años, especialmente frente a una constante negativa por parte del Partido Republicano. Ante dicho escenario y ante la creciente presión por parte de legisladores federales en ambos lados del pasillo para impulsar acciones que alivien a jóvenes inmigrantes, el eliminar DACA podría implicar un importante costo político para la Casa Blanca. De acuerdo con una encuesta realizada por Politico, el 78% del electorado apoya que los dreamers puedan permanecer en el país, mientras que un 56% respalda otorgarles un camino para obtener la ciudadanía.

Si bien, la balanza del poder en Washington continuará moviéndose indefinidamente ya que el Congreso iniciará su periodo de receso en agosto de 2017 y regresará a sesiones hasta septiembre, fecha límite que los procuradores republicanos dieron al actual gobierno para desmantelar DACA. De igual manera, está la inestabilidad que causa el último movimiento que Trump realizó en su gabinete, pues el ahora Jefe de Gabinete, John Kelly, deja al Departamento de Seguridad Interior, el cual se encarga entre otras cosas de las dependencias que regulan las leyes migratorias, sin un líder. Aunque Kelly se rigió bajo una línea dura en materia de deportaciones, había dado ya indicios de la necesidad de reformar el sistema migratorio por medio de una ley, no mediante acciones del ejecutivo.

Mientras tanto, los jóvenes dreamers continuarán viviendo en la incertidumbre, aferrándose a la esperanza de ser reconocidos por un país que los ha visto crecer, que les ha enseñado su idioma, sus costumbres, sus valores, pero que se rehúsa a reconocer su importancia en la sociedad que compone a Estados Unidos. Jóvenes como Frank Fuentes —exbeneficiario del programa DACA, que fue deportado y posteriormente uno de los 10 inmigrantes indocumentados que fallecieron cuando 39 personas fueron abandonadas en la caja de un camión de carga en San Antonio, Texas— continuarán enfrentándose a situaciones inhumanas que se prolongarán si no se desarrollan políticas inclusivas con una visión humana, ante un fenómeno, el de la migración, que continuará ocurriendo y que no debe ser criminalizado bajo ninguna circunstancia.

ANA MARGARITA MARTÍNEZ MENDOZA es Subdirectora de Análisis e Investigación en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Colaboró en la oficina de Asuntos con el Congreso en la Embajada de México en Estados Unidos. Es maestra en Desarrollo, Innovación y Cambio por la Università di Bologna e internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey. Sígala en Twitter en @anaememtz.

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One Response to La incertidumbre de los jóvenes inmigrantes

  1. JBFranssen dice:

    Well done, very interesting and accurate comments. Great job!

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