Insistiendo en la soberanía

20 julio, 2017 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 2306

Trump, Cuba y la transición generacional de 2018

Getty Images- Joe Raedle

Arturo López-Levy y Rolf Niederstrasser

Julio 2017

En su discurso el 16 de junio de 2017 en la Pequeña Habana en Miami, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el fin del enfoque de distensión hacia Cuba promovido por su predecesor Barack Obama. En Miami, rodeado de la crema y nata del exilio cubano más intransigente, representada por el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, Trump proveyó la narrativa acompañante desde un estilo bombástico para una nueva directiva presidencial donde los cambios concretos de política son de alcance limitado.

La nueva orden de la Casa Blanca postula tres líneas fundamentales: 1) La ampliación de restricciones para los ciudadanos estadounidenses al prohibir viajes individuales bajo la licencia general de concepto educativo, como había permitido el presidente Obama en sus últimos 2 años; 2) la prohibición de que los viajeros estadounidenses se hospeden o las empresas de Estados Unidos hagan negocios bajo las licencias respectivas con empresas bajo control militar, específicamente aquellos negocios controlados por el Grupo de Administración Empresarial, S. A. (GAESA) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba; 3) Trump reemplazó el enfoque de Obama de avanzar los intereses y valores estadounidenses, independiente del efecto que la política de distensión pudiera tener sobre el gobierno cubano, por un retorno a la lista de demandas enclavadas en la Ley Helms-Burton como precondición para cualquier nueva negociación. Entre las concesiones a arrancar del gobierno cubano estaría la liberación de todos los presos políticos, la celebración de elecciones multipartidistas bajo supervisión internacional, el abandono del poder por Raúl Castro y la entrega unilateral a Estados Unidos de todos aquellos fugitivos de la justicia estadounidense refugiados en Cuba.

La nueva política de Trump conserva aspectos claves de las reformas de Obama, permitiendo que los cruceros y las aerolíneas estadounidenses continúen prestando servicios a la isla y dejando abiertas las Embajadas de ambos países en sus respectivas capitales. A los ciudadanos estadounidenses se les continuará permitiendo viajar a Cuba bajo ciertas licencias dentro de la prohibición general. Lo que se eliminarán son los llamados viajes de persona a persona, una categoría dentro de los viajes educacionales que le permite a los estadounidenses diseñar sus propios recorridos e ir a Cuba por cuenta propia. Ese método ha sido uno de los más populares para jóvenes viajeros estadounidenses que desean visitar la isla, pero la derogación de su licencia afecta el grueso de los viajes procedentes de Estados Unidos, los de los cubanoestadounidenses. En ese sentido Trump difiere en gran medida de las regulaciones del presidente George W. Bush en 2004 y 2006 cuando se estableció la limitación para los cubanoestadounidenses de un viaje bajo licencia familiar cada 3 años. Paradójicamente, hoy, los congresistas a favor del embargo que piden restricciones de viajes para el resto de los estadounidenses son incapaces de persuadir a sus votantes a restringir sus propios viajes.

El propósito de eliminar los viajes individuales busca detener la normalización de Cuba como destino en la mente de los estadounidenses y aumentar el monitoreo sobre la organización de los viajes mediante controles del Departamento del Tesoro sobre los itinerarios de viaje para potenciales multas y objeciones oficiales. Para esto, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros y otras agencias adoptarán reglas que prohíban los pagos directos a las empresas asociadas al aparato económico de las FAR, estableciendo castigos y multas para viajeros que operen fuera de la nueva restricción.

Esta decisión del gobierno de Trump ha sido criticada por importantes instituciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía International. En un comunicado, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Marselha Gonçalves Margerin comentó: “El aumento del diálogo político, los viajes y el comercio entre Estados Unidos y Cuba es fundamental para avanzar en los derechos humanos en ambos países. Si el presidente Trump vuelve a la retórica de la Guerra Fría del aislamiento, volveremos a una politización de los derechos humanos en ambas partes, lo que será perjudicial para avanzar en el escrutinio independiente de la situación de los derechos humanos en Cuba”.

Por su parte, varios congresistas del partido republicano como Justin Amash de Michigan y Thomas Emmer de Minnesota, expresaron su crítica al Presidente exponiendo la incoherencia de mantener la amistad hacia líderes de países con registros cuestionables sobre los derechos humanos como Arabia Saudita, mientras se revierte la política hacia Cuba argumentando principios estrictos sobre el tema. En un comunicado difundido después del discurso de Trump, la Cámara de Comercio de Estados Unidos expresó su oposición al endurecimiento de las normas al turismo y los negocios con Cuba porque “corren el riesgo de ceder oportunidades de crecimiento a otros países que, francamente, no comparten el interés de Estados Unidos en una Cuba libre y democrática que respete los derechos humanos”.

AP Photo- Alan Diaz

Las restricciones a los viajes de estadounidenses también afectarán a los negocios de agricultura en Estados Unidos. En especial muchos agricultores pequeños en ese país han dependido de sus exportaciones a Cuba. Betsy Ward, Presidenta de USA Rice Federation, dijo que regresar a políticas de la Guerra Fría perjudicaran a los agricultores estadounidenses y no beneficiaran a los ciudadanos rurales que apoyaron en gran medida la campaña presidencial de Trump. Grupos agricultores de Estados Unidos ven este cambio de medidas como un retroceso para sus negocios con la isla, también ven en peligro el aumento de las exportaciones agrícolas que sumaron 221 millones de dólares en 2016.

Una incógnita importante a partir de la retórica confrontacional de Trump se refiere a la reacción del grupo de cabildeo en el Congreso para los intereses agrícolas. En el gabinete del Presidente millonario figura como su secretario de Agricultura Sonny Perdue, republicano que como gobernador de Georgia jugó un importante papel en la promoción de las ventas de alimentos a Cuba. Perdue dijo durante el proceso de confirmación en el Senado que su posición seguía siendo la de promover los intereses de los agricultores estadounidenses y el comercio agrícola con Cuba. Esta dinámica es importante pues siempre que el grupo de cabildeo a favor del embargo ha chocado con el cabildeo agrícola, el segundo ha resultado vencedor.

Cuba en una coyuntura crítica

Este retroceso promulgado por el gobierno de Trump se desenvuelve en un momento crucial para la isla caribeña. El Consejo de Estado de Cuba ha comenzado el proceso de convocatoria para la nominación de candidatos a delegados municipales y provinciales, así como diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Este último órgano es el encargado de elegir al nuevo Consejo de Estado a principios de 2018, así como a su presidente. Se trata de la primera transición generacional en la cúpula del poder cubano desde 1959.

Raúl Castro, que ha ejercido este cargo desde 2006, no se volverá a postular por propia voluntad y por su programa de modernización del sistema político cubano dentro de la condición unipartidista por medio de la adopción de límites de mandato. De esta manera se culmina un proceso de regeneración de las élites cubanas que ya es visible en las bases municipales y provinciales, en la propia ANPP el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Otro elemento importante es la transferencia de la presidencia por primera vez desde 1976 a un civil. Estas elecciones serán organizadas por la Comisión Nacional Electoral (CEN), integrada por 17 miembros, que estará al frente de los comicios generales convocados a partir de octubre de 2017.

Una incógnita importante es si la presidencia del gobierno y el Consejo de Estado seguirán concentrados en la misma persona como consagra el artículo 74 de la Constitución cubana. El propio Raúl Castro, quien podría conservar la jefatura partidista hasta el VIII Congreso del PCC en 2021, ha anunciado la necesidad de hacer importantes cambios al marco constitucional.

Miguel Díaz-Canel, el probable sucesor en la presidencia, ha hecho su carrera política en un escalamiento paso a paso que se inició en la Unión de Jóvenes Comunistas, para luego encabezar el Partido Comunista en dos provincias estratégicas, Villa Clara y Holguín, con importantes procesos de reforma económica, actividad marcada de coordinación con el alto mando de los ejércitos central y oriental, y relación activa con los sectores emergentes de la sociedad civil, como los movimientos de derechos homosexuales y la Iglesia católica. Con perdón de las analogías que siempre son engañosas, si el Estado cubano fuera una corporación, Díaz-Canel como futuro líder ha trabajado en sus más importantes niveles, incluyendo un corto periodo como Ministro de Educación Superior. También cuenta con el respaldo de las dos principales facciones del sistema: el bloque militar y los zares partidistas provinciales.

Es plausible que una presidencia de Díaz-Canel, impulse al país hacia más reformas, pues el PCC necesita un mejor desempeño económico para suplir la pérdida de legitimidad carismática e histórica asociada al fin de la generación originaria de la Revolución, en primer lugar, Fidel Castro, quien fue por sí mismo una coalición mínima ganadora en los debates dentro del gobierno. Díaz-Canel ya ha contribuido a aperturas importantes como el incremento de la conectividad al internet en la isla.

Cualquier nueva dirección tendrá por lógica una visión más institucional y sujeta a la pluralidad de facciones dentro del aparato del Estado. Eso, augura no más celeridad sino posibles cuellos de botella por dilemas de prisionero en la coordinación de acción colectiva de los líderes cubanos. Ni Fidel ni Raúl Castro eran vulnerables a ataques desde la izquierda sobre desviaciones de los principios originarios de la Revolución, pero cualquier nuevo presidente tendrá que cuidar sus flancos, y respetar el papel de los actores históricos de veto, como el propio Raúl Castro, mientras ellos conserven esa capacidad. No debe olvidarse que Raúl Castro y su segundo histórico José Ramón Machado Ventura, con base en el poderoso Departamento de Organización del PCC, jugarán un papel decisivo en la designación de los miembros de la nueva generación que regirán Cuba en la próxima década.

Un reto ideológico importante será la celebración en 2019 del 60 aniversario de la Revolución cubana decidiendo que celebrar en un momento en el que los pilares importantes del sistema, como la economía estatista, ha sido objeto de bombardeos ideológicos importantes, incluso desde las propias filas revolucionarias. La historia no es en la política cubana un tema del análisis del pasado, pues una de las fuentes de legitimidad que reclama el PCC es ser el heredero de la Revolución como epopeya de liberación nacional e implementador de su programa de equidad social.

EPA

La transición de 2018 y la era Trump

La retórica agresiva del presidente Trump en Miami el 16 de junio de 2017 rodeado del más rancio anticastrismo tradicional y algunos rostros prominentes de la oposición interna ha servido la mesa a los sectores partidarios de una reforma controlada en la Habana, sin horizontes que rebasen la dinámica unipartidista. El nacionalismo, una de las principales claves de la política cubana sirve al gobierno, el cual agrupa a la población alrededor de la bandera frente a una proyección estadounidense de tipo imperial.

La singularización de las empresas militares como objetivo declarado de sanciones estadounidenses provee fuerza a la representación de las FAR como el principal baluarte de defensa de la isla frente al asedio externo. Diferente a otras sanciones inteligentes contra países como Birmania, Rusia o Venezuela, en el caso cubano, los militares son apenas más sancionados que el resto. Toda Cuba está bajo un régimen de sanciones estadounidenses unilaterales condenadas por la mayor parte del pueblo cubano y por la comunidad internacional. Una historia de rechazo popular a la imposición por Washington de sus “cubanos favoritos” pronostica poca posibilidad de que la lista de precondiciones para continuar el diálogo con Cuba tenga éxito. Trump puede querer negociar desde posiciones de fuerza, pero el gobierno de Cuba tiene cartas importantes en sus relaciones con Europa, tras la aprobación por la eurocámara de un acuerdo de cooperación y de diálogo político a principios de julio de 2017, con Latinoamérica, y los rivales estratégicos de Estados Unidos: China y Rusia.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, categorizó las medidas de Trump como “insostenibles”. Aun así el gobierno cubano se mostró dispuesto a trabajar por una mejor relación con el vecino del norte. El lenguaje hostil es ya conocido a lo largo de los años por el gobierno cubano. De hecho, la retórica constructiva del presidente Obama en su visita a la Habana había sido denunciada por los sectores más retrógrados del aparato ideológico comunista como “más peligroso” al separar el respeto por los intereses nacionales, los logros revolucionarios y la soberanía de Cuba de la aquiescencia ante prácticas reñidas con los estándares internacionales de derechos humanos y el progreso económico. Dentro de un contexto de reversión a los reproches por parte de Trump, las declaraciones de Rodríguez indican que si algún proceso de negociación y diálogo no se explora, Cuba no quiere ser responsable.

La élite política cubana permanece consensuada en no negociar elementos de soberanía, consciente de los precedentes nefastos que tales concesiones antes de 1959 crearon en la dinámica de relaciones asimétricas con Estados Unidos. Esa posición de principios no excluye, sin embargo, que importantes flexibilizaciones en el modelo económico y social puedan plantearse, pues las recién aprobadas bases del mismo eliminan los discursos anteriores que anatemizaban el mercado y la propiedad privada concentrando los estigmas en la llamada “concentración de la riqueza”, un término particularmente moldeable dados los importantes síntomas de acumulación en figuras del propio gobierno, asociados o familiares de algunos de los altos funcionarios.

Los mayores retos a la sostenibilidad del sistema siguen siendo económicos y de carácter interno. Las reformas en dirección al mercado han empezado a crear elementos de desigualdad marcada y aparecen señales que apuntan a una yuxtaposición de elementos de raza, clase social y hasta región geográfica. Las ciudades y empleos vinculados al turismo y a la inversión extranjera están recibiendo los mayores beneficios de reformas que son parciales, mientras el aumento de viajeros con mayor capacidad adquisitiva a 4 millones en 2016, un aumento de casi 15% con respecto a 2015 crea presiones alcistas sobre los precios de los alimentos. En esa dinámica, los trabajadores de los sectores estratégicos de equidad, salud y educación, no han sido los más beneficiados. Los esfuerzos cubanos de salud internacional tienen a más de 30 000 médicos en sesenta países, estirando al límite la capacidad de ingreso de divisas por ese concepto.

Con Raúl Castro o sin Raúl Castro, Cuba se aboca a partir de 2018 a una profundización del relevo generacional, la reforma económica y los procesos de liberalización política asociados a mayores libertades religiosas, de viaje, derechos a la propiedad privada con autonomía económica y acceso al internet. El PCC permanece como el principal actor político del país, pero con importantes tendencias a un Estado menos homogéneo, una sociedad civil más pluralizada y una economía más orientada al mercado bajo los efectos de la globalización.

ARTURO LÓPEZ-LEVY es maestro en Relaciones Internacionales por la Columbia University, en Economía por la Carleton University y doctor en Estudios Internacionales por la University of Denver. Es profesor de Política Latinoamericana en la University of Texas. Es coautor de Raul Castro and the New Cuba: A Close-Up View of Change. Sígalo en Twitter en @turylevy. ROLF OTTO NIEDERSTRASSER es politólogo e historiador por la University of Texas. Ha publicado para The Huffington Post, On Cuba y Rio Grande Guardian. Además fue editor de Metro Leader. Sígalo en Twitter en @rniederstrasser.

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One Response to Insistiendo en la soberanía

  1. Judith Reyes dice:

    Excelente artículo

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