Carta del Director

En el estudio de las Relaciones Internacionales, se examinan los conflictos intratables con el objetivo de aportar al planteamiento de alternativas. En el bloque monográfico de este número, se tratan los conflictos, genocidios y desplazamientos forzados de poblaciones de distintas regiones del mundo que son víctimas de conflictos armados y actos de limpieza étnica. En los artículos se abordan distintas situaciones, todas terribles y algunas muy antiguas. El solo hecho de resumirlas en esta Carta produce desazón, por la impunidad de los crímenes y el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Un denominador común de los conflictos y sus resultados son las posiciones irreconciliables de dos comunidades, sea por motivos religiosos, por secuelas del colonialismo o por intereses económicos y geopolíticos de potencias extranjeras. Latinoamérica no es ajena a esta lacra. Y como se desprende de la lectura, es muy difícil encontrar salidas, pero no imposible.

Para afrontar estos conflictos y sus consecuencias, es necesaria la perspectiva del Derecho Internacional, que es la que adopta Mariana Salazar Albornoz. Un discurso político no puede torcer la categorización legal de un conflicto o de un crimen internacional y, sin embargo, se han empleado eufemismos para no emplear la palabra «genocidio». A pesar de los aportes del sistema jurídico internacional y la Corte Penal Internacional, las guerras y las atrocidades han continuado ininterrumpidamente desde que en 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Basten como ejemplos el éxodo de más de 723 000 personas de la minoría musulmana rohinyá en Myanmar (Birmania), en lo que ha sido la mayor oleada de refugiados y la más rápida de esa región en los últimos 20 años; o Venezuela, donde la represión económica del gobierno de Nicolás Maduro ha propiciado la salida de más de tres millones de venezolanos desde 2015, lo que constituye el mayor flujo migratorio en la historia reciente de Latinoamérica.

Con frecuencia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se queda paralizado por el veto de alguno de sus cinco miembros permanentes, que anteponen sus intereses políticos a las consideraciones humanitarias, como en el caso de Siria. En 2005, la adopción de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger no creó nuevas normas de Derecho Internacional, sino que reafirmó las ya existentes, por lo que no representa una carta blanca para el intervencionismo, más bien se limita exclusivamente a las medidas destinadas a resguardar a una población.

Los enfrentamientos pueden dividirse en «conflictos armados internacionales» y «conflictos armados no internacionales», aunque a veces no es fácil diferenciarlos. Además, hay situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado no internacional, aunque las definiciones resultan difusas, como ocurre con la violencia criminal en México. Asimismo, los crímenes de lesa humanidad son once conductas cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización.

Yoanna Shubich Green y Ana Gabriela González Alcalá explican con gran detalle los orígenes del largo conflicto palestino-israelí y comparan las narrativas históricas contrapuestas que justifican, explican y racionalizan el sentido de victimización propia, con exclusión de la otra parte. Un factor adicional es el religioso. Narrativa y realidad convergen y divergen, lo que da lugar a percepciones, memorias y relatos contradictorios que obstaculizan la paz. La creación del Estado de Israel es el ideal de un refugio, de un Estado seguro frente a las persecuciones y el Holocausto. Desde la guerra de 1948, lo que para Israel fue una victoria y el inicio de su independencia, para los palestinos fue la primera gran derrota, que trajo la dispersión de la población, la destrucción de centros urbanos, la desorganización social y el desplazamiento de refugiados. A partir de la guerra de 1967, con la que Israel cuadriplicó su territorio, muchos rechazaron la solución de crear un Estado binacional. Los asentamientos judíos en territorios ocupados y la capitalidad de Jerusalén dificultan la solución, a pesar de las sucesivas negociaciones de paz. Desde 2014, el proceso está estancado, y tanto israelíes como palestinos han sido rehenes de sus anquilosadas narrativas y memorias históricas, que se tornan cada vez más radicales.

La guerra de Siria, que se agudiza como consecuencia de los desequilibrios que produjo la guerra de Irak en la zona, ha provocado una crisis humanitaria con éxodo de refugiados y desplazados internos. Laura Rubio Díaz Leal y Daniela Bachi Morales analizan esta situación. En el mundo, el 90% de las crisis de desplazados se prolonga por décadas, y millones de personas quedan atrapadas en un círculo vicioso de pobreza crónica y subdesarrollo. La guerra civil de Siria no es una excepción. Los afectados se cuentan por millones, víctimas de la represión y los ataques con armas químicas por parte del régimen sirio. El saldo es devastador: 370 000 muertos, 95 000 desaparecidos, 11 millones de personas con necesidades de atención humanitaria y desplazada casi la mitad de la población de 22 millones (5.6 millones como refugiados en países de la región y en otras partes del mundo, y 6.1 millones de desplazamientos internos). También han sido afectados los más de 500 000 refugiados palestinos, los 100 000 refugiados iraquíes acogidos en Siria y las minorías de kurdos, yazidíes, cristianos y drusos. El surgimiento del Estado Islámico en 2014 hizo que el régimen sirio apareciera como un aliado confiable en la lucha contra el terrorismo, lo que provocó un cambio de estrategia de Estados Unidos y Rusia. Mientras, los crímenes de guerra y de lesa humanidad permanecen impunes. No hay soluciones humanitarias para crisis humanitarias como la siria, y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, firmada en 2016, no hace referencia a los desplazados internos, una omisión muy grave tanto para el caso de Siria como para el mundo en general. La protección y la provisión de asistencia a comunidades desplazadas requieren soluciones políticas.

La entrevista de Koulsy Lamko al Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Ruanda, Richard Sezibera, ofrece una aproximación de primera mano al drama del genocidio de los tutsis de Ruanda, 25 años después de los hechos. Todavía es difícil comprender lo que sucedió, aunque el pasado colonial, las divisiones étnicas artificiales y el movimiento para la emancipación de los hutus condujeron a una escalada de la violencia que concluyó con el genocidio de 1994. La desestabilización de Ruanda es también obra de sus vecinos: Uganda actualmente y República Democrática del Congo hace unos años, cuando acogió a los genocidas que huían de Ruanda.

Yael Siman, Hilly Moodrick-Even Khen y Stéphan Sberro abordan el conflicto entre las comunidades grecochipriotas y turcochipriotas, un viejo problema latente que no se resolvió con la independencia de Chipre en 1960, y que en lugar de cerrarse se agudizó con la política de enosis del gobierno grecochipriota y las divisiones entre las dos comunidades. En 1974, el golpe de Estado de la junta militar en Grecia sirvió de excusa para una invasión turca. La isla quedó dividida en dos por la llamada Línea Verde, y se produjo un intercambio masivo y forzado de poblaciones. El 50% de la población isleña quedó desarraigada. A pesar de que no fue un genocidio, sí hubo actos de limpieza étnica y desplazamientos forzados de la población. La situación internacional, el descubrimiento de depósitos de gas en la zona y las luchas entre las dos comunidades no permiten pensar en una solución en el corto plazo.

Según Almendra Ortiz de Zárate Béjar y Gerardo Trujano Velásquez, la crisis de Yemen tiene pocas posibilidades de ser resuelta. Desde la partición territorial, resultado de la Guerra Fría, Yemen quedó dividida en la República Árabe de Yemen, en la región del norte, y la República Democrática Popular de Yemen. Cuando el país se reunificó en 1990, el sur, de mayoría sunita, tuvo choques ideológicos y políticos con el norte chiita, que desembocaron en una crisis cargada de violencia. Aparecieron nuevos actores, entre ellos, grupos terroristas y potencias extranjeras, como Arabia Saudita, preocupadas por asegurar sus intereses en la región, donde se localiza el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, por el que circula el 40% del comercio mundial. Los movimientos hutis abogaban por devolver el mandato zaidí en el norte, y algunos líderes del sur pugnaban por un movimiento secesionista. El conflicto de Yemen se convirtió en una compleja guerra con múltiples aristas. Ahora se encuentra en un callejón sin salida, con terribles pérdidas materiales y humanas. La población enfrenta hambrunas, una epidemia de cólera, desplazamientos forzados, violencia sexual, torturas e incluso el reclutamiento de niños soldados.

Sergio Escamilla se ocupa de la guerra mundial africana, símbolo de la internacionalización del conflicto de la actual República Democrática del Congo, parte y consecuencia de una inestabilidad prolongada como secuela del periodo colonial europeo. El conflicto, largo e intermitente, ha causado cerca de cuatro millones de muertos y otros tantos desplazamientos forzados. Ahora bien, solo una parte de esos decesos ha sido resultado de acciones armadas; el resto ha sido provocado por enfermedades, trabajos forzados y hambre. Los intereses económicos y el saqueo patrocinado por los países vecinos, Burundi, Ruanda y Uganda, explican en gran medida la complejidad del conflicto: el expolio de tierras y recursos naturales, como oro, uranio, diamantes, maderas preciosas o el mineral coltán. Con todo, el autor es optimista sobre el futuro de la República Democrática del Congo.

Otro conflicto irresuelto es el de Kashmir, analizado por Fernanda Vázquez Vela. Las tensiones de 72 años son consecuencia de la formación de dos Estados-nación distintos y de las confrontaciones violentas después de la independencia de la colonia británica. La India acusa constantemente a Pakistán de propiciar y auspiciar movimientos terroristas para desestabilizar a su gobierno, especialmente en Cachemira. Pakistán niega estas imputaciones, aunque en el pasado favoreció la insurgencia cachemira. Hindúes y musulmanes, castas altas y bajas, regiones y principados, y muchas de las tensiones de la India contemporánea tienen su origen en las diferencias económicas, educativas, laborales y políticas generadas por la colonia. La minoría musulmana quedó mucho más rezagada que los hindúes, lo cual levantó un muro entre estas dos comunidades. Las posiciones entre ambas han sido irreconciliables. Con el fin del dominio británico, llegó la partición de 1947 y la creación de dos Estados: Pakistán, de mayoría musulmana, y la India, de mayoría hindú. Sin embargo, quedaron territorios que debieron optar por una pertenencia u otra, según su composición de mayorías y minorías, y de acuerdo con la voluntad de sus gobernantes. Cachemira fue desde el inicio el caso más complejo, ya que contaba con una mayoría musulmana y colinda con Pakistán del Oeste, pero su gobernante era un hindú que aspiraba a convertirla en un Estado independiente. Pakistán reclamó de inmediato este territorio como propio, ya que cumplía con las condiciones para serlo. Sin embargo, Nehru, de ascendencia cachemira, lo defendió como parte de la India. El resultado fueron tres guerras, varias resoluciones de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), líneas de cese el fuego, un instrumento de anexión a la India y la competencia nuclear entre la India y Pakistán.

La gravedad del caso de los rohinyás es reciente, pero el conflicto soterrado es de décadas. Según Adán Baltazar García Fajardo, a partir de las leyes de ciudadanía de Myanmar (de 1982, cuando el país se llamaba Birmania) se observa el comienzo del genocidio de los rohinyás. La situación se desenvuelve en tres fases muy simplificadas: un modelo de separación (diferenciación), devaluación (deshumanización) y destrucción (desaparición) de las minorías. La ley no solo discrimina a los rohinyás, sino que apoya los esfuerzos por moverlos, desplazarlos y expulsarlos de su lugar de origen. Todo conflicto comunal acaba teniendo un pretexto que desata la violencia, y esto ocurrió en mayo de 2012. Aunque hasta hoy se desconoce la magnitud del problema, por el número de víctimas y desplazados, es la mayor crisis de la región asiática.

Sandra Gruner-Domic estudia el caso de Guatemala, que tiene su reciente expresión en las caravanas que cruzan la frontera con México para llegar a Estados Unidos, aunque la violencia masiva tiene sus raíces en el conflicto armado que duró de 1960 a 1996. Después de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en 1996, Guatemala constituyó un ejemplo de negociaciones de posguerra, pese a que los interesados planteaban numerosos factores no negociables, especialmente el de la culpabilidad. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el Proyecto Interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica reafirmaron que se habían cometido actos de genocidio. Sin embargo, el delito de genocidio no fue reconocido, porque ello significaba aceptar la causa racista de este «crimen de los crímenes» y el desprecio hacia una población indígena maya, mayoritaria, lo que supondría deslegitimar a las élites privilegiadas y a las clases dirigentes por sus conflictos de intereses y por su posible implicación en el genocidio.

México también se encuentra en la lista de conflictos violentos. Luz Paula Parra Rosales relata que con la «guerra contra las drogas» iniciada en 2006, se sucedieron desplazamientos forzados internos y daños traumáticos entre generaciones, que se han traducido en distintas formas de violencia local cada vez más intensa. Si bien las dinámicas de la violencia estructural en México son locales, como lo muestra el caso de Apatzingán, algunas de sus causas y consecuencias son internacionales. Apatzingán se ha convertido en el cuarto municipio expulsor de los más de 1350 desplazados forzados internos originarios de Michoacán, que huyen de grupos armados violentos. La creación de las autodefensas en 2013 acabó multiplicando los actores no estatales que recurren a la violencia. Al igual que otros conflictos intratables, la población se ha acostumbrado y se ha acomodado a la situación sin cuestionarla, como una forma de sobrevivencia.

Séverine Autesserre escribe sobre las fuerzas para el mantenimiento de la paz de la ONU, que con 78 000 soldados y 25 000 funcionarios civiles emplazados en catorce países, constituyen la segunda fuerza militar más grande desplegada en el extranjero, después de la estadounidense. A pesar de esta capacidad de despliegue, pocas veces alcanzan sus objetivos más elementales, ya que el mayor problema es la perspectiva equivocada respecto de cómo se logra una paz sostenible. La estrategia de la ONU da prioridad a los acuerdos establecidos desde arriba con las élites, centrándose en las elecciones, sin adoptar estrategias formuladas desde abajo. Autesserre repasa las acciones en diversos escenarios de intervención de los cascos azules, constata los reiterados fracasos y enuncia sus causas. Lo que agrava los errores es el desprecio de la ONU por todo lo que sea local. Además, la preponderancia del personal extranjero y de ideas importadas genera resentimiento entre los contactos locales. El punto de partida debería ser la realidad local y, a partir de ahí, crear una estrategia a la medida. Avalan esta propuesta varios ejemplos que no siguen los procedimientos de la ONU.

En Diálogo Ñ, Adolfo Alberto Laborde Carranco y Francisco de la Torre Galindo tratan el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, y Carlos García de Alba relata la experiencia en Los Ángeles en 2018. En el pasado, se llegó a considerar el voto de los mexicanos en el extranjero como un peligro para el país. A pesar del cambio de actitud, los partidos políticos de todos los espectros ideológicos no acaban de decidirse a conceder un sufragio efectivo a los mexicanos en el exterior. Los métodos son poco eficaces y hacen sentir a estos grupos como si rogaran por un derecho que en realidad les corresponde. No hay ejemplos similares al mexicano porque, si bien más de cuarenta países tienen voto a distancia, ninguno enfrenta la complejidad de reunir el voto de millones de ciudadanos en un solo país. Si se supone que solo votaría o pretendiería votar la mitad de los mexicanos en Estados Unidos, harían falta más de 20 000 casillas. No por ello debe limitarse el voto en el extranjero, sino todo lo contrario: es necesario ampliar el catálogo de opciones. La experiencia del Consulado General de México en Los Ángeles en las elecciones de 2018, según García de Alba, tuvo resultados variados. Se puede considerar que la expedición de credenciales fue un éxito, pero luego, la fase de inscripción en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero fue menos satisfactoria. Por último, la participación electoral, condicionada por las dos etapas previas, resultó mejor que en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, pero no alcanzó los niveles esperados. Si se quiere incrementar el voto en el exterior, hay que simplificarlo y agilizarlo, y avanzar hacia el voto electrónico, que es viable, accesible y más económico.

La sección Mundo se inicia con el artículo de la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, a quien Donald Trump llamó despectivamente «Pocahontas», en referencia a sus orígenes. Warren, que ha lanzado su precandidatura para la contienda presidencial de 2020, explica en su artículo cuál debería ser la política exterior de Estados Unidos: una que funcione para todos los estadounidenses y que no esté separada de su política interior. Su tesis es que las acciones que socavan a las familias trabajadoras del país también erosionan la fortaleza estadounidense en el mundo. Warren opina que las políticas comerciales y económicas de Estados Unidos no han sido de provecho para la clase media. La expansión de la globalización, la promesa de que los mercados abiertos llevarían a sociedades abiertas y los esfuerzos por llevar el capitalismo al escenario mundial crearon las condiciones para que los competidores se rebelaran y atacaran, como sucede con la Rusia beligerante y la China de economía agresiva, sin que hubieran relajado sus restricciones políticas internas. Warren critica la política de intervención militar de Estados Unidos por sus costos y sus escasos resultados, de modo que exige retirar las tropas enviadas a Afganistán e Irán. Warren, de hecho, propone una política de inversión interna en educación, lucha contra el cambio climático y construcción de infraestructura para contribuir a la seguridad nacional, así como fortalecer la alianzas con Cora del Sur, Japón y Europa, en lugar de menoscabarlas, como hace Trump.

Jennifer Lind y William C. Wohlforth advierten que el orden liberal internacional está en peligro. Estados Unidos encabeza al orden porque se constituyó sobre la base de su hegemonía, que garantiza la seguridad de sus aliados y de unos recursos mundiales comunes que permiten que el comercio circule de forma ininterrumpida. Después de la Guerra Fría, el orden liberal se extendió notablemente. Con la Unión Soviética desaparecida y una China aún débil, los Estados centrales del orden disfrutaban una posición mundial de mando y la aprovechaban para expandir su sistema. En Asia-Pacífico, Estados Unidos reforzó sus compromisos de seguridad con Australia, Corea del Sur, Filipinas, Japón y otros socios. En Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea siguieron incorporando miembros y ampliaron y profundizaron la cooperación entre ellos. Actualmente, la superioridad de los Estados que respaldan el orden liberal se ha reducido. Estados Unidos y sus aliados no solo tienen mucho menos poder que en los tiempos dorados de la década de 1990, sino que también se enfrentan a una labor mucho más difícil para sostener el orden. Washington y sus aliados promueven reglas y valores que los Estados iliberales ven como una amenaza, y mientras se mantenga esta situación, no van a integrarse al orden. Por esto concluyen que, para incrementar las posibilidades de que Estados Unidos y sus aliados lleguen a un acuerdo explícito, o más probablemente, implícito, con sus rivales, es mejor no introducir revisionismos y mantener una orientación más conservadora.

Para Carla Norrlof, la mejor manera de contrarrestar la creciente amenaza del populismo es más educación, para promover y difundir los valores liberales a toda la sociedad. Con este fin, las universidades deben estar a la altura de esos valores: desterrar la discriminación, acabar con las jerarquías académicas tradicionales y desbaratar las redes de poder y clientelismo que protegen a los bien conectados y excluyen a los demás. Los gobiernos de los países occidentales se han concentrado en combatir los abusos a los derechos humanos y promover la democracia. En cambio, no se han preocupado tanto por la discriminación étnica y religiosa en los países desarrollados. Dejar desatendida la discriminación constituye una grave amenaza al orden liberal internacional, ya que socava el principio de igualdad y permite que los populistas iliberales lleguen a la presidencia, donde debilitan la democracia y el propio orden. Según la autora, no hay mejor ejemplo de esa tendencia que el presidente Trump, quien rechaza el orden y los valores liberales, y apunta una serie exhaustiva de ejemplos bajo su mandato, tanto en el ámbito del comercio como de la discriminación. Por lo tanto, la educación es el mejor remedio, como muestran las evidencias. Además de su efecto liberador, la educación superior también parece fomentar el apoyo a ciertas políticas económicas, como el libre comercio, y a la inmigración, lo que fortalece el orden económico mundial.

Alan S. Blinder se refiere a la paradoja del libre comercio, en el sentido de que la opinión pública desconoce las ideas de los economistas sobre las ventajas de ese sistema. Los economistas deberían aceptar que, convencer a la gente de los beneficios que aporta, es una batalla perdida. Trump, con sus ideas proteccionistas, ganó la presidencia porque es difícil entender el libre comercio y la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, e incluso quienes comprenden estas nociones no siempre las comparten, ya que no hay suficientes mecanismos para que los ganadores de un país compensen a los perdedores. Además los incentivos políticos están mal justificados. Y, lo más importante, los economistas se concentran en los beneficios para los consumidores, pero no tienen en cuenta las pérdidas de los productores en los mercados librecambistas. Es interesante la referencia de Blinder al proteccionismo de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que sigue habiendo limitaciones a las exportaciones de tomates de México debido a las cuotas y persisten las restricciones a los transportistas mexicanos.

Cerramos esta sección con el artículo de Robert Malley y Jon Finer, en el que explican la perversión de la política exterior de Estados Unidos debida a la prioridad dada a la lucha contra el terrorismo a raíz del 11-S. No se puede dar prioridad a todo. Los recursos que invierte el gobierno en encontrar, perseguir y matar terroristas van en detrimento de otras tareas, como, por ejemplo, abordar los retos de una China emergente, una Corea del Norte nuclear y una Rusia en resurgimiento. También afecta el trato a otros gobiernos, como la disposición y la capacidad de criticar o presionar a Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Turquía y otros, ya que las fuerzas armadas de Estados Unidos dependen de ellos para actuar contra los grupos terroristas o para que permitan que sus elementos militares maniobren en su territorio. Entre los formuladores de políticas públicas, esta distorsión política ha generado una tendencia perniciosa a plantear sus argumentos en términos de antiterrorismo, como se vio en la posición del gobierno de Barack Obama y su dilema de 2013, entre colaborar con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi o condicionar la ayuda de Estados Unidos a Egipto a cambio de ciertas reformas políticas. Un patrón similar ocurrió en 2014, en las discusiones sobre qué política adoptar frente a la guerra civil de Siria. Paradójicamente, la obsesión por el antiterrorismo puede hacer más difícil el combate real al terrorismo, y aunque es necesario corregir esta distorsión, pasarán años para que comiencen a apreciarse resultados. Hay que empezar ahora.

Jordi Bacaria Colom