12 febrero, 2018 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 8819

La percepción de la sociedad latinoamericana en época electoral

AFP

Cristian Márquez Romo

Febrero 2018

La frase «the economy, stupid!» (¡la economía, estúpido!), atribuida a James Carville, estratega de la campaña electoral de William Clinton, fue utilizada exitosamente durante la contienda por la presidencia estadounidense de 1992. Esta expresión resume una estrategia que le permitió a Clinton pasar de ser un gobernador esquivo en Arkansas a convertirse en Presidente de Estados Unidos.

Durante la campaña electoral, su adversario republicano, George H.W. Bush, creyó que los importantes logros alcanzados en materia de política exterior durante su gobierno, serían suficientes para reelegirse. Sin embargo, perdió de vista el deterioro económico que vivía el país, que terminó por erosionar sus logros internacionales.

El fin de la Guerra Fría o el triunfo en la guerra del Golfo pasaron a segundo plano. Las propuestas en materia económica se hicieron prioridad. Al detectarlo, los asesores de Clinton hicieron énfasis en los problemas que más preocupaban a la mayoría de los estadounidenses, al tratar de canalizar el descontento por medio de un discurso coherente con la coyuntura económica que vivía el país, y lograr imponerse con el lema «¡la economía, estúpido!». Así, al no haber sido capaz de detectar las prioridades de la mayoría de la población durante una coyuntura como la de principios de la década de 1990, fue algo que le costó a Bush padre la presidencia.

Durante 2018 en Latinoamérica se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en países como Brasil, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay y Venezuela.

En este sentido, durante 2018 en Latinoamérica se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en países como Brasil, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay y Venezuela. Dada la coyuntura actual de la región, es muy probable que los candidatos que no abracen el tema de la corrupción como prioridad y ofrezcan propuestas creíbles para su combate frontal tengan pocas oportunidades de ganar.

Desde 2016, según datos del Proyecto de Opinión Pública para América Latina (LAPOP), en la mayoría de los países de la región más del 60% de los encuestados considera que la mayor parte, o todos los políticos, están involucrados en casos de corrupción. En países como Colombia, México, Perú y Venezuela esta cifra supera el 70%, mientras que en Brasil es del 80%. Paralelamente, en la mayoría de los países la aprobación del ejecutivo difícilmente supera el 30%, mientras que en países como Costa Rica, Guatemala y Perú la cifra es incluso menor.

Como señala el politólogo Manuel Alcántara, esto coincide «con un descenso en 9% de quienes apoyan a la democracia, así como sus instituciones y valores fundamentales (de 66.4% en 2014 a 57.8% entre 2016 y 2017)». De acuerdo con LAPOP, la cifra de encuestados que avalan la destitución de líderes electos democráticamente cada año es mayor (de 14.2% en 2010 a 20.5% entre 2016 y 2017). Y aunque a dicho descenso se le pueden atribuir diversos factores de gran relevancia, como la economía y la inseguridad, la sensación en la ciudadanía de que la corrupción es algo endémico y generalizado, está cada vez más presente en el debate público. Como evidencia, el informe de Transparencia Internacional de 2016, señala que más del 60% de los latinoamericanos percibe que la corrupción ha aumentado durante el último año.

En este escenario, casos como el de la constructora Odebrecht, que involucraron directamente a jefes de Estado y afectaron a diez gobiernos de la región, salen a la luz pública como un botón de muestra. Sin embargo, la ciudadanía parece percibir de manera cada vez más generalizada que la corrupción es algo estructural, que llega hasta las más altas esferas. Y a pesar de que Odebrecht retrata un caso importante, dado su alcance y magnitud, no se trata de una excepción. Por ejemplo, por citar algunos casos, destacan la situación en Brasil, donde luego de las protestas derivadas de las acusaciones y los escándalos de corrupción tanto de líderes del Partido de los Trabajadores como del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en 2016 y 2017, la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue procesado y el actual presidente Michel Temer fue acusado de corrupción; en Guatemala, tras las movilizaciones de la ciudadanía en 2015, Otto Pérez Molina renunció a la presidencia; ese mismo año, en Chile, se registraron acusaciones contra el gobierno de Michelle Bachelet, y, recientemente, tras las acusaciones contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, el funcionario se encuentra en prisión.

La corrupción aparece cada vez más como el gran caballo de Troya de la democracia, que desprestigia a políticos y partidos por igual.

El malestar de la ciudadanía, alimentado de forma importante por la corrupción, ha dejado de ser descontento y se ha convertido cada vez más en desafección. Como señala Mariano Torcal, politólogo y excoordinador de la Encuesta Social Europea durante más de 10 años, aunque la diferencia entre un concepto y otro pareciera una cuestión de matices, se trata de dos cosas radicalmente distintas entre sí. El descontento es algo que la ciudadanía puede experimentar hacia un determinado gobierno, o hacía una serie de políticas implementadas por cualquiera de los partidos que conforman un sistema político. El descontento, por tanto, es regulable, y el mecanismo por excelencia de regulación reside en los procesos electorales. La desafección, por el contrario, no tiene que ver con la evaluación negativa de la ciudadanía hacia una situación económica, un gobierno o un conjunto de políticas, sino con la valoración que tienen los ciudadanos del sistema político en su conjunto, así como de las instituciones y valores inherentes a la democracia.

Por tanto, en Latinoamérica esta desafección se ha visto alimentada de forma importante por la corrupción, que ha afectado a la mayoría de los países de la región. La corrupción aparece cada vez más como el gran caballo de Troya de la democracia, que desprestigia a políticos y partidos por igual. A ello se suma la constatación permanente de que muchos políticos viven en una realidad tan distante a la de la ciudadanía, que les resulta imposible aterrizar y palpar la realidad en la que vive la mayoría de la población.

Paradójicamente, como evidencia, el informe de Latinobarómetro de 2017, muestra que el declive de la democracia en la región se ha acentuado en un momento en el que «los avances económicos indican la menor cantidad de hogares con dificultades para llegar a fin de mes, desde 1995». Por tanto, sumado a la percepción extendida de que se gobierna para una minoría, estos datos revelan cómo al margen de los avances económicos existe un descontento creciente hacia las élites y el poder político, que progresivamente ha propiciado un mayor rechazo hacia la democracia representativa. Como concluye el informe, parece que Latinoamérica vive «una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía y el mundo del poder político».

CRISTIAN MÁRQUEZ ROMO es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México y actualmente cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España. Ha participado en proyectos de investigación en México y en España, donde se desempeña como becario de la revista América Latina Hoy, del Instituto de Iberoamérica.

Tags:Corrupción, Democracia, Elecciones, Latinobarómetro, Odebrecht