Tu Gente Latina
Mina Alejandra Navarro Trujillo
Marzo 2015
El análisis de la realidad venezolana actual y del gobierno de Nicolás Maduro en el segundo aniversario luctuoso de Hugo Chávez es complicado y a la vez polémico. Lo anterior, debido a las líneas polarizantes que disparan nuestras capacidades de comprensión hacia los acontecimientos, descuidando los terrenos de fondo. A continuación algunas pistas para tal análisis.
Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro, entonces Vicepresidente, asume la presidencia interina. Un mes después se llevaron a cabo las elecciones, la segunda en menos de 6 meses, cuando Henrique Capriles perdió por casi 10 puntos porcentuales ante Chávez, quien sumaba casi 14 años de gobierno (brecha importante y diferencia más cercana que cualquier otro candidato de la oposición haya alcanzado para derrotar a Chávez durante su gobierno). Maduro ganó por menos de 300 000 votos y Capriles, no reconociendo los resultados, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano a hacer un recuento de los votos ante miles de irregularidades registradas y llamó a protestar pacíficamente con cacerolazos la mañana del 16 de abril de 2013 frente a las sedes regionales del poder electoral. Los 2 días de manifestaciones ocasionaron, según la Fiscalía General de Venezuela, 7 muertos, 61 heridos y 135 detenidos. Los funcionarios del gobierno venezolano responsabilizaron al candidato opositor por llamar a actividades «desestabilizadoras». El episodio electoral llegó a su fin cuando el CNE indicó que los resultados eran «irreversibles» y que la auditoría no significaría un recuento de votos.
El gobierno de Maduro inició en condiciones de ilegitimidad con creciente desafección política, alta inflación y desabastecimiento. Como heredero político de Chávez y seguidor de los pasos de su líder, en el primer semestre de su gobierno, solicitó la Ley Habilitante, que lo autoriza temporalmente para hacer modificaciones legales sin tener que contar con la aprobación de los legisladores en situaciones de emergencia. Maduro dijo que se trataba de «un proceso profundo para establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción» y para enfrentar una «supuesta» guerra económica en su contra. Él afirmó que, ante los planes de «desestabilización por parte de la derecha», era «necesario incorporar el aspecto legal en la lucha contra la guerra económica», que ha ocasionado especulación, desabastecimiento y acaparamiento de bienes de primera necesidad. El 19 de noviembre de 2013, la Asamblea de Venezuela, presidida por Diosdado Cabello desde 2012, aprobó poderes especiales a Maduro para hacer modificaciones legales por 12 meses. Dicha aprobación requirió tres quintas partes de los votos, de los cuales 165 diputados pertenecen a la bancada opositora y 98 a la oficialista. De los 99 votos necesarios, el voto 99 lo logró el oficialismo tras el desafuero de la diputada opositora María Mercedes Aranguren, quien fue sustituida por su suplente Carlos Flores, considerado chavista. A esta herramienta jurídica, Chávez recurrió en cuatro ocasiones.
Ante este panorama, los líderes de la oposición venezolana, como Capriles, la diputada María Corina Machado, Leopoldo López (líder de Voluntad Popular) y Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano) rechazaron la medida, al asegurar que no sería a través de la Ley Habilitante que se resolvería el tema de la corrupción. Incluso, ya en otras ocasiones se ha visto que no es la solución. Ésta fue más bien interpretada como una forma velada de ampliar la persecución política y de allanar el camino a la represión.
El mandatario venezolano promovió dos leyes para controlar los precios, los márgenes de ganancias y el uso de divisas, en el contexto de inflación creciente, con el argumento de que las medidas velaban por «las libertades y los derechos económicos».
La Razón
Venezuela cerró en 2013 con una inflación acumulada del 56%, el nivel más alto de Latinoamérica, y una escasez del 28% de productos y de alimentos básicos (papel higiénico, leche, aceite, café). Maduro culpó a la oposición y a Estados Unidos de liderar una «guerra económica» contra su gobierno, que incluye el desabastecimiento y la especulación. Antes de las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013 había ordenado una rebaja de los precios de electrodomésticos, ropa, carros, muebles y juguetes, que se llevó a cabo con la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado y bajo la amenaza de arresto a los comerciantes que incumplieran la medida. La oposición y los empresarios atribuyeron la escasez a políticas como el control de precios y de cambios que espantan a los inversionistas. Al desabastecimiento se suma el de papel para la prensa. Además de la oposición y de empresarios, empleados de este sector se adhirieron a los reclamos en rechazo a la inseguridad y la crisis económica.
La aprobación de la Ley Habilitante ocurrió a poco menos de 2 semanas de las elecciones municipales, previstas para el 14 de abril de 2013, pero debido a la muerte de Hugo Chávez y al anuncio de nuevas elecciones presidenciales para el mismo día, el CNE decidió posponerlas para el 8 de diciembre de 2013. Según la oposición, Maduro trató de desviar la atención, calificando el episodio de la Ley Habilitante como una acción efectista.
Para 2014, el país caribeño cerró con una inflación del 68.5% y aunado a esto, la caída del 61% en los precios del petróleo, materia prima de la que obtiene el 96% de sus divisas. El crecimiento de los precios es considerablemente mayor respecto al del año anterior, 12.3% frente a 2013.
Con respecto a su situación social, ¿cómo cerró Venezuela en 2013? De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Venezuela se ubicó entre los cinco países más violentos del mundo, junto con Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica. Los delitos con los que los venezolanos se encuentran más sensibilizados son homicidios, atracos, corrupción, tráfico de drogas y de armas. Mientras que la media oficial de homicidios fue de 39 asesinatos por cada 100 000 habitantes, el OVV descalificó las cifras y fijó la tasa en 79 por cada 100 000 habitantes. La cifra representa un 12% de la mortalidad total del país, con una población de 29 millones. La violación de derechos humanos, según Human Rights Watch, también se hace presente en el país considerando la agresión a periodistas, la persecución a líderes de oposición y el arresto de manifestantes.
A 2 años de la muerte de Hugo Chávez, las protestas no han cesado en contra de la situación económica y de la política de Maduro. Durante 2013, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social se registraron al menos 4410 protestas, en las que el 76% de las tensiones y conflictos estuvieron relacionadas con los derechos sociales. En 2014, refiramos los hechos del 6 de febrero, cuando el Gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, denunció que estudiantes asediaron su residencia con bombas, piedras y balas, generando daños en la sede oficial, por lo que se procedió a la detención de jóvenes de entre 16 y 20 años de edad. Las protestas de jóvenes pidiendo la liberación de estudiantes se propagó a los estados de Mérida, Lara y algunas zonas de Caracas. Tanto el gobierno central como el de Táchira apuntaron como cerebro de las manifestaciones al dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, quien a su vez convocó asambleas de calle para debatir modos de sacar a Maduro de la presidencia, una campaña bautizada como «La Salida». Para el 12 de febrero, el Día de la Juventud, convocaron a una marcha pacífica por el centro de Caracas partidos y grupos opositores, y también estudiantes de todo el país, contra la situación económica, la política de Maduro y las recientes detenciones de estudiantes por los altercados en el oeste del país, aprovechando la conmemoración de los 200 años de la Batalla de La Victoria. La marcha derivó en enfrentamientos violentos con tres muertos y decenas de detenidos y de heridos. Leopoldo López fue arrestado, acusado de «agavillamiento, acción para delinquir e incitación a la violencia», según la imputación de la Fiscalía. Las protestas continuaron durante los 4 meses posteriores, dejando un saldo de 43 muertos, 878 heridos y 3351 detenidos, de los cuales 41 permanecen en prisión, según la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega. En medio de las manifestaciones, Maduro pidió a la oposición dejar la «conspiración internacional», acusando a todos aquéllos que participaron en las protestas de provocar la violencia.
Reuters
El 24 de enero de 2015, los venezolanos acudieron a la «marcha de las ollas vacías» convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Los reclamos de los asistentes giraron en torno a las penurias para comprar productos básicos, la corrupción y los desvíos de recursos, y la situación de varios dirigentes políticos encarcelados. A esto, se suma la reciente detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dirigente opositor, perteneciente al partido Alianza Bravo Pueblo, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Maduro afirmó que será procesado por la justicia venezolana por «todos los delitos cometidos» contra la paz del pueblo, principalmente por su vinculación en los planes golpistas contra el gobierno de Maduro. Los planes de golpe de Estado, según lo denunció, corrían a cargo de la ultraderecha venezolana en diversas etapas, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Según Diosdado Cabello, tanto Ledezma como el diputado opositor Julio Borges, diseñaron un plan para generar caos en el país, que incluía el bombardeo de instituciones gubernamentales y objetivos civiles como la cadena informativa teleSUR.
¿De qué oposición venezolana hablamos hoy? Capriles fue criticado por no sumarse a las protestas de febrero de 2014. En ese mes, López de haber incitado a la violencia y desde entonces está preso en el Centro Nacional de Procesados Militares. Ahora, con el caso Ledezma, el gobierno de Venezuela niega tener presos políticos, ya que supuestamente solo son detenidos aquéllos que violan la ley. No olvidemos que se celebrarán elecciones legislativas en el último trimestre de 2015, por lo que es evidente el acorralamiento constante de la oposición, posibilitando las victorias del oficialismo.
Los problemas económicos y sociales que padece actualmente Venezuela no son a causa del bajísimo precio del barril de petróleo, tampoco podríamos explicar el origen de estos con la llegada de Maduro al gobierno. La gestación de la mayoría de las dificultades se produjo durante la presidencia de Chávez, un gobierno ultrapersonalista, carácter que pone a la luz las dos anteriores experiencias similares en la historia política venezolana: Cipriano Castro (de 1899 a 1908) y Juan Vicente Gómez (de 1908 a 1935). No existe mayor símbolo de «cesarismo democrático» que el régimen de Gómez, en el que el ministro Laureano Vallenilla Lanz, definió el término en uno de sus libros precisamente con ese título. Todavía para la década de 1970, en el imaginario venezolano seguía ocupando un lugar central la figura de Gómez, encontrando en Chávez, sin duda, a su mejor discípulo. Vallenilla Lanz, sociólogo positivista, argumentó que pueblos, como el venezolano, no estaban capacitados para respirar una atmósfera republicana. Solamente, precisa, el «gendarme necesario» -tal como definió a su modelo de César- podía sacarlos de la miseria y de la anomia. La genealogía Chávez-Gómez-Castro no incluye ni supone siquiera por herencia, a mi modo de ver, la anexión de Maduro. Acaso podrá compensar la ausencia de una personalidad carismática, el ejercicio de una política económica y social cada vez más hostil con respecto a las demandas de la sociedad. Maduro es el fenómeno de un chavismo que se está agrietando.
Posiblemente estas fisuras puedan abrir el camino hacia una alternativa distinta del chavismo y desechar del imaginario al «gendarme necesario». Esta perspectiva podría desdibujarse en el supuesto de un golpe de Estado de los militares chavistas frente a la creciente descomposición del régimen actual y la difícil elaboración de un nuevo hombre providencial.
MINA ALEJANDRA NAVARRO TRUJILLO es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, es maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente realiza su estancia posdoctoral en el Colegio de México. Sígala en Twitter en @MinaANavarro.
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