El Salvador: armas y violencia como servicios intercambiables

9 mayo, 2016 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 2759

The Guardian

The Guardian


avatarDefault 
César Augusto Niño González

Mayo 2016

El preocupante incremento de la violencia en El Salvador enciende las alarmas en la región, pues la criminalidad es un asunto cotidiano y de gran impacto en el desenvolvimiento de las relaciones sociales del país. Sin embargo, debemos entender que esta manifestación de violencia es un servicio intercambiable dentro de un mercado de violencia estructural.

Si bien es cierto que el Acuerdo de Paz de Chapultepec de 1992 dio por terminado un conflicto armado interno, este fue también el punto de partida para la mutación de la guerra civil en un enclave de violencia en la posguerra. En las últimas dos décadas, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador ha registrado más de 73 000 muertes violentas, aunque hay indicios de más que no han sido clasificadas, lo cual inflaría las cifras a cerca de 100 000.

La experiencia en materia de terminación de conflictos armados internos ha demostrado que luego de estos hay una creciente y sostenida tendencia de aumento en la criminalidad y de fragmentación de la violencia. De hecho, se observa un rendimiento marginal decreciente en cuanto al combate del crimen y a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Por este motivo, entre más instrumentos y herramientas convencionales se emplean contra una amenaza no convencional y asimétrica, los resultados tienden a decrecer en el éxito del control del fenómeno.

La preocupación radica en que en El Salvador existe un descontrol sobre el uso, tenencia y porte de armas. Además, debido al tipo de arsenal que poseen los grupos criminales y la población civil, se trata de una sociedad más armada que los cuerpos de policía y de seguridad del Estado. En dicho contexto, entre 2010 y 2015, se registraron 11 000 armas por año en manos de civiles, lo cual representa aproximadamente que en el quinquenio llegaron aproximadamente 55 000 nuevas armas sin control alguno. Este suceso pone en evidencia la terrible desaparición del monopolio del uso legítimo de la fuerza y la creciente violencia en el país.

El primer desafío que debe enfrentar El Salvador y sus operadores de seguridad y justica es la unificación de los censos y la metodología para cuantificar las armas. El segundo de ellos debe ser encontrar los espacios vacíos en los cuales no llegan las estadísticas, es decir, la llamada cifra negra en torno a la verdadera tenencia de las armas. Es de gran importancia afrontar estos retos, pues El Salvador se convirtió en un hoyo negro capaz de desestabilizar, no solo a la nación, sino a la región entera. El crimen cruza las fronteras y las empresas criminales empiezan a ocupar espacios vacíos donde los Estados son altamente vulnerables.

The Guardian

The Guardian

Una de las grandes explicaciones sobre el fenómeno recae precisamente en que, luego del conflicto interno, no hubo un proceso de desarme ni de verificación al respecto. Según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2011 había 600 000 armas atomizadas en el país, de las cuales 100 000 eran propiedad de las fuerzas del Estado. El descontrol descomunal ha generado toda una espiral en la cual uno de los modelos de negocio y mercado ha sido el vender la violencia como servicio.

AP

AP

Otra explicación recae en la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, que se emitió por primera vez en 1993. Esta ley tenía serios y profundos vacíos sobre el uso y la tenencia de armas, por lo que pareciera estar construida con una arquitectura de Estado altamente inviable. Luego, en 1999, se emitió una nueva tratando se subsanar seis años de puntos ciegos. La ley permite a las armerías del país importar por año 5 000 armas cada una. Pese a que —tomando en cuenta que existen 19 armerías— habría 95 000 armas legales en manos de civiles cada año, la cuestión preocupa cuando se estiman más de 600 000 sin registro ni control.

La situación social y económica de El Salvador, así como el que sus ciudadanos cohabiten con el crimen, han puesto de manifiesto un escenario plausible donde las vías de supervivencia se encuentran en la violencia. En este contexto, surgen mercados paralelos, subterráneos y no convencionales que forjan modelos de comercio basados en la violencia y en el crimen. Dichos servicios generan grandes flujos de caja que ponen de manifiesto ya no un problema de seguridad, sino una seria amenaza nacional.

La violencia organizada en El Salvador es un modelo económico que representa una especie de continuación de lo pactado en 1992. Los territorios son controlados de manera alterna por grupos criminales que, en algunas zonas, representan la autoridad gracias a la constante ausencia del Estado. Esto ha permitido que los patrones de consumo, de oferta y de demanda estén determinados por lógicas criminales altamente violentas. Se compran armas, se pagan vidas y se alquilan servicios de violencia. Sin duda, este es un modelo de referencia para el caso Colombiano, quien debe aprender de las lecciones de El Salvador.

CÉSAR AUGUSTO NIÑO GONZÁLEZ es Director del Centro de Investigación de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Es candidato a doctor por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, es magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y politólogo e internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda. Es profesor titular de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa de la Universidad Santo Tomás. 

Tags:, , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cargando…