El fraude constituyente en Venezuela

24 agosto, 2017 • Artículos, Latinoamérica, Opinión, Portada • Vistas: 2274

EFE

 Alessandro Acerbi

Agosto 2017

Cuando se habla de un proceso constituyente, en la doctrina nos encontramos con el significado de un procedimiento político y jurídico que tiene como objetivo refundar un Estado y redactar una nueva Constitución; es por ello que se le denomina poder originario, ya que el proceso constituyente es el origen de un nuevo ordenamiento jurídico que afectará a todos los individuos de ese país. Si se toma en cuenta la trascendencia de este fenómeno, podemos afirmar que debe ser producto del consenso y de una necesidad de la mayoría de los ciudadanos. En el caso de Venezuela, tenemos que, en 1999, fue convocado un proceso constituyente a raíz de una sentencia emanada de la antigua Corte Suprema de Justicia (máximo tribunal de la República) la cual avalaba la instrumentalización de esta figura, a pesar de no encontrarse inserta en el texto constitucional de 1961, y tomaba como supuesto la supremacía de la soberanía popular por encima de la primacía constitucional. En pocas palabras, en Venezuela, el soberano tiene la última palabra.

Por este motivo, y después de un proceso de debate con diversos sectores durante unos 6 meses, la propuesta constituyente se sometió a votación por medio de un referendo consultivo que tenía un doble objetivo. El primero era que la sociedad aprobara o no la convocatoria al proceso, y el segundo estaba relacionado con la aprobación o no de las llamadas bases comiciales. Resulta relevante analizar estos puntos porque el antecedente es muy claro: es importante conocer si la mayoría de los ciudadanos quieren un proceso de esa clase y cómo va a ser la representación de los asambleístas que deben encontrarse insertas en la propuesta de bases comiciales. Una vez redactada la Constitución de 1999, fue objeto de un referendo aprobatorio, mediante el cual se consultó a la población la aprobación y entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, todo ello liderado por el entonces recién electo presidente Hugo Chávez.

Consultar al pueblo si está o no de acuerdo con un proceso constituyente y las bases comiciales en Venezuela es una expresión del principio constitucional consagrado en el artículo 5 de nuestro texto de 1999, que explica: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público Nacional. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Este principio ha sido vulnerado por el Ejecutivo venezolano, puesto que la cita convocada para el 30 de julio de 2017, solo 3 meses después del llamado público, no ha sido para consultar a los ciudadanos venezolanos si quieren o no una nueva Constitución y mucho menos para aprobar la estructura de la Asamblea Nacional Constituyente. En todo caso, ha sido para elegir a quienes formarán parte de dicho poder.

El presidente Nicolás Maduro ha alegado que es la vía para encontrar la paz en el país, luego de la ola de protestas que no han cesado desde abril de 2017 y que han puesto en tela de juicio la capacidad del gobierno por mantener el orden interno. El inconveniente es que la propuesta no ha sido acompañada por buena parte de la sociedad venezolana.

AFP-Juan Barreto

Y es que la convocatoria en cuestión ha sido objeto de rechazo por un número de actores políticos heterogéneos dentro de la sociedad como lo son, en primer lugar, la oposición venezolana por medio de la Mesa de la Unidad Democrática, una vocería política del conglomerado de partidos que la conforman, que decidió no participar en esta convocatoria al considerarla espuria y porque aseguran que se ha llevado a cabo de manera fraudulenta. A nivel institucional, encontramos que la Asamblea Nacional —órgano representativo de la rama legislativa del Poder Público Nacional, de mayoría opositora desde 2015— ha declarado un rechazo contundente al proceso catalogándolo de fraude.

Además, académicos de las mejores facultades de Ciencias Jurídicas del país en reiteradas ocasiones se han pronunciado en contra, al señalar la inconstitucional de la convocatoria. Por otra parte, y no menos importante, la convocatoria ha sido desestimada y rechazada por un sector disidente del presidente Maduro pero que se autoproclama chavista, es decir, que intenta rescatar el legado del presidente Chávez, fallecido en el 2013, y donde convergen un grupo de personajes que ejercieron funciones de confianza bajo el gobierno chavista. Tal es el caso de un par de generales del ejército venezolano, antiguos miembros de la cartera ministerial y la más importante de todas, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha mencionado públicamente que su objetivo es el resguardo de los principios de la Constitución de 1999, llamada por algunos “La Constitución de Chávez”.

En cuanto al apoyo recibido al Ejecutivo y su propuesta, tenemos que el Poder Electoral, el Poder Judicial y dos de los tres órganos del Poder Ciudadano, han apoyado la iniciativa del Presidente de la República. El asunto es que la legitimidad de quienes conforman estas instituciones ha sido cuestionada porque la mayoría de los miembros del Poder Electoral, que se denominan rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron ratificados en su cargo por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en vez de ser nombrados por la Asamblea Nacional tal y como establece la ley. A su vez, fue cuestionado porque trece de sus miembros principales fueron designados de manera irregular, lo que significó una violación al procedimiento normativo, ya que los sujetos no cubrían los requisitos necesarios.

El rechazo no solo viene por la forma en la cual se convoca el proceso constituyente, sino también por los objetivos que trae consigo la Asamblea Nacional Constituyente ya que diversos anuncios de altos funcionarios del gobierno venezolano han dejado entrever que dictará normas aún antes de redactar una nueva Constitución. El propio presidente Maduro ha expresado que esta Asamblea Constituyente deberá allanar la inmunidad parlamentaria de la que gozan, por mandato constitucional, los diputados a la Asamblea Nacional y remover del cargo a la Fiscal General del Ministerio Público.

La consumación del fraude constituyente

Las elecciones celebradas el 30 de julio de 2017 en Venezuela fueron atípicas. Se caracterizaron por la ausencia de candidatos opositores al régimen de Maduro, se realizaron bajo un conjunto de amenazas a funcionarios públicos, con chantajes a beneficiarios de programas sociales y, como ya hemos explicado, bajo el asedio de la presión internacional en contra de su realización.

En el transcurso del día se generaron protestas focalizadas al interior del país, por lo que fueron activados operativos de contingencia de las fuerzas armadas y hubo una fuerte reacción de grupos paramilitares afectos al régimen, lo que dejó un saldo desgarrador de diez venezolanos muertos durante la jornada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la jornada electoral se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado y por las restricciones a la libertad de expresión.

AP-Fernando Llano

El mismo 30 de julio de 2017 casi a medianoche, la presidenta del CNE Tibisay Lucena emitió el primer boletín oficial, el cual arrojó una espectacular participación de 8 089 320 de votantes. Estos resultados han sido cuestionados no solo por el conglomerado de opositores al régimen, sino por la comunidad internacional. En medio de una crisis de medicamentos que expertos señalan como humanitaria, a la que se le suma una recesión económica, la inflación más alta registrada en décadas, la polarización interna y la observación cada vez más alerta de la comunidad internacional, cuesta creer que la propuesta del presidente Maduro haya sido el segundo evento electoral con mayor participación en toda la historia de Venezuela, después de una relección del extinto presidente Chávez. Desde 2012 el conglomerado de partidos oficialistas había registrado una disminución de sus números elección tras elección, teniendo como antecedente más inmediato 5 622 844 de votantes logrados en diciembre de 2015, lo que les produjo una derrota electoral y la pérdida de la mayoría de representantes en la Asamblea Nacional.

En el transcurso de la jornada, voceros de la oposición habían manifestado una baja asistencia de votantes en los centros electorales, al esgrimir en algunos casos una participación que no superaría los 2.5 millones de venezolanos. Informes de bancos de inversión como Torino Capital y Barclays señalan que su estimado en cuanto a la participación no supera los 3.5 millones de votantes, por lo que desestimaron así lo anunciado por el ente electoral. Sin menospreciar el aspecto de la cifra anunciada como resultado, el fraude constituyente en Venezuela se consumó con una convocatoria ilegal, por lo tanto, cualquier acto posterior debería ser considerado nulo.

Incluso antes de que se haya efectuado la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el proceso ha generado el desconocimiento de al menos 40 países apenas a un día de haber sido consumado el fraude. Y no todo ha quedado en comunicados, pues incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido al Presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, dentro de la lista de la Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), compartiendo sanciones con otros mandatarios como Robert Mugabe, Bashar al Assad y nada menos que Kim Jong-un. El motivo de su inclusión reposa en el argumento de que el presidente Maduro ha usurpado fraudulentamente las atribuciones de la Asamblea Nacional electa en 2015. Luego de este detalle del acontecer venezolano podemos concluir que la consumación del fraude constituyente del 30 de julio de 2017 tendrá consecuencias en el ámbito tanto interno como internacional y que en ningún caso significará un medio para superar la crisis que atraviesa el país.

ALESSANDRO ACERBI es abogado, internacionalista y catedrático en Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela, donde cursa una maestría en Derecho Administrativo. Sígalo en Twitter en @aleacerbi.

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