El fin del modelo social francés

20 junio, 2016 • Artículos, Europa, Portada • Vistas: 2626

AFP

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Precariedad laboral y la reforma en puerta

avatarDefault Gerardo Trujano Velásquez  

Junio 2016

Una colaboración de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México

La reforma laboral que se discute en Francia tiene su origen en la larga crisis financiera internacional iniciada en 2008 y las graves afectaciones que causó a los países de la zona euro. La gravedad de los problemas económicos en Europa impulsó una oleada de reformas encaminadas a mejorar el nivel de competitividad de los países de la región. En ese contexto, desde hace algunos años, diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, le piden al gobierno francés aplicar cambios que incluyen una reforma laboral y la reducción del déficit y la deuda pública.

Durante algún tiempo, y con la esperanza de que todo se solucionara al volver el crecimiento económico, el Estado francés se rehusó a realizar reformas, argumentando que no podían romper con su modelo social. Sin embargo, el desempleo siguió aumentando hasta alcanzar 600 000 desempleados más de los que había al inicio de la gestión de François Hollande en 2012. En enero de 2016 alcanzaba ya los 3.57 millones de personas, que representaban 10% de la población activa. A esto se sumó un déficit público superior a 3% y un crecimiento económico inferior a 1%. Todo esto llevó a Hollande a decir en algún momento que Francia enfrentaba un “estado de excepción económico y social”.

A pesar de su insistente negación, y dado que el estancamiento económico no cedía ni se reducían el déficit ni la deuda pública, finalmente el Jefe del Estado francés dio el paso hacia la propuesta de reforma. En abril de 2015, Francia presentó un primer proyecto al Consejo de Ministros, pero fue considerado insuficiente, por lo que en octubre de 2015 el Presidente anunció una reforma laboral. Como compensación ante el anuncio de una medida claramente impopular, Hollande se comprometía a no afectar el horario laboral legal de 35 horas semanales, vigente desde 1998, a la vez que prometía no volver a presentarse como candidato a la presidencia si no lograba reducir el desempleo.

La propuesta de reforma laboral fue presentada oficialmente el 9 de marzo de 2016 y fue bien recibida por la derecha francesa y por la organización patronal Movimiento de Empresas de Francia (Medef). En contraste, hubo una masiva movilización de rechazo que aglutinó organizaciones sindicales, estudiantiles, de jubilados y la Nuit Debout, el movimiento indignado de Francia, que inició sus protestas en la plaza de la République en París y se extendió a una treintena de ciudades francesas.

Lo más delicado es que la izquierda, incluido el Partido Socialista al que pertenecen Hollande y el primer ministro Manuel Valls, declaró que la propuesta no es “ni verdadera reforma ni social”. En el mismo mes, Christian Paul, líder del ala crítica del partido dijo que ni Valls ni Hollande cuentan con apoyo popular ni base electoral y acusó a Valls de ser responsable de lo que ellos llaman “deriva socioliberal” dentro del gobierno —haciendo referencia a que un gobierno socialista trata de imponer acciones típicas del liberalismo económico, propias de la derecha—.

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

Entre los puntos más cuestionados de la propuesta de reforma estaba la intención de terminar con el horario laboral legal de 35 horas semanales, permitiendo que las empresas ampliaran el tiempo de trabajo por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”. Se permitía a las empresas realizar despidos colectivos por cambios tecnológicos, reorganizaciones para mantener la competitividad o cuando se encontraran en problemas económicos —dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante 4 trimestres—, incluso si se trataba de una filial de un grupo con la situación ya saneada.

Otro punto sensible era el de la indemnización por despido. La ley actual otorga una indemnización de entre 24 y 27 meses de salario por despido para trabajadores con más de 20 años de antigüedad. La propuesta de ley proponía rebajar la indemnización a un máximo de 15 meses de salario.

El más polémico de todos es el artículo 2 de la reforma, que se refiere a la “prevalencia legal de los acuerdos en las empresas sobre los pactos firmados en un sector concreto”. Esto pone a las negociaciones empresariales por encima de los convenios colectivos y limita, en la práctica, las competencias de los delegados sindicales, con lo que queda abierta la puerta para rebajar las horas extra y aprobar rebajas laborales.

El Primer Ministro se convirtió en el principal defensor de la reforma, pues asegura que el cambio propuesto no es otra cosa que aplicar en Francia algo que ya funciona en lugares como Alemania, España o Suiza. Según Valls, los franceses quieren esta reforma porque creará empleo, terminará con la precariedad del empleo juvenil y constituye la respuesta al estancamiento de la economía. A pesar de sus argumentaciones, las protestas de marzo y abril de 2016 lograron la presión suficiente para forzarlo a presentar algunas modificaciones, en un intento para aligerar el rechazo de los sindicatos.

En el nuevo proyecto se indica que aquella filial que provoque de manera artificial problemas económicos para forzar despidos podrá ser sancionada, aunque será un juez quien determine si procede dicha sanción. De la misma manera, se propone que exista un baremo indicativo para que, cuando haya despidos, sean los jueces de lo social quienes dictaminen el monto de la indemnización. También se ha eliminado la disposición que permitía prolongar el tiempo de trabajo de los aprendices más allá de las 40 horas semanales.

A pesar de los cambios, el rechazo a la reforma no ha cedido y el 10 de mayo de 2016 Valls aprobó la ley por decreto, lo que exacerbó el rechazo social y encendió una oleada de huelgas, manifestaciones y bloqueos —en centrales nucleares, refinerías, puertos y barricadas en carreteras— en contra de la reforma. Siete sindicatos llamaron a redoblar las protestas y los paros, al grado que ya es el peor estallido social en Francia en 20 años. Lo paradójico es que ha sido provocado por un gobierno socialista.

Los sindicatos quieren que se retire el proyecto de ley y se niegan a negociar. Del otro lado, el Primer Ministro también ha manifestado que no habrá negociación. En mayo, Valls declaró a Le Parisien que, si bien habrá algunas modificaciones al proyecto de reforma, esto no sucederá sobre tres puntos “la eliminación de los frenos a la contratación en la pymes, el diálogo social en la empresa (artículo 2, antes mencionado) y los nuevos derechos de los asalariados”.

Contrario a lo que afirma el gobierno, más de 60% de la población se manifiesta en contra del proyecto de ley y apoya las protestas, porque consideran que pone en peligro el modelo social de Francia. El presidente Hollande ha dicho que si persiste la falta de apoyo en el Parlamento, la reforma podría ser aprobada de nuevo y definitivamente por decreto en julio.

Con estos acontecimientos, Hollande se ha convertido en el presidente menos popular en la historia moderna de Francia. Las encuestas marcan índices de aprobación entre 13% y 20%. Es un presidente de izquierda que enfrenta una rebelión de sindicatos de izquierda, acusado de querer imponer un proyecto que ni el mismo expresidente de derecha Nicolas Sarkozy se atrevió a proponer.

REUTERS/Charles Platiau

REUTERS/Charles Platiau

Francia es uno de los últimos bastiones que resisten ante el mantra que reza desde la década de 1980: “Es necesario flexibilizar el mercado laboral para incrementar la competitividad de las empresas, potenciar el crecimiento y atacar el desempleo”.  Es cierto lo que dice Valls sobre aplicar algo que ya sucede en otros países, no sólo europeos sino del resto del mundo (incluido México). Lo que no dice el Primer Ministro y sí marcan los opositores a la reforma laboral, a partir de lo que se ha observado en otros países, como España, es que este tipo de medidas pueden generar empleo, pero este es mal pagado y precario, ya que además de abaratar el despido reducen sensiblemente los derechos adquiridos de la clase trabajadora.

Nadie niega la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la competitividad de las empresas. El problema es que la receta que se ha seguido recarga el costo de la consecución de esos objetivos en los trabajadores y se olvida de que la otra parte de la ecuación son las empresas, que al final son las que obtienen las utilidades y, por lo mismo, deberían ser las más involucradas en el cambio.

Desde que comenzó a imponerse el modelo neoliberal en la década de 1980 se ha insistido en la importancia de la libre competencia, la no intervención del Estado en la economía y el avance de la globalización económica, que pretende integrar a todos los países en un solo gran mercado mundial. El problema de esos planteamientos es que olvidan que detrás de los fenómenos económicos y de los mercados hay seres humanos que respiran, comen, se visten, requieren de vivienda y otros satisfactores para sentirse realizados. Para 99% de la población del mundo esto solo es posible si se cuenta con un empleo bien remunerado y seguro.

Lo que se juega en Francia con esta lucha que llevan a cabo las organizaciones sindicales y ciudadanos en contra de la reforma laboral del gobierno de Hollande va mucho más allá de los bloqueos a las refinerías, los piquetes, las huelgas de los servicios públicos y transportes o el buen desempeño y la buena imagen de ese país durante el desarrollo de la Eurocopa 2016. Se trata de una pequeña porción de los ciudadanos del mundo que se niega a aceptar lo que en muchos otros países ha sido impuesto.

Tal vez al final sea aprobada la reforma laboral en Francia, si no por el actual gobierno puede ser por otro posterior y no hay que descartar la posibilidad de que se trate, entonces, de una reforma mucho más lesiva que la propuesta por el gobierno de Hollande, como ya sucedió en España con la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.  Pero al menos, el pueblo francés está dando una lucha que le dice a los promotores de estas medidas que, si se quiere vivir en democracia, entonces más vale que los gobiernos escuchen también la opinión de los gobernados y no solo la de los mercados.

GERARDO TRUJANO VELÁSQUEZ es articulista de análisis económico internacional en la columna “Foro Internacional Anáhuac” del periódico Excélsior de México.  Es maestro en Desarrollo Urbano por El Colegio de México y especialista en Estudios Avanzados en Intervención Pública y Economía Regional por la Universidad del País Vasco. Actualmente es coordinador académico del área de Economía en la Facultad de Estudios Globales en la Universidad Anáhuac. Sígalo en Twitter en @gtrujano64.

4 Responses to El fin del modelo social francés

  1. José Andrés Rodríguez dice:

    Interesante el artículo. La prensa sólo se concentra en las manifestaciones y huelgas y la preocupación porque la Eurocopa no se vea perjudicada, pero se les olvida lo que hay detrás de ese conflicto: los derechos de los trabajadores franceses.
    Es una lástima que el gobierno Hollande haya caído en las garras de la OCDE y esos organismos que proponen mas reformas y sacrificios de los trabajadores. Bien por los franceses, que saben cómo defender sus derechos. Si todos en el mundo nos organizáramos como ellos a los dueños del capital se les haría más difícil seguir abusando de las personas.

  2. Jaime Rodriguez Espinoza dice:

    Como sucede desde los 80s, el centro del debate de los Estados, de las políticas públicas, es la disyuntiva entre dos principios economicos: el de la eficiencia económica frente al de la equidad. Una de las consecuencias de haber privilegiado el primero sobre el segundo, privilegiar los intereses de grupos economicos frente a las de las mayorias, ha sido obtener crecimiento económico a costa del deterioro de indicadores sociales, como el aumento de la desigualdad, principalmente la de ingresos. Y la desigualdad es el principal vector de la violencia…

  3. Jaime Rodriguez Espinoza dice:

    Como sucede desde los 80s, el centro del debate de los Estados, de las políticas públicas, es la disyuntiva entre dos principios economicos: el de la eficiencia económica frente al de la equidad. Una de las consecuencias de haber privilegiado el primero sobre el segundo, privilegiar los intereses de grupos economicos frente a las de las mayorias, ha sido obtener crecimiento económico a costa del deterioro de indicadores sociales, como el aumento de la desigualdad, principalmente la de ingresos. Y la desigualdad es el principal vector de la violencia…

  4. Armando González Mendoza dice:

    No comparto la visión del autor del artículo ni de quienes me antecedieron con sus comentarios. Y no lo comparto porque se ha hecho para mi cada vez más que evidente que, especialmente Francia, ha vivido dentro de su burbuja –querer vivir con elevados estándares de vida, pero trabajando cada vez menos– y le cuesta trabajo enfrentarse a la realidad cuando la burbuja ha sido rota por esa cruel realidad que no se doblega ante las ideologías, sino que descarga contundente su fuerza. Señalo algunos puntos que, en concreto, hacen necesario re-pensar ese mundo idílico en el que las mayorías en el mundo –incluyendo los EE. UU., los europeos entre ellos, y los franceses en este caso en particular y que, no obstante los históricos fracasos de los modelos guía que les sirven de inspiración –social-comunismo–, de los cuales Venezuela es el más actual, “muriente” y paradigmático, se sigue insistiendo: cada vez mayor intervención del Estado en la vida de las personas [que por otro lado le extendemos un “cheque en blanco” para que se corrompa y coluda con quienes maman de sus ubres, con el pretexto de “apoyar a los que menos tienen”] 1.- Los “derechos” no pueden ser eternos, por más que nos parezcan “justos”. 2.- No es la igualdad –la equidad– el problema sino la pobreza, si de igualdad material se habla –no olvidar que la lucha histórica por la igualdad se refería a la “igualdad ante la ley”–; la igualdad material entre los seres humanos es incompatible con la libertad y los derechos individuales e insostenible porque debilita los incentivos para la inversión –mirar, como ejemplo, la decisión de Gérard Depardieu de renunciar a su nacionalidad francesa al momento en que los diputados decidieron elevar al 75% sus impuesto; y, además, se inhibe el “motor de búsqueda” personal por alcanzar mayores niveles de bienestar. 3.- No hay de otra: sólo produciendo riqueza mediante el trabajo, ahorro e inversión es posible brindar mayores niveles de bienestar para cada vez más personas; pero, prometer, como dijo Popper, “hacer realidad el Paraíso en la Tierra” ha sido la peor de las pesadillas sufridas por la humanidad, no hay sino asumir lo azarosa que es la existencia y que no por tener un empleo, cualquiera que sea, podrá nadie asegurarle a nadie resolverle las necesidades de la existencia.
    Seguir utilizando el método marxista –como si nada hubiera pasado en el mundo en los últimos 100 años– no me parece acertado. Identificar “los malos” –los demonios– como: el “neoliberalismo”, grupos privilegiados, dueños del capital, la OCDE, etc; y, por otra parte, “los buenos”: los trabajadores, el pueblo, las mayorías, etc., no contribuye sino a exacerbar la incomprensión de las leyes de la Economía y la inevitable y permanente lucha por la existencia que cada uno debemos de emprender, sin esperar que otro lo haga por nosotros.
    Los conceptos hace tiempo han sido tergiversados y se blanden para intentar asestar un golpe mortal a quien emite ideas diferentes, cuando discrepar de las ideas de otro puede ser el inicio del camino de reflexión de alternativas.

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