3 abril, 2020 • Artículos, Asuntos globales, Latinoamérica, Portada • Vistas: 10949

 Luis Valer del Portillo

Cada 2 horas, una persona en el mundo es víctima de minas terrestres o de restos de explosivos de guerra. Se cree que en el mundo hay aproximadamente 110 millones de minas terrestres todavía enterradas y potencialmente detonantes. Las víctimas por la explosión de las minas antipersonales se siguen contando por miles cada año. Muchas de estas víctimas no mueren, siendo la mutilación de extremidades la secuela más habitual asociada a las explosiones.

Países como Afganistán, Angola, Birmania (Myanmar), Camboya, Colombia o Egipto, donde han finalizado conflictos o donde todavía siguen latentes, es donde se concentran las mayores cantidades de minas sin desactivar. Su presencia en zonas rurales, cerca de regiones agrícolas o pozos de agua, ha determinado durante décadas la vida de millones de personas que, por la imposibilidad de hacer una vida normal debido a la presencia de explosivos ocultos en sus campos, se han visto obligados a emigrar y convertirse en refugiados o desplazados internos.

Situación actual de las minas antipersonales en el mundo

Muchos de los conflictos que motivaron la instalación de estas terribles armas han terminado, e incluso se han llevado a cabo extenuantes negociaciones en procesos de paz que se están implementando ahora, como es el caso de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC). De cualquier forma, queda mucho trabajo por hacer y se cree que retirar la totalidad de las minas terrestres que quedan en el mundo, siguiendo el ritmo de desminado actual (sin contar con que se instalen nuevas minas), supondría un esfuerzo de 1000 años.

El Tratado de Ottawa de 1997 es la referencia que guía todos los avances en materia de desactivación de minas antipersonales que se han llevado a cabo hasta ahora. Este Tratado, también conocido como la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, se alcanzó gracias a la implicación de 162 países signatarios y está en vigor desde inicios de 1999. En el acuerdo se señaló que las minas antipersonales son “una grave violación del Derecho Internacional Humanitario”, con toda la penalización que su uso acarrea. Pese a estos avances, es preocupante el retroceso que se está experimentando en países con conflictos latentes, como Afganistán, Ucrania o Yemen, donde lejos de reducirse el número de minas antipersonales, su uso sigue en aumento.

El país con mayor número de minas todavía sin desactivar es Egipto, que se cree tiene 23 millones de artefactos explosivos sin desactivar en su suelo (20% del total mundial).

El país con mayor número de minas todavía sin desactivar es Egipto, que se cree tiene 23 millones de artefactos explosivos sin desactivar en su suelo (20% del total mundial). Aunque este grotesco récord debe ser matizado, ya que en el caso de Egipto son minas que, en su mayoría, son antivehículos, por lo que no detonan al paso de personas (necesitan una presión superior a 150 kilogramos). La principal razón por la que el país norteafricano tiene este récord es el número de guerras en las que ha participado: desde la Segunda Guerra Mundial que regó la costa noroccidental de minas, hasta los diversos enfrentamientos con el vecino Israel en 1956, 1967 y 1973 que sembraron de minas amplias zonas del Sinaí.

Sin embargo, en países como Colombia, se estima que cada día una persona es víctima de las minas antipersonales que aún hay en el país. El país sudamericano es el segundo del mundo por número de víctimas contabilizadas desde 1999 a causa de las minas antipersonales, solo por detrás de Afganistán. A nivel mundial, los datos de las víctimas por minas antipersonales revelan lo macabro de estas armas que no distinguen soldados de civiles, adultos de niños. Así, vemos que 8 de cada 10 víctimas son civiles, el 61% son adultos y el 39% son niños.

Desde la finalización de los conflictos que supusieron la expansión de las minas por muchos países, se han realizado importantes avances en la detección y eliminación de estas terribles armas. Sin embargo, en muchos países siguen siendo una amenazadora realidad para los civiles inocentes quienes, como revelan los datos, son las principales víctimas.

Origen y evolución de las minas antipersonales

Las minas antipersonales, si bien tiene su origen en el siglo XIX, tuvieron por primera vez uso masivo durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, se popularizó como una terrible arma contra población civil en multitud de conflictos durante la segunda mitad del siglo XX, en los conflictos armados que azotaron el mundo durante la Guerra Fría. Destacan los más notorios como los que golpearon Corea, Irán, Irak, Vietnam y la primera guerra del Golfo.

Durante estas décadas de Guerra Fría, las fronteras de muchos países en conflicto o con amenazas en su vecindad, quedaron plagadas de miles, sino millones, de minas terrestres antipersona. En los diversos escenarios bélicos que sacudieron el mundo durante el periodo de confrontación de bloques, hubo países que sufrieron cruentas guerras contra actores armados no estatales, los cuales sembraron de minas antipersonales y antivehículos extensas áreas de las zonas de conflicto.

De aquellos grupos armados, los que más hicieron uso de estas armas tan cruentas contra la población civil han sido principalmente tres: las FARC de Colombia, los Tigres Tamiles de Sri Lanka y el Ejército de Liberación Nacional Karen de Birmania. En aquellos escenarios bélicos del siglo XX, donde las minas antipersonales fueron instaladas, pese a que tenían como objetivo principal prevenir invasiones de ejércitos extranjeros o de grupos armados, la verdad es que con el paso de los años casi la mitad de las víctimas mortales de esta “arma disuasoria” terminaron siendo niños.

Durante los años de la Guerra Fría, las minas antipersonales tuvieron una “edad de oro”. Su producción era masiva y su precio ridículamente bajo: desde 1.8 a 25 dólares. Pero estos precios bajos chocaban y lo siguen haciendo con el coste que implica todo el proceso de detección, desmantelamiento y eliminación, el cual ronda los 300 a 1000 dólares. Pero la desactivación también tiene coste en vidas humanas, ya que por cada cinco mil minas retiradas con éxito, muere un operario desminador y dos resultan heridos.

Desde la finalización de los conflictos que supusieron la expansión de las minas por muchos países, se han realizado importantes avances en la detección y la eliminación de estas terribles armas. Sin embargo, en muchos países siguen siendo una amenazadora realidad para los civiles inocentes, quienes como revelan los datos, son las principales víctimas. Aquellos conflictos donde callaron las armas, todavía dejan escuchar sus ecos en forma de minas antipersonales.

Colombia y el “enemigo silencioso”

Con el término de “enemigo silencioso”, el ejército de Colombia denomina a las miles de minas que hay ocultas en el país. El caso de las minas antipersonales en Colombia es particularmente grave, ya que es el país de América con más residuos explosivos de este tipo en su suelo.

En 2018 se contabilizó que, del total de la superficie de Colombia, 290 000 metros cuadrados estaban “contaminados” por minas antipersonales y otros tipos de explosivos. Ese mismo año se registró un aumento del 300% respecto a 2017 en cuanto a número de víctimas por minas antipersonales, llegando hasta las 180, frente a los 56 heridos de 2017.

Con decenas sino cientos de víctimas cada año, las minas antipersonales son una cruda herencia del conflicto armado que ha golpeado el país durante 5 décadas, dejando un saldo demoledor para Colombia: más de 8 millones de víctimas, de las cuales, 6 millones son desplazados internos y 250 000 personas fueron asesinadas. El acuerdo alcanzado entre el gobierno de Bogotá de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016 (iniciadas las conversaciones en 2012), hoy convertidas en movimiento político, contemplaba como uno de sus objetivos el proceso de destrucción de todas las minas antipersonales desplegadas durante el conflicto. El expresidente colombiano Álvaro Uribe calificó las minas antipersonales y su uso como “un delito de lesa humanidad y, en consecuencia, sus responsables deberán pagar penas de cárcel”.

Frank Pearl, negociador del gobierno con las FARC, explicaba la paz de está manera tan clara:

La paz tiene tantos significados como personas hay en un país. Para alguien de ciudad, será que no le roben el celular. Para una familia en zona de conflicto, que vive en una choza con el piso de tierra, sin agua, sin luz, sin escuela para sus hijos, es poder sobrevivir sin que los maten ni violen.

En esas 5 largas décadas de cruento conflicto por la actividad guerrillera de las FARC y otros grupos armados, la mitad del país quedó contaminada de minas antipersonales. Según estimaciones de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, eran 673 municipios del total de 1100 que hay en Colombia los que tenían presencia de minas en su suelo.

Con la firma del Tratado de Ottawa, Colombia recogió en 2002 lo acordado en una ley en la que se obligaba a “destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales”. Fruto de esta ley nació la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Contra Minas Antipersonales. Aunque el país andino viene desmantelando minas antipersona desde el 2006 (año con mayor número de víctimas en Colombia, más de 1100) al amparo del Tratado de Ottawa, esta actividad ha visto un importante impulso desde la desactivación del conflicto y el avance del proceso de paz a partir de 2016.

Aquellos conflictos donde callaron las armas, todavía dejan escuchar sus ecos en forma de minas antipersonales.

Sin embargo, pese a la paz acordada, cada año sigue habiendo víctimas mutiladas, sobre todo en zonas rurales del país. Departamentos como Arauca, Antioquia, Choco, Nariño y Norte de Santander son las zonas donde hay mayor concentración de minas, y por lo tanto de víctimas.

Pero, a la desmovilización de las FARC no le siguió la de otros grupos armados que siguen activos en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni otros grupos menos organizados de carácter paramilitar relacionados con actividades narcotraficantes. Estos grupos siguen colocando minas antipersonales y, además, lo están haciendo en zonas que hasta ahora no eran objetivos, como plantaciones, explotaciones industriales e incluso escuelas.

En las zonas rurales de la Colombia montañosa, el proceso de desminado es una asignatura pendiente que aún no se ha abordado. En aquellas zonas donde no puede llegar la acción del Estado o donde todavía hay actividad guerrillera, el someterlos a intensos y verificables procesos de desminado se antoja, por ahora, una ensoñación.

Un futuro esperanzador

A pesar de que cada año sigue habiendo víctimas, parece que se atisba una luz al final del túnel. Debido a la implementación del proceso de paz, las FARC en colaboración con el gobierno han emprendido programas conjuntos de desactivación de minas en zonas con alta densidad de explosivos. Se han dado casos interesantes en los que los propios guerrilleros de las FARC que instalaron minas antipersonales en zonas determinadas, como en Caquetá, están siendo ellos mismos quienes las están desmantelando, ya que son los únicos conocedores de su ubicación exacta.

A finales de 2019 se dieron buenas noticias, ya que un 55% de municipios en los que se sospechaba de la presencia de minas antipersonales, habían sido completamentente limpiados.

Queda mucho trabajo por hacer aunque, desafortunadamente a corto plazo, no parece que se vayan a alcanzar los compromisos adquiridos en el Tratado de Ottawa en el que se establecía que Colombia había de ser un país libre de minas terrestres para 2021. No obstante, el país sudamericano pedirá en 2020 una prórroga a la comunidad internacional para alcanzar el horizonte sin minas en 2025.

Sin embargo, lejos de desmotivar futuras acciones, este espacio que aún queda por trabajar y liberar de las mortíferas armas que son las minas terrestres, debe servir para alentar acciones de mayor calado con el último objetivo de garantizar una Colombia segura para todos donde los colombianos puedan caminar con libertad, sin temor a las bombas.

Muchos campesinos que tuvieron que huir de sus pueblos hacia las ciudades por el conflicto colombiano vuelven a sus hogares. Al mismo tiempo, los exguerrilleros de las FARC se incorporan a la vida civil y en las zonas rurales donde antes retumbaba el sonido de los disparos, ahora se escucha gente trabajando la tierra y se recupera la vida alejada de la violencia. Muchos vuelven, pese al riesgo latente de las minas, pero como dijo un retornado: “Es mejor morir en nuestra tierra que vivir de rodillas en las ciudades”.

LUIS VALER DEL PORTILLO es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y maestro en Estudios Internacionales por la Universitat de Barcelona y en Política de Defensa Internacional por el Campus Internacional de la Seguridad y la Defensa (CISDE). Además, cuenta con un posgrado en Inteligencia Económica y Seguridad por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) y con estudios de maestría ejecutiva en la EAE Business School, con especialización en mercados emergentes. Sígalo en Twitter en @ValerPortillo.

Tags:Colombia, Derecho Internacional Humanitario, Minas antipersonales, Seguridad