16 febrero, 2017 • África, Artículos, Portada • Vistas: 7527

 

 Hilda Varela Barraza

Enero 2017

En diciembre de 2016, tres Estados africanos (Burundi, Gambia y Sudáfrica) anunciaron su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de haber ratificado el documento constitutivo de dicha institución, el Estatuto de Roma. Aunque son tres países distintos entre sí en cuanto a sus condiciones histórico-políticas, a las económicas internas y a su relevancia en la dinámica regional e internacional, este hecho pareció sorpresivo para estudiosos de la realidad mundial, pero poco para los interesados en África Subsahariana.

Este es un tema mucho más complejo y polémico de lo que podría parecer en primera instancia. Es importante tomar en cuenta la histórica exclusión de los países africanos cuando se analiza la realidad mundial, sobre todo en el siglo XXI; aunada al desconocimiento y a la persistencia de prejuicios raciales en torno a dichos países. El color de la piel carece de relevancia científica y solo sirve para alimentar prejuicios. No existe una «condición africana» en particular, sino variables históricas, políticas, económicas y sociales que en gran parte condicionan su realidad en este siglo y que permiten tratar de explicar -pero nunca de justificar- las características de la violencia en la región más grande de ese continente.

De los más de 110 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, más de 30 son africanos, lo que podría implicar que el abandono por solo 3 Estados es irrelevante. Pero otros gobiernos africanos han advertido de la posibilidad de seguir ese mismo camino. Ese retiro permite apreciar la forma en la cual los gobiernos africanos pueden percibir el papel de la CPI. De forma lamentable, es probable que altos funcionarios de los gobiernos, ejércitos y milicias de países africanos estén involucrados en crímenes que son jurisdicción de la CPI. Aunque es importante no generalizar: no todos los gobiernos africanos cometen crímenes contra la humanidad.

Los antecedentes

Antes de la creación de la CPI, habían sido creados tribunales internacionales ad hoc para lidiar con crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. En África Subsahariana, el más importante fue el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aceptado en un principio por el gobierno de Ruanda, cuando conoció la mecánica de operación decidió obstaculizar su libre desarrollo.

Otro tribunal fue creado con apoyo de la ONU para abordar la guerra civil en Sierra Leona. El tribunal se desarrolló en ese país y los acusados fueron sentenciados a prisión. En ese caso, solo fue juzgado y condenado por un tribunal internacional el Ex Jefe de Estado de Liberia, Charles Taylor, por crímenes en los dos países. Otro tribunal internacional, ubicado en Senegal, juzgó y condenó al Ex Jefe de Estado de Chad, Hissène Habré.

La CPI parte de un concepto occidental de justicia internacional -desconociendo la existencia de concepciones africanas- de acuerdo con una ética y de responsabilidad internacional por crímenes de lesa humanidad. La CPI cuestiona las comisiones de la verdad -como la sudafricana- basadas en conocer la verdad, el otorgamiento del perdón a los perpetradores y la búsqueda de la reconciliación. La CPI pretende impartir justicia y castigar a los perpetradores de crímenes punibles a nivel internacional.

La CPI en África Subsahariana

Los primeros casos de la CPI se concentraron en la región subsahariana, con lamentables resultados. El primer caso remitido por el gobierno de Uganda a la CPI trataba de enjuiciar al líder del violento Ejército de Resistencia del Señor (LRA) que desde la década de 1980 operaba en el norte del país. Cuando la CPI inició la investigación, descubrió que miembros del ejército regular ugandés podrían estar involucrados. La reacción del gobierno ugandés fue negativa, pues buscaba atraer la atención internacional en torno a esa guerra y presionar al líder del LRA a negociar. Una vez logrado este objetivo, el régimen ugandés promulgó una ley de amnistía general e inició un proceso ambiguo de negociación con los rebeldes. En 2005, la CPI emitió una orden de arresto contra el líder del LRA, jamás ejecutada. En la sociedad civil ugandesa surgieron voces de protesta en contra de la CPI, que inició la investigación en un momento inoportuno, cuando comenzaban las negociaciones.

El primer juicio individual de la CPI fue en contra de un ciudadano de la República Democrática del Congo (antes Zaire), acusado de crímenes de lesa humanidad, pero su juicio pasó inadvertido a nivel internacional. Otro ciudadano de ese país fue arrestado y condenado. Este ha sido el caso con mayor carácter jurídico, en principio, sin una connotación política.

El caso más polémico fue remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque varios de sus miembros permanentes no son signatarios del Estatuto de Roma. La CPI lanzó a nivel internacional una orden de arresto en contra de un Jefe de Estado en funciones, el sudanés Omar al Bashir -cuyo país no es signatario del Estatuto de Roma- por posibles crímenes cometidos en la región de Darfur, en la frontera con Chad. Ese hecho ha sido interpretado como una muestra de la incapacidad de la ONU para enfrentar este tipo de conflictos. La orden de arresto de al Bashir es ahora letra muerta. La situación en Darfur se ha deteriorado, pero es un conflicto que ha perdido relevancia internacional.

Burundi, Gambia y Sudáfrica

El argumento de estos gobiernos para abandonar la CPI es el mismo: su rechazo a una forma de justicia occidental que perciben como selectiva, aplicable solo a los países africanos, sin tomar en cuenta a otras regiones en las cuales se cometen crímenes similares. Burundi sufre las secuelas de un conflicto poselectoral. Con una conformación étnica similar a la de Ruanda, el país ha sido afectado por la inestabilidad, con una guerra civil, estallidos de violencia étnico-política y ausencia de prácticas democráticas. En 2005 fue elegido como jefe de Estado Pierre Nkurunziza, que debía ejercer ese cargo por dos términos, pero que logró modificar la constitución para competir por un tercer periodo. Después de una serie de irregularidades, el presidente se proclamó triunfador. En una coyuntura de creciente tensión, la Unión Africana solicitó al presidente que recibiera una fuerza de paz, pero este se negó. Ese gobierno ha sido denunciado por violaciones de derechos humanos.

En Gambia, el jefe de Estado Yahya Jammeh, en el poder desde hace más de 20 años, ha gobernado con mano dura y con una concentración excesiva de poder. Durante años se ha denunciado su carácter represivo. En diciembre de 2016 se realizó una nueva elección, que en principio aceptó el jefe de Estado cuando triunfó su opositor, pero que poco después reprobó argumentando irregularidades, proclamándose triunfador. Ante la posibilidad de una revuelta popular, el ejército fortaleció su posición y Jammeh advirtió que se actuaría con dureza en contra de los que pretendieran alterar el orden. Jammeh pidió al Tribunal Superior del país que prohíba la toma de posesión del líder opositor, y aunque ese tribunal no ha respondido, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, a la cual pertenece Gambia, ha advertido que podría intervenir militarmente si persiste la posición intransigente de Jammeh.

El caso de Sudáfrica es el más complejo y lamentable. Después de haber sufrido más de tres siglos de explotación racial, recrudecida durante el apartheid (1948-1994) y de una larga historia de resistencia contra el racismo, se logró un proceso de negociación, precedido por un periodo de extrema violencia (de 1984 a 1994), en lo que parecería que desembocaría en el peor baño de sangre del siglo XX.

La primera elección democrática en ese país, basada en la fórmula «una persona un voto» se realizó en 1994. Fue electo jefe de Estado Nelson Mandela, quien fuera el preso político más famoso del mundo. Desde 1994, cada 4 años se han celebrado elecciones generales, multipartidistas y pacíficas, que han sido ganadas por el antiguo movimiento de liberación nacional, convertido en partido en el poder, el Congreso Nacional Africano (ANC).

Durante el gobierno del actual presidente, Jacob Zuma, se ha deteriorado la escena política, con denuncias de corrupción, el debilitamiento de la economía, las agudas pugnas entre líderes del ANC y el estallido de conflictos sociales. La razón esgrimida para retirarse de la CPI fue que, debido a una reciente visita de al Bashir a Sudáfrica, el gobierno no respondió a la orden de arresto.

A manera de conclusión

Parece indudable la existencia de razones políticas para que la denuncia de un gobierno ante la CPI proceda. Hay Estados -que juegan un papel neurálgico en los juegos de poder regional o internacional- que aunque existan denuncias creíbles de que cometen crímenes de lesa humanidad, difícilmente serán sometidos a juicio por dicha corte. Y esto no solo en África, también en otras regiones del mundo.

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es que los que critican el sesgo de la CPI son los gobiernos. Es difícil conocer la opinión de las víctimas africanas sobrevivientes de tales crímenes, o de sus familias. Pero probablemente son favorables a que sus victimarios sean sometidos a juicio internacional, aunque los criterios sean occidentales, ante la imposibilidad de que sean juzgados internamente.

HILDA VARELA BARRAZA es licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencia Política, con 45 años dedicados al estudio de África. Ha realizado estancias de investigación en diversos países africanos y publicado numerosos textos académicos y artículos de difusión. Es profesora-investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África en El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Tags:Burundi, Corte Penal Internacional, derecho internacional., Gambia, Sudáfrica