4 abril, 2016 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 8827

EPA/Fernando Bizerra J

  Esteban Actis

Abril 2016

No cabe duda de que Brasil está pasando por una de las peores crisis -tanto política como económica e institucional- de su historia reciente. La divulgación de que la recesión económica fue del 3.8% del PIB en 2015, la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte de la policía para su indagación por hechos de corrupción, las masivas manifestaciones en todo el país en contra del proyecto político que gobierna Brasil y la agudización de las disputas entre los poderes del Estado agravaron en pocos días la crisis en Brasil empujando al gigante sudamericano a una «tormenta perfecta» cuyas consecuencias todavía parecen difíciles de presagiar. Por suerte no se han detectado grandes episodios de violencia en las calles, lo que adicionaría una convulsión social a la fuerte crisis del gigante sudamericano.

En los últimos días, la presidenta Dilma Rousseff parece haber jugado su última carta para intentar salvar su gobierno: el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil. ¿Cómo se explica esta decisión?¿Por qué ahora el expresidente acepta formar parte del gobierno? ¿Cuáles son las implicancias para Rousseff y para el partido en el gobierno? ¿Cuáles son los escenarios posibles?

En este contexto, resulta pertinente hacer un análisis político de la actual crisis brasileña y no verter opiniones de orden jurídico o morales. Mientras que los actores jurídicos son los encargados de juzgar las implicancias en materia judicial tanto de Rousseff o de Lula como de otros funcionarios y los ciudadanos son los encargados de juzgar el comportamiento ético de sus representantes, es función de los politólogos e internacionalistas echar un manto de luz a la compleja trama que hoy vive Brasil.

Las investigaciones sobre Lula en relación a sus actividades como expresidente no son una novedad: comenzaron en agosto de 2015. Como señalé en su momento, la inclusión del exlíder sindical dentro del esquema acusatorio que salpica al Partido de los Trabajadores (PT) forma parte de una doble estrategia política por parte de los sectores opositores ante la extrema debilidad de Rousseff a comienzo de su segundo mandato. Además de buscar por medios constitucionales la salida anticipada de la Presidenta -durante 2015 la Cámara de Diputados recibió más de 35 peticiones de juicio político en contra de la Jefa de Estado- se intenta erosionar la figura de Lula para combatir su relativa popularidad entre la ciudadanía brasileña.

El cálculo que muchos hacen es que, si se logra neutralizar a Lula ante una posible salida de Rousseff, las aspiraciones del PT en el corto y en el mediano plazo son muy limitadas. Desde ese momento, en el seno del PT comenzó a circular lo que Andrés Malamud llamó recientemente un «trilema»: cómo salvar al mismo tiempo al gobierno de Dilma, la figura de Lula y el proyecto político del PT. Lo único cierto era que lograr defender los tres aspectos resultaba utópico.

PMBD

Para mediados de 2015, las críticas del propio Lula sobre el rumbo económico tomado por la Presidenta -como la decisión de otorgarle mayor poder al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) dentro de la coalición y el distanciamiento de algunos movimientos sociales-, así como el rechazo del exlíder sindical de formar parte del gobierno, hacían suponer que en esa difícil encrucijada se apostaba a sacrificar, en términos políticos, al gobierno de Rousseff en pos de fortalecer la figura de Lula y del partido en el poder. Es más, la decisión de algunos diputados del PT de retirar su apoyo al presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, del PMBD, fue interpretada por muchos como un «tiro por elevación» hacia Rousseff. Esto se debe a que era el propio Cunha quien tenía la facultad de iniciar el proceso de juicio político, proceso que inició a comienzos de diciembre de 2015.

Ahora bien, 2016 comenzó con relativa calma para el gobierno de Rousseff gracias a la decisión de Cunha de suspender el trámite del juicio político hasta que se pronunciara el Supremo Tribunal Federal (STF) en relación a las supuestas irregularidades en torno al procedimiento. En ese marco y ante el aumento del malestar social por el funcionamiento de la economía, parece no ser casual el pronunciamiento del Juez Sergio Moro en relación a las investigaciones de los posibles delitos cometidos por Lula. Los hechos acontecidos el 4 de marzo de 2016 -el allanamiento a las propiedades de Lula y su posterior detención para que declarara- no solo alteraron la estrategia política de la oposición, sino que empeoraron el «trilema» al interior del gobierno y del PT. La posibilidad de que Lula fuese detenido por los delitos que se le imputaban trastocó los escenarios proyectados puesto que se acentuó la sensación de crisis y una factible encarcelación del expresidente afectaba su posibilidad de ser candidato en 2018.

En esa coyuntura, la aceptación de Lula de formar parte del gobierno de Rousseff parece reubicar las piezas en torno al «trilema», pues busca salvar al gobierno de Dilma y la figura de Lula, lo que parece ser una nueva apuesta. La renovada fórmula política de «Dilma al gobierno, Lula al poder» brinda mayor fortaleza a este último frente a la justicia y paralelamente intenta fortalecer al gobierno en su intento desesperado por salir del atolladero en el cual se encuentra. Sin embargo, la nueva maniobra conlleva un riesgo que hasta aquí nadie estaba dispuesto a correr: dinamitar al PT como construcción política. De ahí que la jugada de sumar a Lula como ministro sea una estrategia de «todo o nada». El posible fracaso del gobierno no solo será el final político de sus dos principales dirigentes sino que, lo que resulta aún más importante, provocará la implosión del PT como proyecto de poder.

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Las primeras reacciones políticas y sociales frente a la inclusión de Lula, lejos de empoderar al gobierno, parecen mostrar un reforzamiento del antagonismo político que vive Brasil y la acentuación de la «judicialización de la política». La divulgación por parte del juez Moro de varias escuchas entre Lula y Rousseff y la posterior cautelar presentada por el juez federal Itagiba Cata Preta Neto para que Lula no pueda asumir su cargo como ministro agudizó la polarización política. Para muchos brasileños el arribo de Lula al gobierno es un plan para lograr la impunidad y así escapar a la justicia. Por su parte, los defensores del gobierno señalan la ilegalidad de espiar y divulgar las llamadas de la Jefa de Estado y la intromisión del poder judicial en una competencia del ejecutivo, lo que refuerza la teoría de la gestación de un «golpe blando».

Hay que destacar que los acontecimientos sucedidos en marzo terminaron de fracturar la alianza entre el PT y el PMBD. Este último anunció recientemente su alejamiento del gobierno, lo que deja en una situación muy delicada Rousseff. Además de la posible renuncia de los ministros pemebedistas que integran el gobierno, la salida del principal aliado deja al borde del juicio político a la Presidenta porque los votos de los diputados del PMDB son claves para la viabilización del mismo. La gran incógnita es si Michel Temer dejará, como lo decidió su partido, el Palácio do Jaburu -la residencia del vicepresidente- o si, por el contrario, se quedará con el objetivo de saltar al Palacio del Planalto -la residencia presidencial-. Todo parece indicar que Temer tiene como objetivo lograr un posible gobierno de transición a partir de una alianza con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

En conclusión, Brasil parece estar experimentando un momento bisagra en su historia. Los acontecimientos de los próximos días y meses tendrán sin lugar a duda un impacto en el mediano y largo plazo. La continuidad del gobierno depende de que Lula logre (en el poder o fuera de él) cinco objetivos simúlatenos: debe de ejercer el liderazgo político que Rousseff no ha podido lograr, convencer a sus aliados, -principalmente a los diputados del PMDB- de no apoyar un juicio político a Rousseff , lograr la movilización popular de los defensores del gobierno para disputar un ágora adverso, reactivar lentamente una economía que parece cada vez más deprimida y neutralizar al sector de la justicia más belicoso. En definitiva, la agravada polarización política acota los escenarios futuros, pues se debe de buscar una recomposición del poder o la salida anticipada parece inevitable. Dicho de otra manera, para Rousseff, Lula y el PT, la apuesta es de todo o nada.

ESTEBAN ACTIS es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), donde actualmente se desempeña como profesor de la cátedra de Política Internacional Latinoamericana. Además, es becario posdoctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET).

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