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Jordi Quero Arias
En 2014, el Cuerpo Nacional de Policía de España recibió el premio iRedes a la mejor institución iberoamericana en redes sociales, según el fallo del jurado, por su «estrategia en redes sociales que, aunando humor, servicio y cercanía, abre caminos para repensar la comunicación de las instituciones en la era digital». En la actualidad, el perfil oficial de Twitter de la Policía cuenta con 2.73 millones de seguidores -el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ronda los 2 millones y la Gendarmerie francesa apenas supera los 300 000-. Además, cuentan con perfiles en las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram y gestionan un canal de YouTube. Por estos medios, no solo informan sobre su actividad más institucional, sino que lanzan campañas específicas de divulgación en la red, comparten consejos y recomendaciones, dialogan y contestan consultas de los ciudadanos, difunden avisos urgentes e incluso narran el día a día del trabajo de policías individuales. Algo parece estar cambiando en la manera cómo ciertas instituciones de seguridad y defensa se aproximan a los ciudadanos.
Diseccionar y entender ese cambio es el objetivo de la nueva monografía editada por el profesor Rafael Martínez (Universidad de Barcelona) titulada Comunicación política en seguridad y defensa: España y América Latina. Las contribuciones al volumen, editado por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), muestran el estado actual de la comunicación política llevada a cabo por las instituciones responsables de la seguridad y defensa de España y Latinoamérica. El hilo conductor de la obra es la historia de la gestación y evolución de los que se ha venido a llamar la «nueva cultura de la seguridad», en la que las instituciones públicas responsables de estos ámbitos han modificado sus estrategias de comunicación pública para interactuar continuamente con los ciudadanos por nuevos medios, para convertirlos en un aliado en el cumplimiento de sus funciones. Aparte de los problemas habituales de cualquier obra impresa, el libro ofrece una amplia panorámica sobre el fenómeno con un enfoque de casos de estudio. Tras explicar los referentes teóricos de las contribuciones, se presentan las experiencias diferenciadas por instituciones (por ejemplo las fuerzas armadas, los servicios secretos o las organizaciones reguladoras) y por ámbitos (la política antiterrorista, la ciberseguridad, etcétera).
La aproximación de la monografía a la comunicación política en los ámbitos de seguridad y defensa es precisamente un claro reflejo de cómo las instituciones públicas españolas y latinoamericanas suelen abordar el tema. El punto de partida es que hay un déficit comunicativo en los actores gubernamentales encargados de ofrecer seguridad y defensa, y que a esta carencia se debe que el ciudadano ponga en tela de juicio aquellas actuaciones en las que se restringen sus libertades a favor de su integridad. Así, si estas instituciones explicaran mejor qué hacen y cómo actúan, el ciudadano entendería (y, por ende, aceptaría) un desequilibrio temporal en el binomio entre seguridad y libertad. Cualquier cuestionamiento de fondo de las políticas públicas de seguridad y defensa queda reducido a un mero problema comunicativo.
Este nuevo tipo de comunicación política no puede estar exclusivamente destinado a la justificación de decisiones ya tomadas. Tampoco debe tan solo perseguir la mejora de la imagen pública y la reputación de las instituciones. Una mayor transparencia significa también una mejor fiscalización de las acciones de gobierno. La transparencia no es necesaria para que los ciudadanos conozcan los razonamientos que llevan a los actores gubernamentales a actuar de cierta forma, sino para debatir si aceptan esos razonamientos y las acciones públicas que se derivan, especialmente en aquellos casos en los que esas acciones tienen un impacto sobre sus libertades. El ciudadano no puede ser entendido como el receptor de un conjunto de argumentos, sino como un fiscalizador activo.
El camino hacia una transparencia más profunda pasa necesariamente por una mejora en la comunicación política. Precisamente ahí reside el valor de la monografía: inaugura un debate necesario en cualquier proceso de maduración democrática sobre cómo queremos que sean las relaciones entre los ciudadanos y nuestras instituciones de seguridad y defensa.
