Argentina: próxima estación… ¿reconciliación?

25 enero, 2016 • Artículos, Latinoamérica, Portada • Vistas: 1592

Pablo Piovano

Pablo Piovano

avatarDefault Marisa González de Oleaga y Georg Krizmanics

Enero 2016

“Donde hubo muerte ahora hay vida” es una frase utilizada por varias organizaciones de derechos humanos en Argentina, entre ellas la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bajo este lema, diversos organismos de derechos humanos de Buenos Aires, apoyados por el primer gobierno de Néstor Kirchner, pusieron en marcha un proyecto de reapropiación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar (que va de 1976 a 1983). Hubo una conjunción entre los movimientos de derechos humanos, los medios de comunicación, abogados, jueces y el Estado que hizo posible llevar a cabo políticas públicas de memoria —que han beneficiado a muchos de los actores involucrados— durante los 12 años de kirchnerismo.

Quienes actúan a favor de los derechos humanos se dividen en dos grupos: por un lado, aquellos que no estaban de acuerdo en cómo los gobiernos de los Kirchner gestionaron esas políticas y, por otro, otras organizaciones de derechos humanos que apoyaban las políticas públicas de memoria de forma clientelar. Un ejemplo prototípico de estas políticas es el predio de la ESMA, que desde la “recuperación” devino en escenario de una agenda cultural densa que incluye encuentros, teatro, danza, música, cine, exposiciones, espectáculos y alberga una emisora de televisión. Sin embargo, dichas actividades devalúan y repercuten a este espacio, ya que impiden la existencia de la sacralidad cívica necesaria para la preservación del predio como lugar de memoria y, en un par de décadas cuando los protagonistas y víctimas directos ya no estén, se podrían abandonar estas actividades y dejar así el inmueble a la merced de la especulación inmobiliaria.

Aunque no hay un estándar universal para los lugares de preservación de la memoria, se trata de espacios que deberían genéricamente servir para elaborar, para pensar, para reflexionar, para relatar y para favorecer el manejo y la transmisión del pasado traumático a las nuevas generaciones. Eso implica cierta generosidad con los herederos: una cosa es transmitir la memoria de ciertas experiencias históricas traumáticas y otra adoctrinar a las nuevas generaciones.

Mantener la “sacralidad cívica” en un lugar de memoria no solamente resulta complicado en Argentina. En junio de 2014 se publicó en la revista estadounidense The New Yorker un reportaje de Ruth Margalit en el que se describe un fenómeno reciente entre los jóvenes israelíes: se toman selfies en sitios donde tuvo lugar el holocausto para compartirlas en las redes sociales. En él se puede leer cómo una chica que quería llamar la atención sobre esta práctica para cuestionarla —para lo que recopilaba fotos de este estilo en una página de Facebook— explica a Margalit que parte de la culpa en esta historia la tienen los políticos israelíes por abusar cínicamente del holocausto para sus propios fines.

Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner

En el caso de Argentina, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que desde 2003 estuvieron ininterrumpidamente en el poder, han hecho de los derechos humanos un slogan político sin referentes en la región. La clave para analizar las políticas públicas de memoria de estos gobiernos es la instrumentalización de las políticas de derechos humanos por una cuestión de rentabilidad política. Los gobiernos de los Kirchner se han apropiado del legado de la generación de la década de 1970, simplificando y banalizándolo con fines claramente partidistas.

Todo empezó cuando Néstor Kirchner se preparaba para dar el salto de líder local a líder nacional y buscaba una característica distintiva que lo diferenciara de las otras familias dentro del peronismo. Así, levantó la bandera de los derechos humanos, una bandera simpática, dentro de la banalización que nos invade, y utiliza este calificativo para marcar esa tendencia a trivializar incluso el legado histórico más doloroso pues, ¿quién no va a estar a favor de las víctimas y en contra de los verdugos?

En esta suerte de actualización del legado de esa generación, algunas organizaciones de derechos humanos han encontrado reconocimiento y financiación para sus actividades, como hemos visto en el caso de la ESMA. Sin embargo, episodios como el llamado caso Schoklender —en el que es investigado un presunto desvío de fondos del plan Sueños Compartidos para cuya realización se habían firmado contratos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo— demuestran que la bandera de los derechos humanos empieza a ser muy pesada.

Existe en el imaginario nacional e internacional la sensación de que los Kirchner encarnan los derechos humanos, aunque esta imagen se está viendo amenazada por el clientelismo. Esto fue evidente en la reciente campaña electoral, donde Mauricio Macri, el líder del partido conservador Propuesta Republicana y vencedor de las elecciones presidenciales, criticó las prácticas fraudulentas en el manejo de fondos públicos destinados a las organizaciones de derechos humanos. Al declarar que en caso de ser electo presidente “se va a acabar el curro de los derechos humanos” enfatizó dos cosas: primero, el descontento de algunos sectores de la población con las políticas de derechos humanos y, segundo, cómo éstas empiezan a ser una “carga” para los gobernantes.

Las palabras de Macri son un indicio de los potenciales nuevos rumbos de las políticas públicas de memoria bajo su mandato. No obstante, los cambios no tenían tanto que ver con quién ganara las elecciones, sino con que el siguiente presidente tendría que plantearse un nuevo proyecto de políticas públicas de memoria, por la simple razón de que las que ya se han ejecutado forman parte del prestigio del país. No hay que olvidar que Argentina es el único país en la región en el que se ha enjuiciado a todos los militares, no solamente a la cúpula, sino que también se ha procesado a suboficiales y civiles.

BBC

BBC

Esta es una de las razones que explican por qué Macri recibió tanto apoyo en Argentina y por qué salió electo en contra de todos los pronósticos iniciales. Existe un sentimiento en un sector de la opinión pública que expresa que ya se hizo justicia y que lo único que queda por delante es la reconciliación. Parece que el tema de la justicia no da para más políticamente, ni para unos, ni para otros. Aunque la justicia sea la única condición inexcusable para refundar la comunidad después de un pasado traumático, el empleo oportunista y partidista de la misma la convierte en un boomerang que, a la larga, se vuelve en contra de los que la han instrumentalizado.

Macri está buscando otra bandera que muy probablemente sea la de la reconciliación. Que el Papa actual sea argentino hace aún más plausible la puesta en marcha de un proyecto político que ponga fin a las pretensiones judiciales de las víctimas. No obstante, a diferencia de la justicia, la reconciliación no se puede imponer. De hecho, plantearse un proyecto político de reconciliación con la finalidad de poner punto final a las pretensiones judiciales de las víctimas puede poner en peligro la convivencia en democracia. Por lo tanto, la reconciliación podría no ser la mejor apuesta debido a la idea implícita en las propuestas en torno a ésta: para consolidar una sociedad postconflicto se necesita de la vuelta a la unidad perdida.

Es decir, pretende lograr una suerte de comunidad sin conflicto, libre de fisuras y con valores comunes que más se parece al ideal de familia o a una comunidad religiosa que a las complejas sociedades nacionales compuestas por ciudadanos diferentes. Tal vez deberíamos reflexionar sobre si la violencia endémica en la Argentina del siglo XX no está relacionada con esta imagen de comunidad ideal, de “hermandad”, que al no poder materializarse hace que el poder estatal descargue toda su violencia sobre los sectores desafectos y díscolos de la sociedad.

MARISA GONZÁLEZ DE OLEAGA es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y del Instituto Universitario Ortega y Gasset-Marañón. Ha sido investigadora principal de varios proyectos financiados por el Ministerio Español de Economía e Innovación. Ha trabajado y publicado sobre reivindicaciones territoriales, discurso político, historiografía, transmisión de memoria y utopías.

 

GEORG KRIZMANICS es doctorando de la Universidad Complutense en Madrid. Su tesis versa sobre las relaciones entre hermandades académicas de tradición alemana en Chile, Alemania y Austria, para cuya realización le fue otorgada una beca del Ministerio Español de Educación. Ha trabajado y publicado sobre políticas públicas de memoria, historia transnacional y transmisión de ideas. Sígalo en Twitter en @geokrizma.

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One Response to Argentina: próxima estación… ¿reconciliación?

  1. Belen dice:

    Por un lado, considero que la “reconciliacion” viene a tapar intereses ocultos mucho mas poderosos… la despolitización, el olvido de un capitulo de nuestra historia que deberíamos “cerrar”, como si las huellas de la colonizacion y luego de la violencia perpetrada por un estado contra su sociedad civil pueda ser olvidada y desterrada. Que reconciliacion puede haber entre sectores que siempre quisieron subyugar a otros (una minoria a la mayoria) y se sirvio del apoyo de las grandes potencias para destruir a los mas vulnerables? Pienso que la educacion y la memoria son las unicas formas de tener una sociedad consciente y despierta, conocer la historia y tener los argumentos para razonar las consecuencias actuales de la misma, debe ser el proyecto de todo estado con un verdadero compromiso nacional. El tema que el nuevo gobierno de derecha en argentina quiere expiar culpas de su misma clase ahora que son un gobierno elegido en elecciones libres. No hay que olvidar que los sectores que verdaderamente detentan el poder, el económico, necesitan de masas amorfas y atomizadas, sin conocimientos ni capacidad de pensar, para que así sean mas fáciles de manipular. Querer reconciliar en realidad es querer olvidar, quitarle a los pueblos su identidad, su lucha, su historia. Debemos recordar que las consecuencias del genocidio de los 70 aun se sigue sintiendo, desde el endeudamiento externo, hasta las familias sin sus hijos desaparecidos, y hasta los nietos que no han sido recuperados. Podemos discutir las practicas que se han dado alrededor de la política de derechos humanos, pero a esta nota le falta agregar que el gobierno de los Kirchner fue el único desde la vuelta a la democracia, que se ha ocupado de las familias y de enjuiciar a todos y cada uno de los militares que apoyaron la desaparición forzada de personas y participaron activamente en los mecanismos de tortura. En américa latina y en el mundo, Argentina fue el primero en enjuiciar a sus propios genocidas sin apoyo de la comunidad internacional.

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